Los archivos del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, el último que se constituyó en Córdoba, están teñidos de sangre. Sus folios dan cuenta de 48 personas asesinadas, cifra que riñe con las de otras organizaciones no gubernamentales. Esta comunidad lleva sus casos uno a uno, y en medio de nuevas amenazas por la defensa del territorio de la explotación minera, no deja de reclamarle a la justicia que le ponga fin a la impunidad.
Líderes Zenú asesinados por año en resguardo del Alto San Jorge
Identidad de líderes Zenú asesinados
En 1999 sus miembros arrancaron con la legalización del Resguardo y a la fecha no desfallecen en la reivindicación del derecho a la salud y al ambiente sano, enfrentándose directamente a Cerro Matoso, la empresa explotadora de níquel, cuya producción anual es de 40 mil toneladas del mineral.
Durante mucho tiempo sentimos miedo. Las asambleas de elección de caciques y gobernadores nos tocaba hacerlas a escondidas porque después de elegidos los amenazaban. Mucha gente se retiró, otros ya no están en el territorio
El radio de acción de Cerro Matoso toca porciones de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, La Apartada y Planeta Rica. En un perímetro aproximado de diecinueve (19) kilómetros confluyen la locomotora minera y las luchas por los derechos territoriales del pueblo indígena.
Las batallas del pueblo Zenú llevan la marca de la violencia de los grupos ilegales que operan en la región. “Se ha presentado un proceso sistemático de amenazas, persecución y asesinato de líderes indígenas”, asegura Irrael Aguilar, líder zenú y quien por 18 años fue gobernador y cacique mayor del resguardo. Pero también menciona que han sido golpeados por las constantes advertencias de las empresas extractivas de la región cuando intentan levantar la voz.
Aguilar tiene en sus manos el documento donde están consolidados los crímenes de las 48 personas ocurridos entre los años 2004 y 2015, denunciados ante la Fiscalía y sobre los cuales no se registran avances sustanciales en materia de investigación.
Mientras a esas muertes se las come el olvido en un territorio silenciado, los vivos concentran sus esfuerzos en la defensa de lo que les pertenece a los Zenú. En marzo de este año, mediante la Sentencia T-733/17, la Corte Constitucional ordenó a la multinacional minera Cerro Matoso resarcir el daño ambiental causado a las comunidades étnicas del San Jorge e indemnizar a las personas afectadas con graves problemas de salud como consecuencia de la explotación del níquel.
Lo que podría ser una victoria para los líderes, es solo el inicio de una nueva batalla jurídica para el cumplimiento de las órdenes de la Corte. Le han exigido al Estado que les otorguen garantías de protección para poder continuar ejerciendo el liderazgo en el territorio.
“Ya tenemos líderes amenazados por hablar sobre los deberes y derechos de nosotros. Somos ocho líderes que estamos haciendo frente a Cerro Matoso y lo único que pedimos es que la empresa cumpla con lo que le debe a comunidades étnicas: salud, educación, tierras. Y que no atropellen el medio ambiente porque ya los frutales no producen igual, las quebradas fueron aterradas por ellos mismos”, detalla Elubín Camargo Lazo, gobernador del cabildo Torno Rojo, municipio Puerto Libertador. “Algunos pensaban que nosotros pedíamos plata, pero no, nosotros no pedimos plata, nosotros pedimos para el futuro de nuestras generaciones”.
Al respecto, Luis Marulanda, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cerro Matoso aseguró vía correo electrónico, fechado el pasado 21 de agosto, que “rechaza y condena todo acto de violencia, lo que incluye todo tipo de comentarios inapropiados a través de cualquier medio. Así mismo, solicitó a los líderes indígenas y afro interponer sus denuncias aportando las respectivas evidencias de forma inmediata ante las autoridades competentes, en aras de que se investigue a los posibles responsables de estos presuntos hechos”.
