Un informe preparado de manera conjunta por varias organizaciones muestra aspectos inquietantes alrededor de las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de quienes representan y defienden los intereses de sus comunidades, entre ellos, que el Instituto de Medicina Legal no ha reportado algunos homicidios.

Colombia vive una paradoja desde que se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y la desaparecida guerrilla de las Farc: mientras se registra una disminución del número de víctimas mortales por cuenta de la violencia derivada del conflicto armado, se evidencia un aumento de las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Preocupados por esos incrementos, ocho organizaciones, con fuerte presencia regional y trayectoria en el análisis social y político, se dieron a la tarea de buscar elementos en común que les permitiera establecer algunos patrones para determinar lo que ocurre alrededor de estos crímenes, cuya preocupación por su ocurrencia e impunidad ha trascendido las fronteras. (Leer más en: Tragedia de líderes sociales en Colombia toca las puertas en Europa)

La base de la investigación, titulada ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo, son los 257 homicidios cometidos entre el 24 de noviembre de 2016, día de la rúbrica en Bogotá del Acuerdo de Paz, y julio 31 de este año. (Descargar documento)

La información fue aportada por las organizaciones que se aliaron para preparar este informe: La Confederación Nacional de Acción Comunal; el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional; la Comisión Colombiana de Juristas; el Centro de Investigación y Educación Popular; el Programa Somos Defensores; la Asociación Campesina del Catatumbo; y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

Tras el análisis de los datos, se estableció que, de esas 257 violaciones al derecho a la vida, 215 afectaron al género masculino; 38 al género femenino; y 4 a la población LGBT. Uno de los primeros hallazgos determinó que, de los crímenes contra las mujeres, por lo menos siete de ellas “fueron asesinadas con sevicia sobre sus cuerpos, deformándolos y en algunos casos perpetrando violencia sexual”.

Con respecto a los responsables de esos homicidios, reseña el informe que en 118 casos se desconoce la autoría; mientras que en otros 35 es posible determinar que, por las características de los homicidios, se trata de un grupo armado, aunque se desconoce cuál es. En 106 de los casos, 44 se les atribuyen a grupos paramilitares; 19 más a grupos conformados por desertores o disidentes de las Farc; 14 a agentes de la Fuerza Pública; y 8 a la guerrilla del Eln.

Otro de los aspectos sobre los cuales el informe llama la atención es el tipo de arma empleada para segar la vida de líderes y defensores de derechos humanos: 212 homicidios fueron perpetrados por armas de fuego; 12 más con arma blanca; y 3 con arma contundente.

De acuerdo con los análisis sobre las épocas en lo que ocurrieron las violaciones al derecho a la vida, el documento reseña que algunos picos coincidieron con jornadas pre y poselectorales, como las del Plebiscito por la Paz en octubre de 2016; el inicio de la campaña electoral por la Presidencia de la República en diciembre de 2017; y la primera y segunda vuelta de elecciones presidenciales en mayo y junio de 2018.

“El pico más alto del periodo abordado se presentó, según nuestros registros, en julio de 2018, después de la segunda vuelta presidencial”, resalta el documento, pero algo que llama la atención es que “los picos más altos de violaciones al derecho a la vida se presentaron entre los meses de diciembre y enero de 2016 y 2017. Al parecer, los finales y comienzos de año son los periodos más críticos en cuanto a los riesgos de comisión de violaciones al derecho a la vida contra líderes y defensores(as) de derechos humanos; esto puede deberse a que en esas épocas el país se encuentra distraído por las festividades decembrinas y las vacaciones”.

Otro de los patrones hallados tras el análisis de los 257 casos preocupa a quienes prepararon este informe: “Al llevar a cabo el ejercicio de correlación entre las variables de nuestro listado y las de los homicidios reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, encontramos que en algunos casos no aparecen registrados por este último algunos homicidios que sí se encuentran en nuestro registro”.

Esa situación se evidenció en el municipio de López de Micay (Cauca), de donde Medicina Legal no tiene registros de homicidios para el año 2017, pero las organizaciones registran dos homicidios de líderes.

