Dos años después de la histórica firma en Bogotá entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, la concreción en las regiones de lo pactado ha enfrentado agudas presiones políticas y la falta de financiación. El ritmo de las ejecuciones de las distintas iniciativas acordadas no es parejo. La percepción de las comunidades oscila entre el optimismo y el pesimismo.
El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de la entonces guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño, se dieron un fuerte apretón de manos tras poner sus firmas al final del documento que sentaba las bases para ponerle fin a más de 53 años de confrontación armada.
“Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas”, se lee en el documento suscrito. Su objetivo fue claro: “poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz”.
Desde aquel momento, hace ya dos años, lo pactado tras arduas negociaciones en La Habana, Cuba, que significó para millones de colombianos el sueño de vivir en un país sin los estertores de la guerra, ha tenido que sortear múltiples obstáculos: la férrea oposición política de sectores que rechazaron lo acordado; la burocracia en el Congreso de la República, la tramitología estatal, la falta de claridad en la creación de una nueva arquitectura institucional, el desconocimiento de las comunidades, la politización durante dos procesos electorales y un drástico cambio de gobierno, que insiste, cada vez que puede, que no hay plata para financiar plenamente lo acordado.
También hay mensajes contradictorios del nuevo presidente de la República, Iván Duque, y de su partido político, el Centro Democrático, que durante su férrea oposición alegaban que el Acuerdo Final promovía la impunidad y que no estaba sujeto a la normativa internacional, por lo que debía ser reformado sustancialmente. Sin embargo, el pasado 11 de noviembre, en el Foro de Paz de París, el mandatario reconoció ante varios jefes de Estado que el acuerdo de paz se elaboró bajo los parámetros del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional.
Se suman a esas talanqueras, la reconfiguración territorial de diversos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Eln, que fracasó nuevamente en su propósito negociar el fin de la confrontación contra el Estado; el surgimiento de disidencias de las Farc, que optaron por mantenerse en armas y al margen de lo acordado por sus antiguos mandos; la continuidad de economías criminales sustentadas en el narcotráfico y la minería ilegal, dos de las actividades más rentables; y las crisis internas del nuevo partido fundado por la guerrilla ya desmovilizada y desarmada.
En medio de las adversidades, y por momentos asfixiada, la implementación en las regiones de la reforma agraria integral, la participación política, el fin de la guerra y las garantías de seguridad, la solución al problema de las drogas ilícitas y la operatividad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, marchan a distintas velocidades, lo que genera sentimientos pesimistas entre las comunidades, sobre todo en aquellas que fueron duramente golpeadas por la guerra desatada por las Farc contra el Estado.
VerdadAbierta.com le presenta a sus lectores un corte de cuentas a los puntos más sustanciales del Acuerdo de Paz tras estos convulsionados dos años de puesta en marcha de lo negociado y acordado con la guerrilla más antigua del país. Si bien hay situaciones que generan pesimismo, lo cierto es que aún hay oxígeno, razón de más para no perder el optimismo.
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La transformación estructural del sector rural es clave para alcanzar una paz estable y duradera. Pero tras dos años de la firma del Acuerdo de Paz, el punto agrario continúa siendo un menú de buenas intenciones por cuenta de decisiones que le ponen más frenos que alas y camina sobre una cuerda floja.
Cuando el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc firmaron la paz hace dos años, reconocieron la necesidad de lograr una reforma rural integral, es decir, democratizar la tierra a favor de comunidades que carecen de ella o tienen tierra insuficiente, acompañadas de planes territoriales y de infraestructura para impulsar su progreso. Pero en la práctica, su implementación enfrenta varias talanqueras.
En eso coinciden informes académicos y expertos al analizar los avances de la implementación del primer punto del Acuerdo de Paz, que tiene tres componentes: el acceso y uso a tierras; los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.
Aunque todos deben estar articulados, la base de este engranaje es el acceso a la tierra. Para lograrlo, se pactó la creación de un Fondo de Tierras, a través del cual se distribuirían, de forma gratuita, tres millones de hectáreas durante los primeros diez años, además de formalizar otros siete millones de hectáreas y continuar con los procesos de restitución bajo las normas de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011).
Sin baldíos ni catastro
Pero nutrir el Fondo de Tierras ha sido un problema. Paula Álvarez, investigadora independiente en temas ambientales y rurales, explica que una de las principales fuentes del Fondo son las tierras de la Nación, llamadas baldíos, indebidamente apropiadas u ocupadas, y que el gobierno nacional debe recuperar para poder hacer la distribución; sin embargo, tiene problemas, incluso, para identificarlos. (Leer más en: El lío de organizar los baldíos en Colombia)
“La creación de figuras como las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) y el Proyecto de Ley 003 que busca reformar la Ley 160 de 1994 o Ley Agraria son un zarpazo a los baldíos. Sin tierras suficientes, el primer punto del Acuerdo no puede materializarse y eso es muy grave”, afirma. (Leer más en: ¿El gobierno nacional le pone otro ‘freno’ a la Reforma Rural Integral?)
Lo que explica la investigadora es que la Ley Agraria destinaba los baldíos de forma exclusiva para la reforma agraria, pero durante la administración del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018) se amplió su uso para sectores minero-energético, infraestructura y agroindustria, declarando estos proyectos como de utilidad pública e interés social. En otras palabras, esa ampliación del uso frena la recuperación de los baldíos que necesita la reforma pactada con las Farc.
Tal es el caso de las Reservas Mineras Estratégicas o Áreas Estratégicas Mineras (AEM) creadas en el Plan de Desarrollo 2010-2014; los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) propuestos en el Conpes 3762 de 2013; y las Zidres, en la Ley 1776 de 2016.
“El asunto aquí es para qué y para quién es la tierra”, se pregunta Álvarez. Al respecto, Juan Pablo Guerrero, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) plantea que el interés del gobierno nacional siempre ha sido legalizar la acumulación de baldíos para el desarrollo de la agroindustria o proyectos de interés público: “Es decir, de conceder derechos de uso de la tierra a personas que no eran objetivo de la reforma agraria, y que una vez realizada esta formalización, el interés se direcciona a la promoción de alianzas productivas para la producción a gran escala”.
