Ayer en la mañana, un número aún no determinado de campesinos murieron y decenas resultaron heridos en medio de un operativo de erradicación forzada de hoja de coca adelantado por tropas de la Policía y del Ejército en zona rural de ese municipio de Nariño. Este lamentable hecho devela las dificultades de implementar el Acuerdo de Paz firmado con las Farc en el municipio con más hectáreas sembradas en el país. Líderes afros fueron declarados objetivo militar por un grupo armado ilegal.
El ataque ocurrió en la vereda Tandil, del corregimiento Llorente, en donde los campesinos hicieron un cerco humanitario para impedir la erradicación de cultivos de coca. Foto: archivo particular.“Sabemos por diálogos con oficiales de la Policía Nacional Antinarcóticos en Tumaco, que se tiene como prioridad la erradicación forzada de nuestro territorio, lo que podría acarrear un nuevo conflicto y movilizaciones, lo que consideramos ilógico, pues si se ha manifestado la voluntad de sustituir, por qué se sigue insistiendo en esa práctica forzosa e inconsulta”.
Esa alerta fue emitida el pasado 16 de junio por la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), que representa a las casi 8 mil familias que habitan esa región del corregimiento de Llorente, que ayer fue escenario de un operativo estatal que dejó entre 5 y 15 campesinos muertos -según la fuente que se consulte- y medio centenar de heridos. En la misiva, le insisten al gobierno nacional, a las Farc y a Naciones Unidas que tienen voluntad de acogerse al programa voluntario de sustitución de cultivos y piden el retiro de los erradicadores para sentarse a dialogar en una mesa de muy alto nivel.
A pesar de la misiva, el programa de erradicación forzada continuó en la región. Para impedir su avance, las comunidades campesinas se movilizaron desde el pasado 28 de septiembre hacia la zona de Puerto Rico para impedir que les arranquen las matas con las que logran subsistir y exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz. El momento más traumático ocurrió ayer hacia las diez de la mañana cuando un piquete del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) llegó en helicóptero a proteger los equipos de erradicación y a las tropas del Ejército y de la Policía. Lo que vino después fue trágico: 14 personas perdieron la vida y más de 50 tienen heridas de diversa gravedad.
El Ejército y la Policía emitieron un comunicado de cinco puntos en el que explican que un grupo disidente de las Farc, al mando de un hombre conocido con el alias ‘Guacho’, lanzó por lo menos cinco cilindros-bomba contra la Fuerza Pública y la multitud, y luego abrió fuego de manera indiscriminada. (Ver comunicado)
Una fuente que conoce en detalle las dinámicas actuales de Nariño, le explicó a VerdadAbierta.com que alias ‘Guacho’ abandonó las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), una de las disidencias de las Farc en Tumaco, para montar su propio grupo. (Ver más: En Tumaco se disputan el poder que dejan las Farc)
Altos oficiales del Ejército y Policía, destacados en la región, detallaron a medios de comunicación que a la llegada de los erradicadores a una amplia zona de cultivos de hoja de coca, acompañados por tropas combinadas de la Policía y del Ejército, se presentó un cerco por parte de los campesinos y por tal razón recibieron apoyo del Esmad que llegó en helicóptero. Cuando estaban desembarcando, recibieron disparos de ametralladora y les lanzaron los cilindros-bomba durante cerca de 45 minutos.
Lo curioso es que las tropas no sufrieron heridas, lo que, según los oficiales, se debió a la buena preparación de los soldados y policías en este tipo de situaciones, explicación poco creíble si se tiene en cuenta que estaban en medio de un pequeño bosque donde las detonaciones habrían tenido un efecto mayor entre la gente que estaba en el lugar.
Los campesinos se defienden y alegan que su movilización era espontánea y que fue atacada de manera desproporcionada e indiscriminada por los agentes estales. A través de un comunicado contrariaron la versión oficial: “En un intento para justificar su accionar desmedido e irracional, en una clara vulneración a los derechos humanos, trata de hacer creer que el motivo de su agresión obedece a que previamente se habría presentado el lanzamiento y la explosión de cinco cilindros bomba de los cuales no existe la mínima evidencia en el lugar de los hechos y por lo mismo ninguno de los uniformados ha resultado con lesiones ni con esquirlas ni con disparos de fusil y ametralladoras que dicen se habrían accionado en su contra”. (Ver comunicado)
Un investigador estudioso del tema de seguridad y que conoce la región indicó que tanto la Policía como el Ejército “violaron todos los principios de distinción y uso de la fuerza”. Las tropas tienen manuales en los que se hace hincapié en esos principios, “pero aquí no fueron aplicados”, insiste.
