Texto: Yamilk Astenio Sánchez, con la colaboración de Juliana Castellanos y VerdadAbierta.com Imágenes: Yamilk Astenio Sánchez, con aportes de la comunidad
Recuerdo que cuando era niño, mi papá, Artenio Sánchez, me inculcó todas las formas de la organización indígena del pueblo Totoroez, al igual que la importancia de su cuidado. Pero una de las cosas que me repetía era la importancia de los linderos del título colonial, “muy relevantes para nosotros, ya que estos muestran cual es el territorio que se nos fue asignado antiguamente”, decía, y destacaba algunos sitios, como el cerro El Gallinazo, Millo, Tres Tulpas, La Orqueta, Puzná, Cresta de Gallo y Pozo Negro, un lugar que me llamaba mucho la atención.
El título colonial del que hablaba mi papá es la Cédula Real que la Corona Española, regida por Felipe V, que le entregó al cacique Santos Mejía en 1630. Pero no tenemos el documento original. Poseemos, sí, copia de lo que allí se dice, y con ella, y otros papeles, tratamos de consolidar nuestro origen e identidad.
Mi papá me infundió también una cifra que, cuando niño, no lograba entender. “Hijo, no se olvide de su mente 13.603”. Con el tiempo supe cuál era su significado. Debí sumergirme en la lectura de una transcripción de aquella copia del título colonial, que él mismo pasó a su computador, en mi proceso de búsqueda de la Cédula Real original que decidí iniciar hace ya más de dos años, para cumplir el deseo de mi padre, además como un compromiso con mi pueblo Totoroez, y que ahora relato con el fin de que nuestros descendientes tengan memoria del pasado.
Aquella Cédula Real, fechada el 16 de agosto de 1630, nos reconoció existencia, representación y territorio. De su contenido solo existe una copia manuscrita del original, fechada al día siguiente de su otorgamiento. Este texto, junto a otros más que hacen referencia a los Totoroez, reposan en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad del Cauca, en Popayán.
De acuerdo con el documento colonial, la Cédula Real estuvo en manos de prelados de la Iglesia Católica de Quito, pero en la actualidad nadie da razón de él. Su extravío le restaba respaldo documental a mi comunidad Totoroez para justificar el tamaño de nuestro territorio, así como su posesión y explotación. Solo hasta 1852 mi pueblo tuvo un indicio, cuando las autoridades ancestrales le notificaron al Juzgado Subrogante Primero del Circuito de Popayán de su posible existencia mediante una carta fechada el 2 de septiembre de ese año:
“Los que suscribimos, miembros de la parcialidad de indígenas de Totoró, ante ud. decimos: que por una casualidad casi providencial ha llegado ho ia nuestro noticia que existen los títulos de los terrenos que se nos adjudicaron en propiedad i que haci nuestros antecesores como nosotros poseemos y hemos tenido quieta y pacíficamente durante 252 años”. (Tomado textualmente del documento original)
La carta fue enviada por Benito Sánchez, gobernador; Jacobo Conejo, alcalde; y Ventura Conejo, alguacil, del cabildo Totoroez y llevaba la firma de Joaquín Sánchez, testigo de los “presentantes”, quienes delegaron en este escribiente “la responsabilidad de redactarla por cuanto las autoridades Totoroez expresaron no saber escribir”. El propósito de la misiva era solicitarle al Juez Juan Nepomuceno Cobo que diera cuenta de ese documento:
“Necesitamos de este documento y por lo mismo pedimos que Ud. se sirva mandar que el escribano del número 1º, nos dé testimonio de el”. (Tomado textualmente del documento original)
La solicitud fue atendida y el escribano público, quien firmó como Joaquín Esteban Navarrete, realizó la labor encomendada y rindió su informe. Así consta en los folios que reposan en el Centro de Investigaciones Históricas y que hacen referencia al título original. En el texto se precisan las circunstancias de aquel 16 de agosto de 1630, que terminaron en la adjudicación de tierras a los Totoroez.