Esa estrategia estatal, según Guerreo, “es la puerta de entrada a que empresarios, de forma legal, puedan hacerse acreedores de grandes extensiones de tierra”.
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Después de la firma del Acuerdo, y cuando se requerían normas para ponerle el acelerador a la reforma rural, el presidente Santos aprobó el Decreto Ley 902 de 2017 y su Ministro de Agricultura radicó el Proyecto de Ley 003 de 2018, que hace trámite en la Comisión Quinta del Senado. Sobre ellos, académicos y voceros de organizaciones sociales aseveraron que esas propuestas restan posibilidades para que los baldíos nutran el Fondo de Tierras.
El Decreto Ley 902, que crea el Fondo de Tierras, permite el acceso a baldíos a personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria. Adicional a ello, propone un procedimiento mixto, tanto administrativo como judicial, para realizar los procesos agrarios que permiten la recuperación de baldíos.
“Ese Decreto Ley estableció un procedimiento con competencia en unos jueces que no existen, porque no se creó la jurisdicción agraria, es decir, desde el 29 de mayo de 2017 en Colombia no se hace un sólo procedimiento agrario y los que venían en curso, no se finiquitaron, entonces no hay un sólo procedimiento que apunte a recuperar un sólo milímetro de tierras para la paz”, explica Jhenifer Mojica, subdirectora de Litigio Estratégico en Restitución de Tierras de la Comisión Colombiana de Juristas(CCJ).
Complementario a ese Decreto Ley fue presentado el Proyecto de Ley 003, cuestionado por reformar la Ley 160 de 1994, modificando el régimen de baldíos para que estos puedan ser entregados “en propiedad” o en “derechos de uso sin límites” a empresarios. Además, crea una figura adicional: las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario (Zeia), una especie de Zidres, “pero sin ninguna restricción”. (Leer más en: Proyecto de ley sobre tierras es lesivo para comunidades rurales vulnerables)
Lo anterior puede explicar por qué de los 3 millones de hectáreas que requiere el Fondo de Tierras, sólo cuenta con 525 mil 646 hectáreas, según datos del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la paz, que le hace seguimiento a la implementación del Acuerdo.
En su segundo informe al respecto, ese instituto planteó que entre las principales dificultades de la implementación están “la fragmentación y el retraso legislativo para el desarrollo del punto uno y el proyecto de ley que reforma la Ley 160 de 1994”; asimismo, que se haya archivado “el Proyecto de Ley que regula el Sistema de Catastro Multipropósito”, herramienta fundamental “para la planeación y la inversión productiva en el campo”. (Lea el Informe Kroc, página 25)
Para Rocío del Pilar Peña Huertas, coordinadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, el tema del catastro evidencia otros problemas que obstaculizan la reforma rural. “Este es un problema de diseño institucional y es la falta de información. ¿De dónde van a sacar las 3 millones de hectáreas? No existe un catastro. Todos son estimativos”, indica.
La investigadora asevera que esa falencia está relacionada con los efectos que implica medir la tierra y demuestra la debilidad del Estado: “Si se sabe con claridad qué propiedad hay, habrá un cobro de impuestos y mayor recaudo. Hay gente a la que no le interesa eso. Ahora, si el Estado no ha sido capaz de medir y ordenar los predios, les da poder a los particulares para que hagan lo que quieran. Eso es un Estado débil”.
Choque de modelos
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Otro de los asuntos claves en la implementación del punto agrario es el de la continuidad de los procesos de restitución de predios, en aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; primero, porque se prometió resolver casos de despojo en los que hubo irregularidades en las transacciones de compraventa de predios en medio del conflicto armado, varios de ellos relacionados con acumulación indebida de de baldíos; y segundo, porque las sentencias que profieren los jueces especializados impulsan la formalización de la propiedad rural.
Sin embargo, tras seis años de aplicación de esa norma, el proceso no arroja los resultados esperados. Reclamantes advierten que, en algunos casos, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó de manera fragmentada casos de despojo de parcelaciones beneficiarias de la reforma agraria que bien pudieron tramitarse de manera colectiva; se demoró en documentar sus solicitudes; y a miles de personas les negó el registro. (Leer más en: Los Acuatenientes y Restitución de tierras en Cesar, más papel que realidad)
El mismo cuestionamiento ha recaído sobre los casos étnicos. Autoridades de resguardos indígenas y representantes de consejos comunitarios de comunidades afro han señalado dilaciones en la documentación de sus solicitudes, principalmente cuando sus territorios se traslapan con proyectos minero-energéticos y agroindustriales. (Lea: ¿Por qué ‘desmontaron’ la Unidad de Restitución de Tierras en Chocó? y ¿Para dónde va la restitución de tierras a indígenas y afros?)
Las críticas también cobijan a algunos jueces especializados en tierras porque en algunas de las sentencias que profirieron no ordenaron investigar la presunta participación de empresarios en el despojo; y porque no hacen el debido seguimiento a las órdenes que consignan en los fallos, lo que repercute en asuntos como el retorno a los predios, la activación de proyectos productivos y la permanencia de los labriegos en los predios restituidos. (Lea: Los silencios en la sentencia que restituye Las Franciscas a reclamantes y Sentencia de restitución genera incertidumbre entre campesinos de Salaminita)
A lo anterior se suma el proyecto de ley presentado por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que propone reformar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en función de equiparar a víctimas con opositores; insistir en las compensaciones económicas y no en la restitución material del predio; e introducir la segunda instancia en este proceso de justicia transicional. (Leer más en: Proyecto de modificación de Ley de Tierras ataca la “médula” de la restitución)
Hobert Martínez, investigador del Área de Justicia Transicional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), considera que los obstáculos para implementar la reforma rural integral acordada tienen como antecedente un tema histórico de concentración de la propiedad, de poderes políticos locales que se entroncan con los nacionales y de persistencia de la violencia en varias regiones del país. Pero, sobre todo, de un choque de visiones entre campesinos y el gobierno nacional sobre cómo conciben el desarrollo rural.