Asimismo, en Puerto Nare y San Rafael (Antioquia), Medio Baudó (Chocó) y Ciénaga de Oro (Córdoba), donde “Medicina Legal no tiene registros de homicidios para el año 2017 y nosotros tenemos registrado un homicidio de líderes en cada uno”. Mientras que Magüí Payán (Nariño), las organizaciones establecieron que fueron asesinados dos líderes sociales mientras que Medicina legal reporta un solo homicidio.

“Es decir, en siete municipios se registraron asesinatos de nueve líderes sociales y defensores(as) de derechos humanos en los que Medicina Legal no tiene registrado ni un homicidio”, concluyen las organizaciones en su informe.

VerdadAbierta.com se vinculó al informe de las organizaciones sociales y aportó los perfiles de cinco de los 423 líderes sociales que, según la Defensoría del Pueblo, fueron asesinados entre 2016 y noviembre de este año. Uno más, que incluimos en este especial lo elaboraron desde el Movimiento Ríos Vivos.

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Contexto dramático

El pasado jueves 13 de diciembre se conmemoró el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Lamentablemente, para el caso colombiano, es muy poco lo que se pueda celebrar por la incesante ola de violencia que los azota.

De acuerdo con el más reciente reporte del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, 164 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinatos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año. La mayoría de las víctimas dedicaban sus esfuerzos a causas comunales (62), campesinas (26), comunitarias (22) e indígenas (21).

Los departamentos donde más asesinaron en ese periodo de tiempo son Cauca (30), Antioquia (24), Norte de Santander (18), Valle del Cauca (12), Nariño (11), Meta (10), Caquetá (9), Putumayo (9), Arauca (6), Chocó (6) y Córdoba (5). Llama la atención que la mayor cantidad de esas muertes ocurrió durante el trimestre de las elecciones presidenciales, cuando, entre los meses de junio y agosto, fueron asesinados 60 defensores de derechos humanos.

Fuente: Defensoría del Pueblo.

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Lo paradójico de esa violencia es que empezó a escalar sin cesar desde mediados de 2014, cuando se dieron avances concretos en las negociaciones de paz que desarrollaba el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. A partir de ese momento, las amenazas y los asesinatos aumentaron año tras año; y a pesar de las denuncias y de los periódicos informes que realizan diversas organizaciones sociales, ese desangre no se ha podido detener.

Precisamente, esa multiplicidad de registros se ha convertido en un obstáculo para enfrentar la situación, pues el gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación los desconocen, incluyendo los elaborados por la Defensoría del Pueblo, y sólo tiene en cuenta los casos procesados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que por lo general presenta las cifras más bajas. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)

Tras la dejación de armas de la guerrilla de las Farc, el gobierno Santos expidió el Decreto 2124 que reformó la manera como se expiden las alertas tempranas, dándole autonomía a la Defensoría del Pueblo para que las emita sin la autorización de un comité externo que estaba en cabeza del Ministerio del Interior; y la Fiscalía ha dado algunos resultados en materia de judicialización. Sin embargo, ambas respuestas no han sido suficientes. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después y Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)

Ahora, el nuevo gobierno nacional, encabezado por el presidente Iván Duque, firmó el denominado Pacto por la Vida y la Protección de los Líderes y Defensores de Derechos Humanos, y en su cumplimiento creó la Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO) para coordinar la acción estatal en aras de frenar ese desangre de líderes.

Como primeras medidas, anunció que sus acciones iniciales se concentrarán en Ricaurte y Santander de Quilichao, municipios de Nariño y Cauca, respectivamente. Además, que creará una matriz de información para que todas las instituciones, del orden local al nacional, tengan acceso a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en tiempo real para que adopten medidas eficientes y así mitigar los riesgos advertidos.

Mientras tanto, el apoyo de amplios sectores de la sociedad civil a los líderes sociales ha sido constante y en el transcurso de este año se sintió con fuerza. Primero con una velatón el 6 de julio y después con la campaña Voces a pruebas de balas que destaca, con testimonios de viva voz, las luchas de once defensores de derechos humanos que se encuentran amenazados de muerte.