El teléfono replicó varias veces en el pequeño negocio de Gildardo*, quien pensó dos, tres veces, antes de contestar, pues intuía el motivo de la llamada. Al hacerlo, del otro lado de la línea escuchó la voz de un hombre que se presentó como un comandante del ‘Clan del Golfo’ y luego de advertirle que “no le fuera a colgar, porque usted ya sabe lo que le pasa”, le dijo que tenía que pagarle tres millones de pesos a esa organización y que debía conseguirlos para el día siguiente.
“Porque, si usted quiere –continuó–, allá tengo el grupo en el pueblo para que lo recojan ahora y lo tiren al río. Allá está el río esperándolo”. Se trató de una llamada extorsiva que recibió a finales de julio pasado, aunque no fue ni la primera ni la única que ha recibido en su vida.
Cuando Ituango se lo disputaban guerrilleros y paramilitares, a principios de la década de 2000, un tipo también pretendió intimidar a Gildardo vía telefónica. En aquella ocasión le respondió que ese negocio no era suyo sino de un comerciante de Medellín, y antes de colgar la llamada, venciendo el miedo ante tal situación, el avezado comerciante no vaciló en decirle: “vea hifueputa, si quiere plata, trabaje”.
Las extorsiones se convirtieron nuevamente en pan de cada día en este municipio. Casi nadie que tenga un negocio escapa a este flagelo. Cómo será que, a principios de este año, a un comerciante muy reconocido en el municipio, unos hombres le entregaron personalmente, y a plena luz del día, una boleta en la que le pedían 2 mil millones de pesos como una “colaboración única”, un “apoyo a la causa”. Los empleados contaron que su jefe se desmayó cuando vio la cifra impresa en aquella hoja, y tras reponerse, abandonó el pueblo.
“Por lo menos el 90 por ciento del comercio urbano está extorsionado actualmente”, cuenta un habitante del pueblo. A su juicio, para muchos afectados la situación se ha vuelto insostenible porque cada comerciante recibe llamadas de dos o tres grupos distintos. “¿Entonces, finalmente, a quién tenemos que pagarle?”, han llegado a preguntarse, indignados.
“Los que tenemos negocios nocturnos estamos quebrados”, denunció otro comerciante de este municipio del Norte de Antioquia, que prefiere el anonimato. Pero esa crisis, según este ituanguino, no solo se debe a los grupos armados ilegales que, de un momento a otro, y tras la dejación de armas de las Farc, empezaron a llegar al pueblo, sino también a los daños presentados desde el pasado 12 de mayo en las obras de construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango, que terminó bloqueando la principal vía de acceso al municipio y afectando el transporte.
“Estamos colgados. La mayoría somos pequeños comerciantes que compramos el negocio con un préstamo y si alcanzamos a pagar los gastos de mantenimiento, no tenemos con qué a pagarle a los bancos”, explicó el comerciante consultado.
Ni siquiera los campesinos que habitan zonas alejadas del casco urbano se libran del chantaje económico que imponen grupos armados ilegales y que, a toda costa, quieren imponer su poder en este territorio, históricamente afectado por el conflicto armado y con profundas heridas que aún no han cicatrizado.
En veredas como Quebrada del Medio y en algunas más del corregimiento Santa Rita empezaron a llegar unos hombres que les exigieron un pago de cien mil pesos porque “ellos eran el grupo que iba a empezar a mandar en Ituango”. La situación empeoró cuando, ocho días después, arribaron a esas mismas fincas otros hombres armados con el mismo discurso y quince días después otro grupo distinto.
El asunto se volvió tan insostenible que muchos labriegos se cansaron de la presión y optaron por desplazarse de sus veredas con sus familias en silencio, sin denunciarlo siquiera ante las autoridades.
La mañana del domingo 10 de junio una mujer que viajaba en un bus que se dirigía del casco urbano de Ituango al corregimiento de Santa Rita, fue bajada del automotor en un sitio conocido como El Zancudo por unos hombres armados que la acusaron de sostener relaciones sentimentales con un soldado del Ejército. Minutos después la mataron frente a los demás pasajeros.