El informe del escribano Navarrete hace referencia a un documento que es “copia del título original” que “reposa en poder del señor cura vicario [...] Don Juan de Reza Montoya”. En sus apartes se detalla cómo fue ese otorgamiento de las tierras, tarea para la cual fue designado el Oidor de la Audiencia de Quito, Don Alonso de la Santa Cruz, quien expidió la Cédula Real:
“En la ciudad de Quito a los diez y seis días del mes de agosto de mil seiscientos treinta: yo el Oidor de ella, por su majestad el Rey Nuestro Señor que Dios guarde muchos años de vida, a petición de la comunidad de Yndios y en su cabeza el Cacique Don Santos Mejía, y con la certificación de su cura doctrinero del derecho absoluto que gozan los Yndios de las tierras que en la conquista les señaló su Majestad como tributarios de la Real Corona, y en razón de que en forma el ilustrisimo Señor Obispo Doctor Don Juan Contreras de ese obispado, a favor de los mismos Yndios tributarios de estos pueblos, en seguridad de las tierras, especialmente de los de Totoró en su conformidad, y en razón de su Majestad prefirió a los dichos Yndios, amparandolos con el derecho de propiedad que les corresponde. (Tomado textualmente del documento original)
Según consta en los archivos, la entrega física y la toma de posesión de las tierras se hizo el 4 de noviembre de 1630, cuando una comisión encabezada por Don Alonso de la Santa Cruz llegó a nuestro pueblo con el fin de iniciar, al día siguiente, la demarcación correspondiente. A esa labor fueron invitadas autoridades de los pueblos vecinos.
“Estando presentes las tres corporaciones de Yndios y el Cacique, procedo a la entrega, lindaduría y demarcaciones exactas del terreno de Totoró a sus Yndios originarios y tributarios de su Majestad el Rey nuestro Señor”. (Tomado textualmente del documento original)
Una vez se recorrieron las tierras que los Totoroez habitamos y explotamos desde antes de que los españoles llegaran a América, el Oidor de la Real Audiencia de Quito, cuya autoridad abarcaba desde el Valle del Cauca, en Colombia, hasta los límites con el Perú, concluyó la tarea y estableció varias obligaciones de las autoridades ancestrales de aquella época. La primera fue que el título otorgado a través de la Cédula Real era imprescriptible:
“Dichas tierras no podrán ser vendidas a persona de ninguna clase, condición y estado, y si alguna persona como Cacique o Yndios las arrendare o vendiere, será nulo ese contrato, y podrá oponerse cualquier Yndio propietario de la comunidad que sea de la real Corona, y si celebrado algun contrato con engaño, trama o condición, no será válido en ningún tiempo, ni habrá prescripción de derecho aunque pasen otros tantos siglos. Y en conformidad a la Cedula real, en el terreno dado a los Yndios, ni su Majestad misma podrá quitárselos, ni enajenará las dichas tierras”. (Tomado textualmente del documento original)
Asimismo, se establecieron otras obligaciones:
“En virtud pues de haber concluido esta obra y encerrado el terreno que corresponde a Totoró quedan en plena posecion: y hallandose contentos los Yndios tributarios y con la obligación de cada cuatro años asear y reconocer los mojones y por lo menos cada dos años visitarlos y enseñarlos a sus subsesores para que no se borren y sirvan de prueba reaciente de que fueron posesionados de sus tierras que les pertenecen”. (Tomado textualmente del documento original)
Para aquella época, lo certificado por el Juzgado Subrogante Primero del Circuito de Popayán tenía total validez y, pese a no tener la Cédula Real, se deducía que lo narrado en esos documentos era legal. Su importancia la tenían clara no solo nuestros ancestros, sino aquellos que querían despojarnos de las tierras.
En un ejercicio de memoria realizado por la comunidad el 20 de septiembre de 2018 de manera conjunta con funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quienes estudiaban la solicitud de ampliación del resguardo, los Mayores del pueblo Totoroez narraron que a finales del siglo XIX, durante las cruentas acciones de la llamada Guerra de los Mil Días (1899-1902), “los terratenientes quemaron la casa del cabildo para hacer desaparecer los títulos del pueblo y todas las evidencias legales que comprometieran el bienestar de los invasores, que poco a poco arrinconaban a los nativos a zonas quebradas y ellos -los invasores- se asentaban usurpando las tierras de las partes planas”.