A juicio de este investigador, que pidió la reserva del nombre, este lamentable hecho obedece a la fuerte presión de erradicar que tiene el gobierno nacional, “lo que no traerá beneficios a una región donde se concentran miles de hectáreas de hoja de coca. El efecto que tendrá es que aleja más a la gente de posibles acuerdos”, y considera que “es un momento sensible para los procesos de sustitución y erradicación, que puede ser el principio del fracaso de estas estrategias”.
Esta situación pudo ser evitada si se hubiese tenido en cuenta la solicitud de las comunidades, expresada en la carta que enviaron hace dos meses y medio. En ella, Asominuma ratifica que las familias de las 34 veredas a las que representa quieren seguir participando en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y cuestionan que pese a ello se insista en la erradicación forzada, aunque el gobierno nacional estableció que no se harán en zonas que tengan la voluntad de entrar al proceso de sustitución, que firmaron el 4 de marzo cartas de intención “para entrar en un programa de sustitución voluntaria y concertada, según el punto 4 de los acuerdos, en donde se debe acordar con las comunidades cada acción a realizarse sobre el territorio”.
Al respecto, Harold Ruíz, asesor de Paz y coordinador del Equipo de Acompañamiento a la Sustitución de la Gobernación de Nariño, explica que esta situación se presentó porque en el departamento existe la “dicotomía” de tener grandes extensiones de cultivos que son denominados como industriales -que no pueden ser sustituidos- y pequeños productores: “La esquizofrenia que se da es que el Ministerio de Defensa llega a erradicar cultivos industriales y por ahí derecho los de pequeños productores, y es donde siempre se presentan los choques. Este año hemos tenido tres bloqueos en la Vía al Mar producto de la erradicación. Es el enfoque y la manera cómo se desarrolla la erradicación, la que provocan estos hechos tan lamentables que han pasado en la región”.
Asimismo, considera que esta situación también se debe al desbalance que existe entre las medidas: “Mientras el programa de erradicación forzosa tiene a toda la Fuerza Pública, todos los recursos y el apoyo económico de los Estados Unidos, el programa de sustitución tiene todas las dificultades operativas, logísticas, económicas; la dirección, que está al frente de Eduardo Díaz, sólo tiene 60 funcionarios en el país, en Nariño sólo hay cuatro personas de la Dirección Nacional de Sustitución, y todo el trabajo lo ha hecho el equipo de la Gobernación”.
En medio de esa contradicción, ocurrió la masacre que hoy enluta a Tumaco, municipio que cuenta con 23.148 hectáreas según la más reciente medición de la ONU con respecto a 2016, pero se estima que pueden llegar a 30 mil, siendo el de mayor área cultivada en todo el país.
Otras contradicciones
Esta no es la primera vez que el gobierno nacional ordena la erradicación de cultivos en comunidades que han expresado su voluntad de acogerse al PNIS. A principios del pasado mes de marzo fueron erradicados los cultivos de varios campesinos de Guaviare. Foto: archivo particular.A pesar de su manifiesta intensión de participar en el PNIS, por diferentes motivos, las familias agrupadas en Asominuma no han podido establecer programas de sustitución de cultivos con el gobierno nacional, a diferencia de sus vecinos del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera.
En este caso se presenta una particularidad: en el mismo territorio se adelantan a la par procesos de erradicación y de sustitución de cultivos de coca, puesto que los integrantes de Asominuma son colonos que, en su gran mayoría, se asentaron en las tierras de las comunidades afrodescendientes tras las fumigaciones del Plan Colombia en Caquetá y Putumayo a principios de la década pasada.
