Un daño grave e imprevisto está causando la desaparición de las Farc como organización militar en el municipio de La Macarena, sur del Meta. Allí donde esa insurgencia fue Estado durante décadas, colonos y aserradores a sueldo están tumbando masivamente la selva virgen del Parque Nacional Natural Tinigua, creado en 1989 para proteger un territorio de 208 mil hectáreas en el que confluyen los ecosistemas orinocense, andino y amazónico.
Entre enero de 2017 y marzo de 2018 se han deforestado 9.604 hectáreas del Parque, según información proporcionada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) por solicitud de VerdadAbierta.com. La cifra de deforestación durante esos 15 meses, en los que el municipio vivió sin la presencia armada de las Farc, supera el total del área deforestada entre 2011 y 2016, cuando se tumbaron 9.336 hectáreas. El mayor pico de deforestación ocurrió en los tres primeros meses de este año, cuando se perdieron 6.319 hectáreas.
En su “Décimo cuarto boletín de alertas tempranas de deforestación”, referido al primer trimestre de 2018, el Ideam señaló el área sur del Parque Tinigua, entre el río Guayabero y las bocas del río Perdido, como el principal foco de deforestación en todo el país. Allí, el Instituto identificó 2.300 puntos de calor, lo cual le permitió concluir que “los incendios son el principal dinamizador de la deforestación en la zona”.
Francisco Parra, coordinador de la regional del municipio La Macarena de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena (Cormacarena), le contó a este portal que las actividades ilegales de deforestación empezaron en octubre de 2017, tres meses antes de la época de verano, cuando decenas de personas empezaron a limpiar el terreno dentro del Parque. En enero de este año se llevaron a cabo las quemas del material vegetal muerto y, luego, la tala masiva, que se extendió hasta marzo. Aunque la dinámica se repite cada año, la de este último alertó a las autoridades por el tamaño del área deforestada.
La mayoría de alimentos que se consumen en La Macarena provienen de otros municipios y departamentos.
Un funcionario de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que pidió la reserva de su nombre, confirmó que “durante los últimos meses en el Parque Tinigua ha habido una colonización masiva. Cerca de 400 familias han entrado principalmente a las veredas Paraíso, Agua Bonita, Tapir, Raudal Alto y Atlántida, donde había unos bosques que estaban totalmente vírgenes, con el fin de montar ganaderías. Para ello, usaron vías de acceso que ya existían y abrieron nuevas trochas”. Parra coincide en que la principal actividad de los recién llegados es la cría de ganado: “Han llegado personas con plata, de otros municipios y departamentos, a comprar a bajo costo fincas de gran área, pero que están mayormente en bosque, con el fin de deforestar para hacer pasturas para ganadería”.
De acuerdo con la fuente de Parques, al Tinigua han llegado dos tipos de deforestadores. De un lado, familias con vocación de permanencia, que han construido casas y están viviendo de la ganadería. De otro, aserradores contratados temporalmente para hacer potreros de gran tamaño, cuyas casetas provisionales han sido observadas por funcionarios de la entidad durante recorridos de vigilancia. La dimensión de las áreas tumbadas, de entre 80 y 200 hectáreas, los han llevado a concluir que “alguien, que todavía no sabemos quién es, está financiando la deforestación”.
Ambos funcionarios señalaron que los efectos adversos de esta tala masiva son enormes. La destrucción de la selva húmeda y el bosque inundable afecta la prestación de servicios ambientales, como provisión de agua y regulación del clima, y rompe los corredores biológicos que conectan los tres ecosistemas. De la conservación del Parque también dependen los ríos Guayabero, Guaduas, Perdido y Duda, que desembocan en el río Guaviare.
La pérdida de los ecosistemas también pone en grave riesgo la supervivencia de la fauna de la región, donde viven nutrias, tigres mariposos, leones de montaña, manaos cafuches, monos arañas, saínos, paujiles, perezosos de tres dedos, guacamayas, caimanes llaneros y dantas, entre otras especies. Pese a la colonización, en zonas rurales de La Macarena aún es frecuente encontrar animales silvestres, incluso en áreas pobladas, tales como pavas, primates, serpientes y zorros perrunos.
Esta oleada de deforestación, según las fuentes consultadas, obedece a la desaparición de los estrictos controles ambientales que ejercían las Farc en La Macarena. Regulaciones que no han podido ser asumidas por el Estado, sobre el que pesa una profunda desconfianza en la zona.