Nuestros ancestros pensaron que tras ese ataque se había reducido a cenizas todo vestigio documental que respaldara la propiedad sobre nuestra tierra. Sin embargo, amparados en la Ley 89 de 1890, que reglamentó, entre otras cosas, la manera cómo debía resolverse la titularidad y límites del resguardo, acudieron a los testimonio de las autoridades ancestrales Primitivo Sánchez, Eustasio Luligo, Carlos Sánchez, Gabriel Quilindo, Bautista Sánchez y Ángel Conejo, quienes apelando a la memoria dieron cuenta de los linderos y establecieron una extensión de 3.903 hectáreas; sin embargo, sus versiones no coincidieron con los demarcados en 1630, que abarcaba 13.603 hectáreas.
De acuerdo con documentos de la ANT, esas declaraciones pudieron haber sido “manipuladas por los terratenientes y las instituciones de gobierno de la época”, con el fin de reducirnos nuestro espacio y confinarnos a zonas improductivas y de montaña.
Las ambiciones de los colonos invasores se intensificaron durante las primeras cuatro décadas del siglo XX. Mediante estrategias engañosas, que consistieron en acumular deudas a través de la entrega de sal, carne y otros elementos esenciales para los indígenas, nos exigieron pagar con tierra. Con esta estrategia, los colonos acumularon grandes extensiones y a los Totoroez nos sometieron a trabajar como obreros de las nacientes haciendas.
Quien actualmente tiene buena parte de esta historia en la cabeza es el mayor Jorge Domingo Luligo, líder y exgobernador del cabildo. Motivado por la comunidad, inició la búsqueda de la Cédula Real. Entrevistado para este reportaje, me cuenta cómo, en aquellos años de invasión, cayeron en la trampa de los colonos: “ellos llegaban y al indígena que vivía cerca les daba coca, les fiaba la carne de ganado muerto, cualquier otra cosa, y le iban sumando una cantidad. Y cuando tenía la cantidad aproximada le decían ‘bueno, el lote que tenía el indio venga para acá porque usted me debe tanto, dame ese lote y no me paga nada de lo que le he dado’. Y el colono así recogía la tierra nuestra. Así se nos estaba perdiendo el territorio”.
La rápida invasión de los colonos comenzó a preocupar a nuestras autoridades, que fueron estimuladas por las ideas de recuperar las tierras propias que propagaban en el Cauca los líderes Manuel Quintín Lame y José Gonzalo Sánchez. Fue así como iniciaron un proceso de saneamiento que, según Jorge Domingo, “consistió en devolverles la plata a los colonos a través de los mismos comuneros del mismo cabildo y así fueron recogiendo las tierras”.
Uno de los exgobernadores en el años 83, Luis Pillimue, me cuenta que en sus tiempos, cuando manejaba la hacienda Los Hoyos, que estuvo en manos de la Iglesia Católica, pero que 1984 había sido recuperada por nosotros, “era complicado, pues los blancos nos trataban mal constantemente, uno no podía salir al pueblo porque lo esperaban a uno con garrote. Nos decían ‘robatierra’ sabiendo de que no era así, lo que estábamos haciendo era recuperar lo que se nos fue arrebatado”.
Nuestro fortalecimiento como organización generó intensos procesos sociales que, manteniendo la filosofía de nuestros Mayores, propendieron por la recuperación de nuestras tierras ancestrales. En los umbrales de la década del setenta comenzaron a ejecutar el Plan de Recuperación de la Madre Tierra. De ahí surgió, el 24 de febrero de 1971, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Pese a esas intensas luchas, nuestras autoridades seguían sin hallar la Cédula Real. La idea de encontrarlo no cesaba y con esa tarea pendiente asumió Mario Sánchez como gobernador del cabildo en 1984. Su labor primordial, en consonancia con el Plan de Recuperación de la Madre Tierra, fue el saneamiento del territorio, pues nuestras comunidades venían en aumento. En razón de ello, entre los comuneros comenzaron a pensar en la reestructuración territorial, organizativa y administrativa del cabildo.