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“Esto tiene que ver con esas dinámicas estructurales, de cómo la agricultura colombiana se inserta en la dinámica global. Ya no se habla del campesino como un sujeto importante del campo, sino del empresario del campo. Se está pensando en un modelo para la agroindustria, para la exportación. Mientras se estaba negociando el punto uno del Acuerdo, se aprobaron las Zidres y se hizo el censo agropecuario que es muy importante, pero no tuvo en cuenta a los campesinos”, señala el investigador.
Explica Martínez que esas tensiones se vieron reflejadas en la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), un instrumento que planea la implementación de la reforma rural integral en 170 municipios, los más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional.
“En los debates en Montes de María fue evidente ese choque de modelos de desarrollo rural: el de las comunidades, que le dan prevalencia a la economía campesina, al territorio, a desconcentrar la tierra, a formalizarla, promover la sostenibilidad ambiental y las producciones agropecuarias diversas; y la otra, que responde a un modelo global de exportación, de procesamiento de alimentos y en el que las dinámicas de producción ven al campesino solo como una fuerza de trabajo para integrarla al mercado”, sostiene investigador.
En total, son 16 PDET proyectados que abarcan igual número de regiones en el país. Si bien se trabajó intensamente en su construcción, con participación de las comunidades, lo cierto es que los avances en el gobierno de Santos no fueron satisfactorios y lo más crítico es que no existe un mecanismo legal que le garantice recursos para su ejecución.
“Esta es una de las debilidades, falta un instrumento para articularlos a los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, garantizándoles recursos y obligatoriedad. Esa fue una de las preocupaciones que expresaron las comunidades desde el comienzo”, apunta Martínez. (Leer más en: Santos no alcanzará a entregar Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)
De momento, las comunidades siguen a la expectativa de que el primer punto se materialice y supere los indicadores de gestión que reportan los informes institucionales cada año. Pero Guerrero, del Cinep, cree que el panorama no es fácil: “La política de tierras del presidente Duque aún no es clara y, al contrario, existe una gran incógnita si generará avances considerables con este punto del Acuerdo, más cuando el partido de gobierno es claro opositor a la Reforma Rural Integral”.
El investigador advierte que, según el presupuesto aprobado para 2019, la inversión estará enfocada en el desarrollo agropecuario con impacto regional y no en resolver primero el problema de la tenencia de la tierra: “Lo que implica que una entidad como la Agencia Nacional de Tierras contará con 116 mil millones de pesos, 64 por ciento menos que en 2018, cuando fue de 341 mil 252 millones, situación que impactará no solamente la legalización, formalización y hasta titulación de predios y territorios colectivos, sino también el poder de esta entidad pública, especialmente en lo que atañe a su capacidad y respuesta”.
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Al cumplirse dos años de la firma del Acuerdo de Paz, la no repetición de la violencia y las garantías de seguridad, componentes clave para la tranquilidad de las comunidades más golpeadas por la guerra y para quienes dejaron las armas, tienen más sombras que luces en ciertas regiones del país, que ven lejana la transición hacia una paz estable y duradera.
Es un hecho innegable que la salida de las Farc del ajedrez de la guerra, al entregarle sus armas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y conformar un partido político que durante dos periodos legislativos contará con diez curules en el Congreso de la República, generó reducciones sustanciales en los niveles de violencia y acciones bélicas. Sin embargo, casi de manera paralela a su desaparición como grupo guerrillero, empezaron a brotar nuevos focos de violencia que tienen en jaque a las comunidades que soñaron con vivir en paz y no volver a escuchar los estridentes sonidos de fusiles y explosivos.
Los pobladores de territorios que fueron controlados con mano de hierro por las Farc, regulando relaciones sociales y economías ilegales, vieron primero la cara de nuevos actores armados que empezaron a disputárselos a sangre y fuego, que la acción integral del Estado para saldar sus deudas históricas y evitar nuevos conflictos. Regiones de algunos departamentos como Nariño, Cauca, Arauca, Chocó, Antioquia y Norte de Santander se encuentran incendiadas.
En los tres primeros hay cruentas disputas entre disidencias de las Farc, siendo el departamento de Cauca el que más grupos alberga y en donde ahora hay presencia del Epl, estructura armada que sólo operaba en el Catatumbo, Norte de Santander. Precisamente en ese departamento del nororiente del país, las comunidades viven una grave crisis humanitaria por cuenta de los enfrentamientos entre el Eln y el Epl.
Esa situación es similar en Chocó, donde los constantes combates entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo que surgió a mediados de 2006 tras la desmovilización de los grupos paramilitares que pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), tienen confinadas a comunidades afros e indígenas. Y en Antioquia no sólo se está viviendo la expansión del Eln con estructuras procedentes desde Chocó; también ocurren fuertes enfrentamientos entre las Agc y un grupo conocido como ‘Los Caparrapos’, para controlar antiguos territorios de las Farc.
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Por esa razón, Andrés Cajiao, investigador del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), advierte que para entender el actual panorama tras la firma del Acuerdo Final se deben valorar sus impactos de manera territorial.
“Las implicaciones en términos de garantías de seguridad se dan en cada uno de los territorios de manera diferenciada. Hacer un balance general es complejo, pero más allá de decir si ha funcionado o no, se debe entender que la implementación y los impactos de la salida de las Farc se han dado de manera distintas. Negativas, positivas o regulares”, explica.
Y para ello hace un paralelismo entre Putumayo y el sur de Tolima. Desde este año, en el departamento fronterizo con Ecuador han ocurrido enfrentamientos entre disidentes locales del Frente 48 y foráneos de los frentes Primero y Séptimo provenientes de Guaviare y Caquetá; mientras que en el sur de Tolima, que “era una zona de control histórico de las Farc, que tuvo estructuras muy fuertes y políticas que sí se lograron desactivar completamente, y en donde hubo un intento de la Fuerza Pública de llegar a esas zonas e instalaron puestos de Policía en municipios donde no había”, se vive con tranquilidad.
Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y miembro de la sociedad civil de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia creada por el Acuerdo de Paz que agrupa a las cabezas de las instituciones estatales encargadas de velar por la no repetición de la violencia, comparte esa apreciación.
A su juicio, lo que ocurre con los nuevos brotes de violencia “es la combinación de circunstancias, en donde el retiro de las Farc en muchas zonas dejó un vacío que no fue copado por el Estado social y parcialmente por la Fuerza Púbica. Ahí ha sido más rápida la llegada de mafias y grupos armados para proteger negocios o disputar rentas”.