“Las Farc en La Macarena hacían el control de todo. Aquí controlaban los linderos, los problemas de los vecinos, las separaciones. Todos los campesinos por la venta de una finca tenían que pagar el 10 por ciento; por la venta de ganado tenían que pagar porcentaje; por la venta de queso, de leche, de coca; por todo había que pagarles a ellos un impuesto. El control territorial era total, al punto de que ellos hacían que las comunidades construyeran las vías terciarias. En La Macarena, las cosas que ellos decían se hacían o se hacían”.
Así describe Delio Franco, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de La Macarena (Asojuntas), la manera cómo la desaparecida guerrilla de las Farc ejercía la gobernanza en ese municipio de 11.230 kilómetros cuadrados, 195 veredas y más de 33.800 habitantes.
Situada en límites entre Caquetá y Guaviare, La Macarena está a poco más de cinco horas de distancia por vía terrestre desde el municipio de San Vicente del Caguán; a 12 horas desde Villavicencio, atravesando los municipios de Granada y Vistahermosa; y a un día de camino desde el vecino municipio de Mesetas.
La mayor parte de las tres rutas se compone de trochas agrestes y a veces inundadas, que cruzan cuerpos de agua por medio de puentes de madera temporales e inestables. Desde Mesetas es necesario recorrer un tramo selvático del Parque Tinigua y atravesar en canoas el río Guayabero. Las distancias y el mal estado de las vías hicieron de La Macarena un municipio casi inexpugnable durante la guerra, donde las Farc ejercían control social y militar.
Como parte de ese control, la guerrilla estableció “normas de convivencia”, entre las que se encontraban varias de carácter ambiental. La cacería, tradicional en el Llano, estaba prohibida para especies como la danta, el venado, la pava y el paujil; la expansión de la frontera agrícola estaba restringida; y los propietarios de fincas solo podían talar cinco hectáreas de bosque anualmente. El incumplimiento de las normas se castigaba con multas, cuyo pago estaba garantizado por la fuerza de las armas. En el Parque Tinigua, explica Francisco Parra, coordinador regional de Cormacarena, “las Farc no permitían tocar esa zona, que era estratégica para ellos, porque les permitía esconderse bajo el bosque”.
Los colonos del Parque, que empezaron a llegar desde la década del treinta del siglo pasado en busca de tierras y refugio, debían cumplir estrictas normas de aprovechamiento de los recursos naturales. Desde 1996, la mayor parte de ellos se vincularon a la Asociación Campesina Ambiental de Losada-Guayabero (Ascal-G), que abarca 68 veredas distribuidas en seis núcleos. Durante las dos últimas décadas de la confrontación, la incapacidad del Estado para proveer servicios en el territorio hizo que buena parte de la gobernanza del Tinigua recayera en Ascal-G.
Por entonces, aún con las ganaderías y las extensas redes viales que construyeron los colonos dentro del Parque, la tasa de deforestación del Tinigua era muy baja comparada con las cifras de hoy. Según el Ideam, entre 1990 y 2000 se deforestaron 10.557 hectáreas, para un promedio anual de 1.056; mientras entre 2000 y 2010 se tumbaron 17.891, para un promedio de 1.789. La diferencia entre el bosque que desapareció en la última década del noventa y el que se tumbó entre enero de 2017 y marzo de 2018 es de solo 1.221 hectáreas.
Y es que en épocas de la guerrilla el territorio era tan inaccesible que ni siquiera los funcionarios de Parques Nacionales, que solo tienen tareas administrativas y de manejo, tenían autorización para ingresar. En 2006, tanto los empleados del Tinigua como del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena fueron amenazados por las Farc y tuvieron que abandonar la región, debiendo realizar su trabajo desde Granada y Villavicencio.
En zonas del área rural de La Macarena se mueve el Frente Primero, declarado en disidencia de las Farc en 2016. A la fecha, los pobladores reportan casos esporádicos de extorsión.
Solo en 2015, once años después de las amenazas y gracias a los avances irreversibles de la mesa de conversaciones de La Habana, los funcionarios pudieron regresar a La Macarena. Ya desde 2014 se había permitido la estadía permanente de dos de ellos en el municipio, pero solo para el control del ecoturismo en Caño Cristales.
No obstante haber retornado, entre 2015 y 2016 los funcionarios tampoco pudieron entrar al Tinigua. Así lo explica la fuente de Parques que habló con este portal: “Antes de la firma del Acuerdo había un clima tensionante con las comunidades. Nosotros no podíamos ingresar al área protegida, trabajábamos desde el casco urbano y eran limitadas nuestras funciones. Aún había zonas que estaban en los límites que controlaban las Farc y de ahí para allá no podíamos pasar por seguridad”.
