En su más reciente informe sobre violaciones a derechos humanos y violencia política, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) da cuenta de la compleja situación que vive esa región de Norte de Santander, agravada por la confrontación entre el Eln y el Epl.

La existencia de distintos grupos armados, economías criminales y una profunda debilidad institucional tienen al Catatumbo en una grave crisis humanitaria. Así lo reconoció el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep en su recién publicado número 57 de la revista Noche y Niebla, correspondiente al primer semestre de 2018, que incluye un apartado sobre la situación de esa región de Norte de Santander.

Durante ese periodo, de acuerdo con este centro de investigación, se presentaron 91 casos de violencia política con 89 víctimas. La cifra casi iguala al total de casos registrados en 2017, por lo que la organización señaló que la zona continúa viviendo “una dinámica de intensificación y escalamiento (del conflicto armado)”.

Según la información recopilada por el Cinep, en el primer semestre de este año se presentaron amenazas, atentados, lesiones personales, desapariciones forzadas, reclutamientos, hechos de “utilización de la población como escudos humanos”, confinamientos, combates, emboscadas, bloqueos de vías, siembra de minas antipersonal, ataque a objetivos militares y daños a bienes civiles. El mayor responsable de estos hechos sería la guerrilla del Eln, específicamente de aquellos relacionados con la confrontación militar contra la Fuerza Pública.

La dinámica del conflicto durante ese periodo ha estado marcada por los enfrentamientos armados que iniciaron en marzo el Eln y el Epl, este último reconocido como una insurgencia por algunas organizaciones sociales de la región y calificado por el gobierno nacional como una organización criminal. La confrontación, según el Cinep, ha “desencadenado una crisis humanitaria de enormes proporciones, una parálisis de la economía regional y una disminución de la gobernanza local”, además de la suspensión de clases en cerca de 80 instituciones educativas. (Leer más: El Catatumbo: de espaldas al Estado y de cara a la guerra)

En abril pasado, la Gobernación de Norte de Santander declaró el estado de calamidad pública para atender a los miles de desplazados generados por los enfrentamientos. En julio, la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha) aseguró que 16 mil personas habían sido desplazadas, diez mil de ellas en eventos masivos. La incapacidad del Estado para hacerle frente a la crisis llevó a las comunidades y sus organizaciones a constituir albergues, llamados “Espacios de Protección Humanitaria”, que ascendieron a 37 en abril y se redujeron a dos en julio, en los municipios de Hacarí y San Calixto. (Leer más: El Catatumbo sigue abandonado a su suerte)

El Cinep, así como otros investigadores de la región, explica que la confrontación obedece a “diferencias en la forma de intervenir estos territorios, el trato hacia las comunidades y el respeto hacia los procesos sociales” por parte de ambas organizaciones armadas, que también desataron una guerra de señalamientos públicos. (Leer más: La nueva guerra que se desató en el Catatumbo)

No obstante, según este centro de investigación, el crimen que generó una “mayor afectación a la población” durante el periodo fue la masacre ejecutada el 30 de julio en el casco urbano del municipio de El Tarra, en la que fueron asesinadas nueve personas, cuatro de ellas exintegrantes de la desaparecida guerrilla de las Farc en proceso de reincorporación. Aunque las autoridades anunciaron la creación de un “cuerpo élite” para investigar los hechos, aún se desconoce a los responsables. (Leer más: El sombrío panorama en la región del Catatumbo)

Por estos hechos, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, quien colaboró en la preparación del nuevo informe del Cinep, señala que “en la región se está viviendo una verdadera crisis humanitaria, con el agravante de que con el paso del tiempo se ha ido invisibilizando”. Y agrega que “toda esta situación de homicidios, asesinatos de líderes, amenazas, secuestros, desapariciones forzadas y desplazamientos ocurre en un territorio altamente militarizado”.

En diciembre de 2017, el Ejército Nacional anunció el incremento del pie de fuerza en el Catatumbo con seis mil hombres, distribuidos en cuatro nuevos batallones de operaciones terrestres, un batallón de fuerzas especiales urbanas y un comando operativo energético, este último dedicado exclusivamente a proteger el oleoducto Caño Limón Coveñas.

Crisis social

Tal como han venido señalando distintas organizaciones sociales, y lo reitera el Cinep, la crisis del Catatumbo debe leerse no solo en clave de una “violencia política y social indiscriminada, sino (también) de una acción sistemática de violaciones a los derechos humanos”.

En el último censo nacional, realizado en 2005, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística estableció que el índice de necesidades básicas insatisfechas en ocho de los 11 municipios de la región era superior al 50 por ciento. Para 2013, el gobierno nacional calculó que la tasa de pobreza es superior al 70% para todos los municipios, con excepción de Ocaña, registrándose las mayores privaciones en las áreas de educación y empleo.

El Cinep también destaca una reducción de los cultivos lícitos durante la última década. Así, mientras el documento Conpes 3739 de 2013, titulado “Estrategia de desarrollo integral de la región del Catatumbo”, estimaba que en la zona había más de 72 mil hectáreas de cacao, café, plátano, yuca, caña panelera, maíz, cebolla, tomate, piña, palma de aceite y fríjol, el Censo Nacional Agropecuario de 2017 registró tan solo 36.634 hectáreas de ese tipo de cultivos.