La base de datos de la FIP sobre acciones armadas muestra que los ataques del Eln en 2016 aumentaron casi cinco veces más a las de años anteriores y que en los subsiguientes se mantuvieron por encima de 130. Sin embargo, indica un paulatino descenso de los hechos atribuibles a otros actores armados desde 2015, mientras que registra un constante aumento de los hechos cometidos por disidencias de las Farc a partir de 2016.
La complejidad de la situación actual por el reacomodo de grupos armados ilegales se hace palpable en los constantes informes de riesgo que emite la Defensoría del Pueblo, mediante los cuales alerta a autoridades locales, regionales y nacionales para que tomen cartas en el asunto y eviten nuevas afectaciones a comunidades vulnerables. Su Sistema de Alertas Tempranas ha emitido más informes de riesgo, y éstos han ido aumentando con el paso de los años. Hasta el pasado 19 de noviembre produjo 80, siendo el número más alto en el último quinquenio.
Al cumplirse el segundo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, la Misión de Verificación de la ONU y la Unión Europea emitieron una declaración en la que señalan varios puntos positivos del proceso de paz, que no “disimulan sus desafíos dramáticamente evidenciadas por la situación de violencia que siguen viviendo regiones como el Catatumbo, Nariño o el Cauca”, donde las comunidades carecen todavía de garantías fundamentales.
Y prosigue: “Una de las expresiones más negativas de esta violencia es la persistencia del asesinato de líderes sociales. El reto es indudablemente incrementar la presencia de las instituciones estatales para hacer llegar a los territorios los dividendos de la paz a los cuales las comunidades aspiran: seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y oportunidades de desarrollo alternativas a las economías ilegales. La tarea es inmensa, la articulación de todas las instituciones imprescindible, la contribución de los actores regionales a su propio desarrollo decisiva”. (Descargue el documento)
Desangre a cuentagotas
A la par de los grandes focos de violencia en algunas regiones, la muerte se ha enseñado con las personas que se dieron a la tarea de defender los derechos de diversas comunidades. Y otro efecto irrefutable asociado al Acuerdo de Paz es que los asesinatos, las amenazas y todo tipo de agresiones contra los líderes sociales, aumentaron y no paran de crecer año tras año. Esta grave situación se hizo evidente en 2014, cuando se empezaron a concretar avances sustanciales en los diálogos de paz que se realizaban en Cuba.
Este drama se cimienta en dos tristes paradojas: que ocurre cuando los registros de violencia del país están por debajo de niveles históricos; y que aumenta sin cesar, pese a las denuncias y periódicos informes que presentan organizaciones sociales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la propia de Defensoría del Pueblo.
Dicha multiplicidad de registros, que varían debido a diferencias conceptuales y metodológicas, ha generado discusiones estériles, como cuál es el número exacto de defensores de derechos humanos asesinados cada año y si existe una sistematicidad en los casos, quedando de lado la búsqueda de soluciones efectivas. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
Por ejemplo, en lo corrido de este año existen tres grandes registros desfasados entre sí, pero que ratifican, una vez más, que la violencia contra los líderes sociales no cesa, y supera las cifras de años anteriores: la Defensoría del Pueblo registró 199 entre el 1 de enero y el 4 de noviembre; la organización Somos Defensores, hasta septiembre, reseñó 109; e Indepaz documentó 226 entre el 1 de enero y el 17 de noviembre.
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En medio de ese alarmante panorama, a través de la implementación del Acuerdo de Paz, se han tomado algunas disposiciones que no han sido efectivas para frenar ese desangre de líderes sociales. Para Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas y miembro de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por parte de la sociedad civil, la creación de Cuerpo Élite de la Policía y de la Unidad Especial para Desmantelar Organizaciones Criminales de la Fiscalía han dado resultados importantes, pero no son suficientes.
“Se han adoptado algunas disposiciones valiosas con diversos resultados, pero aún hace falta. Más allá de la buena voluntad, se requiere que el Estado en general robustezca todos los mecanismos que tiene a su alcance para conseguir resultados eficaces”, plantea, y se lamenta que tanto el gobierno anterior, como el del presidente Iván Duque, estén en la discusión “de que esto sea un problema sistemático, porque ambos gobiernos piensan que al aceptarlo, reconocen que es su responsabilidad, pero eso no significa que las muertes sean ordenadas por el gobierno central, pese a que hay algunos casos atribuidos a Fuerza Pública”. (Leer más en: Durante el gobierno Santos fueron asesinados 609 líderes sociales)
Otra disposición importante del Acuerdo Final para hacerle frente a la tragedia de los líderes sociales es la consignada en el Decreto 2124 de 2017, que reformó el procedimiento para la emisión de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Tras su expedición, esa agencia del Ministerio Público puede emitirlas directamente sin tener el visto bueno de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas, liderada por el Ministerio del Interior. Producto de ello, el pasado 1 de marzo la Defensoría emitió su primera alerta temprana para líderes sociales, en la que advirtió que 345 organizaciones estaban en riesgo y que más de 200 activistas fueron asesinados en los últimos 26 meses. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
Otra entidad que ha dado resultados es la Fiscalía General de la Nación, pero ha recibido fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, pues si bien es cierto que ha esclarecido varios homicidios, hecho que no tenía precedentes en el país, le critican que se base en las investigaciones de la OACNUDH, que no tenga en cuenta los registros más grandes como el de la Defensoría del Pueblo y que no se hayan judicializado autores intelectuales, entre otros. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
Por otro lado, el fin de un gobierno que se jugó todo su capital político por el proceso de paz y la llegada de otro que fue su acérrimo contradictor, ha despertado incertidumbre sobre esta materia. Y los hechos parecen respaldar esos temores, pues desde que llegó a la Casa de Nariño, el actual mandatario de los colombianos no convocó ni una sola vez a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y parece que la relevará con su Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO), que convoca a todas las cabezas del Estado que tenían asiento en la comisión creada por el Acuerdo Final, pero excluye a sus representantes de la sociedad civil. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
¿Y los excombatientes?
