En el denominado Primer Diálogo Público por la No Repetición, defensores de derechos humanos de diferentes departamentos, autoridades regionales, funcionarios del gobierno nacional, delegados de agencias internacionales y miembros de la sociedad civil, hablaron durante casi tres horas sobre la tragedia humanitaria que azota a quienes asumen causas comunitarias.
“Para la Comisión, la pregunta sobre el asesinato de los líderes es central. Tenemos la lista de 4.757 personas, de líderes colombianos de la más alta calidad… ¿Cómo es posible que un número tan grande de personas haya muerto?”, planteó el sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien preside de esa corporación, creada en el Acuerdo de Paz, al darle apertura a ese encuentro.
Aunque la Comisión de la Verdad tiene como mandato producir un informe en 2021 que dé cuenta de los orígenes y efectos del conflicto armado para contribuir a la no repetición de la violencia, el cual no tendrá carácter judicial, inauguró ese espacio para promover públicamente una discusión alrededor de preguntas que el país no ha encarado. De ese modo, pretende que los colombianos entiendan por qué siguen ocurriendo hechos violentos.
Ese conversatorio fue un nuevo intento para tratar de frenar una ola de violencia que desde hace más de diez años golpea a los líderes sociales, que se agudizó con el avance de las negociaciones con las Farc y la implementación del Acuerdo de Paz. Uno de los principales mecanismos de las organizaciones sociales es denunciar los asesinatos y emitir periódicamente informes de contexto; a la par de realizar incidencia en el exterior, campañas de sensibilización en medios de comunicación y marchas en diferentes ciudades.
¿Por qué son asesinados?
Esa pregunta fue el punto de partida de la discusión. Marylen Serna, integrante de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, señaló que el principal factor de riesgo que padecen se debe a la defensa de los territorios, los cuales son disputados por diferentes actores, para hacerse con los recursos de su biodiversidad.
También aludió a las políticas de desarrollo que busca implementar el Estado, las cuales van en contravía de las necesidades de las comunidades: “Levantamos esa voz critica, nos movilizaos y eso hace que haya una arremetida contra esas formas de expresión, que también son de la democracia. Creo que reclamar los derechos de las personas y de la naturaleza nos ha puesto en una alta vulnerabilidad. Y concluyó: “Eso nos pone en alto riesgo porque el gobierno nos ve como una amenaza y debería vernos como una posibilidad del desarrollo y la realización de la democracia en Colombia”.
Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, Chocó, ocurrida el 2 de mayo 2002, llamó la atención de que el Pacífico es la región donde más persecución y asesinatos de líderes sociales ocurren en el país; y de pasó cuestiono el pobre accionar de la justicia para sancionar esos casos y de las agencias del Estado para atender efectivamente las alertas temprana que emite la Defensoría del Pueblo. (Leer más en: Ser líder social en el suroccidente, una labor de riesgo extremo)
En su concepto, ser líder social es el trabajo más peligroso de Chocó por el abandono histórico que ha padecido: “Como los líderes reclamos esa necesidad de que el Estado haga presencia, nos volvemos un problema más. Ahí entramos en una conflictividad porque una gran porción de los funcionarios públicos nos ve como una amenaza, incluso se atreve a señalarnos con grupos armados porque reclamamos derechos y defendemos la tierra”.
En cambio, Andrés Chica Durango, defensor de derechos humanos en el sur de Córdoba, señaló a la corrupción política y al paramilitarismo, como los principales factores de violencia contra los líderes sociales de ese departamento. “Es menester ver la corrupción y al líder como esa persona que, si no cae en el juego de ser corrupto, es víctima o despojado del territorio”, precisó.
Para Alcibiades Escué, indígena Nasa y alcalde del municipio caucano de Toribío, la violencia contra los líderes sociales, especialmente contra los étnicos, obedece a falta de diálogo y de compresión de sus proyectos de vida, por parte de diferentes sectores del país.
“Mientras para los pueblos (indígenas) el territorio es madre y hay que hacer uso racional y respetuoso, para los no indígenas es riqueza y hay que extraerlo. Ese tema de extraer no lo hemos dialogado y tenemos profundas diferencias. La política y estrategia económica del país nos está conduciendo a mantener niveles de violencia: los riesgos de los líderes y del país son porque no nos estamos encontrando para dialogar”, planteó. En medio de esa discusión también está la violencia que generan actores armados que buscan lucrarse con la minería criminal, el tráfico de armas y el narcotráfico.
Por otro lado, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, señaló que parte de la violencia contra los líderes sociales proviene de la tradición política que relacionó a la protesta y al liderazgo social con connotaciones negativas: “Antes de la Constitución Política de 1991 lo que importaba era cómo eliminar al enemigo interno: el que hacía protesta social estaba ideologizado y le incomodaba al sistema, al punto que Colombia se gobernó durante muchas décadas por el Estado de Sitio”.