Semejante a lo ocurrido en 1852, el gobernador Sánchez se enteró que el título real existía de manera casual, durante una conversación que sostuvo con varias personas del resguardo de Paniquitá, a donde iba con frecuencia a hacer sus trueques para conseguir lo que necesitaba para su familia.
Jorge Domingo, con quien hablé bastante sobre el tema, recuerda que en una reunión con el cabildo, en algún día de 1984, nuestro gobernador contó lo que había escuchado: “Cómo les parece cabildantes que a mí me han dicho que el título de nosotros existe”. Pero nadie se animó a buscarlo, aunque la propuesta quedó sobre la mesa una vez terminó su mandato, en diciembre del mismo año.
En reemplazo de Sánchez, fue elegido como gobernador del cabildo Leonardo Campo, quien nombró a Jorge Domingo como su secretario. Ambos mantenían un interés muy fuerte en sanear el territorio y en reanudar la búsqueda de la Cédula Real de 1630.
“En enero de 1985 se hace la primera asamblea con la comunidad y la comunidad propone buscar un título porque se tiene la idea de que existe, pero no estaba claro dónde está el documento. quedaba claro que había que hacer toda una investigación”, recuerda Jorge Domingo. “Es más, se habló de ir hasta Quito para preguntar sobre el paradero del título. En el momento se necesitaba trabajarle duro a la propuesta de saneamiento territorial, entonces había que buscar el título”.
En estas tareas se involucró toda la comunidad, no solo motivando a Jorge Domingo a que investigara, sino aportando recursos económicos para que pudiera concentrarse en esta ardua tarea. “La comunidad dijo que hacía los aportes para que un delegado de la comunidad fuera a hacer la investigación”. Y el gobernador Campo también lo impulsó. Así recuerda Luligo lo que le dijo la autoridad del cabildo: “Vaya usted a ver secretario, usted tiene la idea, caminele a eso. ¡A ver, investigué!”.
La pregunta que se hizo Jorge Domingo fue: ¿por dónde empezar? Lo primero que dijo fue que debía consultarle al exgobernador Mario Sánchez, quien, en últimas, era el que había llegado con los comentarios. Además, viajó en su caballo de Totoró hasta el resguardo de Paniquitá, más o menos a 15 kilómetros, y allí habló con los Mayores Juan Cometa, quien aseguraba que la Cédula Real estaba en Quito, y Crisanto Camayo, uno de los líderes de recuperación de tierras de la región.
Estando en esas averiguaciones, Jorge Domingo pudo establecer que tal vez había una copia del documento colonial en la sede del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad del Cauca, en Popayán.
“El día 3 de marzo del año 85 me fui a Popayán a meterme al archivo de la universidad”, me dice. Su tarea no fue fácil: “Hoy en día el archivo histórico está sistematizado y tiene orden, pero en ese tiempo tenía una montonera, simplemente usted conseguía unos espacios donde tenía unos números. Entonces yo me agarré a buscar hoja por hoja”.
Jorge Domingo pensaba en el reto que tenía por mandato de nuestra comunidad y no quería desfallecer, pese a que la tarea encomendada la hacía sin los cuidados que supone hurgar en documentos antiguos: “Eso de meterse sin tapabocas para tocar papel en ese tiempo que eso estaba desorganizado, imagínese, mover cantidad de moho”, evoca en nuestra conversación, y agrega que solo tenía dos opciones: “si había algo en este archivo había que conseguirlo, o si no, la segunda opción era viajar a Quito para conseguir el original”.