Pero las lógicas de control del Parque Tinigua empezaron a transformarse significativamente desde que las Farc se acabaron como guerrilla, a finales de 2016. El presidente de Asojuntas, Delio Franco, explica que a partir de entonces “el cambio fue muy drástico en la cuestión de la tala. La gente como estaba reprimida, no podía talar hace muchos años, al abrírsele esa libertad tan tremenda empezó a tumbar todo lo que podía. La selva empezó a irse al piso en cualquier cantidad desde finales de este año que pasó, y empezamos a ocupar los primeros lugares de deforestación en Colombia”.
Además de que se levantaron las restricciones de la guerrilla para el ingreso al Parque, también desapareció la coacción que garantizaba el cumplimiento de las normas ambientales que, de facto, habían funcionado por décadas. Una investigadora de la región, que pidió la reserva de su nombre, explica que “cuando estaban las Farc, las normas ambientales se cumplían a las buenas o a las malas. Ahora no hay quién las haga cumplir, porque los líderes de las comunidades no usan armas, ni violencia, y el Estado tampoco puede llegar a todas las veredas. Además, para las organizaciones campesinas no ha sido fácil esta etapa de transición, en la que han debido reconfigurar su propio pensar y sus límites morales, así como asimilar las nuevas normas, que son las del Estado”.
A ello se suma, según la investigadora, que los nuevos colonos no han mostrado ningún interés por acatar las normas que permitían la conservación: “La situación está creando un conflicto social entre los colonos antiguos y los nuevos, que llegaron, se instalaron, no respetaron ninguna norma social e incluso les han dicho a los viejos que ellos no saben trabajar el campo por haber conservado el bosque durante años”. De acuerdo con la fuente, “estas personas nuevas no tienen intención de salir y quieren organizarse socialmente, presionando incluso su afiliación a las Juntas de Acción Comunal”.
La falta de gobernanza se ha visto agravada por la difícil llegada de las instituciones estatales al Parque, donde la desconfianza de los campesinos hacia el Estado es profunda. El primer acercamiento entre las partes ocurrió en 2016, cuando Parques inició un proceso de caracterización de los ocupantes del Tinigua, en convenio con la Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena (Corpoamem), una organización social que integra a destacadas organizaciones campesinas de la región.
La fuente de Parques Nacionales que habló con este portal relató que “en ese primer trabajo, que se hizo de la mano con Corpoamem, que era la que conocía la gente y la zona, nosotros entramos a decirles a los ocupantes qué datos tenían que suministrar y para qué se iba a usar, porque ellos pensaban que si teníamos su ubicación mediante GPS, su nombre y su cédula, esa información se la íbamos a dar a las autoridades para culparlos por delitos. Aun así, logramos hacer un primer acercamiento y que ellos vieran a la institución ahí, con todo su equipo de trabajo”.
Ese ejercicio, en el que se contabilizaron 837 familias, abrió el camino para que Parques entablara una relación con los colonos. Uno de los primeros resultados ocurrió en julio de 2016, en la inspección La Julia, del municipio de La Uribe, Meta, cuando más de 400 familias se comprometieron con Parques, Cormacarena y otras entidades a no deforestar el Parque Tinigua. El acuerdo se respetó hasta diciembre de 2017.
Sin embargo, construir confianza no ha sido fácil. El funcionario de Parques contó que “en el 2016, cuando seguían las restricciones para ingresar, las comunidades eran muy cerradas, la participación era muy escasa, se notaba la desconfianza con nosotros y el rencor, porque a donde quiera que íbamos nos decían que ellos estaban abandonados por el Estado. Después de la firma del Acuerdo, se generó un clima de zozobra, en el que ellos no sabían si hablar con nosotros o no. Solo recientemente se han empezado a sentir un poco más libres para expresar sus opiniones personales, incluso su visión del conflicto, señalando que fueron víctimas de mucha presión e incluso de matanzas por temas ambientales”.
Las nuevas circunstancias han permitido que los funcionarios hagan patrullajes, precisión de límites mediante la instalación de mojones y tareas relacionadas con la restauración y la conservación de áreas. No obstante, el proceso de transición continúa planteando enormes desafíos.
En su “Décimo cuarto boletín de alertas tempranas”, el Ideam aseguró que la deforestación en La Macarena se “explica por las quemas para el desarrollo de cultivos y de pastizales para ganadería o el acaparamiento de tierras”. Los controles efectuados por Parques Nacionales y Cormacarena también dan cuenta de que la ganadería es el principal motor de deforestación en la región, donde, a la vez, es el principal renglón de la economía.
Colonos de Tolima, Huila y el Eje Cafetero llevaron el café a La Macarena. Algunos campesinos aún conservan plantas en sus parcelas, pero no procesan ni comercializan el grano.
