En San José del Fragua, un municipio del sur de Caquetá que limita con el departamento del Putumayo y la región de la Baja Bota Caucana, los cultivos de hoja de coca para uso ilícito pasaron, entre 2016 y 2017, de 1.031 hectáreas a 1.414, según registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las Naciones Unidas.
Detrás de esas cifras están cientos de campesinos que por más de dos décadas han vivido de la plantación de la mata de coca y la recolección de su hoja, y que ahora esperan, ya sin paciencia, a que el Estado cumpla con la solución al problema de las drogas ilícitas, establecido en el punto cuatro del Acuerdo de Paz que firmaron hace dos años en Bogotá el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.
Esta es la historia de campesinos que vivieron una guerra contra las drogas, desde mediados de la década del noventa, y que ahora ven muy lejos la posibilidad de una paz justa.
Por las calles estrechas de Zabaleta, Inspección de San José del Fragua, bajaron más de 100 campesinos cocaleros dispuestos a bloquear la vía Marginal de la Selva, que conduce a la frontera con Putumayo y la Baja Bota Caucana. Lo lograron. Hombres y mujeres, de distintas edades, se apostaron en la carretera una tarde soleada del 27 de septiembre de este año para protestar por los incumplimientos del Estado a lo pactado en el punto cuatro del Acuerdo de Paz.
Raúl*, un recolector de hoja de coca que tomó la vocería de la protesta, dijo indignado que “con lo que se acordó para dar una salida integral al problema de la dependencia de la coca, va a pasar lo mismo que uno ha visto: no nos van a cumplir y nos van a dar madera”.
El ambiente de desconfianza se percibía en el lugar. Los recolectores susurraban que le temen a la fuerza pública y su erradicación. “Acá van a venir a arrasar con lo que nos está dando la comida, y no sólo eso, nos llevan para la cárcel porque ni siquiera estamos protegidos. No han cumplido en lo más mínimo”, expresó el campesino, y agregó que ellos eran los que siempre terminaban pagando todo.
Aunque el cierre vial duró dos días, ningún miembro del gobierno departamental hizo presencia; de la administración municipal solo Wilson Buitrago, personero encargado, se presentó ante los campesinos, pero fue poco lo que pudo hacer. La situación desesperó a los manifestantes, quienes empezaron a plantear la posibilidad de retener al funcionario para que el Estado les prestara atención.
La idea de esa detención arbitraria fue cobrando fuerza, lo que obligó a Balvino Polo, dirigente cocalero caqueteño, a comunicarse con el general César Augusto Parra León, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, para explicarle que los campesinos exigían que los soldados pararan la erradicación manual porque el Estado no les estaba cumpliendo con lo establecido en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivo Ilícitos (PNIS), surgido de los acuerdos con las Farc.
En respuesta a ese llamado de urgencia, el alto oficial del Ejército se comprometió a parar la erradicación y a sentarse a analizar la situación con los encargados departamentales del proyecto estatal. La promesa disipó la protesta y el bloqueo vial.
La Sexta División del Ejército, con incidencia en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, orienta en la región la Estrategia Integral de Erradicación, un piloto a nivel nacional, en cuyo eslabón final se plantea, según el General Parra, “evitar la protesta social debido a que puede hacer colapsar toda la estrategia”. Por tal razón, varios oficiales expresaron que una de las paradojas de la paz es que es a ellos a quienes les ha correspondido hacer de bisagra entre las comunidades y las instituciones del Estado creadas para la implementación del Acuerdo.
El general Parra León se ha comprometido públicamente a parar las erradicaciones, y así lo ha reportado la prensa local, lo que está fortaleciendo la relación entre la dirigencia comunal y el Ejército. Para las comunidades, esa decisión hace parte del restablecimiento de la confianza en las Fuerzas Militares justo en un departamento donde se libró desde 1978, durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, hasta la firma del Acuerdo de Paz con las Farc el 26 de noviembre de 2016, una confrontación armada en la que los campesinos siempre fueron vistos como “auxiliadores de la guerrilla”.
Uno de los lineamientos del punto cuatro del Acuerdo de Paz plantea que “la sustitución voluntaria es un principio fundamental del Programa, para generar confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan contribuir a la solución del problema de los cultivos de uso ilícito, sin detrimento de la sostenibilidad económica, social y ambiental de las comunidades y de los respectivos territorios”.
Pero justamente en territorios como San José del Fragua esos propósitos no se han materializado. Los campesinos de la zona, que viven de la hoja de coca, consideran que el PNIS ha tenido muchos inconvenientes en su desarrollo.
“No hay sustitución integral, y está pasando lo mismo de siempre, que se remiten a dar unos pagos, a pagar salarios a funcionarios, pero de soluciones, nada de nada. Pero sí hay erradicación por la fuerza, y cárcel para nosotros es lo que se viene”, expresó Daladier Polanía, quien ha dedicado su vida a los cultivos de uso ilícito; incluso, hizo parte de las marchas campesinas de 1996, en las que cientos de cocaleros exigieron al gobierno nacional dejar de fumigar sus cultivos con glifosato y hacer inversión social en sus comunidades. Pasados 22 años la historia ha cambiado poco.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), una plataforma de organizaciones locales y regionales creada en enero de 2017 y que tiene su capítulo en Caquetá, han analizado lo que acontece con el PNIS en el departamento, y su conclusión es que el Programa “avanza lentamente”.