Entre los años 2011 y 2012, durante el proceso de constitución del Resguardo, los líderes indígenas comenzaron a dar cuenta de los problemas de salud, principalmente entre las mujeres y los niños. Se hablaba de infecciones en la piel y problemas de visión, cáncer, además de abortos. Lo otro, indiscutible, era que la productividad de la tierra había disminuido.
Hicimos una marcha masiva y pasiva contra Cerro Matoso durante 40 días, ellos nos mandaron el Esmad, nos golpearon y nosotros no quemamos ni un solo carro de la empresa. Lo que hicimos fue acampar en la carretera y exigir nuestros derechos
Iniciaron entonces un proceso jurídico contra Cerro Matoso y el Ministerio de Ambiente para salvaguardar el derecho a un ambiente sano. “Interpusimos tutelas ante el Tribunal Administrativo de Córdoba y después ante el Tribunal Superior de Cundinamarca. Ninguna fue a nuestro favor y los argumentos iniciales fueron que en el sur de Córdoba no había comunidades indígenas. Esto nos indignó. Por eso nos asesoramos legalmente y decidimos proceder otra vez, pero frente a la Corte Constitucional”, explica Aguilar.
Este líder zenú convocó a todas las organizaciones del sur de Córdoba a una marcha frente a las instalaciones de Cerro Matoso. Se llevó a cabo entre el 25 de septiembre de 2013 y terminó el 30 de octubre con la firma de un acta de entendimiento que incluía, entre otras cosas, la construcción de acueducto, el arreglo de vías, construcción de vivienda, puesta en marcha de proyectos sostenibles, otorgamiento de becas de estudio. Pero lo más importante, se despejaba el camino para la constitución legal del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, con el respaldo del Gobierno Nacional.
Siete predios, entregados por el Incoder en 1996, suman un globo de 960 hectáreas que son propiedad de familias del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge.
En el año 2014 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), mediante el Acuerdo 336 del 27 de mayo, formalizó la constitución del Resguardo Indígena. Este papel sellaba los primeros 16 años de lucha territorial para Irrael Aguilar Solano. El documento resultaba ser el trofeo más valioso de sus 29 años de liderazgo social en el Sur de Córdoba.
Pero la historia no ha sido fácil para él. Se moviliza en la zona bajo un esquema de seguridad que le otorgó la Unidad Nacional de Protección desde el 2014. Su familia le ha pedido en varias ocasiones que deje el liderazgo que tiene en el San Jorge, pero es más fuerte su vocación de servir.
Somos procedentes de San Andrés de Sotavento y los líderes de allá nos enseñaron nuestros derechos como indígenas y las luchas que tendríamos que dar para conquistar nuestro territorio. De ahí se despertó el deseo de organizar nuestras familias, estuvieran dónde estuvieran
“Para la familia la mejor palabra es retírate, pero uno trata de fortalecerse frente a ellos. Decirles que estén atentos y que desarrollen mecanismos de autoprotección del hogar. Es muy duro llegar a la casa y que nuestros hijos nos digan llorando que tienen miedo porque me van a matar, pero a mí me nacen otras fuerzas para sostenerme y continuar la lucha”, afirma con convicción.
De los episodios más difíciles que vivieron Irrael Aguilar y el pueblo Zenú a lo largo de todo este tiempo de constitución como Resguardo fue el asesinato del alguacil mayor Emiro Manuel de la Rosa Polo. “Vivimos tres años que son considerados los años negros porque perdieron la vida muchos líderes”, recuerda.
Solo en el periodo comprendido entre el 2009 y 2011 fueron asesinados 40 indígenas. En el año 2009, 12 personas fueron asesinadas; en el 2010, 18 personas muertas y en el año 2011, 10 más.
“Emiro era una persona importante para el resguardo, reconocido por su liderazgo y su capacidad para convocar a las comunidades. Su asesinato dejó un vacío grande”, asegura Aguilar.