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Las garantías de seguridad para los 6.804 guerrilleros y 1.541 milicianos de las Farc que dejaron las armas también están en entredicho. De acuerdo con los registros de Indepaz, entre el 13 de noviembre de 2016 y el 26 de octubre de este año, fueron asesinados 86 de sus excombatientes. Los departamentos donde más asesinatos ocurrieron son Cauca (19), Nariño (15), Antioquia (15), Caquetá (9) y Norte de Santander (7). Además, ese instituto ha documentado el asesinato de 18 familiares de exguerrilleros.
A esos casos hay sumarle dos más, los de Sebastián Coy Rincón y Ángel Aleyser Meléndez, ocurridos el pasado miércoles. Ambos se encontraban en vía de reincorporación a la vida civil. El primero fue encontrado sin vida en una vereda de La Uribe, Meta, tras desaparecer seis días antes; y el cuerpo del segundo fue hallado en la vereda El Tablón, del municipio de Leiva, Nariño.
Luego de denunciar esos hechos, la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Común (Farc), partido político fundado tras la dejación de armas, emitió un comunicado en el que señaló que desde el pasado 6 de noviembre le han solicitado una reunión al presidente Duque para “poner sobre la mesa acciones reales y concretas para brindar garantías de seguridad y protección efectivas” para quienes fueron firmantes del Acuerdo de Paz y también para los líderes sociales. Además, señala que ven con preocupación “cómo se le quita preponderancia a la institucionalidad encargada de generar los planes de lucha contra el paramilitarismo y brindar garantías de protección coherentes con lo dispuesto en el Acuerdo”.
Victoria Sandino, senadora y miembro de la Dirección Nacional de la Farc, cuestiona la falta de garantías de seguridad y también la nula respuesta de la Fiscalía: “No sabemos nada de los procesos y las investigaciones por los 80 asesinatos. No se sabe en qué van o cómo van. No nos dan resultados al respecto”.
Al ser cuestionada sobre las disidencias de las Farc, dice que, como en todos los procesos de paz en el mundo, en este caso se han presentado y que el pleno de su partido determinó “deslindarse absolutamente” de las personas que están por fuera de sus lineamientos: “Desde que hicimos el compromiso de asumir el cumplimiento de lo que se pactó, también asumimos que entramos a la normatividad del Estado. Quien se salga de ella debe responde ante sus diferentes entidades”.
De hecho, denuncia que han recibido amenazas y agresiones por parte de grupos disidentes: “Uno de los grupos de disidentes en Norte de Santander desarmó la escolta de una compañera de la Dirección de la Fuerza Alternativa, ocurrió en La Trinidad; en Arauca también se nos presentó un hecho desagradable con un esquema de seguridad al que les quitaron la dotación y les quemaron un vehículo”.
Sobre el cambio de gobierno indica que han tenido encuentros en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y en el Consejo Nacional de Reincorporación. “Estamos empezando a hacer reuniones periódicas para analizar y continuar con la hoja de ruta que se traía desde el gobierno anterior. No es fácil. Nos presentan un panorama difícil porque el Plan Marco de Implementación no quedó financiado dentro del Presupuesto General de la Nación y es una gran dificultad porque nos dicen que no hay financiación para la implementación del Acuerdo, pero para otras instituciones sí”, se lamenta Sandino.
Y concluye que como partido le están proponiendo al gobierno hacer un pacto político nacional en el no uso de las armas en el ejercicio de la política, porque no cuentan con garantías: “Hace poco se presentó un atentado en Medellín a nuestra compañera Érica del Consejo Político Nacional. En Bogotá hay seguimientos y toma de fotografías a las residencias de los compañeros. Son muestras de que no tenemos garantías totales para nuestra participación”.
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La implementación del Punto 4 del Acuerdo de Paz ha tenido como denominador común el rezago. El PNIS, su componente más visible, avanza a marchas forzadas, sin que su continuidad esté asegurada; mientras otros compromisos ni siquiera se encuentran en fase de diseño o planeación.
Dos años después de firmado el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, la implementación de los compromisos relacionados con la solución del problema de las drogas ilícitas continúa avanzando a “paso de tortuga” y acumulando serios retrasos. Lo más preocupante es que no se advierten cambios que le den más velocidad a la dinámica actual.
El Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), con sus retrasos, tropiezos y problemas de coordinación es, quizás, uno de los componentes de este punto que más avance registra. Sin embargo, otras obligaciones del Estado surgidas tras la firma del Acuerdo de Paz, como el promulgar una ley de tratamiento penal alternativo para el pequeño cultivador de hoja de coca; formular un estatuto para perseguir las finanzas ilícitas de los grupos narcotraficantes; y asumir como un problema de salud pública -y no delincuencial- el consumo de sustancias psicoactivas continúan durmiendo “el sueño de los justos”.
“La implementación de los compromisos de este punto siguen con la inercia que venía y en ese orden de ideas, lo que estaba rezagado, pues continúa rezagado”, conceptúa Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de pensamiento que ha realizado un riguroso seguimiento a la implementación de lo pactado con la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Buena parte de esos atrasos, agrega Garzón, son responsabilidad del gobierno de Juan Manuel Santos, “quien no solucionó el tema de la alternatividad penal para pequeños cultivadores, tampoco hizo anuncios sobre cómo sería el manejo del consumo como asunto de salud pública y tampoco presentó el estatuto para perseguir las finanzas ilícitas de los grupos narcotraficantes”.
Este investigador de la FIP añade que el presidente Iván Duque recibió el 7 de agosto, cuando se posesionó, un Acuerdo de Paz con avances parciales en algunos puntos y otros por desarrollar completamente, particularmente en el tema de solución a las drogas ilícitas, “y durante estos tres meses se ha dedicado a entender qué fue lo que acordó y los anuncios muestran que no se va a avanzar mucho más. En ese sentido, la postura que se advierte, gracias a los pocos anuncios que ha hecho este nuevo gobierno, es que habrá mucho garrote y algo de zanahoria”.
A juicio de Garzón, el polémico decreto expedido por el presidente Duque, que faculta a la Policía Nacional para incautar y destruir cualquier dosis de sustancia ilícita, evidencia un manejo del problema del consumo como un asunto más policial.
