Después de tres años, el Tribunal Especializado de Cartagena falló a favor de 49 familias campesinas de Zona Bananera, víctimas de la violencia paramilitar. Aunque declaró que La Francisca S.A.S. no probó “la buena fe exenta de culpa”, no compulsó copias para que la Fiscalía investigue su presunta responsabilidad y la de otras empresas en el despojo.
La sentencia sobre las fincas las Franciscas I y II pudo ser una decisión emblemática de restitución de tierras por los actores que estaban en la disputa por estos predios, pero el Tribunal Especializado de Cartagena asumió una posición salomónica y guardar silencio ante hechos que, para las comunidades afectadas, eran evidentes y que condujeron al despojo y desplazamiento forzado.
En cuatro años de juicio, los últimos tres en este tribunal, las magistradas estudiaron una demanda que incorporó las confesiones del exjefe paramilitar José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, sobre la presunta responsabilidad de empresas bananeras en el despojo de tierras en Magdalena.
Ante fiscales y jueces de Justicia y Paz y en la Corte Superior del Estado de California, en Estados Unidos, alias ‘Carlos Tijeras’ confesó que los asesinatos y desplazamientos en fincas como Las Franciscas habrían sucedido por órdenes de filiales de la multinacional Dole, que supuestamente financiaron el Frente William Rivas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Las declaraciones del exparamilitar apuntaron a la Agrícola Eufemia S.A.S (antes Ltda.), que en 2009 le transfirió las tierras a empresa La Francisca S.A.S. Sin embargo, las magistradas no ahondaron sobre la presunta responsabilidad empresarial en el despojo, sólo se limitaron a declarar no probada “la buena fe exenta de culpa” de la última, sin hacer una valoración más detallada sobre el papel que tuvieron los directivos de esas compañías en las afectaciones a los labriegos.
Las togadas reconocen en su decisión que no saben si se trata de la misma empresa, pues tienen igual persona jurídica como representante legal y dirección de notificación con “certificado de existencia y representación legal diferentes”. (Ver sentencia, página 115)
Durante el juicio, los campesinos de la antigua Asociación de Parceleros de La Iberia (Aucibe), ahora Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a las Franciscas I y II (Aucrefran), relataron cómo en 2004 fueron forzados a vender las tierras después de que los paramilitares asesinaron a cuatro de los parceleros, incluido el presidente de la Asociación. En enero de 2005, fue asesinado el quinto parcelero, también líder de la organización campesina. (Lea: El terror del Frente William Rivas)
Estos crímenes fueron confesados ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, unos por ‘Carlos Tijeras’, exjefe del Frente William Rivas, y otros por Rolando René Garavito Zapata, alias ‘Nicolás’ o ‘Cara de Niño’, exjefe urbano de ese grupo armado ilegal. Por estos hechos ambos fueron condenados por los Tribunales de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla, en 2015 y 2016, respectivamente. (Lea sentencia contra ‘Tijeras’ y sentencia contra ‘Nicolás)
En la sentencia contra alias ‘Nicolás’, el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta responsabilidad “de los entonces directivos de la empresa multinacional bananera Dole y la empresa proveedora Eufemia Limitada”, en el despojo de Las Franciscas.
La reciente decisión del Tribunal de Cartagena es un logro para la comunidad campesina que reclamó desde 1987 la titulación de 127 hectáreas, cuando el antiguo Incora les informó que podía adjudicarles dos fincas abandonadas por la United Fruit Company. No obstante, durante la espera tras ese anuncio, que superó los 30 años, arreció el conflicto armado, que los desplazó y despojó de las parcelas prometidas.
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Aunque las magistradas dictaron varias órdenes a diversas entidades del Estado, que incluyen el plan de retorno y reparación, el acceso a subsidios integrales para la adecuación de tierras y vivienda rural, asistencia técnica agrícola y proyectos productivos, el reto será que las 49 familias puedan en realidad vivir y progresar en Las Franciscas con todas las garantías de seguridad. El Tribunal tendrá la misión de hacer seguimiento en las audiencias de seguimiento al posfallo. (Lea: Resistencia franciscana en Zona Bananera)
Pese a los silencios sobre las empresas involucradas en el despojo, la Comisión Colombiana de Juristas, que representó a la comunidad campesina en la etapa judicial del proceso, consideró que la decisión es histórica y “sienta un precedente en materia de protección y garantía de los derechos de las comunidades campesinas que llevan décadas luchando por el acceso a la tierra y la defensa de sus territorios. Igualmente, la decisión demuestra la importancia de que las empresas nacionales y extranjeras que incursionan en zonas gravemente afectadas por el conflicto actúen con la debida diligencia y respondan por sus acciones u omisiones relacionadas con la violación a los derechos humanos”. (Lea comunicado)
De la United a la Dole
Las Franciscas I y II están en el epicentro del territorio donde ocurrió uno de los episodios más cruentos de la historia colombiana, conocida como la Masacre de las Bananeras. El 5 y 6 de diciembre de 1928 las fuerzas militares asesinaron en el municipio de Ciénaga a cientos de trabajadores de la United Fruit Company, quienes se habían declarado en huelga en rechazo a las precarias condiciones laborales que ofrecía la multinacional estadounidense.