El crimen ocurrió el 6 de octubre de 2009 en su casa del barrio 27 de Julio, en Montelíbano, y en presencia de su esposa e hijos. Dos tiros segaron la vida de quien fuera considerado uno de los motores de la lucha territorial para la legalización del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge y también el alma, vida y corazón de un hogar. “No estaba amenazado, no tenía enemigos, su vida era servir a los demás y jugarse con todos”, recuerda Verlides Isabel Domínguez Zabaleta, su compañera sentimental desde que tenía 18 de edad y con quien tuvo dos niñas y dos niños.
En el 2009 nos declararon objetivo militar, fue el momento más difícil. Nos ha costado la vida de muchos líderes, entre ellos el máximo jefe de seguridad del resguardo, que es la Guardia Indígena
El peso de la ausencia de Emiro se sintió en cada reunión y paso que se daba en el resguardo. Todos los líderes lo reconocían como una persona clave por su poder de convocatoria entre los cabildos y conocimiento del proceso de constitución del resguardo, de ahí que después de su muerte las batallas jurídicas y territoriales perdieron fuerza. El miedo se instaló en el territorio.
Emiro era el alguacil mayor general, por lo tanto, era parte de los líderes que gobernaban el resguardo junto con el cacique mayor, capitán mayor, secretario general, tesorero y Fiscal. Sin embargo, había otra función que cumplía también con honores y que tras su muerte dejó daños irreparables: era papá y esposo.
El primer cargo que ocupó entre el pueblo Zenú fue de alguacil menor en el Cabildo Villa Porvenir en Montelíbano, su gestión y buena labor lo llevaron a ocupar el cargo de Gobernador y finalmente el de Alguacil Mayor General. Su ejercicio de liderazgo pasó también por el escenario político: aspiró al Concejo de Montelíbano, avalado por el Movimiento Social Indígena, y solo obtuvo 87 votos, que no le alcanzaron para obtener la curul.
Los meses siguientes a la muerte de Emiro, la principal preocupación de la familia fue la salud emocional de Yeimer, el menor de los cuatro hijos, y quien con tan solo 10 años vio cómo fue asesinado su padre. “Debimos rodearlo mucho porque le tenía miedo a todo. Nos daba miedo abrir la puerta de la casa durante el día”, explica Lucy De la Rosa, hija mayor de Emiro.
Tras el asesinato, la familia no recibió amenazas, pero se acogieron a medidas de protección necesarias. El suceso las desgarró. “Él mantenía la familia unida. Cuando algo pasaba todos lo consultaban y nadie daba un paso sin su opinión. Era un padre, esposo y líder ejemplar. Su muerte nos dejó un vacío inmenso. Todo cambió. Lo extraño mucho”, asegura su hija.
Han pasado nueve años del asesinato de Emiro y aunque la vida tiene otro color y las sonrisas adornan el cálido hogar, para sus miembros es imposible contener las lágrimas. La familia salió adelante gracias a la voluntad de Verlides, obtuvieron media pensión producto del trabajo de Emiro en Cerro Matoso, y cada uno de los hijos logró estudiar y salir adelante con sus vidas. Sin embargo, la impunidad sigue siendo el fantasma que las ronda cada día.
“En la Fiscalía no nos dicen nada sobre el asesinato de Emiro. A veces nos preguntan si nosotros no sabemos si él tenía enemigos”, dice Verlides.
El de Emiro es uno de los 48 casos sin esclarecimiento. De ese cruel número hacen parte Marcial Avilés, docente reconocido por su liderazgo en Puerto Libertador, y Yolanda Isabel Ibáñez, gobernadora indígena, a quienes recuerdan por sus aportes a las comunidades.
Líderes sociales asesinados en Córdoba
Mientras los expedientes por los crímenes se empolvan en los estantes de los despachos judiciales, los indígenas Zenú siguen exigiendo acciones. Aguilar explica que la sentencia de la Corte le ordena a Cerro Matoso poner en funcionamiento un Fondo Especial de Etnodesarrollo, cuyo objeto será la reparación y compensación de las víctimas; iniciar los trámites para la expedición de una nueva licencia ambiental; que el Ministerio del Interior realice una consulta previa con todas las comunidades afectadas para fijar medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental frente a los perjuicios causados por la explotación minera; y al Ministerio de Salud hacer brigadas y atención integral a las personas registradas en los censos de las comunidades.