Los días pasaban y nada que encontraba el título colonial. La plata comenzó a escasear, y debido a que también debía mantener a su familia, reconoció que, en algún momento, pensó en regresar a su pueblo. “Las dificultades fueron económicas. La plática que juntó la comunidad, de cinco centavos, diez centavos, eso no alcanzaba para nada. Recuerdo tanto un día, como finalizando el mes de mayo, ya no tenía plata y me tomé una gaseosa y una empanada, y me metí al archivo. Todo eso como compromiso personal”.
Pero los documentos que tenía que ver estaban cada vez más mohosos, tanto que le estaban afectando los pulmones, y el agobio de no encontrar nada, estar sin recursos y lejos de su familia lo desestimulaba. Sin embargo, lo animaba la idea de que todo ese trabajo era por nuestra comunidad y persistía.
“Resulta que un día viernes me encontré al compañero Luis Pillimue y le dije: estoy cansado no tengo plata aquí, también estoy enfermo”, recuerda. Para ese año, Pillimue era el tesorero de la finca Los Hoyos. “En ese tiempo una junta que había me entregó 3 mil pesitos para poder seguir buscando. Con eso me metí otra vez el lunes, el martes, el miércoles y como el jueves llegué al objetivo y me acuerdo tanto tener el título del territorio Totoró en la mano”, rememora Jorge Domingo con emoción, terminando así una tarea de tres meses que, de paso, le puso fin a una búsqueda de más de cien años.
Desde que encontró aquella copia, las autoridades tradicionales han realizado varias visitas al Archivo Histórico de Popayán para constatar que sigue bien conservado. Pero se debe resaltar el interés del comunero Jorge domingo Luligo, quien, año tras año, visita el lugar con el ánimo de verificar el estado del documento que les reconoce un amplio territorio.
“Trato de venir constantemente así sea cada año porque este es un documento muy importante para nuestra comunidad”, me comenta Jorge Domingo, quien considera que debe ser socializado constantemente entre los Totoroez y propone que los estudiantes realicen visitas al Archivo Histórico para que lo conozcan y miren la importancia que tiene cuidar documentos antiguos.
El hallazgo de la copia del contenido de la Cédula Real nos permitió a los Totoroez identificar el área territorial que nos otorgó el rey español Felipe V a través del Oidor de la Audiencia de Quito. Además, con ese documento, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) reconoció, en 1988, la delimitación del resguardo de los Totoroez establecida en 1630, por 13.603 hectáreas
La autenticidad del documento hallado por Jorge Domingo fue refrendada por la paleógrafa Nancy Cristina Constain Cerón, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad del Cauca, quien el 20 de diciembre de 1989 le rindió un informe al Consejo Asesor de Política Indigenista del Cauca: “A continuación presento el concepto de peritación sobre la autenticidad del ‘Título de tierras del pueblo de Totoró año 1630’, cuya signatura reposa en el archivo central del Cauca (Instituto de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente, codificada así: Signatura 2983 (5-III-13-cu-ti), Sala República. En mi concepto profesional el ‘Título’ citado amerita su carácter de autenticidad”.
En una tarea de clarificación y de reestructuración de nuestro resguardo, el INCORA expidió la Resolución 04 de 1991, mediante las cuales les entregó 1.242 hectáreas. Al respecto, el exalcalde de Totoró, Elvio Sánchez, me cuenta que “al momento de hacer el deslinde se llamó a los vecinos a ver si estaban de acuerdo; algunos se hicieron presentes otros no, pero con los compañeros del resguardo de Guambia, del municipio de Silvia, hicimos un acuerdo para que la comunidad de Ambaló pudiera tener su territorio, pues ellos no tenían dónde poder trabajar”. (Ver resolución)
La resolución del INCORA detalló que si bien las fincas Riomiurco I, Riomiurco II, La Betulia, Juntas y San Pedro, están en jurisdicción del municipio de Silvia, hacen parte del título colonial de los Totoroez, por lo cual se hacen acuerdos para que el resguardo de Ambaló, que cobija al pueblo Misak, las administre, pero no como parte de su territorio.