Ese hecho refleja el señalamiento del que son objeto los pobladores de este corregimiento por parte de grupos armados ilegales, que ha empezado a amenazar a varias mujeres a través de panfletos: “ustedes saben quiénes son, se metieron con los que no eran, tienen que abandonar el pueblo”.
Un líder de Ituango que conoce del tema explicó que algunas jóvenes de Santa Rita empezaron a sentirse amenazadas cuando se encontraron con hombres de los nuevos grupos armados ilegales en una discoteca y no aceptaron que ellos las sacaran a bailar. “No, es que nosotros no queremos meternos con ustedes”, les dijo una de las chicas. “¿Con nosotros no, pero con los guerrilleros sí?”, reclamaron airados y de inmediato las hicieron abandonar el caserío.
Lina Zuleta, coordinadora de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, aseveró que en la guerra a las mujeres se les violenta porque siguen siendo vistas como objetos: “Ahí se demuestra la violencia de uno de los dos actores. El que domina la mujer que está con el enemigo es el que domina el territorio”.
Los habitantes de Santa Rita se encuentran temerosos por la disputa armada que se registra entre grupos armados ilegales en sus alrededores. De la intensidad de la confrontación da cuenta el incremento de los homicidios en Ituango, que hasta finales de agosto ascendía a 48 personas, de acuerdo con datos de la Alcaldía.
La cifra supera los registrados en 2017, cuando se presentaron 17; y los del 2016, cuando solo se registraron dos muertes violentas. Claro está, este fue el año en que los ituanguinos respiraban un moderado optimismo luego de que se concretara la firma del acuerdo de paz y los miembros de las Farc empezaron a entregar sus armas y se concentraron en la vereda Santa Lucía para iniciar su retorno a la vida legal.
Sin embargo, la ilusión pronto se convirtió en preocupación cuando en los alrededores del municipio se empezó a tener noticia de la presencia de un grupo de entre 12 y 15 hombres fuertemente armados, de origen paramilitar, que, según decían, querían recuperar el territorio.
Una fuente especializada cuenta, bajo reserva, que desde finales de 2016 e inicios de 2017 ya se tenía la sospecha del ingreso de hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) provenientes del municipio de Peque y del occidente antioqueño, donde opera el Frente Occidente Juan de Dios Úsuga David. “Se veían, incluso, algunos exmiembros del Bloque Mineros de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizadas en 2005”, explica.
Dispuesta a frenar su avance y a retomar el antiguo poder de la insurgencia en esa región, esta estructura armada ilegal, sucesora del paramilitarismo, sostiene cruentos enfrentamientos, desde hace varios meses, con una disidencia del antiguo Frente 36 de las Farc que al parecer está bajo el mando de Ricardo Abel Ayala Urrego, alias de ‘Cabuyo’, exintegrante de la organización guerrillera quien, inicialmente, se integró al proceso de desmovilización, participando, incluso, en el proyecto de desminado humanitario en Briceño, pero que luego regresó a la ilegalidad.
Según la Alerta Temprana Nº 029-18 del 9 de marzo de este año, emitida por la Defensoría del Pueblo, la disputa entre estas dos organizaciones armadas se ha concentrado en la vereda Palo Blanco, muy cerca de la cabecera municipal, y en las veredas Chontaduro, El Zancudo, El Guadual y Monte Alto del corregimiento La Granja. El informe advierte que la mayor afectación de estas veredas se relacionaría con la concentración de la comandancia de los ‘gaitanistas’ en Palo Blanco y Chontaduro.
“La presencia de disidencias de las Farc en estos puntos –precisa el documento– podría estar relacionada con el interés de ‘cerrarle el paso’ al avance en mayor medida de este grupo posdesmovilización hacia el norte de Ituango. Propósito que ha sido explícito por las disidencias mediante mensajes pintados en viviendas civiles y placas polideportivas: ‘exterminar a paramilitares en Antioquia’”.