La United estuvo en Ciénaga desde finales del Siglo XIX hasta la década de 1960, cuando abandonó las tierras y diez años más tarde pasó a llamarse Chiquita Brands, una compañía que admitió pagos a grupos armados ilegales en el Urabá antioqueño. (Lea: Los nuevos papeles de Chiquita Brands)
Campesinos nacidos en familias cortadoras del banano encontraron en estas tierras fértiles la oportunidad de cultivar. Según lo documentó la demanda, en 1987 el director del Incora, Manuel Lineros, le informó a los campesinos que estaba en proceso de adquirir los predios para titularlos. Así 52 familas se organizaron en Aucibe y el 6 de marzo de ese año ingresaron a Las Franciscas, esperanzados en ese anuncio.
Mientras los campesinos cultivaban, se encontraron con dos escenarios adversos: el primero estuvo relacionado con la violencia perpetrada por el Frente 19 de las Farc, los frentes Domingo Barrios y Francisco Javier Castaño del Eln, y las autodefensas ‘El Polvorín’, ‘Los Cuqueros’ y ‘Los Magníficos’, se disputaban las ‘rentas’ de la bonanza marimbera, el contrabando y las extorsiones en estas tierras altamente productivas y con una geografía apetecida por su cercanía a la Ciénaga Grande de Santa Marta. (Leer más en: Las verdades del conflicto en Cesar y Magdalena)
Y el segundo escenario tuvo que ver con la reclamación de nuevos empresarios sobre las fincas, entre ellos Antonio Riascos Torres, quien alegaba ser el propietario de Las Franciscas. Los campesinos relataron que fueron amedentrados e incluso citados a la estación de Policía de Ciénaga, donde terminaron presos sin alguna explicación.
Según el relato de los parceleros, ‘Toño’ Riascos los amenazaba con confinarlos en los predios, impidiéndoles la salida e ingreso a los predios en disputa y el acceso al agua. Ante esas presiones, la comunidad decidió desplazarse a finales de 1987, después de que hombres armados ingresaron a las fincas. Las familias supieron más tarde que se trataba de miembros de la banda ‘El Polvorín’.
Mientras los campesinos estaban en condición de desplazados, Las Franciscas eran negociadas. La demanda de restitución documentó que Riascos era el gerente de Cacaotera de Orihueca, la empresa que aparecía como dueña en los folios de matrícula. Aunque sobre estas tierras el Incora adelantaba un proceso de extinción de dominio, por deudas de antiguos propietarios con la Caja Agraria, los predios pasaron en 1991 a nombre de Agrícola Eufemia Ltda.
Según la demanda, la Agrícola Eufemia fue constituida con el 90 por ciento de aportes de Bana Ltda., una subsidiaria de la estadounidense bananera Dole. Su representante legal era el inglés Peter Arthur Kessler, antiguo directivo de la multinacional en América Latina, quien para la época de los hechos también se desempeñaba como jefe de agricultura y gerente de producción de Técnicas Baltime Ltda., otra de las filiales de la compañía norteamericana.
En octubre de 1992, el Frente 19 de las Farc secuestró y asesinó a Kessler y un año más tarde comenzó la crisis del banano en la región, producto de las restricciones de la Comunidad Económica Europea y los daños a las plantaciones causados por la tormenta tropical Bret y el huracán Gert.
Al igual que Chiquita, en 1994 la Dole abandonó los cultivos en Magdalena, incluida Las Franciscas por considerar que el negocio no era rentable, concentrando su actividad en el Urabá antioqueño. Sin embargo, estaba lejos de cerrarse el capítulo de la violencia en Las Franciscas.