Todo este proceso nos ha generado peligros. En nuestro Plan de Salvaguarda Étnica, escrito en 2011 como parte de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el Auto 04 de 2009, que nos declaró en riesgo de extinción por causa del conflicto armado, quedaron detallados los obstáculos que padecieron nuestros líderes desde la década del sesenta del siglo pasado: “fueron perseguidos por las autoridades civiles, la fuerza pública y por algunos habitantes del sector urbano, quienes tildaban a nuestros Mayores, Mayoras y líderes de subversivos y comunistas, por lo cual no dejaban desempeñar las funciones de autoridad tradicional como Cabildo”.
En las últimas tres décadas, los Totoroez también hemos padecido la confrontación bélica en sus territorios por cuenta de acciones de grupos armados, razón por la cual fuimos reconocidos por la Unidad de Víctimas como sujetos de reparación colectiva a través de la Resolución 102006, fechada el 16 de mayo de 2016. (Ver resolución)
En ese documento puede leerse lo siguiente: “El Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el Frente José María Becerra, las FARC con los frentes 8, 60 y 64, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han tenido presencia en la zona, enfrentándose entre sí por controlar los recursos y potencialidades de la región y generando con ello afectaciones a la población civil”.
Las adversidades no nos ha arrebatado el sueño de sanear el territorio. En nuestro resguardo existen otros actores, los campesinos, con quienes se viene trabajando en conjunto dado que tienen las mismas necesidades, para lo cual ha sido necesario crear pactos de convivencia.
De las 13.603 hectáreas que nos reconoce la Cédula Real, 7.358 hectáreas están bajo nuestro control y 6.245 hectáreas en manos de terratenientes. De todas ellas, 5.519 hectáreas hacen parte de espacios de vida (humedales, páramos, ciénagas, humedales, entre otros) y de caminos y carreteras. Y se cuenta con una área de tierra trabajable de 3.052 hectáreas, que es tierra insuficiente para nuestra comunidad, puesto que la población ha crecido.
Según datos del DANE, a agosto de 2019, el resguardo de Totoró tenía una población de 8.916 personas, alrededor de 2.972 familias. Es decir, que cada familia tiene actualmente, en promedio, 1,026 hectáreas. Así, a futuro, nuestra comunidad podría verse obligada a migrar a otros espacios, e inclusive a las reservas naturales, por eso es urgente una política de tierras para dar solución y crear el sustento y la puesta en acción de las prácticas culturales y lograr la pervivencia como pueblo.
Diez años después de que Jorge Domingo encontrara la copia del título colonial, la comunidad continúa haciendo los recorridos por los linderos para ver cómo estaban y así dar cumplimiento a los mandatos de los Mayores, quienes orientaron hacer esa revisión cada dos años. El viaje nos tomó una semana. Aquella vez fuimos varios niños, yo tenía 11 años de edad, e iniciamos el camino por la zona de sepulturas hacia el oriente; luego colindando con Polindara observamos las señalizaciones antiguas, nos contaban las historias de los túneles, y de cómo los Totoroez corrieron a los Pijaos, pueblo que llegó a nuestro territorio desde el nororiente del país en busca de tierras para cultivar, pero ante la escasez empezaron a comerse entre ellos y a quienes capturaban de los pueblos más pequeños.
Preocupados, los Murɨpɨk (nuestros médicos tradicionales) reaccionaron, iniciaron una gran armonización general, que buscaba hacer llover los más fuerte posible. Luego de unas horas, las nubes se cargaron de agua y se descargaron con gran furia, hasta con granizo, en donde se encontraban los Pijaos, muchos de estos murieron el sector. Los sobrevivientes se fueron por el sector de Sepulturas a cavar túneles para que no los encontraran pues las lluvias fueron tan fuertes que todos perecieron. Esa era la historia que nos contaron en aquella época
Al día siguiente de nuestro recorrido, la chiva nos dejó en el páramo de Guanacas, caminando hacia el noroccidente al nacimiento del río Palacé y llegando al cerro Tres Tulpas. Aunque en ese tiempo no colocaba mucha atención, este recorrido me impactó tanto que aún tengo imágenes en mi mente del antiguo camino que recorría Simón Bolívar cuando viajaba a Bogotá en sus luchas de independencia.