De acuerdo con el Censo Pecuario Nacional 2017, realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en La Macarena hay 84.993 cabezas de ganado, distribuidas en 895 fincas. Once de esos predios están compuestos por más de 501 hectáreas, mientras 401 de ellos solo están integrados por entre una y 50 hectáreas.
El Meta, cuarto departamento con mayor inventario bovino del país (7,38%), después de Antioquia, Córdoba y Casanare, es, a su vez, uno de los departamentos con menor capacidad de carga, con 0,34 cabezas de ganado por hectárea, de acuerdo con Fedegan (2014). Ello implica que la actividad ganadera en la región necesita grandes cantidades de tierra, dado que se requiere destinar un promedio de 2.9 hectáreas por res.
La constante necesidad de nuevas tierras para la ganadería es una de las principales amenazas que se cierne sobre el Parque Tinigua. El presidente de Asojuntas, Delio Franco, asegura que “un potrero en estas montañas, donde los suelos son pobres y frágiles, no dura más de 15 años, lo que hace que el campesino tenga que buscar nueva frontera para que sea productivo, porque la finca se acaba”.
Una solución a largo plazo, sugiere Franco, es “cambiar la ganadería por cultivos. Aquí se da el cacao blanco, el café, la sacha inchi. Necesitamos estudios serios sobre los productos que se dan en la región para buscar un valor agregado, que es lo que nos puede dar competitividad y sostenibilidad. También requerimos tecnificación, asistencia e incentivos para la industrialización, pero necesitamos el apoyo del gobierno y eso es lo que no tenemos”.
Otra opción es incrementar la productividad de la actividad ganadera, para lo cual se requiere “proyectos de mejora de praderas y de los sistemas de producción bovina, que es lo que más pide la gente”, agrega Francisco Parra, coordinador de la regional La Macarena de Cormacarena.
El instrumento de planeación que podría responder a esos requerimientos es el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial Macarena-Guaviare, uno de los 16 que deberán concertarse con las comunidades en virtud del Acuerdo de Paz, incluyendo proyectos sobre infraestructura y adecuación de tierras, garantía progresiva al derecho a la alimentación, reactivación económica y producción agropecuaria, y ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo. No obstante, a la fecha no se ha firmado ni uno solo de los 12 Pactos Municipales que se requieren para empezar a discutir el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) Macarena-Guaviare, el producto final del PDET.
Consultada por VerdadAbierta.com, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), encargada de coordinar la construcción de los Programas, afirmó que, de continuar su actual ritmo de trabajo, el PDET para la región podría estar listo en noviembre de este año. No obstante, la situación es incierta por el cambio de gobierno, dada la posición del nuevo presidente, Iván Duque, sobre la necesidad de modificar el Acuerdo Final firmado con la extinta guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
Franco asegura, además, que buena parte de los campesinos de La Macarena también desconfían del éxito de la Reforma Rural Integral, pactada con la insurgencia: “El campesino de La Macarena ha sido muy golpeado por el gobierno, que nunca invirtió en el campo que porque aquí estaban las Farc. Ahora que terminó la guerra, nos han dicho que los PDET tienen un margen de diez años y ya van casi dos desde la firma del Acuerdo en los que el Estado no ha hecho nada en este sector. El campesino no le cree a la institucionalidad y con los PDET la gente está diciendo que eso es pura mentira y que, como siempre, se van a robar la plata”.
De momento, el resultado más visible del proceso de implementación del Acuerdo en La Macarena, además de la reducción drástica de la violencia, es el desarrollo de la primera fase del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). De acuerdo con Orlando Uscátegui, profesional de apoyo del PNIS en La Macarena, 2.698 familias se inscribieron en el Programa, la mayoría de las cuales han cumplido el compromiso de arrancar las matas de coca. Así lo demuestra el hecho de que Naciones Unidas haya certificado a 1.795 de ellas para recibir recientemente el desembolso del tercero de los seis pagos de dos millones de pesos que contempla el Programa por concepto de seguridad alimentaria.
En 2017, la Registraduría canceló una consulta popular en la que los macarenenses votarían sobre la posibilidad de extraer petróleo en el municipio. Por entonces, la mayoría se oponía a la industria petrolera.
Uscátegui asegura que durante el próximo mes el PNIS iniciará el proceso de contratación de los “veterinarios, zootecnistas, agrónomos, técnicos y tecnólogos pecuarios y agrícolas” que se requieren para desarrollar los proyectos de generación de ingresos rápidos incluidos en el Programa. Según el funcionario, “cada técnico manejará un promedio de 50 familias y con ellas tomará la decisión de qué proyecto se van a ejecutar”.