Al respecto, Ruíz señala que las comunidades campesinas representadas por Asominuma sí firmaron un acuerdo de sustitución que está en trámite de formalización: “El pasado 18 de agosto se hizo la asamblea de Llorente y se firmó un acuerdo mucho más específico que abarca el territorio de Asominuma, Asoporca y Asocred, que son las tres organizaciones más representativas que están en el territorio”. Y agrega que antes de que ocurriera la masacre, estaba previsto que entre el 17 de octubre y el 5 noviembre, se realizara la preinscripción de las familias de la región al PNIS, para que la ONU verificara la información, se vincularan formalmente y se procediera al primer desembolso para la sustitución.
Por el contrario, integrantes de la asociación aclaran que sí acudieron a la reunión de agosto, pero que no firmaron ningún acuerdo porque nuevamente presentaron una serie de observaciones que no han sido tenidas en cuenta hasta ahora. Aunque reiteran su intensión de sustituir: “Se firmó el acta de intensión, de resto no porque hay unas observaciones que se le han hecho al Estado y no han querido aceptar nada y dicen que erradiquen. Allá no hay energía, vías, luz ni educación. Es un abandono histórico del Estado, ¿cómo pretende implementar el desarrollo del campo y la sustitución así? ¿Cómo vamos a trabajar en proyectos productivos y por dónde los vamos a sacar? Firmaron algunos de las otras organizaciones”.
Otro líder campesino le aclaró a VerdadAbierta.com que no han firmado porque es necesario que se hagan las asambleas comunitarias con cada uno de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal: “Hemos participado en todos los espacios y pedimos que se revisen varios temas, entre ellos la redacción del acuerdo porque debe ser concertada. Se dijo de la voluntad de sustituir y que se debía hacer un cronograma, se planteó, pero no se han llevado acabo las asambleas comunitarias. No se ha hablado de preinscripción porque hay que hacer las asambleas comunitarias ya que el acuerdo dice que es concertado con cada familia”.
Con la firma del Acuerdo Final con las Farc, surgió un tema que genera dudas y es el desarrollo de proyectos productivos por parte de campesinos dentro del consejo comunitario. Dicha inquietud aumenta porque el Capítulo Étnico del acuerdo que firmaron el gobierno nacional y las Farc, señala que “como un gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos se comprometen a desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak, el pueblo Embera Katío del Alto San Jorge Resguardo Cañaveral, así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y Curvaradó y Jiguamiandó”. (Ver: Acuerdo con las Farc tiene Capítulo Étnico)
La implementación de uno de los puntos del Capítulo Étnico del acuerdo de paz con las Farc despierta incertidumbres en los colonos, pues los territorios colectivos, en este caso el consejo comunitario de los afro, tiene unas garantías protección especiales. A pesar de ello, las comunidades están dialogando para evitar conflictos y esperan que el Estado clarifique la situación. Foto: archivo Semana.La palabra “devolución” genera temor entre los campesinos y no saben si finalmente el gobierno los desplazará de la región por encontrarse dentro de un territorio colectivo o si no podrán implementar los proyectos productivos. “La Unidad de Restitución de Tierras dijo que no tenemos la propiedad de la tierra y que eso genera inconveniente porque el territorio figura como colectivo de comunidades afro, pero es que el gobierno ni siquiera no se ha puesto de acuerdo ni sabe qué hacer. Lo que nosotros pedimos es la clarificación del territorio porque muchas coordenadas del antiguo Incora dan en Ecuador y en resguardos indígenas”, le dijo a este portal un campesino de la región que pidió la reserva de su nombre.
Otro indicó que están “solicitando que haya una aclaración, porque los campesinos que llegamos allá, llegamos comprando media hectárea o dos, pero de buena fe, y el consejo comunitario lo constituyen en 2005, por encima de las Juntas de Acción Comunal y de comunidades que llevan allí más de 20 años. Hay escrituras públicas, hay adjudicaciones por parte de Incoder y hasta que no allá aclaración del territorio, no sabemos hasta dónde van el consejo comunitario y las comunidades de Asominuma”.
Sobre este interrogante, un funcionario de la región le explico a VerdadAbierta.com que “si se revisa el Acuerdo de La Habana, las Farc se comprometieron a devolver un territorio colectivo allí, el consejo comunitario, porque ese territorio fue repoblado. Las Farc provocaron desplazamiento de los dueños originarios del territorio colectivo y ese repoblamiento se hizo con colonos provenientes de Caquetá, Huila y Putumayo. Los colonos son los que están en el territorio del consejo comunitario y están representados por Asominuma, que representa al 95 por ciento de colonos que no son originarios del territorio y que no hacen parte del consejo comunitario. Allí tiene que resolverse un problema de tierras, porque hay un compromiso elevado en el acuerdo de La Habana”.
