Dos alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo detallan los padecimientos que enfrentan comunidades indígenas y afros de los municipios de Juradó, Carmen del Darién y Riosucio. El Ministerio del Interior fue notificado de lo que ocurre en esas regiones selváticas del noroccidente del país, limítrofes con Panamá.
La riqueza natural de este departamento y su ubicación estratégica, con salidas a los océanos Pacífico y Atlántico, es la mayor atracción para los grupos armados ilegales, que buscan dominar cada vez mayores áreas, afectando a numerosos pobladores diseminados en selvas y caños, quienes le atribuyen sus altos niveles de riesgo a la codicia de quienes van detrás de su biodiversidad, usan su territorio sin autorización alguna para actividades ilícitas y al abandono del Estado.
Por ello la Defensoría del Pueblo ha vuelto a llamar la atención del gobierno nacional sobre el alto grado de vulnerabilidad de las comunidades indígenas y afros de varias regiones chocoanas a través de dos alertas tempranas de inminencia remitidas el pasado martes a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).
Se trata de las alertas tempranas Nº 068-18 de inminencia que advierte del riesgo de la población civil en las cuencas de los ríos Truandó y Quiparadó, en jurisdicción de los municipios Riosucio y Carmen del Darién; y la Nº 069-18, que llama la atención de lo que le viene ocurriendo a los habitantes de Juradó, especialmente a quienes viven en los corregimientos Coredó, Curiche, Guarín, Patajona, Aguacate, Punta Ardita y Punta Piña; así como en los resguardos Guayabal de Partadó y Santa Marta de Curiche; las comunidades negras de los consejos comunitarios Mayor de Juradó en el río Partadó y el Consejo General de la Costa Pacífica Los Delfines; y en la cabecera municipal.
En ambas alertas tempranas se destaca como principal causal del riesgo de la población civil las estrategias de expansión hacia territorios dejados por la extinta guerrilla de las Farc luego de negociar con el gobierno nacional su reintegración a la vida legal. Tras esas nuevas áreas se encuentran la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), conformadas a mediados de 2006 como reacción a la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), desmovilizadas y desarmadas de manera colectiva bajo pactos logrados con la administración del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Sin tregua en el Atrato
El trueno de los fusiles y las granadas se ha vuelto común en medio del sonido de la selva chocoana. Sus pobladores aún no se acostumbran a esa mezcla de biodiversidad y guerra que padecen desde hace poco más de tres décadas y se estremecen ante cada ruido bélico. Ese miedo que los embarga día y noche se ha venido intensificando desde hace cuatro años. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
A este estado de zozobra, de acuerdo con la Alerta Temprana Nº 068-18, “están expuestas alrededor de 3.200 personas en la cuenca del río Truandó, en los municipios Carmen del Darién y Riosucio”. De ellas, 1.190 hacen parte de los pueblos indígenas Embera y Wounáan de los resguardos Río Quiparadó, Jagual Chintadó, Peña Blanca Río Truandó. Las restantes 2.010 personas, en situación de desplazamiento desde finales de 2015 y asentadas en Riosucio, pertenecen a las comunidades afrodescendientes de los consejos comunitarios La Nueva, Clavellino, Dos Bocas, Bocas de Taparal, Truandó Medio y Quiparadó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las comunidades indígenas y afros padecen la confrontación que “desde hace casi cuatro años sostienen el Eln y las Agc por el control social y territorial de esa área geográfica o de las operaciones que realiza la Fuerza Pública en la zona, en cumplimiento de su funciones constitucionales y legales”.
La crisis humanitaria que se vive en esta región chocoana había sido advertida hace dos semanas por la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) y por Amnistía Internacional, quienes alertaron sobre la grave situación de por lo menos 751 familias de 14 comunidades de zonas rurales de los municipios chocoanos de Carmen del Darién, Bojayá y Riosucio. (Leer más en: La guerra silenciosa que se libra a lo largo del río Atrato)
Las afectaciones derivadas de los choques armados entre Eln y Agc han ocasionado, según la Alerta Temprana Nº 068-18, “señalamientos en contra de líderes, lideresas y autoridades tradicionales de pueblos indígenas y comunidades negras, la incursión y ocupación de comunidades indígenas en la cuenca del Truandó, la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y el reclutamiento forzado, la restricción de libertades fundamentales, los combates con interposición de población civil, la ocupación de bienes protegidos, el confinamiento, los desplazamientos forzados y la instalación de minas y artefactos explosivos”.
Uno de los riesgos más graves que resalta la Alerta Temprana es la instalación de minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados, lo que está impactado de manera grave a las comunidades que, confinadas, van perdiendo, poco a poco, sus “tradicionales prácticas agrícolas, de pesca y de caza con las que sustentan la subsistencia material” y “la pervivencia de prácticas culturales, como se da en el caso de la medicina tradicional que depende del uso de plantas a las que no pueden acceder por la existencia de campos minados”.