Los impactos de la implementación del PNIS en la reducción de hectáreas sembradas con hoja de coca están por verse en los próximos informes de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
En su último reporte sobre Colombia sobre mediciones adelantadas en 2016, Unodc informó que La Macarena era el municipio más afectado del Meta, el octavo departamento productor (5.464 hectáreas sembradas en total), especialmente en las zonas aledañas a la cabecera municipal y al centro poblado La Sombra. Para entonces, 2.386 hectáreas se encontraban sembradas en Sierra de la Macarena, el parque nacional natural más afectado por coca en todo el país.
De otro lado, mientras se resuelven esos y otros problemas de fondo, ambientalistas y profesionales que viven en el municipio realizan esfuerzos aislados para tratar de conservar los ecosistemas y encontrar alternativas de desarrollo sostenible. Un ejemplo de ello es el proyecto del Jardín Botánico de La Macarena, una iniciativa privada que busca proteger poco más de 500 hectáreas de la vereda La Esperanza, antes dedicadas a la ganadería extensiva y hoy en proceso de recuperación. La idea es conservar la fauna y la flora de la región, a la par que se produce comida y abono y se generan espacios para el ecoturismo.
Otro ejemplo es el del ingeniero y especialista en desarrollo rural Juan Pablo Ayala, que de la mano con Asojuntas documenta la historia del cultivo del café en La Macarena, con miras a estructurar un proyecto de café especial que pueda comercializarse a través del turismo.
Ayala también trabaja en el diseño de un proyecto de investigación sobre la capacidad productiva de la vivienda campesina en la región, que podría servir de insumo para identificar productos rentables en el corto plazo, teniendo en cuenta características de la zona como presencia de áreas protegidas, carencia de infraestructura, falta de conectividad y debilidad institucional.
Las autoridades también han empezado a tomar medidas de corto plazo para atender el problema urgente de la deforestación. El pasado 9 de abril, cuando ya habían culminado las talas ilegales, Parques Nacionales emitió la Resolución 131, mediante la cual le solicitó apoyo a la Fuerza Pública para controlar la deforestación en varios parques de la región.
Por cuenta de esa decisión, el Ejército empezó a restringir el transporte de materiales; impedir el ingreso de ganado; e incautar todas las herramientas utilizadas para las actividades de tala, socola, entresaca, rocería y quema, entre ellas las motosierras y los discos de corte. Por su parte, Cormacarena, al igual que otras dos corporaciones ambientales de la Amazonía, emitió actos administrativos suspendiendo los permisos de aprovechamiento forestal y la movilización de madera.
Como parte de los nuevos controles, según el Ideam, las autoridades incautaron recientemente ocho motosierras y capturaron en los parques Tinigua y Sierra de la Macarena a tres personas que se encontraban deforestando, a quienes se les imputaron cargos por invasión de áreas de especial importancia ecológica y daños a los recursos naturales.
Francisco Parra, de Cormacarena, explica que “también se están monitoreando áreas con aeronaves no tripuladas del Ejército, pero la tarea es compleja porque la mayor parte de las afectaciones son en las veredas más apartadas y a medida que se va haciendo la colonización el corte se va haciendo más lejos”.
Los funcionarios también han realizado jornadas de sensibilización con las comunidades campesinas, pero la interlocución se ha complicado por los inconvenientes que las prohibiciones les han generado a los viejos colonos, especialmente para las tareas de mantenimiento de viviendas y puentes.
A mediano y largo plazo, de acuerdo con el Ideam, el gobierno nacional trabaja en estrategias de articulación institucional en el marco de la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de los Bosques Naturales (Cicod), creada en julio de 2017 ante la evidencia de que el posacuerdo había disparado la deforestación en regiones como el Sur del Meta, el Sur de Bolívar, Caquetá, Guaviare, Antioquia y Chocó.
El Ejecutivo también impulsa el Programa Visión Amazonía, con el que busca cumplir la meta establecida ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para reducir la deforestación en la Amazonía.
Los desafíos, sin embargo, son enormes. En La Macarena, el Estado tiene la compleja tarea de construir confianza con comunidades profundamente afectadas por la guerra, que crecieron bajo sus propios esfuerzos y con sus propias regulaciones, y que descreen de la institucionalidad. Un paso que difícilmente podrá darse sin muestras concretas de voluntad política para garantizar los derechos de los habitantes de la región, mejorar su calidad de vida, proteger el medio ambiente e implementar los acuerdos de paz.
Fotografías: María Flórez