Luz Perly Córdoba, miembro de la Comisión Política de Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) considera que la situación entre campesinos y consejo comunitario es difícil: “las comunidades afro, que tienen muchos años de estar allí, quieren que se retiren los cultivos y que se vayan los colonos. Por ese hecho, no se ha avanzado tan rápido allá con el programa de sustitución, pero no quiere decir que las comunidades no quieran entrar en él, quieren hacerlo, sólo que está la situación de que, al retirar los cultivos de coca, ellos se quedan en el aire porque no tienen tierras en donde desarrollar el proyecto productivo porque es de un consejo comunitario, un territorio colectivo que no les pertenece. Por el otro lado, se quedan sin el sustento que es la coca”.
Sobre ese particular, el Asesor de Paz de Nariño explica que ese temor no aplica, porque la única condición necesaria para aplicar al PNIS es que se posean cultivos de coca cuya cantidad no sea excesiva. Y un líder del consejo comunitario, que pidió la reserva de su nombre, le indicó a este portal que la comunidad no busca la expulsión de los campesinos, sino vías alternativas para convivir.
“Este lunes en Tumaco fue la última reunión de la Mesa de Tierras que se creó tras la visita del vicepresidente Naranjo, vino la Agencia Nacional de Tierras, el IGAC, las Farc y Asominuma. Se acordó que se va a hacer un estudio para saber la situación del territorio y cuáles son los campesinos que llegaron desplazados y quiénes son los que realmente están detrás de este negocio que nos está llevando a la muerte”.
En Llorente, las comunidades se han sentado a dialogar para buscar una solución que les permita convivir. De este modo, el proceso de paz con las Farc puede ayudar a solucionar problemas por traslapes u ocupaciones entre comunidades afectadas por el conflicto. Y al mismo tiempo, si no se atienden con diligencia, puede conducir a nuevos conflictos. Tumaco también es un espejo para potenciales casos similares que se pueden presentar a lo largo y ancho del país.
A la suerte de ilegales
Disidencias de las Farc, denominados por la Fuerza Pública como Grupos Armado Organizados Residuales, y narcotraficantes, tienen contra la espada y la pared a las comunidades. Foto: archivo Semana.El asesinato de los campesinos también puso de relieve un tercer drama que afrontan esas comunidades de Tumaco: la presencia y el control territorial que ejercen nuevas estructuras armadas tras la salida de las Farc que, en antaño, dominaron a su antojo.
La situación comenzó a caldearse desde el pasado 27 de agosto, cuando por lo menos 489 personas de las veredas Puerto Rico y Mata de Plátano se desplazaron hacia la vereda La Balsa como mecanismo de protección y como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados sin identificar, según reporte de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). (Ver reporte)
Con los hechos de ayer se reveló que, desde finales de agosto también, los 12 integrantes de la Junta de Gobierno del consejo comunitario, y dos lideresas más, están en condición de desplazados en la cabecera municipal porque fueron acusados de ser los promotores de las erradicaciones forzadas, cuando lo que han promovido es la sustitución de cultivos para sus comunidades. (Ver: Comunidades afro, tras tierras ancestrales en Nariño)
Tras la masacre, los líderes del consejo decidieron romper el silencio. A través de un comunicado denunciaron que “durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad perteneciente al consejo comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la fuerza pública que realiza labores de erradicación forzosa”. (Ver comunicado)
Asimismo, relataron que en los últimos meses han aparecido nuevos grupos armados ilegales, los cuales se han consolidado y fortalecido, en medio de una fuerte disputa territorial que ha dejado desplazados, confinados y terror a lo largo de sus veredas. Y como si fuera poco, también han recurrido al reclutamiento de menores de edad e intimidaciones contra la comunidad, especialmente contra sus líderes. Hay que recordar que, durante la negociación de paz en La Habana, las Farc asesinaron a Genaro García, entonces representante legal del consejo comunitario. (Ver más: “Las muertes de líderes son excesivas en Tumaco”)
Documentos conocidos por VerdadAbierta.com evidencian el grave problema que afronta la Junta de Gobierno del consejo comunitario. En una sesión del pasado 28 de septiembre del Comité de Justicia Transicional de Tumaco, al que asisten diversas entidades del Estado y organismos humanitarios, se conocieron las amenazas contra los representantes de la Junta de Gobierno, “por parte de un actor armado ilegal de la zona dedicado al negocio del narcotráfico”.