Pero la experiencia de la base campesina es más dramática. Ariel, un cocalero de la región, relató: “me sometí a la sustitución voluntaria, pero esta es la hora que la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito) no ha venido a revisarme, y entonces me suspendieron los pagos. Ahí es donde comienza uno a dudar”.
De lo que no duda el Estado es que en San José del Fragua se registra un incremento considerable de hectáreas de cultivos de hoja de coca en los últimos diez años, al pasar de 92 hectáreas en 2008 a 1.414 en 2017, según datos del SIMCI.
El Ministerio de Defensa reporta que en 2008 fueron erradicadas 1.616 hectáreas de hoja de coca, y en 2017, de forma manual, 168. En lo corrido de 2018, esta cartera de gobierno documenta que se han erradicado de manera forzada 1.064 hectáreas, más que en los otros municipios del departamento, lo que explica el descontento de quienes protestaron y bloquearon la vía.
Fuente: Ministerio de Defensa/ UNODC
La de Zabaleta es la primera protesta de cocaleros realizada en el Caquetá, luego del inicio del PNIS, para rechazar la forma cómo el gobierno nacional ha venido manejando la sustitución de cultivos de uso ilícito.
El bloqueo, que se disipó tras las promesas del general Parra León, mostró que los recolectores son quienes están promoviendo la protesta porque “si no les cumple a los cultivadores, mucho menos a nosotros para quienes no ha habido nada”, expresó un recolector durante la protesta, quien no quiso dar su nombre.
Valentín Posada, campesino de la zona, explicó que no logró reunir toda la documentación que le exigieron los funcionarios del PNIS y, en consecuencia, quedó fuera del proyecto: “estuvimos llenos de expectativas, pero nos fueron sacando, nos incumplieron, y lo peor es que no sabemos qué va a pasar con nosotros, que estamos tan cerca (a dos horas de Florencia, capital del departamento). Vienen, nos levantan todo y quedamos sin nada”.
"Si la cosa es de esa manera, mejor no nos desconcentren del trabajo”, intervino Silvio, un campesino que no quiso acogerse al PNIS. “Nosotros tenemos harta coca que coger para que nos vengan a salir con un chorro de babas".
Este labriego decidió no entrar al Programa porque, desde las marchas cocaleras de 1996 y la posterior arremetida paramilitar en el sur de Caquetá, no le cree al Estado: “Yo pienso que el programa es bueno, pero si el Estado cumple como es, no con pañitos de agua tibia. También que instituciones como la ONU hagan bien el trabajo, porque por culpa de ellos es que se han parado muchos de los procesos. Otro tema es el de la violencia, que uno no sabe cómo se vengan contra nosotros otra vez. Esto es un círculo vicioso de la historia contra los cocaleros”.
El incumplimiento a estos cultivadores no es el único problema que se presenta en el sur caqueteño. Entre 2016 y lo corrido de 2018, medios locales como Tucaqueta.com y Lente Regional han registrado el asesinato de más de 20 personas.
Una de las víctimas es Raúl Buitrago, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la inspección de Fraguita, en San José del Fragua, quien fue baleado el pasado 29 de julio en la inspección Yurayaco, a escasos kilómetros de Fraguita. Los responsables de este homicidio, al parecer, son disidentes de las Farc que se oponen al proceso de sustitución, según campesinos de la región que fueron obligados a ir a una reunión organizada por el grupo armado varios días después del crimen.
La presencia de grupos armados ilegales se ha venido sintiendo en el municipio desde el inicio del programa de sustitución. Pobladores explicaron que cuando ocurrió el asesinato de Buitrago, promotor de la sustitución integral, aparecieron mensajes alusivos a las Farc en las fachadas de algunas viviendas.
Al respecto, Esperanza Fajardo, excombatiente de las Farc y actual delegada para la Sustitución de Cultivos en Caquetá, manifiesta que se desconoce la fuente de intimidaciones que le llegan a campesinos que han apostado voluntariamente a la erradicación y sustitución.
En la comunidad de San José del Fragua se evidencian tres posiciones: la que reivindica el PNIS, a pesar de sus fallas; la que desconfía del Estado y considera que el incumplimiento no solo tiene que ver con el pago de unos recursos sino con la certeza de que no habrá soluciones integrales; y la que han construido quienes decidieron no acogerse al proyecto, porque desconfían del Estado y por el trámite que se impuso, pero temen la arremetida de las autoridades y su judicialización.
En la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz, quienes han llevado la batuta son el gobierno local y la Fuerza Pública, pero no han podido armonizar los tiempos con los que cuentan para erradicar y, simultáneamente, construir soluciones integrales, circunstancia que desmotiva a los cocaleros, en toda la cadena primaria, porque, aunque hagan parte del Programa, no ven soluciones de fondo.
Entre febrero y diciembre de 2017, por lo menos 22.810 familias de las 925 veredas de Caquetá suscribieron los acuerdos voluntarios para la sustitución de cultivos de hoja de coca para uso ilícito.