De acuerdo con las denuncias conocidas por la Defensoría del Pueblo, la estrategia de control social y territorial que han venido adoptando las Agc se refleja en un nuevo ciclo de expansión de este grupo armado ilegal que avanzó hacia la zona media y alta del río Truandó.
Según esta agencia del Ministerio Público, varios hombres armados de las Agc incursionaron el pasado 2 de agosto en la comunidad de Pichindé, del Resguardo Jagual Chintadó: “El grupo armado ilegal manifestó tener una lista de personas pertenecientes a la comunidad, que asesinarían bajo el señalamiento de hacer parte de la estructura o colaborar con el Eln, lo cual ha generado amenazas contra las autoridades indígenas, torturas, retenciones ilegales, estigmatización, confinamiento y riesgos de desplazamiento forzado masivo”.
Otra grave situación descrita en la Alerta Temprana es el confinamiento de la comunidad de Peñas Blancas debido al control armado que ejercen las Agc en diferentes puntos del río Truandó. Los retenes ilegales son constantes en Bocas de Taparal, Bocas de Quiparadó y La Nueva y en ellos controlan la movilidad de la población civil, así como el paso de alimentos y medicamentos.
“Esta dinámica se constituye en una estrategia contrainsurgente que busca desabastecer a las comunidades y aislar a las estructuras del Eln que permanecen en la parte media y alta del río Truandó”, explica la Defensoría.
Pero esas prácticas están ocasionando graves afectaciones para la población indígena que resiste permaneciendo en sus territorios ancestrales: “Las comunidades de Peñas Blancas, Quiparadó, Salaquí, Marcial, Jagual y Pichindé están desabastecidas, no hay alimentos para permanecer en el territorio por la presencia de las Agc en los retenes mencionados, por lo que el riesgo de desplazamiento es inminente, lo que significaría la revictimización de más de 1.300 personas de los pueblos Embera y Wounáan”.
A todo este clima de afectación social se suma la persistencia de la guerrilla del Eln de instalar minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados para evitar el avance de las Agc. Una de las zonas más afectadas es la parte alta del río Truandó. Los constantes combates han afectado, además, bienes protegidos por el derecho internacional humanitario como escuelas, viviendas familiares y espacios comunitarios.
Para la Defensoría del Pueblo, la confrontación por extensas áreas del Medio y Bajo Atrato chocoano persigue tres fines fundamentales: consolidar un férreo control social estableciéndose en el territorio como un referente de autoridad para las comunidades indígenas y afros; tener un dominio pleno de las rutas para el tráfico ilegal de armas, drogas y personas que desde la cuenca del río Truandó interconectan con el norte y el sur del continente, así como con regiones al interior del país; y controlar rentas lícitas e ilícitas como la explotación de madera y la cadena productiva de la coca en las fases de cultivo, procesamiento, transporte, distribución y comercialización.
Uno de los agravantes de este ambiente bélico lo constituye, según la Defensoría del Pueblo, “la desconfianza generada en la población civil por la poca efectividad de la acción de la Fuerza Pública que contrasta con la intensa actividad y expansión de las Agc”.
Para las comunidades afectadas, las reiteradas vulneraciones a los derechos humanos perpetradas por las Agc “contrastan con el desarrollo de operativos militares por parte de la Fuerza Pública en la zona y la presencia militar en lugares estratégicos (como las desembocaduras de los ríos) para controlar las rutas de entrada y salida de los territorios colectivos, conllevando a que persistan altos niveles de desconfianza”.
El tema de la deficiencia de la Fuerza Pública en el ataque y contención de las Agc había sido advertido por la Defensoría del Pueblo desde enero de 2017 en un informe conocido por VerdadAbierta.com en el que se estableció que “gran parte de la población del Bajo Atrato tiene la percepción de que la Fuerza Pública presente en la zona (Armada Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional) tiene relaciones de connivencia, colaboración y coordinación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lo cual ha derivado en una profundización de la crisis de legitimidad del Estado en la subregión, especialmente por el paso de botes con remesa y hombres armados por puntos de control de la Armada Nacional en sectores como Tumaradó, La Honda y Travesía (Puente América)”. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)
En esta nueva Alerta Temprana destaca que “el Estado, desde la institucionalidad civil y militar, ha tenido dificultades para hacer presencia de manera oportuna y efectiva en los espacios de los que salió las Farc-Ep, lo que favoreció la presencia y expansión del Eln y las Agc en todo el territorio del Bajo Atrato”.
Esta situación, según la Defensoría del Pueblo, “ha causado riesgos para líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, reclamantes de tierras, autoridades étnico territoriales, personas en proceso de reincorporación a la vida civil y política y sujetos de especial protección constitucional, y particularmente para las mujeres y menores de edad”.
