“Aquí, la policía solo sirve para recoger cadáveres”, dice una líder de la región del Paramillo, ubicada entre el norte de Antioquia y el sur de Córdoba y que fuera, durante décadas, uno de los fortínes inexpugnables de la extinta guerrilla de las Farc.
Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y esta organización guerrillera, el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, las comunidades campesinas que allí habitan sintieron que había llegado la hora de la paz. Pero no fue así. Hoy solo piden garantías de seguridad ante una violencia marcada por el incremento de asesinatos de líderes sociales, la incursión de grupos herederos del paramilitarismo y el rearme de disidencias de las Farc.
A ello se suma el estancamiento de los programas de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, de la que dependen miles de labriegos en aquellas escarpadas montañas. La incertidumbre es alta dada la posición poco clara del presidente Iván Duque frente a este tema, quizás uno de los más importantes del Acuerdo de Paz.
De acuerdo con el más reciente informe sobre la situación de cultivos ilícitos en Colombia, presentado el pasado 19 de septiembre en Bogotá por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el país pasó de tener 146 mil hectáreas sembradas con hoja de coca en 2016 a 171 mil hectáreas en 2017. El 64 por ciento del aumento se registró entre Córdoba y Antioquia, particularmente en el Nudo de Paramillo y en la región circundante del Bajo Cauca antioqueño.
El Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), que nació de la firma de los Acuerdos de Paz, planteó un propósito concreto: retirar a las comunidades campesinas de la cadena de producción de cocaína. Siendo uno de los pocos programas que implementa transferencia directa de fondos y beneficios a familias individuales, se esperaba que tuviera un gran impacto en la llamada “Colombia profunda y rural”, donde se siembra la hoja de coca para uso ilícito.
De acuerdo con el programa, cada familia participante recibiría el equivalente a 36 millones de pesos, en pagos bimensuales, durante un año, además de asistencia técnica, para ingresar a la economía legal. Adicionalmente, el Decreto 896 del 29 de mayo de 2017, que creó el marco legal para el PNIS, priorizó la implementación del Programa en los municipios con zonas transitorias de las Farc, como Ituango, considerado la puerta de entrada al Nudo del Paramillo. A varias horas del casco urbano, se instaló la zona transitoria de Santa Lucía, donde antiguos combatientes del Frente 18 dejaron sus armas e iniciaron su camino a la reincorporación a la vida legal.
Sin la extinta guerrilla de por medio, los funcionarios del PNIS comenzaron la socialización del programa en Ituango durante el segundo semestre de 2017. Al final, dos mil familias manifestaron su deseo de apostarle a la iniciativa. Ello hubiera significado el ingreso de 72 mil millones de pesos a la economía de los labriegos y, claro está, del municipio. Solo en El Aro, un corregimiento ubicado a dos días de camino desde el casco urbano de Ituango, conocida por la infame masacre paramilitar de 15 campesinos en octubre de 1997, más de 14 mil millones de pesos habrían llegado a las 400 familias que se preinscribieron allí.
Pero el programa no arrancó como se esperaba. A finales de marzo de este año, el Ejército Nacional realizó jornadas de erradicación forzada en veredas como Filadelfia y Torrente de El Aro, lo que generó la movilización de más de 250 labriegos al casco urbano para protestar por los retrasos y el incumplimiento del gobierno nacional en la implementación del PNIS. Para conjurar la protesta social, se aprobó en Bogotá el presupuesto para iniciar los pagos a campesinos en julio, para lo cual fue necesario llevar a cabo las inscripciones al programa al tiempo que la UNODC realizaba la correspondiente cartografía social.
No obstante, la crisis generada por los daños en las obras de construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango, que comenzó en la última semana de abril, obligó la suspensión del proceso, pues tanto la UNODC como el PNIS consideraron riesgoso enviar sus funcionarios a la región. Dado que los recursos destinados para Ituango no podían ser ejecutados, fueron entonces redestinados a financiar la iniciativa de sustitución voluntaria en el sur del país. Así, por cuenta de la emergencia de la presa, que aún se mantiene y la posterior suspensión de inscripciones al PNIS, significó que tan solo 800 de las dos mil familias ituanguinas preinscritas lograron ingresar al Programa, dejando a otras en un verdadero limbo.
La demora en la implementación del PNIS ha puesto a los campesinos en la mira de nuevos grupos armados ilegales que ingresan a la región con nuevas reglas para el comercio ilícito de la coca y dejan en pie ofertas que han ido seduciendo a los excombatientes de las Farc con salarios tentadores de 1,8 millones de pesos al mes para que trabajen con ellos.
En la región, las Autodefensas Unidas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’, ya están lideradas por exguerrilleros de las Farc. Tanto la administración local, los funcionarios regionales del PNIS y las juntas de acción comunal buscan la implementación completa de este programa en el municipio, pero no tienen idea de qué es lo que viene. Todo recae en las manos del nuevo gobierno nacional, liderado por el presidente Iván Duque, quien sigue sin sentar una posición clara sobre el futuro de la iniciativa concertada con el antiguo grupo insurgente.