En ese mismo sentido piensan los campesinos cocaleros asociados a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), quienes también sienten que se están privilegiando las medidas de fuerza que la concertación comunitaria que propone el Acuerdo de Paz en su Punto 4.
Así lo hicieron saber a finales de octubre de este año desde Yarumal, Antioquia, cuando cientos de labriegos que subsisten de la hoja de coca para uso ilícito en ese municipio del norte del departamento, expresaron su rechazo al anuncio hecho por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez de iniciar un piloto de aspersión de glifosato mediante el uso de drones y que, de mostrar resultados, sería replicado en todo el país como parte de las estrategias del gobierno nacional para combatir los cultivos de uso ilícito.
“Es un irrespeto que se anuncien fumigaciones con glifosato cuando le estamos mostrando al gobierno nacional que la mejor vía para acabar con los cultivos ilícitos es el PNIS, que los campesinos estamos cumpliendo, que queremos cambiar la coca por algo ilícito”, aseveró en ese encuentro Juan David Hernández, vocero de la Coccam en Antioquia. “En sólo cuatro municipios de Antioquia: Anorí, Tarazá, Briceño y Cáceres, los campesinos hemos arrancado 3.700 hectáreas de hoja de coca. Estamos cumpliendo. Pero el corazón del PNIS es que el campesino tenga tierra, porque sin eso, estamos construyendo una casa en el aire”.
Las cifras
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En su informe N. 14 de monitoreo y verificación de compromisos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), consignó que teniendo como base 51.721 hectáreas de hoja de coca registradas en 53 municipios de 15 departamentos, establecida mediante mediciones censales y cartografías sociales, los campesinos adscritos al PNIS erradicaron voluntariamente, a 26 de septiembre del presente año, un total de 24.891 hectáreas.
La UNODC también estableció que hay otras 3.870 hectáreas reportadas por las comunidades como erradicadas, pero que no han podido ser verificadas por restricciones de seguridad. Esa tarea está en manos de la Fuerza Pública en veredas de los municipios de El Retorno y Miraflores (Guaviare), y Puerto Concordia y Tumaco (Nariño).
Para superar los problemas de verificación que plantean las alteraciones de orden público en determinadas regiones, la UNODC y la Fuerza Pública diseñaron diversas modalidades en las que la Policía y el Ejército tienen una participación activa. Así, mediante erradicación asistida por uniformados, se lograron arrancar unas 5.374 hectáreas de hoja de coca, lo que contribuyó a eliminar un total de 30.265 hectáreas en el país.
Los departamentos de Putumayo (8.686 ha), Antioquia (3.431 ha), Meta (2.446 ha), Caquetá (2.294) y Nariño (1.7939 ha), figuran como los departamentos donde más se avanzó en esa estrategia de sustitución voluntaria. Aunque el informe destaca un cumplimiento cercano al 97 por ciento por parte de las familias inscritas al PNIS, su continuidad aún se encuentra en veremos debido a la falta de recursos, tal como sostiene el alto consejero para el Postconflicto, Emilio Archila. (Leer más en: Programa de sustitución voluntaria de hoja de coca, en estado crítico)
“Por lo menos para garantizar los pagos de las familias ya inscritas hasta diciembre nos tocó hacer unos esfuerzos importantes. En cuanto al PISDA (Planes integrales, comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo) que es lo que viene tras la implementación del PNIS, eso no está financiado”, recalca.
Aunque el funcionario anunció recientemente que no inscribirían más familias al PNIS, también dejó abierta la posibilidad de que, en el futuro, se pueda continuar con este programa. “Por ahora, el anuncio del presidente Duque es que a las familias que han confiado en el Estado debemos responderles. El año entrante vamos a inscribir a las personas que ya tenían firmados acuerdos colectivos y, obviamente, la posibilidad de generar nuevas inscripciones depende de los recursos que se vayan haciendo disponibles”.
De igual forma, para el alto consejero para el Postconflicto es claro que la “ley de tratamiento penal alternativo para el pequeño cultivador es una obligación del Estado y la vamos a cumplir”.
Violencia arrecia
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Sin duda una de las preocupaciones de las comunidades que habitan territorios afectados con cultivos de uso ilícito es el incremento de la violencia. De acuerdo con un informe publicado por la FIP, que evalúa los 100 primeros días de gobierno del presidente Duque, diversas expresiones de violencia, como desplazamientos forzados y confinamientos, así como ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos, registraron aumentos superiores al 100 por ciento.
“En estos primeros 100 días se destacan el incremento del número de víctimas de desplazamiento y confinamiento (un alza del 21 por ciento con respecto al periodo de agosto a octubre de 2017) y el aumento en el número de agresiones y homicidios de líderes sociales (del 357 por ciento y 143 por ciento, respectivamente). Además, hay incrementos notables de homicidios en zonas de disputa, como lo son los departamentos de Putumayo y Arauca, y regiones como el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y el sur del Chocó. En Cauca y Nariño también se registran incrementos en el número de muertes violentas”, expuso la FIP.
El análisis de este centro de pensamiento también muestra que, al comparar el comportamiento de los homicidios ocurridos entre agosto y octubre de 2018 con el mismo periodo del año pasado, la región del Bajo Cauca antioqueño registra un preocupante incremento del 230 por ciento; seguido del departamento de Putumayo, en un 104 por ciento; y Arauca, en el 95 por ciento.
Lo más preocupante, de acuerdo con la FIP, es que “en los primeros dos meses de gobierno (de Iván Duque), los homicidios en zonas de sustitución de cultivos ilícitos aumentaron un 35 por ciento, con respecto a agosto, septiembre y octubre de 2017”, según se lee en el informe.
Quienes están sintiendo todo el rigor de esta violencia, cuyas causas obedecerían a la emergencia de nuevos actores interesados en regular un lucrativo mercado ilegal que estuvo durante décadas en manos de las extintas Farc, son los campesinos que impulsan la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Según la Coccam, entre enero de 2017 y julio de 2018 fueron asesinados 36 líderes vinculados con esta organización o comprometidos con el PNIS.