Matar por “orden de servicio”
Los parceleros cuentan que retornaron a Las Franciscas el 6 de enero de 1996 y que enviaron múltiples cartas a la Presidencia de la República, así como a las autoridades agrarias, esperando la titulación de las tierras. Después de casi diez años, confiaban en que el Incora resolviera el proceso de extinción de dominio de las fincas, para que se las pudieran adjudicar y titular.
Mientras tanto, en Zona Bananera estallaba el conflicto. La prensa de la época registró cómo el Eln cometía secuestros y atacaba la infraestructura pública y privada, incluyendo bodegas e instalaciones de la Dole. A lo anterior se le sumó un nuevo actor armado: la compañía Walter Úzuga, adscrita a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y que luego pasó a llamarse Frente William Rivas, del Bloque Norte de las Auc.
En 1999, cuando Zona Bananera fue erigido como municipio, el paramilitarismo buscó replicar el modelo de financiación experimentado en el Urabá antioqueño. El Centro Nacional de Memoria Histórica documentó que Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, exjefe paramilitar del Frente Álex Hurtado, se instaló en la región para explicarle al naciente grupo cómo financiarse con los aportes de las bananeras. (Lea: Llevan caso de Chiquita Brands a la Corte Penal Internacional)
Al respecto, la demanda acopió las confesiones que ‘Carlos Tijeras’ rindió en Justicia y Paz y la Corte Superior de California, entre 2008 y 2009: “Cuando asumí el mando del Frente William Rivas, en 2002, Chiquita ya había suscrito un arreglo de pagos con Carlos Castaño, el fundador de las Auc, según el cual la compañía pagaría tres centavos de dólar por caja de banano embarcado desde Colombia”.
Sobre Dole agregó: “También se llegó a un arreglo que abarcaba toda Colombia con Carlos Castaño, el cual fue puesto en práctica por ‘Pedro Bonito’ desde Urabá. Cuando yo asumí el mando del Frente William Rivas, ‘Jorge 40’ [Rodrigo Tovar Pupo] quería que yo tuviera un arreglo directo con las compañías que operaban en mi área. Por lo tanto, establecí un arreglo con las plantaciones de Dole de mi área, según el cual me pagarían $70.000 pesos por hectárea, por año. Ese arreglo se hizo, directamente, con los administradores de las plantaciones”.
En sus declaraciones a la justicia, ‘Carlos Tijeras’ señaló que las plantaciones de Dole en Zona Bananera, que hicieron esos pagos fueron “Bomba, Circacia, Francisca, María Luisa, Lorena, Eufemia y Olga”. La demanda indicó que las dos primeras son también propiedad de Agrícola Eufemia S.A.S.
“A mis hombres los buscaban regularmente los administradores de Chiquita y de Dole para identificar a personas específicas como ‘problemas de seguridad’ o simplemente como ‘problemas’. Todo el mundo sabía que teníamos que ejecutar a la persona identificada”, aseguró el exjefe paramilitar.
Sobre Las Franciscas, ‘Carlos Tijeras’ dijo: “También devolvimos a Chiquita y Dole plantaciones que habían sido invadidas por grupos campesinos protegidos por las Farc. Por ejemplo, mientras que las Farc mantuvieron el control de la Zona Bananera, Dole abandonó una plantación, La Francisca. Los obreros y campesinos locales invadieron la plantación y comenzaron a ocuparla. Nosotros sacamos a esa gente y le devolvimos la posesión de la plantación a los propietarios, quienes trabajaban con Dole”.
El Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, en la sentencia contra ‘Cara de Niño’, aclaró que no existe prueba alguna que los campesinos hubiesen sido protegidos o tuvieran relación con la guerrilla, y que tal señalamiento fue usado para “acallar sus voces e intimidar a los lugareños para que abandonaran los predios de Las Franciscas que, de conformidad con lo registrado en el diligenciamiento, presuntamente lo fue con la aquiescencia de la empresa bananera Dole” (ver página 458 de la sentencia).
De esta forma, los paramilitares del Frente William Rivas comenzaron a asesinar a los parceleros de Aucibe, así como lo hicieron con miembros de Sintrainagro. En septiembre de 2001 mataron a los hermanos Jorge Alberto, Gustavo Enrique y Miguel Ángel Teherán Pérez; y en marzo de 2004, a José Concepción Kelsy Correa, presidente de la Asociación. Según el relato de los campesinos, a Kelsy lo asesinaron después de que paramilitares lo amenazaran e instaran a abandonar las tierras. El crimen generó el desplazamiento masivo y con ello las ventas.