Hace un mes, la Presidencia de la República recibió de las comunidades una petición para refinanciar esta iniciativa en Ituango y Valdivia, pero hasta ahora no han obtenido respuesta alguna. Adicional a esta incertidumbre, el presidente Duque no ha designado al director del PNIS, aunque el pasado 19 de septiembre aseveró que “esperamos que podamos avanzar en erradicación y sustitución voluntaria con los compromisos que ya están, pero sobre todo seguir adelante con la obligatoriedad”. Su meta es erradicar el 70 por ciento de los cultivos de coca en los próximos cuatro años.
El énfasis de Duque sobre honrar los compromisos que ya están definidos no deja claro si las comunidades pueden acogerse a firmar nuevos acuerdos colectivos. En Antioquia, están en vilo de ingresar al PNIS comunidades cocaleras de la región de Urabá, así como de Segovia y Remedios, entre otros. Allí no se han firmado acuerdos colectivos por ser los últimos territorios en ser priorizados por el gobierno nacional.
Pero, para la gente en Ituango, las palabras del presidente Duque dejan una sensación amarga. “Siempre es la misma cosa. Que sólo hay que dar una firma, que ya a los dos meses ya resulta y no, nada que resulta,” dice José Luis Cañas, presidente de la junta de acción comunal de Congital, a ocho horas del casco urbano del municipio.
Según Jhonathan Sucerquia, funcionario de la alcaldía, el cultivo de hoja de coca ha decaído en algunas partes del municipio debido a la presencia del hongo fusarium y pudrición radicular. Muchos campesinos no se han molestado en sembrar nuevas plantas, esperando a que el gobierno nacional inicie el pago de los subsidios para sustitución voluntaria. Pero la paciencia de las comunidades no es infinita, sobre todo cuando acechan nuevos grupos armados que van tras el botín de la coca.
“Mire esas montañas. Antes estaban llenas de cultivos de coca, pero ahora es pura maleza. La decisión de sustituir o no la coca es decisión del campesino, una decisión que vamos a respetar completamente. Con eso no nos vamos a meter.” afirma ‘Rogelio Guerrero’, comandante de la disidencia del Frente 18, que ha logrado dominar una gran extensión de territorio.
Por otro lado, las Agc ingresaron a Ituango por las regiones de Santa Rita, San Jorge y El Socorro, zonas cocaleras históricas y donde, en el año 2000, incursionó el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en un intento fallido de arrebatarle la región del Nudo del Paramillo a las Farc. Ahora, este grupo armado está ofreciendo allí de 1,2 millones a 1,8 millones de pesos a aquellos que quieran trabajar con ellos, así como una nueva variedad de hoja de coca, resistente a las plagas que han afectado recientemente los cultivos.
Para los campesinos de la región, que no ven otra opción, la dependencia a la hoja de coca se ha profundizado. Mientras que antes eran las Farc las que regulaban el comercio de pasta y pagaban a los campesinos directamente, las Agc compran ahora la pasta a crédito. Los ‘gaitanistas’ pueden decirle al campesino que no tienen cómo pagarle la pasta base porque el cargamento fue confiscado, dejándolos endeudados y fomentando el desplazamiento por causas económicas. En Ituango, alrededor de 500 familias han sido desplazadas por este motivo. José Luis Cañas dice que, en su vereda, Congital, solían vivir 36 familias y ahora solo quedan cuatro.
Abraham García era presidente de la junta de acción comunal de la vereda Pasquitá, de Ituango, además de beneficiario y promotor del PNIS. La noche del pasado 25 de junio, hombres desconocidos, armados y vestidos de civil, ordenaron su presencia en el kiosko comunal para, instantes después, matarlo a balazos.
“En Ituango, el tema organizativo ha sufrido un gran retroceso. Faltan garantías de seguridad, todos nuestros líderes se han ido amenazados. Han renunciado todos nuestros líderes allá. Y nadie quiere liderar o afrontar las organizaciones campesinas que están allá. Nadie se quiere echar al hombre la tarea de ser líder. Y eso va a complicar mucho la implementación del PNIS porque es algo que necesita mucho liderazgo delicado”, dice Arnóbiz Zapata, delegado regional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).
Según la Personería de Ituango, en febrero hubo un desplazamiento forzado de 82 personas de Congital, en la región del cañón donde vive Jose Luis. Y en todo el año, ya se han desplazado forzosamente más de 240 campesinos. Al final, es la población civil la que más sufre el sangriento conflicto entre diferentes actores armados ilegales que se disputan la región del Nudo del Paramillo.
El PNIS, tal como se planteó inicialmente, constituye una opción para que los campesinos abandonen la economía ilícita de la coca con ciertas garantías de beneficios y proyectos productivos. Como menciona el informe de la UNODC, “la iniciativa del PNIS tiene una oportunidad de mejora a partir de la articulación efectiva con otras estrategias de desarrollo rural. La erradicación forzosa debería actuar en los lotes de coca donde los cultivadores no se acogieron a los acuerdos para lograr territorios continuos, libres de coca”.
Fotografías: Consejo de Redacción