Cartagena del Chairá, Solano, San Vicente del Caguán, La Montañita y San José del Fragua son los cinco municipios que registran el mayor número de familias inscritas en el departamento, así lo documenta una carta que la Coccam y Fedejuntas le dirigieron, el pasado 24 de septiembre, a Claudia Lorena Álvarez Díaz, directora encargada de Sustitución de Cultivos en el país. (Ver carta)
En la misiva invitaban a la funcionaria a analizar colectivamente los problemas que padecen en Caquetá por la mala implementación del PNIS. A juicio de los firmantes, en los distintos municipios del departamento se evidencian “debilidades y problemas en la articulación con UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) en cartografía, verificación y asistencia técnica”. Esas inconsistencias han dejado por fuera, según proyecciones realizadas por la Coccam, a 15 mil familias, de las más de 22 mil que se inscribieron.
Campesinos, representantes de la Fuerza Pública, voceros de la dirigencia comunal, funcionarios de ONU y de organizaciones locales se reunieron el 1 de octubre de 2018, tres días después de levantadas las protestas de los cocaleros de San José del Fragua.
Los afectados expusieron la crítica situación: que no arranca el componente de Plan de Atención Inmediata (PAI); se presentan incumplimientos en la ruta del PNIS; no para la erradicación forzada pese a acuerdos municipales y voluntad para sustituir; los pagos son parciales; no inicia un proceso con recolectores de hoja de coca; y el PNIS no tiene perspectiva integral, pese a que es un componente sustancial del Acuerdo de Paz.
Para el general Parra León, todo este panorama requiere una “estabilización del territorio”, es decir, que el Estado retome el control de municipios que estuvieron bajo el control de las Farc, desde la década del ochenta, sobre la base de la concertación en temas tan complejos como la sustitución de la hoja de coca.
“Hay comunidades que no se acogieron y por ello nos ha correspondido erradicar. Se han presentado falencias por parte del Programa. Nosotros hemos buscado conocer esa problemática y en algunas ocasiones hemos decidido no erradicar, porque hay gente que se acogió y no le han pagado, eso nos toca respetarlo. No podemos ser tan radicales para llegar allá con erradicación forzosa”, explicó el alto oficial, quien agregó que lo fundamental es que “la gente que no se acogió no genere bloqueos y situaciones que tengan un impacto en la región”.
El gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, ha sido de los primeros en rechazar la situación en la que se encuentran los campesinos con relación al PNIS en su departamento, y va más allá al aseverar que se está preparando el camino para el uso del glifosato, lo que generaría graves problemas sociales.
“El proceso de paz es una política de Estado. Al presidente le solicitamos que haga los ajustes necesarios, pero que siga el proceso de paz, porque es una salida al conflicto y los caqueteños lo estamos viviendo. Los cocaleros están muy preocupados porque hay incumplimientos. Nosotros rechazamos la fumigación con glifosato y por eso hemos venido planteando erradicación manual con resultados e incentivos para nuestros cocaleros, así se puede seguir avanzando”, indicó el mandatario seccional.
Aunque la orientación de la dirigencia cocalera ha sido la de acogerse a la implementación del punto cuatro, como viene ocurriendo, la base social está pensando en la protesta como salida a los incumplimientos. El futuro es complejo: nuevas violencias asociadas al narcotráfico, protesta social, crisis económica en las zonas cocaleras y perpetuación de las condiciones históricas de desarraigo en el campo caqueteño.
A esos nubarrones también contribuyen grupos armados ilegales. De acuerdo con información de la Sexta División del Ejército Nacional, en el Caquetá se observa la reconfiguración de disidencias de las Farc, conformadas por hombres y mujeres de los frentes 1, 14, 15 y 49, así como de la Columna Móvil Teófilo Forero, a lo que se le suman delincuencia común y las bandas ligadas al narcotráfico.
Esto afecta particularmente a San José del Fragua por ser corredor estratégico de esas organizaciones ilegales hacia el sur y el centro del país, que además de ser los causantes del aumento de los homicidios selectivos, imponen restricciones de la movilidad de los pobladores y amenazan a los líderes sociales.
Frente a este panorama, el caso de San José del Fragua parece ser el de todos los demás municipios del Caquetá, en donde la sustitución integral de cultivos ilícitos no fragua por los incumplimientos del gobierno nacional en la generación de proyectos productivos para los campesinos; por la angustia de quienes no se sometieron en los tiempos establecidos al plan de sustitución de cultivos ilícitos; y por cuenta de las amenazas que les llegan a quienes decidieron apostarle voluntariamente a la sustitución de cultivos de coca.
A pesar de la situación, Ariel, como muchos campesinos de la región, espera que todo mejore. Sentado en una vieja silla en la cocina de su humilde finca, desde donde se descubren pequeñas plantaciones de hoja de coca, suspira y dice: “Nosotros firmamos unos acuerdos y pues si ellos cumplen nosotros también. La esperanza es lo último que se pierde y pues vamos a ver”.
(*) Algunas identidades fueron modificadas por razones de seguridad