Tras estas primeras incursiones de las Agc en el municipio empezó a registrarse la muerte violenta de algunos exmiembros de las Farc, como la de Jesús Adán Mazo, antiguo jefe de milicias de esa organización y de otros exmiembros que, según algunos habitantes de la zona, obedecieron a ajustes de cuentas y a peleas por las llamadas ‘plazas de vicio’.
La cifra de homicidios comenzó a subir como no había ocurrido en los meses posteriores a la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc. En junio pasado fueron asesinados los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas Pascuitá, José Abraham García, y de El Mandarino, Francisco José Guerra, así como el líder barequero Julio César Sucerquia.
En el último año también retornaron las balaceras al casco urbano y la gente volvió a sentirse tan temerosa como en aquellos años en que paramilitares y guerrilleros ponían a prueba su poderío ejecutando masacres y tomas de poblados. En palabras de un habitante de Ituango, “regresó la desesperanza, algo que no creíamos que iba a llegar porque estábamos muy contentos con la tranquilidad”.
A esos actores armados se sumó la presencia, en el sur del municipio, de otro grupo de origen paramilitar conocido como el Frente Rubén Darío Ávila, de las Agc, proveniente del municipio de San José de Uré, sur del departamento de Córdoba. Además del Frente Virgilio Peralta Arenas o ‘Caparrapos’, una mezcla de exmiembros de los antiguos bloque Mineros y Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que en el pasado tuvieron presencia en los corregimientos La Caucana, de Tarazá, y Piamonte, en Cáceres.
En entrevista con VerdadAbierta.com, un miembro de la disidencia del Frente 36 de las Farc aseguró que su organización tiene un ‘pacto de no agresión’ con los ‘Caparrapos’ para combatir de manera conjunta a las Agc, pues esta organización los ha declarado objetivo militar. “Esto nos ha obligado a hacer ciertos acuerdos de no agresión, puesto que son los ‘gaitanistas’ los que están matando a los excombatientes de las Farc y a los líderes sociales”, dijo.
Ricardo Abel Ayala Orrego, alias ‘Cabuyo’, es oriundo de Montería y tiene 26 años de edad. En 2010 ingresó al Frente 36 de las Farc como miliciano en el municipio de Campamento (Antioquia), donde luego hizo parte de la Compañía Gerardo Torres en la comisión de finanzas. En la actualidad maneja las finanzas de esa organización producto del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Tiene una orden de captura.
Ramiro Antonio Niebles Carrascal, alias ‘Andrés’ o ‘Carnita’, oriundo de Barranquilla, tiene 39 años y lidera la disidencia del Frente 18 de las Farc. Se mueve en los corregimientos La Granja, Santa Rita y El Aro de Ituango. Según el Ejército Nacional, maneja las finanzas de la organización procedentes de la explotación aurífera, narcotráfico y secuestros extorsivos. Se retiró de las antiguas Farc al iniciar las negociaciones de paz con el gobierno nacional.
De acuerdo con un conocedor de la situación, que también solicitó la reserva del nombre, los denominados ‘Caparrapos’ manejan una línea más mercantil y tienen una activa disputa con los integrantes del Frente Julio César Vargas de las Agc, asentados en el corregimiento Barro Blanco, de Tarazá. Aunque ambos grupos son originarios del Bajo Cauca antioqueño, los habitantes de las veredas limítrofes de Ituango han denunciado su presencia en el oriente del municipio y temen que en un futuro cercano se registren disputas entre ellos y pongan en riesgo a la población civil.
En el mapa del conflicto local también se registra la presencia de miembros de la banda de ‘Los Pachelly’, una organización delincuencial proveniente del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, que prestan sus servicios a modo de franquicia a los grupos ilegales que operan en la zona.