Tras su detallada exposición de lo que ocurre en los municipios de Carmen del Darién y Riosucio, y sus cuencas, la agencia del Ministerio Público le solicitó a las autoridades competentes adoptar las medidas eficaces y oportunas de prevención y protección para mitigar o eliminar el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal de la población […]debido a las probables violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
Juradó, bajo presión
El pasado 19 de agosto por lo menos 20 indígenas del Resguardo Santa Marta de Curiche, corregimiento Guarín, fueron retenidos y maltratados durante varias horas al parecer por hombres de las Agc. La situación encendió las alarmas y, ante el riesgo inminente de las comunidades, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 069-18 de Inminencia.
En el documento se establece que esta situación de Juradó “está relacionada con las alertas tempranas emitidas durante el presente año, para los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Murindó, Bojayá, Medio Atrato y Vigía del Fuerte, que advierten sobre la continuidad de la actividad armada de las Agc, desde el 2015, y que durante el presente año, se ha incrementado hacia zonas de presencia y control de la guerrilla del Eln”. (Leer más en: Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó)
Y es que la posición geográfica de este municipio ofrece ventajas estratégicas para la guerra y las economías ilegales: tiene una extensa frontera terrestre y marítima con el vecino país de Panamá; y se comunica a través de caños y caminos selváticos con la subregión del Bajo Atrato, que conduce al océano Atlántico.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, “la ubicación territorial referenciada, permite la movilidad de los grupos armados ilegales, el tráfico de armas proveniente de República de Panamá y de insumos para el circuito de producción y comercialización de cocaína proveniente de distintos lugares del departamento de Chocó, especialmente del municipio de Riosucio a través de los múltiples caminos ancestrales para su embarque hacia mercados del Pacífico”.
Tales características, que han jugado en su contra, han ocasionado una secuencia de victimización que viene desde mediados de la década del noventa cuando incursionaron allí las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y las guerrillas de las Farc y el Eln.
Uno de los hechos más cruentos se perpetró el 12 de diciembre de 1999, cuando una nutrida columna de insurgentes de Frente 57 de las Farc atacaron el casco urbano, destruyendo en comando de Policía, algunas edificaciones vecinas y dejando una estela de muerte entre uniformados de la Infantería de Marina apostados en una base situada en la parte alta del caserío.
Desde aquella época se registra una profunda ruptura del tejido social. En su Alerta Temprana, la Defensoría del Pueblo, citando cifras del Consejo General de la Costa Pacífica Los Delfines, autoridad étnica de los territorios colectivos de comunidades negras de Juradó y Bahía Solano, estableció que “el 60 por ciento de la población originaria hoy está en condiciones de desplazamiento […] desarraigados ante la imposibilidad de retornar con garantías a su territorio” y diseminados en varios municipios de Chocó, así como en el Valle del Cauca y Antioquia, y en el vecino país de Panamá.
“La población civil ha sido históricamente victimizada, sin que la acción del Estado haya cumplido con su deber como garante de derechos para atender la crónica situación de desplazamiento forzado, confinamiento y adelantar los procesos de restitución de derechos territoriales, retorno o reubicación, a pesar de las órdenes del juez constitucional y de restitución”, asevera la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 069-18.
El actual escenario de riesgo inminente, de acuerdo con ese informe, se configura a partir de varios aspectos, entre ellos los constantes combates, en medio de la población civil, de la Compañía Néstor Tulio Durán del Eln y el Frente Pacífico de las Agc en la Bahía Octavia, que han producido “lesiones personales por arma de fuego contra dos mujeres no combatientes y un menor de edad pertenecientes al pueblo Embera”.
Asimismo, por la incursión de las Agc en territorios étnicos, ocupación de bienes protegidos y las torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes contra el pueblo Embera, lo que ha ocasionado el desplazamiento forzado de por lo menos 17 familias, compuestas por 87 personas de la comunidad de Patato, Resguardo Guayabal de Partadó, el confinamiento de los pobladores del Resguardo Santa Marta de Curiche, así como el vaciamiento territorial de las comunidades de Patajona y Guarín.
Otras afectaciones se centran en la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en zonas de tránsito y áreas de trabajo de las comunidades, lo que ha causado graves restricciones a la movilidad y la muerte de una persona en este mes; el secuestro de pobladores por parte de las Agc para imponerles labores de guía; la constante amenaza de la guerrilla del Eln de una incursión armada a la cabecera municipal de Juradó; la imposición de extorsiones por parte de las Agc a las economías legales e ilegales; y el involucramiento violento de la población civil a través de señalamientos, estigmatización y acusación de colaborar con uno u otro actor armado ilegal.
