Excesos de formalismos legales; el no reconocimiento de algunas de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales; y el reiterado mensaje del excomandante de las Fuerzas Militares de declararse inocente, se destacaron en la primera cita del oficial en retiro con este tribunal de justicia transicional.

Todo era expectativa ayer a mediodía en las afueras de la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá. La comparecencia del primer oficial de alta graduación del Ejército para acogerse a este mecanismo y contar lo sucedido durante su paso por la guerra sugería la apertura de una puerta para conocer la verdad sobre la comisión de cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como “guerrilleros muertos en combate” perpetradas por sectores de la Fuerza Pública en diversas regiones del país.

La campaña de expectativa realizada durante varias semanas a través de redes sociales por diversas organizaciones defensoras de derechos humamos para exigirle a Montoya que contara toda la verdad de lo sucedido fue intensa y decenas de activistas acudieron a la JEP con pasacalles, pancartas, afiches y expresiones teatrales alusivas a la supuesta culpabilidad del oficial en la vulneración de los derechos humanos.

“Es un día histórico para el movimiento de derechos humanos y de víctimas porque Mario Montoya se presenta a un espacio fuera de la justicia penal militar, a un espacio civil donde va a tener que responder, y es un espacio que va a tener la participación y la incidencia de las víctimas. Es un espacio que habíamos esperado por mucho tiempo”, expresó Álvaro Frías, abogado que hace parte del Colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, que representa a por lo menos 70 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, momentos antes del inicio de la audiencia y entre las arengas contra el general retirado.

A unos pocos pasos de Frías estaba Lili Ipuz Medina, quien se considera a sí misma “víctima del Estado”, porque en el 2006, en la finca El Águila, de la vereda La Pradera, en el municipio de Rioblanco, Tolima, tropas del Ejército adscritas a la Brigada Móvil N. 8, asesinaron a su hermano Miguel: “No era ningún guerrillero, era un campesino trabajador, las únicas armas que cargaba eran el hacha y el azadón. En ese tiempo el mandamás de la Móvil 8 era Mario Montoya, y por eso espero que ese personaje, que hoy está en el banquillo, diga la verdad”.

Sebastián Escobar, abogado integrante del Colectivo José Alvear Restrepo que tiene la representación de tres víctimas en este proceso, valoró el hecho de que un militar de alto rango tenga que acudir por primera vez ante esta justicia, pero anticipó lo que se vendría horas después, en el desarrollo de la audiencia: “Hemos conocido que su postura ante la Jurisdicción Especial para la Paz consiste en no aceptar la responsabilidad por ninguno de los hechos por los cuales ha comparecido, que en síntesis se refieren a ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos”.

Mientras, en Medellín, distintas organizaciones defensoras de derechos humanos convocaron a una rueda de prensa para exponer diversos aspectos relacionados con este proceso. El abogado Sergio Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, presentó cifras de casos que podrían tener relación con Montoya y con las cuales pretendieron mostrar la dimensión de sus acciones.

“En el tiempo que fue comandante de la IV Brigada del Ejército (1 de enero-15 de diciembre de 2003), con seden en Medellín, se denunciaron poco más de 200 casos de ejecuciones extrajudiciales. Cuando ascendió a comandante de la Primera División del Ejército (15 de diciembre de 2003-28 de abril de 2005), las denuncias ascendieron a más de 600 casos”, detalló Arboleda.

Asimismo, agregó que la Operación Orión, adelantada por hombres bajo el mando de Montoya, dejó 80 personas heridas por la Fuerza Pública, 17 homicidios cometidos por agentes del Estado, más de 70 homicidios cometidos por paramilitares, 12 personas torturadas, 90 desaparecidos solo durante el desarrollo de la Operación Orión y 370 detenciones arbitrarias.

“Y cuando asume la comandancia del Ejército (marzo de 2006-noviembre de 2008), las víctimas de ejecuciones extrajudiciales llegaron a más de 2.000 personas”, precisó el jurista de la Corporación Jurídica Libertad.

Todo se enredó

En el centro el general (r) Mario Montoya escucha a los magistrados ante los que comparece por primera vez. Foto: JEP.

 

Convocada para las 2:30 de la tarde, pero iniciada con más de hora y media de retraso comenzó la audiencia de sometimiento de Montoya ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, presidida por el magistrado Pedro Díaz Romero, instancia en la cual el alto oficial en retiro iniciará su proceso en este mecanismo de justicia transicional creado bajo los acuerdos con la extinta guerrilla de las Farc, firmados el 24 de agosto de 2016 en Bogotá, tras cuatro años de negociaciones para buscarle una salida negociada a una confrontación armada de 53 años.

Se trataba de una audiencia preliminar de sometimiento en la que se esperaba que Montoya ratificara su compromiso ante la JEP, pero lo que vendría minutos después fue el ritualismo jurídico que implica la presentación de todas las partes del proceso, es decir, comparecientes, su apoderado, los abogados de las víctimas y aquellas que se hicieron presentes en el recinto, los representantes de la Procuraduría y de la Fiscalía de la JEP.