Al respecto, indicó que desde el Ministerio Público han planteado que la solución a la protesta social no son las armas: “El conflicto armado pasó a ser un conflicto social y su solución es el diálogo con el que piensa distinto a uno. Estábamos acostumbrados a pensar todos en la misma dirección porque todos éramos iguales, y resulta que de la noche a la mañana descubrimos que no todos éramos iguales y para eso está la Constitución Política de 1991”.
También se refirió a los ataques que ha sufrido la implementación del proceso de paz. “Quienes están empecinados en que hay que sepultar los acuerdos e impedir que funcione la institucionalidad derivada de los acuerdos, están jugando a que se demuestra la imposibilidad de la paz aniquilando a quien tiene el liderazgo social. Esa era la solución tradicional y sigue siéndolo en los territorios”, cuestionó.
Camilo Romero, gobernador del departamento de Nariño, quien le ha apostado con fuerza al proceso de paz, considera que los líderes sociales son asesinados por exclusión: para no permitir que en el país haya más y mejor democracia.
“Lo que ocurre en esta democracia es una pugna de intereses; y básicamente de mantener los intereses, que son económicos y políticos, en concreto de poder. No se ha permitido una transformación desde un poder corrupto, criminal e inteligente. Eso nos ha llevado a una exclusión”, aseguró.
Y acto seguido planteó que ser líder social en Colombia es tan peligroso como ser miembro de algún grupo armado ilegal. Esa afirmación la sustentó en cifras de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Defensa, que dan cuenta de que en 2018 la diferencia entre defensores de derechos humanos asesinados y combatientes irregulares dados de baja por la Fuerza Pública fue de seis. “Lo que quiero decir es que tanto confronta nuestra institucionalidad del Estado, con nuestra Fuerzas Militares, que logran la baja de 184 personas en combate, y la criminalidad (el asesinato de) 178 líderes sociales en democracia. Eso nos demuestra que sigue en el corazón de este país el gran debate por buscar más y mejor democracia”, concluyó.
Una mirada similar expuso Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la ONU en Colombia, quien considera que son para perpetuar un status quo: “Hay sectores que viven de la discriminación étnica y de género, viven de la inequidad, viven de imponer un desarrollo que para unos es más desarrollo que para otros. Entonces, en ese sentido, el acallar a los defensores que están fastidian, porque son la antítesis de un modelo, es el atentado que hacen la democracia”. Y reiteró: “Eso es lo que intentan ciertos sectores: imponer ciertos modelos y ciertos negocios, sobre todo cuando se trata de negocios ilegales”
Obstáculos institucionales
De Roux les preguntó a los invitados por aquellos obstáculos que impiden que las autoridades reaccionen de manera efectiva para proteger la vida de los lideres sociales. El primero en responder fue el procurador Carrillo: “De alguna manera el liderazgo social es una especie de piedra en el zapato, esa es la consideración que tiene una buena cantidad de gente”. (Leer más en: 2018: el año más violento para los líderes sociales en una década)
A continuación, Marylen Serna, de la Cumbre Agraria, llamó la atención sobre los modelos democráticos y económicos que prevalecen en el país. A su juicio, “en Colombia tenemos un modelo económico de exclusión; un modelo político que desconoce la diferencia, la oposición, el pensamiento distinto; y un modelo jurídico nos trae una alta potencialidad de impunidad”.
Al respecto, el alcalde Escué detalló que ante las afectaciones de la guerra de su municipio se enfrentó a una institucionalidad muy limitada por las normas, con bastantes barreras para su actuación y con escasos recursos económicos: “Hay una brecha de separación entre lo que es el sector social, los pueblos indígenas, y la misión institucional. Creo que esa brecha vale la pena trabajarla”; y propuso un mayor nivel de articulación interinstitucional, tanto pública como privada.
De Roux volvió a tomar la palabra para reflexionar sobre la incapacidad del Estado, tanto al final de la administración del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) como la que Iván Duque, que lo sucedió, para ocupar de manera efectiva, tanto militar como institucionalmente, los territorios abandonados por la antigua guerrilla de las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz: “Es una pregunta asociada al asesinato de líderes porque como no llegó el Estado, el Eln ocupó esas zonas, las disidencias, los ‘gaitanistas’, y cuando salieron los líderes a confrontar esta situación las muertes de los líderes se aceleraron. ¿Por qué no se hizo eso?”.
El cuestionamiento del sacerdote jesuita fue dirigido al representante del gobierno nacional en este diálogo, Ricardo Arias, viceministro encargado para la participación e igualdad de derechos, quien enfocó su respuesta en hacer referencia a la falta de resultados de la cantidad de compromisos que se hicieron en el pasado con diversas comunidades en el país, muchas de las cuales “se quedaron en el papel”, y no en lo preguntado por De Roux.