“Firme aquí”
Los campesinos relataron que cultivaron Las Franciscas entre 1996 y marzo de 2004, año en el que fueron visitados por Humberto Díaz Díaz y Wilson Sotomonte, trabajadores de la Agrícola Eufemia. Los funcionarios les proponían abandonar las tierras a cambio de dinero. Tras el asesinato de los cuatro campesinos, Aucibe nombró a un nuevo presidente, quien en mayo de 2004 también se desplazó cuando supo que los paramilitares lo iban a asesinar. El liderazgo de la organización campesina la asumió Abel Antonio Bolaños Morales.
En junio de ese año, empleados de la Agrícola Eufemia citaron a los parceleros en la finca La Teresa, donde funcionaba la empacadora de la empresa, ofreciéndoles entre un millón y millón 500 mil pesos por hectárea. En una segunda cita, en el mismo lugar, los parceleros cuentan que los esperaron tres hombres armados.
Bajo candado en una habitación de la empacadora, los campesinos fueron obligados a entregar las cédulas, firmar documentos en blanco y recibir entre 150 y 650 mil pesos por las parcelas que habían cultivado durante 8 ochos de forma ininterrumpida. Sin embargo, la Agrícola Eufemia S.A.S registró lo anterior como una “compra de mejoras”, realizada entre julio y agosto de 2004.
El terror no cesó. En enero de 2005, los paramilitares del Frente William Rivas asesinaron al Abel Antonio Bolaños. Un año después, cuando el grupo armado ilegal se desmovilizó, los campesinos pensaron que el Incoder agilizaría el proceso de extinción de dominio, pues en 2001 y 2003 el Instituto había realizado una inspección ocular en los predios, confirmando que los campesinos trabajaban las tierras y actuaban como dueños legítimos de la propiedad.
Pero no fue así. En 2007, el Incoder emitió dos resoluciones: una en marzo, que devolvía las tierras a la Nación, ya para titularlas a los campesinos; y otra en junio, que revocó esa decisión, usando como argumento “la compraventa de mejoras” que hizo Agrícola Eufemia a los parceleros.
Sin embargo, el Incoder tomó la decisión sin verificar en qué condiciones fueron realizadas tales compraventas. El proceso agrario a favor de los campesinos quedó suspendido y, en enero de 2009, la Agrícola Eufemia S.A.S. celebró un contrato de compraventa con La Francisca S.A.S, transfiriéndole la titularidad de las 127 hectáreas.
Desplazados, los parceleros de Aucibe buscaron una solución en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, expedida en junio de 2011. Su reclamación ingresó en 2013 al Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas; al siguiente año fue presentada en demanda ante el Juzgado Segundo Especializado de Restitución de Santa Marta; y en abril de 2015 llegó a los despachos del Tribunal de Restitución de Cartagena. Los campesinos, desesperados, solicitaron celeridad en el proceso. (Lea: Ante tribunal de Cartagena, reclamantes de tierras piden agilizar sus procesos)
Mientras esperaban una decisión, en julio de 2015 y 2016 los Tribunales de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla condenaron a ‘Carlos Tijeras’ y ‘Cara de Niño’ por los crímenes cometidos en Zona Bananera, incluyendo el caso de Las Franciscas. (Leer más en: Ocho puntos para entender la guerra en Magdalena)
“Empresarios bananeros utilizaron los ‘servicios sicariales’ de los paramilitares para comprar predios a bajos precios o para forzar a colonos a abandonar tierras fértiles que estuviesen ocupando. Un hecho llamativo fue el de unos cultivadores de guineo que fueron victimizados en el corregimiento de Orihueca del municipio de Zona Bananera, porque presuntamente empresarios cercanos a la compañía multinacional Técnicas Baltime de Colombia (Dole), requerían esas tierras (finca La Franciscana) para impulsar las exportaciones de banano”, indicó el fallo del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá (ver página 627 de la sentencia).
Pese a los “silencios” del Tribunal de Cartagena sobre la presunta responsabilidad empresarial en el despojo de tierras, la sentencia es un logro para la comunidad campesina de Las Franciscas, que durante 30 años sobrevivió al conflicto armado y esperó diligencia del Incora y el Incoder. Ahora la lucha de los parceleros es que las instituciones cumplan con las órdenes del fallo y puedan trabajar en paz.