Se leyeron los casos atribuidos a Montoya, lo que arrojó que no sólo sería procesado por varias ejecuciones extrajudiciales perpetradas en diversas regiones del país por tropas bajo su mando como comandante del Ejército entre marzo de 2006 y noviembre de 2008, sino por casos de desaparición forzada y tortura ocurridos durante la Operación Orión, adelantada en la comuna 13 de Medellín a mediados de octubre de 2002, cuando el oficial comandaba la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en la capital antioqueña.

Por más de dos horas el ritualismo jurídico se impuso en la audiencia, pese a que los abogados defensores de víctimas habían solicitado que se superara esa etapa para entrar de lleno al tema de la comparecencia, pero el presidente de la sala aseveró que era necesario hacerlo así para garantizar el debido proceso.

Pero en la aplicación estricta del procedimiento se pudo establecer que varias de las víctimas presentes en el recinto no habían sido reconocidas en el proceso ni se habían notificado a otras tantas, lo que llevó a que se pidiera la nulidad de la audiencia, solicitud que no fue atendida.

Tal como lo había advertido Escobar antes del inicio, el apoderado de Montoya, abogado Andrés Garzón, admitió que la “JEP es nuestro juez natural y ante este juez empezaremos a demostrar la absoluta inocencia del general Montoya”; además, se opusieron al reconocimiento de las víctimas.

La audiencia fue suspendida a las 6:47 de la tarde, sin que los magistrados resolvieran varias de las peticiones de los apoderados de las víctimas fueran tenidas en cuenta, como por ejemplo el costo en recursos y riesgos que afrontaron varias de las víctimas para llegar a Bogotá, como el caso de Alfamir Castillo, sobre quien pesan graves amenazas de muerte por reclamar por la muerte de su hijo, Darbey Mosquera Castillo, asesinado el 28 de febrero de 2008 por tropas del Ejército, en Pradera, Valle del Cauca, y presentado como “guerrillero muerto en combate”.

Indefinidamente

Las víctimas escucharon con expectativa el desarrollo de la audiencia, guardando la esperanza de encontrar una verdad que les permita sanar sus heridas. Foto: JEP.

 

No se sabe cuándo continuará esta audiencia, cuyo proceso comenzó el pasado 17 de julio cuando Montoya firmó el acta de sometimiento a la JEP. Lo cierto es que entre víctimas y sus abogados quedó un sabor amargo.

“Un exceso de formalismo no permitió el reconocimiento de víctimas”, le dijo a VerdadAbierta.com una abogada que acompaña este proceso y quien pidió la reserva del nombre. “A algunas que habían entregado poder desde días atrás no los incluyeron. Se interpusieron recursos frente a eso y no se resolvió. Tampoco resolvieron dos peticiones: de un lado la excepción de inconstitucionalidad que ello significa y de otro la de nulidad de la audiencia por no notificación de todas las víctimas atribuidas a Montoya.

Escobar, del Colectivo José Alvear, dijo que fue una audiencia “supremamente larga, extenuante, caracterizada por un ritualismo extremo, planteando discusiones en audiencia, como el reconocimiento de víctimas que bien pudo haberse hecho mediante un auto con anterioridad a la diligencia y así facilitar el desarrollo de la audiencia”.

A su juicio y valorando lo ocurrido, este abogado dijo que el llamado a esta diligencia hecho por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP pudo haber sido “un poco acelerada” porque no se notificó a todas las víctimas, “que ya de hecho se encuentran identificadas porque hacen parte del proceso que adelanta la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.

Olga Silva, otra de las abogadas que representó a un grupo de víctimas en la audiencia, coincidió con Escobar en lo extenuante de la diligencia y los efectos desgastantes en las víctimas. A su juicio, le faltó a los magistrados definir el objetivo de esta comparecencia y el sustento legal, solicitado por Germán Romero al inicio y que no fue respondido.

Escobar espera que esta manera de llevar a cabo las diligencias judiciales en el contexto de una justicia transicional de connotación especial se adecúe a una menor rigurosidad y formalismo, y que esto pueda ser reparador para las víctimas. “Luego de seis horas, apenas avanzar en una fase de discusión sobre su reconocimiento no es un escenario que sea reparador”.

La audiencia fue suspendida y los magistrados no precisaron la fecha de reanudación. Al final, lo que primó en el ambiente fue una gran decepción entre abogados, víctimas y activistas, que comienzan a sentir que si la JEP no va solucionando estas dificultades lo que podría imponerse es un alto nivel de impunidad.

“Es una vergüenza que el general Montoya se haya sometido a la JEP para probar su inocencia. En ningún momento tiene ni la voluntad ni la gallardía para reconocer sus crímenes, por eso las víctimas estamos muy desmotivadas. Si él no va contar la verdad en la JEP, entonces, que llegue a la justicia ordinaria para que sea juzgado allí”, concluyó, desde Medellín, Alexander Castro, miembro del colectivo Tejiendo Memorias, que agrupa víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia.

* Foto de apertura: tomada de la cuenta de Twitter @Lina_Hurtado8 

A continuación, presentamos una recopilación de los artículos que hemos publicado desde 2008 sobre el general (r) Mario Montoya, que dan cuenta de las ‘salpicadas’ que realizaron diferentes jefes paramilitares en su contra, de los reclamos de las víctimas y de los procesos que no prosperaron en la justicia ordinaria.

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