En su intervención, Arias aludió a la falta de propuestas de la Mesa Nacional de Garantías, constituida tras el Acuerdo de Paz y conformada por representantes del gobierno nacional y la sociedad civil: “Qué importante fuera que en ese espacio se hubieran presentado propuestas, más allá de fechas para próximas reuniones. Aquí hay un desgaste de reuniones, de comités, de subcomités, de decretos, que después de allí no queda algo concreto para la comunidad”.
El gobernador Romero retomó la pregunta sobre la actuación de la institucionalidad y puso como ejemplo lo que viene ocurriendo en su departamento con los cultivadores de hoja de coca para uso ilícito, quienes sólo le han visto la cara al Estado cuando llega a erradicar sus sembradíos y destruir los entables donde se produce la base de coca, sin alternativas de sustitución. (Leer más en: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
“Lo que nos ocurre en buena parte de la cordillera y en nuestro Pacífico nariñense no es otra cosa que un dilema fundamental que debe asumirse como reto para nuestra democracia e institucionalidad: ¿quién ha entendido mejor el valor estratégico como un departamento como Nariño? Con su posición estratégica, ha sido mejor leída, mejor entendida, por la criminalidad y la delincuencia que por el Estado y su institucionalidad”.
Y reforzó su exposición con varias preguntas: “¿Cómo es posible que a un joven de Tumaco le oferte un grupo al margen de la ley un millón y medio de pesos mensual para que haga parte de sus filas y el Estado colombiano no tenga la posibilidad de ofertarle universidad pública gratuita y de calidad? ¿Cómo es posible que toda la ciudadanía de la costa Pacífica, diez municipios, dos del pie de monte costero, no tengan la posibilidad de tener un hospital de segundo nivel en un estado decente?”.
A su vez, María Doris Rivera, lideresa del departamento de Meta, cuestionó a quienes dicen que la distancia de varias regiones del país es un obstáculo para que la institucionalidad actué. A su juicio, lo que se requiere es mayor voluntad de los funcionarios: “Cuando hay esa voluntad política de los funcionarios y las instituciones, se puede”. Y para sustentar su mensaje, puso como ejemplo al procurador Carrillo y al defensor nacional del Pueblo, Édgar Negret, a quienes ha tenido la oportunidad de acompañarlos a regiones donde el Estado no ha llegado.
“Pero también se necesita que a nosotros los líderes y a las organizaciones sociales se les legitime, se les reconozcan los procesos que históricamente han adelantado en las regiones. Es muy triste que algunos alcaldes digan que los defensores de derechos humanos no existimos, que no hay organizaciones sociales, pero entonces cuando hay estigmatizaciones, sí existen esas organizaciones sociales y que son supuestamente de la guerrilla”.
La comisionada Patricia Tobón retomó la palabra y expresó que “tenemos mucho miedo para hablar y para responder a las preguntas difíciles”, lo que a su juicio tiene un efecto negativo: “Hace que el país siga postergando resolver asuntos que son propios de nuestra realidad”. Y se refirió a preguntas sobre “¿cómo hacemos seguridad en la selva?, ¿cómo se administra justicia en esos territorios alejados?”.
En ese sentido, lanzó dos preguntas adicionales a los invitados a este diálogo: “¿Como instituciones, como sociedad y como comunidad tenemos lo que necesitamos para resolver un problema cíclico, histórico, como el que hemos tenido? ¿Qué nos hace falta para encontrar caminos conjuntos para la no repetición?”.
Al respecto, Claudia Jiménez, quien proviene del sector de la minería a gran escala, advirtió que hay una total desconexión entre quien hace la política pública para que sea implementada a nivel nacional y los territorios. “Hay una falta de conexión, de lectura del entorno, de las necesidades de las regiones, que son disimiles. Debe haber una mayor conexión entre quien hace la política pública, quien está llamado a implementarla y quien está llamado a recibirla, como beneficiario”.
Y para respaldar su respuesta, retomó la pregunta de De Roux sobre la falta de previsión de la salida de las Farc y el copamiento por parte de la institucionalidad: “No me cabe otra respuesta y es porque se estuvo desconectado del territorio, de quiénes eran los actores reales en algunas partes del país”.
¿Qué hay que hacer?
El director de la Comisión de la Verdad recogió las inquietudes que se hacen en diversas regiones del país sobre las estrategias que se deben adoptar para proteger a los líderes sociales y frenar el desangre que desde hace varios años se registra en el país. En la exposición de la pregunta, hizo referencia a un tema que está en la agenda de los medios desde hace varias semanas: las ejecuciones extrajudiciales.