Se destaca también en este escenario de riesgo, según la Alerta Temprana, “la profunda inconformidad y desconfianza de la población civil por la ausencia del Estado y por la poca efectividad de la Fuerza Pública ante la acción indiscriminada de los grupos armados ilegales”, una constante registrada también en las comunidades del Bajo y Medio Atrato chocoano.
Las Agc también han actuado contra exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el pasado 4 de julio por los menos un grupo de 60 hombres armados de esta organización criminal ingresaron a la comunidad afro de Patajoná: “A su paso amordazaron a los pobladores, despojándolos de sus teléfonos celulares con el fin de incomunicarlos, prohibiéndoles la movilidad, la denuncia y el desplazamiento. En su retiro retuvieron a seis personas, dos de ellos líderes excombatientes de las Farc-Ep, quienes una vez liberados, se desplazaron forzadamente”.
Los ‘gaitanistas’ también están incurriendo en prácticas de explotación sexual, en niñas y mujeres jóvenes menores de edad, quienes “están siendo remuneradas con dinero o especie” por hombres de este grupo armado ilegal “a cambio de prestar servicios sexuales. Los fines de semana, las víctimas de este abuso, son recogidas en lanchas tripuladas y regresan 2 o 3 días a sus casas”.
En Juradó irrumpe con fuerza el narcotráfico en el eslabón de la exportación del clorhidrato de cocaína a los mercados internacionales. El tema fue abordado en la Alerta Temprana 069-18: “La Defensoría del Pueblo pudo constatar que en el municipio de Juradó que la pista de aterrizaje local no tiene ninguna clase de control, no hay presencia de Fuerza Pública en el lugar y en la madrugada y a altas horas de la noche se escuchan aeronaves presuntamente al servicio del narcotráfico”.
Al respecto, cita esta esta agencia del Ministerio Público, que la “población civil ha manifestado su inconformidad por el retiro, hace aproximadamente dos años, de dos puntos de control que la infantería de Marina tenía en los muelles, a los que ahora llegan lanchas en horas de la madrugada sin ningún control”.
Varias de esas lanchas rápidas provienen de los puertos naturales de Buenaventura y Tumaco, donde son cargadas con la droga y atracan en Juradó para ser reabastecidas de combustible y continuar su camino hacia varios países de Centroamérica, donde descargan los alijos del estupefaciente que luego serán transportados hacia los mercados estadounidenses por los carteles mexicanos.
Las actividades de narcotráfico fueron reiteradas por la Fundación Ideas para la Paz en un reciente informe sobre la situación de inseguridad y violencia en las fronteras: “El narcotráfico es la principal fuente de ingreso de los actores armados de la región, especialmente de las Agc, quienes han monopolizado todo el negocio: desde el cultivo de coca, procesamiento y venta de cocaína en las zonas urbanas, hasta el transporte al exterior por medio de rutas marítimas y terrestres”. (Leer más en: Inseguridad en las fronteras, los desafíos del nuevo Gobierno)
Ante este estado de riesgo permanente de las comunidades juradoceñas, la Defensoría del Pueblo remitió esta Alerta Temprana de Inminencia a las autoridades pertinentes “con el propósito de que se adopten las medidas necesarias y efectivas de prevención y protección de los derechos fundamentales de la población civil que reside en el territorio” y solicitó que las estrategias de intervención cuenten con un enfoque diferencial, étnico, territorial y, especialmente de género, para que se atiendan de manera inmediata a las mujeres víctimas de la violencia sexual “a través de mecanismos de atención física y emocional y medidas de prevención y protección efectivas”.
A raíz de estos hechos y otros ocurridos en diferentes departamentos del país, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), realizó este jueves una rueda de prensa para denunciar la violencia que padecen en sus territorios ancestales. (Leer más en: La zozobra sin fin de los Nasa)
“El país no puede normalizar el asesinato de líderes indígenas en nuestros territorios”: @HiginioObispo. @luiskankui @IvanDuque @MinInterior @FelicianoValen @ONUHumanRights. pic.twitter.com/nuj6PpzKUR
— ONIC (@ONIC_Colombia) 30 de agosto de 2018
La situación en Juradó ha escalado a tal punto, que el pasado 4 de septiembre, Patricia Gómez Cuervo, defensora Delegada para los Derechos de la Población Desplazada, realizó una solicitud defensorial a once instituciones de orden regional y nacional, para que tomen cartas en el asunto y atiendan efectivamente a las comunidades que están en “muy alto riesgo de desplazamiento forzado”.
En su escrito, la Defensora Delegada recalca los casos las localidades de Punta Piña y Punta Ardita, algunas de las que viven en un “contexto de violaciones masivas y sistemáticas de derechos fundamentales a la libertad, integridad y dignidad humana, limitando severamente la posibilidad de que la población civil, individual y colectivamente, pueda tomar decisiones libres y autónomas”. (Consulte la solicitud aquí)