Según una fuente experta en conflicto armado, ellos hacen presencia desde el 2014 en el sector Pío X, muy cerca del casco urbano de Ituango, y se convirtieron en el primer asomo de la presencia de las Agc en esa población, manejando el negocio del microtráfico e incentivando en los jóvenes el consumo de drogas sintéticas en áreas urbanas y rurales.
Esa misma fuente reveló que ‘Los Pachelly’ son responsables de manejar el negocio del microtráfico de estupefacientes y de explotación sexual de niñas y jóvenes en el Valle de Toledo al parecer para el servicio de algunos empleados del proyecto energético de Hidroituango.
De otra parte, aunque la guerrilla del Eln no hace presencia directa en el municipio, la Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo reseña el riesgo que plantea la intención de ese grupo armado ilegal de incursionar a este municipio, bien por el lado oriental, donde tienen fuerte presencia en especial en el sur de Bolívar, en el Nordeste y en el Norte de Antioquia; bien por el lado occidental a través del Frente de Guerra Occidental que viene avanzando desde el Chocó y de ahí al occidente antioqueño.
En Ituango hay una confrontación entre siete grupos armados ilegales diferentes, lo que pone en riesgo la seguridad de los pobladores de este municipio y ha generado el éxodo forzado de familias hacia Medellín y otras poblaciones de la región.
A julio de este año, la Personería de Ituango había registrado el desplazamiento de 75 familias. Sin embargo, líderes del municipio advierten que la cifra podría superar las 500 familias, lo que multiplicado por cuatro –que es el número promedio de miembros por familia– podría llegar a dos mil personas. “El registro oficial de la Personería no refleja las cifras oficiales porque a mucha gente no les da tiempo de ir o le da temor hacer el denuncio”, dijo uno de ellos.
Los siguientes son veredas y corregimientos en riesgo
Veredas Palo Blanco, Santa Bárbara, Buena Vista, Santa Ana, El Cedral, Bajo Inglés, El Amparo, Peña, La Florida, Guacharaquero y La Honda
Corregimiento Santa Rita: veredas La Francia, La Soledad y Quebradona.
Corregimiento La Granja: veredas Chontaduro, El Zancudo, El Guadual, Monte Alto, Ciénaga, El Socorro, Conguital, San Agustín de Leones, y El Mandarino, Cenizas, El Olivar y Santa Lucía.
Corregimiento El Aro: veredas Torrente y Organí.
El reclutamiento forzado, según otro líder social, ha sido uno de los mayores detonantes del desplazamiento que ha venido aumentando en el último año en Ituango. “O trabaja con nosotros o se tiene que ir del pueblo”, le advierten los grupos armados ilegales a los jóvenes y muchos padres, sin más alternativa, prefieren abandonar sus casas que dejar a sus hijos trabajar con estas organizaciones criminales. Otro factor de desarraigo son las extorsiones y las amenazas constantes ante el señalamiento de pertenecer o ser colaborador de uno u otro grupo.
Hay, además, un elemento de carácter simbólico que, según un experto en conflicto, es necesario tener en cuenta al analizar lo que ocurre en esta región, y es que desde la lógica paramilitar Ituango representó ese municipio donde las Auc nunca se pudieron asentar.
“Entonces, en la medida en que los territorios son vaciados por los ahora excombatientes de las Farc que se sumaron al proceso de reincorporación, es un territorio apetecido por los paramilitares. Es un trofeo pendiente”, explicó el especialista consultado.
Esa amalgama de actores armados en Ituango se produce luego de que los miembros de las Farc se desmovilizaran y sus antiguos dominios quedaran a merced de nuevas estructuras criminales, cuyo interés primordial es controlar una zona estratégica para la producción, transporte y comercio de estupefacientes, así como para el trasiego de armas e insumos entre el norte y el centro del país.
La Defensoría del Pueblo advirtió desde marzo pasado que los habitantes del casco urbano de Ituango, de los corregimientos de El Aro, la Granja y Santa Rita, y de 28 veredas más, así como de la comunidad indígena Embera del Resguardo Jaidukamá, están en riesgo por la amenaza que representa la presencia de grupos armados ilegales.