Al regreso pasamos por Pozo Negro, un lugar que mi papá me mencionaba mucho y sobre el que decía que, anteriormente, escondían oro y la persona que intentaba sacarlo se lo tragaba la tierra. Luego de tanto caminar y caminar, pasamos por Cresta de Gallo y Cerro de Letras por donde colindamos con el resguardo de Guambia y Ambaló; seguimos bajando hasta el punto de perdernos por unas horas, pues no se veía muy bien el camino. Finalmente llegamos a la finca Altamira, donde nos recibieron con mucha comida. Con ese recorrido pude entender por qué mi papá me recomendó no olvidar aquella cifra, 13.603, y la importancia de aquellos lugares para nuestros ancestros.
Alguna vez, mi papá me comentó: “mijo, el título menciona que hay una original más en la Biblioteca Central de la Real Audiencia de Quito”. Con el tiempo, se continuaba nombrando la existencia de ese título. Para el 29 de abril de 2016, fallece mi padre y teniendo en cuenta que su deseo era encontrar el título original, me tomo la tarea de realizar esa búsqueda.
Tras la muerte de mi papá, en mi familia quedó un vacío, pero al igual que en la comunidad, muchos me hablan y comentan que “él fue el último que realizó las recuperaciones de tierras y hasta ahí hemos llegado”. Recuerdo siempre los buenos momentos y las enseñanzas que me dejó.
En el año 2013 una idea comenzó a recorrerme la mente, influenciado por el proceso organizativo con comunidad que lo inicié desde el 2011. En cada reunión se hablaba de la importancia del título colonial, pero nadie se apropiaba de su búsqueda. Pasando los años, comencé a indagar cómo fue ese proceso de buscar hoja por hoja que hizo Jorge Domingo. Me cuenta detalles. Y también le pregunté a los Mayores de la época cómo aportaron a ese proceso.
Mi curiosidad persiste y en una reunión a mediados del año 2018 del bloque político y organizativo del cabildo, al que van autoridades y comuneros, trato de mostrar la idea de escribir parte de esos pensamientos para que sean vistos por la comunidad, y en las escuelas que noten lo importante que es el título colonial. Los compañeros manifiestan que hay muchas cosas qué contar, no solo desde la búsqueda, sino desde la invasión de los españoles en 1492, pues el pueblo Totoroez ha venido haciendo resistencia desde tiempos inmemorables, recalcan que la ley de origen, el derecho mayor, nos ha venido guiando y es así hasta el dia de hoy.
En una de nuestras conversaciones, Hermeregildo Benachí, exgobernador del resguardo, dice: “nosotros ya hemos hecho lo que pudimos, ya estamos viejos y cansados, ya le toca es a ustedes los jóvenes continuar con la búsqueda en Quito o España dónde está la original del título colonial, y así poder reafirmar todo este proceso que caminamos cuando éramos jóvenes”. Una propuesta bastante ambiciosa, pero había que buscar la forma y los medios para poder ir hasta alguno de estos sitios.
El proceso de búsqueda recobra importancia y se trabaja en la idea de viajar a Quito, hasta que el pasado 22 de octubre se logra concretar un viaje a la ciudad de Quito, con apoyo del cabildo, Verdadabierta.com, Consejo de Redacción y el CRIC.
“La persona encargada de escribir esta Cédula Real en el territorio realizó las diligencias en papel sellado y otra en papel común, pero dejó claro que tiene el mismo valor del original; además de mencionar que los originales reposarían en la Real Audiencia de Quito y si por algún motivo se perdiere el documento que dejaban en manos de las autoridades indígenas de aquellas épocas, podían ir en busca de la otra copia a Quito", me explica Jarvi Leo Ulchur Calambás, antropólogo del pueblo Totoroez.