Lo anterior evidencia que en estos dos años de implementación del Acuerdo de Paz lo que hay es un reacomodo del negocio del narcotráfico en regiones del país como el Bajo Cauca antioqueño, el Pacífico Sur, el departamento de Arauca y la región del Catatumbo, que ha elevado los niveles de violencia. La respuesta del gobierno nacional ha sido la mano dura, pero lo que piden los campesinos es que detrás de la bota militar, llegue el desarrollo rural y social, un reclamo justo en tiempos que algunos consideran de posconflicto.
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Durante el segundo año de implementación del Acuerdo de Paz, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición empezó a dar pasos concretos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) cuentan con el piso jurídico requerido para funcionar a plenitud, aunque avanzan a ritmos distintos y continúan siendo objeto de intentos de reforma por parte de sectores políticos que se oponen a los acuerdos con las Farc.
Contrario a ello, las otras medidas de reparación contempladas en el Acuerdo registran pocos o nulos avances. Entre ellas se encuentran la realización de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y el fortalecimiento de la política pública de reparación, especialmente mediante una reforma a la Ley 1448 de 2011 que responda a las necesidades de las víctimas y a las recomendaciones de expertos en la materia.
Aunque esa última medida registró tímidos avances en 2017 con la puesta en marcha de un proceso de participación para definir los cambios a la Ley, el gobierno de Juan Manuel Santos se abstuvo de materializar las propuestas presentadas por las víctimas y sus organizaciones.
Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, explica que durante 2018 “todo lo que se hizo con el proceso amplio participativo quedó en stand by, durmiendo el sueño de los justos”. Por ahora, asegura, la Mesa intenta reencauzar el proceso con el gobierno del presidente Iván Duque, participar directamente en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y continuar articulándose con las instituciones del Sistema.
Así avanzan las tres entidades encargadas de materializar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia:
Jurisdicción Especial para la Paz
A la fecha, de acuerdo con la JEP, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil han suministrado 148 informes escritos sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Con base en algunos de ellos, la Sala de Reconocimiento de Verdad dio apertura a los casos sobre secuestro, “falsos positivos” y crímenes presuntamente cometidos por las Farc y por la Fuerza Pública en áreas de tres subregiones del país: Urabá (cinco municipios de Antioquia y cuatro de Chocó) y el municipio de Dabeiba; la Costa Pacífica nariñense (tres municipios); y el norte del Cauca (ocho municipios).
La JEP también realizó audiencias de distinta naturaleza contra integrantes del Ejército y antiguos excomandantes de las Farc. A la fecha han acudido, en orden, el general (r) Henry Torres Escalante, detenido por ‘falsos positivos’; 31 exintegrantes del Estado Mayor Central de las Farc y su Secretariado, procesados por el delito de secuestro; 14 militares, entre ellos el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, condenados en la justicia ordinaria por el asesinato y la desaparición forzada de cinco jóvenes de Soacha, Cundinamarca; el coronel (r) Juan Carlos Barrera, procesado por “falsos positivos”; 11 exintegrantes del Gaula del Ejército, incluido el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, por el asesinato de 13 personas en el departamento de Casanare; y el general (r) Mario Montoya, investigado por ‘falsos positivos’ en distintos lugares del país.
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La Jurisdicción, además, llevó a cabo una audiencia sobre delitos relacionados con la protesta social. A la diligencia, realizada en el municipio de San Gil, Santander, comparecieron siete campesinos acusados de agredir a diez policías durante el paro agrario de 2014.
La Sala de Verdad también empezó a escuchar a las víctimas de secuestro político. A la rendición de “informes orales”, como la JEP bautizó las jornadas de recepción de testimonios, acudieron antiguos dirigentes políticos, exintegrantes de la Fuerza Pública, y los familiares de las víctimas de la masacre de Urrao y de los asesinados diputados de Valle del Cauca.
En medio de esos avances, sin embargo, la JEP ha continuado sujeta a modificaciones en el Congreso de la República, donde el partido Centro Democrático, dirigido por el expresidente y senador Álvaro Uribe, insiste en alterar elementos sustanciales del Acuerdo de Paz.
El pasado 20 de junio, ese partido consiguió que el legislativo aprobara en la Ley de Procedimiento de la JEP la suspensión del juzgamiento de los integrantes de la Fuerza Pública durante un año y medio, lapso en que se tendría que aprobar un “procedimiento especial y diferenciado” para ellos. En su momento, varios juristas le explicaron a este portal que la decisión es contraria al Acuerdo de Paz y a la Constitución Política, y afecta gravemente los derechos de las víctimas de crímenes de Estado.
Mientras la Corte Constitucional se pronuncia sobre esa determinación, demandada por el centro de investigación DeJusticia y la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro Democrático continuó negociando en el Congreso un tratamiento benéfico para los militares. La última alternativa que defendió ese partido consistió en adicionar a la JEP 14 nuevos magistrados conocedores del “derecho operacional”, lo cual fue calificado por 53 organizaciones defensoras de derechos humanos como un intento de incluir en el proceso de juzgamiento figuras “excluyentes de responsabilidad penal”. Aunque la iniciativa no prosperó, el partido del senador Uribe insiste en que la Jurisdicción debe ser reformada, en contravía de lo pactado en La Habana.
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No obstante, dos de los últimos intentos de transformar la JEP fueron frenados este año por la Corte Constitucional. El alto tribunal, que sentó un mal precedente en 2017 al aprobar la no comparecencia obligatoria de terceros y agentes estatales no armados, tumbó el pasado 16 de agosto varias disposiciones nuevas que había incluido el Congreso en la Ley Estatutaria de la JEP por iniciativa de los partidos de La U y Cambio Radical. Dos de las más relevantes: la imposición de penas ordinarias para responsables de delitos de violencia sexual en desarrollo del conflicto y las prohibiciones para que defensores de derechos humanos ejercieran el cargo de magistrado.
Además de soportar la inseguridad generada por la continua negociación política de la que es objeto en el Congreso, la JEP se enfrascó en varias controversias con el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Entre ellas se encuentran discusiones por la imposición de medidas cautelares a los bienes de la desaparecida guerrilla de las Farc y por la sustracción del expediente sobre secuestro de las oficinas de la JEP por parte de la Fiscalía, decisión que Martínez reversó tras duras críticas de la Jurisdicción por violación a la independencia y a la reserva judicial.