La agencia del Ministerio Público aseguró que el enfrentamiento armado entre disidencias del Frente 36 y los ‘gaitanistas’ ha ocasionado entre las comunidades rurales y urbanas un profundo temor ante la posibilidad de ser estigmatizada como perteneciente o colaboradora de alguno de los grupos ilegales.
Todo ello ha generado un profundo miedo, que es palpable en el casco urbano: la gente mira con desconfianza al desconocido y prefiere resguardarse en sus casas al final de la tarde y no salir a la calle en las noches. “Lo que uno menos quiere es estar en la calle dando ‘papaya’, exponiéndose, porque cuando menos piensa se enfrentan entre ellos mismos y uno puede estar en la mitad. Así no se puede vivir, esto no es calidad de vida”, se queja un habitante del municipio.
En el campo, la situación es muy similar, sobre todo porque los actores ilegales han ordenado a los campesinos que nadie debe salir de sus casas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente. Incluso, muchas personas para ingresar a las veredas deben pedir hasta dos y tres permisos distintos para no tener ningún inconveniente.
La zozobra que padecen los habitantes de Ituango es muy similar, según varias fuentes consultadas, a la que se vivió hace diez o quince años. Por eso el llamado recurrente que hacen al gobierno nacional para que lleve soluciones puntuales a sus problemas más inmediatos. “Yo digo que tiene que ser con una pedagogía diferente, no una presencia represiva y sin maltratar al otro”, sugirió el padre Carlos Ignacio Cárdenas, párroco del municipio. “Y también les digo a los grupos al margen de la ley, hombre, no extorsionen, no vacunen, déjenos vivir en paz que ya es hora de que nosotros caminemos solitos”.
Para contrarrestar las acciones de estos grupos en un municipio que, en palabras del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se ha convertido en “un dolor de cabeza”, la Cuarta Brigada del Ejército hace presencia con el Batallón de Artillería Nº 4 y un batallón de desminado humanitario. Estas operaciones, según el general Juan Carlos Ramírez, han permitido afectar en un 29,6 por ciento las disidencias del Frente 36, que se han unido a las disidencias del Frente 18.
“Con esto queremos demostrar que las operaciones que estamos realizando en el Norte de Antioquia cada vez dejan más solo a alias ‘Cabuyo’”, dijo el alto oficial y, de paso destacó la captura, en agosto pasado, de un hombre al que las autoridades identificaron de manera pública solo con el alias ‘Pelusa’, al parecer un importante integrante de las Agc, “quien determinaba los homicidios que esa estructura delincuencial debía ejecutar para que los habitantes de la zona pagaran extorsión”.
El reto para las entidades estatales sigue siendo grande en un municipio que por su violencia histórica y por la ausencia estatal, requiere de un acompañamiento permanente y en la actual coyuntura se podría convertirse en un laboratorio para el proceso de transición que vive el país.
Además, desde hace algunos años se ha empezado a conocer el potencial que tiene la región en metales como oro, plata, cobre, níquel y minerales preciosos. y en el que, según el Mapa Minero de Antioquia de la Secretaría de Minas del Departamento, hay en la actualidad 58 proyectos mineros, de los cuales han sido otorgados nueve títulos, cuatro más están en proceso de legalización y 45 en solicitud. Este potencial minero significa que cerca del 80 por ciento del territorio pueda ser zona de explotación en el futuro.
Fuente: Ejército Nacional y Defensoría del Pueblo.
La puja por estas concesiones y su eventual explotación, más la presencia de actores armados ilegales, concentra un nuevo riesgo para este municipio y podría prolongar el conflicto armado que durante más de cuatro décadas ha vivido esta región.
(*) Nombres cambiados y omitidos para proteger a las fuentes consultadas.
Fotografías: Rafael Mayo