Uno de los mayores problemas en ese sentido, destacado por este centro de estudio, son las “pésimas” condiciones en las que se encuentran la infraestructura vial de la región, compuesta en 68 por ciento por vías terciarias.

En medio de las privaciones que enfrenta el grueso de la población, en la región conviven economías extractivas, como la explotación de petróleo y de minerales, junto a economías ilegales, siendo la principal de ellas el cultivo de hoja de coca para uso ilícito, así como su procesamiento y comercialización.

Durante los últimos cinco años, los cultivos ilícitos han aumentado drásticamente en el Catatumbo, pasando de 4.529 hectáreas en 2012 a 28.268 en 2017, de acuerdo con último reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El incremento coincide, tal como señala el Cinep, con el periodo en el cual “el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de suspender las iniciativas de sustitución y erradicación forzosa, al tiempo que se adelantaban las conversaciones con las Farc-Ep en La Habana, Cuba”.

Durante los últimos ocho años han operado en la zona, según el Centro, “mafias transnacionales del narcotráfico”, que “han cumplido no solo un papel en la regulación del precio de la pasta de coca, sino que también han contribuido grandemente en la generación de violencia armada”. Actualmente, asegura la organización, en el Catatumbo tiene injerencia el mexicano cartel de Sinaloa, que estaría controlando “directamente el negocio de la compra” de pasta base.

El pasado 15 de octubre, en una entrevista concedida a Noticias Caracol, el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para la región Andina, Richard Dobrich, reconoció que en Colombia “hay presencia de carteles mexicanos tratando de finalizar negocios”.

Además de la coca, en el Catatumbo también funciona el negocio de la extracción ilegal de crudo y su procesamiento en gasolina para la producción de pasta base, tal como ocurre en el departamento de Nariño. Esta actividad, explica el Cinep, “se ha convertido en altamente rentable y una de las principales fuentes de ingresos para quienes participan en el negocio directamente y para quienes cobran impuestos por su producción, su uso, su transporte y salida de la región”.

El informe destaca que en el primer semestre de este año las autoridades reportaron la identificación y retiro de 600 válvulas del oleoducto Caño Limón Coveñas en jurisdicción de Norte de Santander. (Lea más: La riqueza maldita del Catatumbo)

En medio de esas circunstancias, las organizaciones sociales de la región, junto a la precaria institucionalidad local, buscan estrategias para aliviar la situación humanitaria generada por el conflicto y exigir la garantía de sus derechos fundamentales.

Comisión por la Vida

Una de las expresiones organizativas regionales más relevantes para la exigencia de derechos es la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo. Para el Cinep, “esta es una de las iniciativas de articulación más importantes en la historia de esta región, cuyo principal propósito es integrar los esfuerzos que se han hecho por años para mantenerse vivos en el Catatumbo, defender su territorio y alcanzar rutas de diálogo como única salida al conflicto”.

En la Comisión confluyen las juntas de acción comunal y los dos procesos sociales más importantes de la región: el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

En abril pasado, la Comisión realizó la Asamblea Regional por la Paz con Justicia Social del Catatumbo para buscar rutas que permitieran superar el conflicto entre el Eln y el Epl. Posteriormente, convocó a una misión de verificación de la situación de derechos humanos a propósito de esa confrontación, junto a entidades del Estado y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Alerta crisis en Catatumbo.
La Comisión por la Vida aglutina a las principales organizaciones sociales de la región. Foto: Ascamcat.

Por medio de comunicados públicos y cartas, la Comisión también se ha dirigido al Comando Central, la Delegación de Paz y la dirección del Frente de Guerra Nororiental del Eln, así como al Frente Libardo Mora Toro del Epl y al Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista. En una misiva fechada el pasado 28 de julio, las organizaciones allí aglutinadas, junto al Consejo Departamental de Paz, les propusieron a los actores armados decretar un cese bilateral indefinido y un espacio de diálogo para resolver el conflicto y realizar acciones humanitarias.

A la par, las organizaciones sociales han realizado múltiples exigencias al gobierno nacional para que garantice efectivamente los derechos a la educación, la salud y la atención integral a las nuevas víctimas. Asimismo, ha pedido que se reconozcan las formas organizativas de las comunidades, se garantice la infraestructura de comunicaciones y se incluya a los municipios de Ocaña, Ábrego y La Playa en el Programa de Desarrollo Territorial (PDET) para el Catatumbo.

Para Yesica Guerrero, vocera del Cisca, organización que también contribuyó a la preparación del informe del Cinep, “la militarización no es la única salida que el Estado debe presentar a la comunidad del Catatumbo. Lo que siempre hemos exigido es que el Estado resuelva los problemas estructurales, de fondo, que tenemos, lo cual podría dar salida al conflicto”.

En opinión de este centro de investigación, la insatisfacción de las necesidades básicas en la región “es el verdadero obstáculo para garantizar convivencia y paz, reflejando el fracaso del Estado colombiano en el cumplimiento de sus deberes con los ciudadanos”.