“Hay preguntas que uno se hace, como esta: ¿Y por qué no cambiar el sistema de incentivos que hay y en lugar de premiar a los policías y a los miembros del Ejército que presentan más personas muertas en los territorios en medio del conflicto, premiamos a los miembros del Ejército y la Policía que muestran que en ese municipio no hubo ningún muerto y en ese departamento no hubo ningún muerto?”, planteó De Roux.
Al respecto habló Andrés Chica, líder de Córdoba, quien dijo que desde diversas plataformas sociales han propuesto el fortalecimiento de las guardias Campesina, Cimarrona e Indígena como mecanismo propio para brindar garantías a las comunidades. “Creemos que las respuestas que a veces se da de militarizar el territorio no disminuyen el riesgo de muerte de líderes”, afirmó y puso como ejemplo el sur de su departamento, donde a pesar de la llegada de por lo menos tres mil soldados a comienzos de enero de este año se ha registrado el asesinato de cuatro líderes en estos meses.
Chica también hizo referencia a propuestas que han presentado en el pasado, entre ellas una “reingeniería” a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad encargada de brindar seguridad a los líderes sociales: “Mientras eso no pase, seguiremos hablando de unas garantías inoperantes como un chaleco, un botón de pánico, en una vereda donde ni siquiera hay señal”. (Leer más en: “La mejor manera de tener seguridad es que se respeten los territorios”)
El representante de las víctimas de Bojayá propuso, por su parte, pensar en la institucionalidad étnica y expuso que el país avanzó en reconocer a los afros como autoridades en administrar sus territorios ancestrales en la Constitución Política de 1991, pero, según él, “eso quedó en papel”, y planteó por qué.
“Esos consejos comunitarios (instancia de gobierno propio) son nombrados como máxima autoridad, pero vamos a ver en la distribución presupuestal qué participación tiene. Ninguna. Entonces yo creo que la institucionalidad colombiana tiene que dar un paso y es reconocernos como entidades administradoras y gestionadoras de nuestro territorio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir que nos administren otros?”, dijo Palacios.
La lideresa de Meta fue enfática en responder qué hacer para evitar el asesinato de lideres sociales: “Se requiere cumplir lo pactado con las Farc en La Habana”. Y, además, insistió en que también se deben cumplir los pactos que se han hecho con los gobiernos municipales y departamentales en temas de garantías para los líderes sociales, las comunidades campesinas y las mujeres, jóvenes, niñez y adultos mayores.
Para el procurador Carrillo la clave en todo esto es “articular, coordinar y una reacción social” frente a lo que pasa, que calificó como “la decapitación de los liderazgos del futuro”. Y agregó que cree más en los controles sociales que en la expedición de más normas
Serna, de la Cumbre Agraria, sumó opciones de acción y reiteró que se requiere voluntad política del gobierno nacional para reconocer que “hay un problema serio que es el problema de la vida, de cómo reconstruir los territorios y de garantizar que la gente viva en condiciones de dignidad”.
El gobernador de Nariño reiteró la idea de la falta de voluntad para solucionar los graves problemas que afrontan diversas regiones del país y tomó como ejemplo, de nuevo, su departamento, uno de los más golpeados por la violencia tras la firma del Acuerdo de Paz.
“Advertimos lo que está sucediendo desde marzo de 2016. Se lo dijimos al presidente Santos en el primer consejo de seguridad que me correspondió como gobernador en Tumaco. ‘Presidente, Tumaco se va a quedar viendo la paz por televisión’. Todas las advertencias posibles”, afirmó Romero y resaltó que viene ocurriendo todo lo que se advirtió. “Eso no puede ser, que la institucionalidad no sea capaz de activar la escucha y evitado lo que hoy Tumaco tiene”.
El mandatario también abordó la pregunta sobre porqué la institucionalidad no recuperó de manera efectiva los territorios que abandonaron las antiguas Farc en su camino a la legalidad y planteó que “se dieron todos los empeños de lograr la firma (del Acuerdo de Paz), pero no la implementación”.
Aseveró que en 2017, cuando a su juicio, era el año de la implementación del Acuerdo, en su departamento no llegó la Fuerza Pública a copar los territorios que dejaron las Farc. “Es una realidad nuestra, fue una falta de estrategia en la implementación de la paz”.
En el cierre de esta primera jornada de los Diálogos para la No Repetición, el padre De Roux dijo que todo lo dicho en esta conversación será retomado por la Comisión para elaborar nuevas preguntas que las llevarán a diversas regiones del país, así como otros temas que calificó como “muy fundamentales” que plantea el esclarecimiento de la verdad.
“Y queremos ir más allá. Queremos contribuir a establecer responsabilidades sociales, responsabilidades éticas, responsabilidades institucionales, responsabilidades políticas en el sentido más grande, para que la sociedad toda contribuya a que esto no siga entre nosotros”, planteó el director de la Comisión de la Verdad.