Cerro Matoso, entre tanto, ha radicado ante el Tribunal Superior de Cundinamarca cinco informes sobre el cumplimiento de los órdenes de la Corte Constitucional. Según directivas de la empresa, la principal divergencia que han tenido con las comunidades fue el presupuesto solicitado para las jornadas de consulta previa.
Desde el 30 de mayo hasta 10 de agosto de este año se han realizado trece sesiones para la organización de la consulta previa y no se han llegado a acuerdos con todas las comunidades. El Ministerio del Interior convocó a una nueva ronda de reuniones que a finales de agosto. Cerro Matoso solicitó al gobierno nacional adelantar la Consulta Previa con el Consejo Comunitario de Boca de Uré.
“La orden de la Corte Constitucional cobija a 3.700 personas, hemos tenido 13 sesiones hasta la fecha muy extensas, de hasta diez horas, y han participado alrededor de 50 personas de las comunidades con sus asesores. Estamos en la definición de la ruta metodológica y ahí tenemos una gran divergencia. Las comunidades exigieron inicialmente 25 mil millones de pesos como presupuesto para contratar los equipos de trabajo para avanzar en todo el proceso de la Consulta Previa. Esa cifra es desproporcionada e ilógica, no hay antecedentes en el país de estos desembolsos. Teniendo en cuenta la población involucrada por la misma Corte y las tareas que se deben ejecutar, Cerro Matoso plantea un presupuesto de 3.000 millones de pesos. Las comunidades contra ofertaron el valor de 10.800 millones, que sigue siendo exagerado y fuera de toda consideración”, explica Luis Marulanda, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cerro Matoso.
Córdoba es el décimo departamento de Colombia donde se han presentado más asesinatos de defensores de Derechos Humanos entre enero de 2016 y julio de 2018. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, trece personas han perdido la vida en ejercicio de su liderazgo. La mayoría de estos casos se han presentado en la región del Alto San Jorge, que comprende los municipios de Ayapel, La Apartada, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.
La situación más compleja la viven las comunidades del municipio de San José de Uré debido a la lucha que tienen por el territorio tres grupos armados ilegales (‘Los Caparrapos’, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otro grupo que al parecer es financiado por el Cartel de Sinaloa, de México).
Tenemos alrededor de 6 líderes amenazados en el Departamento de Córdoba, uno de ellos salió del territorio y otros tienen medidas de protección, pero hay cosas que superar más allá del esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección
“Con el Acuerdo Final, el Frente 18 de las Farc sale de territorio y empieza el reagrupamiento de las bandas y estas a su vez se enfrentan para pelear por Uré, que lo conocemos como el ombligo porque desde ahí se llega al Nudo del Paramillo, al Bajo Cauca antioqueño, al golfo de Urabá y al sur de Bolívar. Es un municipio con una tierra muy rica para minería y para el cultivo y procesamiento de la hoja de coca. Adicionalmente, cuenta con una Alcaldía débil, la invisibilización de lo que pasa y la casi nula presencia del Estado tratando de recuperar un territorio maltratado”, explica Andrés Chica, director de la Fundación Cordobexia y defensor de derechos humanos.
Chica precisa que otro factor que tiene atemorizados a los campesinos son las órdenes de captura emitidas por la Policía Nacional en marco de la Operación Agamenón Uno y Agamenón Dos: “Hay más de 100 órdenes de capturas a campesinos, labriegos, tenderos. Por ejemplo, a una señora la acusan de ser enlace de comunicaciones de estos grupos porque vende minutos, pero cómo se niega ella a vender minutos a estas personas. Ya la gente no puede trabajar en su territorio”.