La Fiscalía, además, abrió investigación contra tres funcionarios de la JEP, entre ellos la antigua secretaria ejecutiva encargada, Martha Lucía Zamora, por supuestamente “favorecer indebidamente” a antiguos guerrilleros.
Pero el caso que más debate ha suscitado entre ambas jurisdicciones es el del electo representante a la Cámara por el partido Farc ‘Jesús Santrich’, capturado en abril pasado con fines de extradición por cuenta de una acusación formal por delitos asociados al narcotráfico emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. El caso, que acentuó las diferencias que afectan al partido, ha enfrentado a la JEP con la Fiscalía por la competencia de la primera para determinar la aplicación de la garantía de no extradición y para solicitar la práctica de pruebas.
Además de diferencias con organismos del Estado, la JEP también ha levantado críticas de sectores de víctimas, por un lado, y del partido Farc, por otro. Las primeras han manifestado desacuerdos por la falta de integralidad en la citación y reconocimiento de víctimas en las audiencias contra el general (r) Montoya y los 14 militares del caso Soacha, mientras el partido alega falta de garantías por el retraso en la creación del sistema público de asesoría y defensa.
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Con todo, durante este segundo año de implementación parece haberse consolidado la idea entre todos los sectores políticos de que la JEP es irreversible, realidad que, además, ha respaldado la comunidad internacional.
Comisión de la Verdad
La CEV, encargada de producir un informe de esclarecimiento sobre lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano, inició su fase de alistamiento de seis meses en mayo pasado, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos posesionó a los once comisionados.
Desde entonces, se han dedicado a posicionar la importancia de la entidad, así como a relacionarse con diversos actores institucionales y de la sociedad civil, incluido el partido Farc, con miras a consolidar su legitimidad, conseguir recursos y hacer consultas sobre enfoques, aspectos metodológicos, canales para entrega de información y formas de cooperación. Para ello, los comisionados han participado en reuniones, cátedras, talleres, conferencias, actos conmemorativos y entregas de informes.
La Comisión también ha avanzado en la solicitud de información y la realización de convenios para la recepción de documentación por parte de entidades públicas, entre ellas las unidades para las Víctimas y de Restitución de Tierras, la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En materia de despliegue territorial, la entidad decidió que trabajará en once zonas: región Caribe e insular; Costa Pacífica; Antioquia, Córdoba y la región cafetera; región surandina (Valle, Cauca, Nariño y Putumayo); Magdalena Medio; Noroeste (Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare); región central (Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila); suroriente (Orinoquía y Amazonía); Bogotá; resguardos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras; colombianos en el exilio. En esos lugares habrá sedes de la CEV, llamadas “Casas de la Verdad”.
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La Comisión también dio a conocer su propuesta de lineamientos metodológicos. En ella se determinó que su trabajo se centrará en hechos ocurridos después de 1958, año en que a su juicio finalizó la violencia bipartidista y comenzaron a gestarse las violencias insurgente y contrainsurgente. El documento define la manera como se recopilará y sistematizará la información, la forma como se harán los actos de reconocimiento de responsabilidad y de dignificación de las víctimas, y la estrategia para garantizar los enfoques diferenciales, entre otros aspectos.
Al igual que la JEP, la CEV también fue objeto de intentos de reforma por parte del Centro Democrático para beneficiar a los militares. En agosto pasado, Óscar Pérez, representante a la Cámara por ese partido, presentó un proyecto de acto legislativo para impedir que el Sistema Integral accediera a archivos de operaciones militares, luego de que la CEV le solicitara al Ministerio de Defensa información sobre actividades de las Fuerzas Armadas desde 1953.
En octubre pasado, tras la decidida oposición al proyecto expresada por la propia CEV y por múltiples organizaciones de juristas, víctimas y defensores de derechos humanos, Pérez solicitó el retiro del proyecto.
El próximo 29 de noviembre empieza a correr el lapso de tres años con que contará la CEV para elaborar su informe de esclarecimiento.
Unidad de Búsqueda de Desaparecidos
Contrario a los otros dos componentes del Sistema, la Unidad ha presentado retrasos en su funcionamiento. Tan sólo en agosto pasado se terminaron de expedir los decretos necesarios para definir su estructura y planta de trabajo. Diana Arango, directora del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), explica que las demoras se han debido, en buena parte, a que la Corte Constitucional se tomó 14 meses para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de creación de la Unidad.
Al respecto, Arango asegura que “la demora de la Corte generó una falta de seguridad jurídica que afectó considerablemente la puesta en marcha de la entidad”.
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Además de ello, la Unidad ha enfrentado dificultades presupuestales. En su segundo informe sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz, el Instituto Kroc registró que en 2018 sólo se contratará el 30 por ciento de la planta de personal, mientras el 70 por ciento restante se completará en 2020, de acuerdo con una propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda.
Adriana Pérez, representante de las víctimas de desaparición forzada en la Mesa Nacional de Víctimas, opina que “es preocupante que la Unidad aún no cuente con el presupuesto que requiere para funcionar. Incluso, desde principios de este año las víctimas empezamos una batalla con el gobierno nacional para que contratara a Luz Marina Monzón (directora de la Unidad), que no había sido vinculada, pese a que ya se había contratado a los magistrados de la JEP y a los comisionados de la CEV”.
Para Arango, existe una asimetría entre el reconocimiento que se la ha dado a la Unidad frente al resto del Sistema Integral, especialmente frente a la JEP: “Está claro que la estrella del Sistema es la JEP, a la que se ha dado toda la visibilidad política, el respaldo del anterior gobierno y de la comunidad internacional”. Y agrega que “se está desconociendo que la CEV y la UBPD son iguales de importantes para garantizar los derechos de las víctimas”.
Aun con las dificultades, la Unidad ha avanzado en la tarea de definir metodologías de trabajo y estrategias de cooperación con las víctimas y sus organizaciones, con las que se ha reunido en las regiones para elevar consultas. Asimismo, ha recibido documentaciones de casos preparadas por las mesas municipales y departamentales de víctimas.
Entre los desafíos que enfrenta la institución, Arango y Pérez señalan la creación de mecanismos de articulación efectiva con la Fiscalía General y Medicina Legal, además del desarrollo de procesos de participación a nivel territorial para llevar a cabo las tareas de búsqueda.