De acuerdo con lo descrito en esa reunión, “los hechos se presentaron la semana pasada cuando las personas de algunas veredas fueron citadas por un nuevo actor armado ilegal a una reunión donde se les informó que desde cada vereda deberían delegar a 30 personas para que se movilicen y se opongan, incluso a través del uso del a violencia, a las jornadas de erradicación que se están llevando en la zona de Alto Mira y Frontera”.
La masacre de los campesinos de Llorente despertó la solidaridad de diferentes sectores de la sociedad, que piden la implementación del Acuerdo Final. En Bogotá, a pesar de los bloqueos en los alrededores de la Casa de Nariño, el mitín de rechazo sigue creciendo. Foto: archivo particular.A esa convocatoria, varias comunidades afrodescendientes se resistieron, razón por la cual “declararon objetivo militar a los miembros de la Junta de Gobierno y a algunos líderes y lideresas”. Fuentes consultadas al respecto le contaron a este portal que los lideres están confinados en una casa en Tumaco y presentan cuadros de estrés e hipertensión.
En el Comité de Justicia Transicional también se dejó claro que el mayor número de personas que están participando en el cerco de protección a los cultivos de uso ilícito son colonos y se estima que las veredas que se encuentran en mayor riesgo son Alcuan, Unión Victoria y Pital (Alto Mira).
Si bien las autoridades señalan como el orquestador de todo a alias ‘Guacho’, versiones en la zona indican que quien tiene el poder criminal es un hombre conocido con el alias de ‘Cachi’, un narcotraficante pura sangre. Fue él quien amenazó las comunidades para que se opusieran a la erradicación, y les advirtió que, si no se movilizaban, les dejaba de a dos muertos para que vieran que no estaba bromeando. Esto refleja que, además de las disidencias de las Farc, en Tumaco, por ser el mayor cultivador de coca del país, tiene diferentes pretendientes en sabotear la implementación del Acuerdo Final. (Ver más: Los saboteadores que enfrenta el proceso de paz)
Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos de Indepaz, lamenta que a los territorios donde están los cultivos de coca, no llega institucionalidad social y de derechos humanos del Estado, sino el SMAD: “Es muy lamentable que la Asociación de Juntas, al igual que el consejo comunitario, solicitaron alerta de la Defensoría del Pueblo y apoyo de la ONU, y no llegó ninguna ayuda ocho días después”.
Sobre los enfrentamientos entre cultivadores y Fuerza Pública, considera que son producto de la política del gobierno nacional que Indepaz ha denominado como “miti-miti”, es decir, avanza un 50 por ciento la erradicación y otro 50 por ciento la sustitución: “Esto ocurre porque el Estado no llegó oportunamente, especialmente la institucionalidad civil; el gobierno nacional no tiene en cuenta la secuencia apropiada que acordaron en el tratado de paz: esta implica que a las comunidades se les debe ofrecer la oportunidad de acogerse a los programas de sustitución, y sólo como última medida, en aquellos casos en los que las comunidades no quieran, se podría aplicar erradicación forzada. Eso quedó así después del triunfo del No hace un año, pero en Llorente han hecho saber su voluntad de acogerse a los programas de sustitución”.
Bajo este “paquidérmico” ritmo, como lo bautizaron las comunidades afro tumaqueñas, se está dando la implementación del PNIS en el municipio con más hectáreas sembradas de coca, en donde sólo han iniciado el proceso de sustitución 1.816 familias, de las 50 mil que se esperan atender y que han firmado 23 acuerdos colectivos. Sin duda, la institucionalidad debe fortalecerse para estar a la altura del punto de quiebre por el que transita el país para vivir en paz y que las masacres de campesinos no vuelvan a ocurrir.