Las autoridades territoriales están enteradas, pero sus acciones no amainan la inseguridad reinante en la zona. De acuerdo con Juan José González, secretario del Interior y Participación Ciudadana del departamento de Córdoba, se han realizado consejos de seguridad, mesas de trabajo con la Alcaldía y hasta el municipio han llegado equipos de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para atender a las familias.
“La situación de orden público es bastante delicada, lo que ha generado que se presenten desplazamientos y enfrentamientos. En el caso de la zona urbana hay un control total de las autoridades, pero en la zona rural se complica más”, admite González.
Muchas investigaciones, pocas condenas
Ejercer el liderazgo en una región golpeada históricamente por las guerrillas, el paramilitarismo y la corrupción es una tarea titánica. La estela de muertes ha manchado todos los municipios, causando daños irreparables.
De 2007 a 2018 han sido asesinados 29 líderes sociales en Córdoba, de acuerdo con los datos de las organizaciones no gubernamentales Somos Defensores y Cordobexia. Doce de las víctimas eran comunales, nueve dirigentes de organizaciones civiles, víctimas del conflicto y reclamantes de tierras y ocho líderes indígenas, cinco de estos últimos, dirigentes del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge.
Casos por año
Casos por presunto responsable
Casos por género
¿Cuáles son los resultados de la Fiscalía? Como respuesta a un derecho de petición interpuesto el pasado 28 de junio, la entidad dio a conocer los avances que se tienen en once de los 29 crímenes reportados. De estos, dos fueron resueltos.
Otto Sierra Martínez
El primer caso es del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Casita Nueva, en Montería, Otto Sierra Martínez, asesinado en su oficina el 26 de febrero del año 2011. El responsable del asesinato fue un menor de edad, quien fue condenado a ocho años de cárcel. La sentencia tiene fecha de septiembre de 2013.
El otro caso corresponde al de Nélida del Carmen Fuentes Hernández, líder indígena del Cabildo Zenú El Porvenir La Fe en Montelíbano, asesinada el 5 de julio de 2011. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, el proceso se encuentra archivado con sentencia condenatoria por aceptación de cargos con fecha del 20 de agosto de 2015.
Nélida del Carmen Fuentes Hernández. Noticia de El Meridiano
Ocho procesos se encuentran en etapa de indagación y el caso de la lideresa de tierras Yolanda Izquierdo Berrío, asesinada el 31 de enero de 2007 en el barrio Mi Ranchito, de Montería, surte varias fases procesales.
Yolanda Izquierdo Berrío
De un lado, la Fiscalía Cuarta adscrita a la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos lleva un proceso, que se encuentra en etapa sumarial, contra cinco personas al parecer involucradas en el homicidio de la lideresa; y de otro, el Juzgado 4 penal del circuito de Montería adelanta un juicio contra Xiomara Victoria Norato Guerra, quien fue capturada el 17 de mayo del año pasado, señalada de haber participado en el crimen.
Por el asesinato de Izquierdo fue condenada a 40 años de prisión Sor Teresa Gómez, mujer de confianza de los hermanos Castaño Gil, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia. La sentencia en primera instancia fue proferida el 17 de enero de 2011 por el Juzgado Primero Penal Especializado de Descongestión de Cundinamarca y confirmada por el Tribunal Superior de Cundinamarca el 21 de junio de ese mismo año.
Esto va más allá de los asesinatos, lo que se está matando es la resistencia, la organización y movilización social, que se rompa la estructura de la sociedad civil: las acciones comunales, el resguardo y los consejos comunitarios
Uno de los aspectos relevantes es que con la etiqueta “desconocidos” se clasifican, en mayor medida, los responsables de los crímenes contra los líderes, lo que quiere decir que no se tiene certeza quién está detrás de sus asesinatos. Y en medio de este clima de zozobra e impunidad, está la lucha de los indígenas del Resguardo Zenú del Alto San Jorge. Ellos no se detienen, así vivan en medio de un luto permanente.
El material fotográfico de este reportaje proviene de los archivos de la empresa Cerro Matoso; de la familia de Emiro De la Osa; del diario El Meridiano; y del Resguardo Zenú