A las 2 de la mañana iniciamos nuestro viaje en la camioneta del área de Comunicaciones del CRIC. Íbamos Jarvi Leo, autoridad tradicional del cabildo; Lucy Fernández, periodista del CRIC; y yo, que soy comunicador indígena del pueblo Totoroez. Ocho horas después llegamos al puente internacional de Rumichaca, frontera con Ecuador. Allí realizamos los procedimientos migratorios tanto en Colombia como en el vecino país, y una pequeña dificultad burocrática nos hace perder casi cinco horas y no pudimos seguir en nuestro vehículo, asunto que no nos desanimó.
Tras superar los inconvenientes continuamos nuestro viaje hacia Ibarra, en bus, durante 3 horas más; allí tomamos otro bus, que nos llevaría a Quito, a donde llegamos a las 10 de la noche. Nos alojamos en un sitio cerca de los lugares que debíamos visitar: Archivo Nacional del Ecuador, Archivo Metropolitano de Historia de Quito, Archivo Histórico Alfredo Pareja Diezcanseco y Archivo Histórico Ministerio Cultura y Patrimonio.
Al día siguiente iniciamos con nuestro arduo trabajo. Siendo las 8 de la mañana llegamos al Archivo Histórico Alfredo Pareja Diezcanseco, y preguntamos qué tipos de archivos tenían en custodia, de qué épocas, y si había títulos coloniales de la antigua Real Audiencia de Quito. Hablamos con Fancy Añasco, quien nos explicó que en este sitio no se encontraban ese tipo de archivos, que solamente tenían de relacionamiento internacional.
Salimos de allí y caminamos hasta el Archivo Histórico del Ministerio Cultura y Patrimonio. Al ingresar, notamos que la seguridad es bastante minuciosa y tras preguntar ¿por qué?, el encargado del archivo nos comentó que en épocas anteriores se llevaron una documentación de unos personajes muy importantes de Quito y por ese motivo solo dejan ver, por persona, tres archivos o documentos. Sin embargo, hizo una excepción con nosotros y nos dio acceso a un archivo más.
A las 10 de la mañana del pasado 23 de octubre iniciamos la búsqueda en el sistema aplicando palabras clave. Buscamos por Indios, Pueblos, Naciones, Tierras, Resguardo, Provincia de Popayán, Gobernación de Popayán, Real audiencia de Quito, Cédulas reales, Títulos, Coloniales, Totoró, Encomienda, Encomenderos, Diezmos, Primicias, Tributos, Tributarios, Caciques, Capellanías, Misiones, pueblo de indios, villa, ciudad, las fechas de 1630, 1852 y los nombres de las personas que aparecen en el título, sin resultado alguno. Al día siguiente encontramos información muy vaga: mapas, referencias, pero no el título colonial que estábamos buscando.
Ya el 25 de octubre visitamos el Archivo Nacional del Ecuador, que tiene como lema “la memoria escrita de un pueblo”. En este lugar la información está ordenada por periodos, así que iniciamos la búsqueda entre documentos de 1629 a 1636, y de 1850 a 1855, rangos que nos interesaban más, pero nuevamente sin resultado alguno. El antropólogo de nuestro grupo, Jarvi Leo Ulchur, nos explica que “hay la posibilidad de que, en ese tiempo, por no pagar tributos a la real Audiencia de Quito, probablemente no llevaron estos títulos a este lugar y así poder evitar el pago”.
Los encargados de este Archivo concuerdan con nuestro antropólogo y agregan dos explicaciones más: a pesar de estar ordenados, hay algunos que no están ni registrados y mucho menos sistematizados; y otros que por su antigüedad y ante la falta de una adecuada restauración se deterioraron.
Al final de esta jornada de trabajo, y de regreso a la comunidad, entre nosotros primó el desánimo. Pero luego de valorar lo que hicimos en Quito, creemos que a lo mejor el título colonial no ha sido registrado o esté deteriorado, pero exista y esté en algún lugar. Les comentamos los resultados al bloque político del cabildo y allí nos dijeron que no había que desanimarse. Calculamos que se necesitan por lo menos cuatro meses de trabajo en los archivos ecuatorianos, razón por la cual se están buscando recursos para sostener a dos personas allá y continuar con la búsqueda.
