El hombre detrás de las tierras de Sipí

En el sentido estricto, Desarrollo e Inversiones Progreso Verde S.A.S. empezó a funcionar sin existir en los registros del Estado colombiano. Desde 2012, Luis Enrique Betancur Hernández, quien representaba a la entonces inexistente sociedad, empezó a enunciarla ante la oportunidad de concretar un negocio que requería miles de hectáreas de tierra.

La idea de incursionar en el mercado medioambiental venía desde años antes, pero, según cuenta Betancur, los inversionistas detrás de Progreso Verde no tenían la certeza de que lo que buscaban lo iban a encontrar en Colombia.

Antes de llegar a fijarse en el municipio de Sipí, Chocó, este ingeniero forestal, que exhibe en sus redes sociales un amplio recorrido laboral internacional y conocimiento en los mercados de bonos de carbono, empezó a trabajar en Symmetry Asset Management inc, una empresa con sede en Edmonton, Canadá, que, en su página web, expone la preocupación por el cuidado ambiental; pero, contrario a ello, en entrevista con este portal, Betancur la describió como “un grupo dedicado a la explotación de mineral e hidrocarburos”.

Como Vicepresidente para América Latina de esa empresa canadiense, este ingeniero antioqueño contempló distintos negocios en Panamá, Brasil y Papúa Nueva Guinea. Los fondos de los que disponía para desarrollar los proyectos provenían del ciudadano canadiense Daniel Alexander White, fundador de Symmetry Asset Management Inc e inversionista de dudosa reputación.

En desarrollo de esta investigación se revisaron cientos de documentos en bases de datos públicas de Colombia, Panamá, Estados Unidos y Canadá, con el apoyo de la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), rastreando las empresas de White, sobre todo aquellas que tuvieran una conexión con el posible despojo de 32.450 hectáreas de selva chocoana. La lista es larga y los intereses muy opacos.

¿Empresas de papel?

Una de las características que resaltan aquellos que conocen a White es que le gusta crear sociedades mercantiles con una particularidad: pone a otros a dirigirlas, de tal forma que si incurren en problemas con autoridades fiscales, sale impoluto de cualquier responsabilidad. También es reconocido por no pagarle a quienes le prestan servicios profesionales, entre ellos a sus abogados, y de defraudar a sus socios.

Betancur define a White como “el músculo financiero” de la operación en Chocó, pero al parecer no es el único y varios de ellos estarían en Bogotá: “Hay personas importantes ahí que revelar sus nombres no me conviene”. Y lo caracteriza como “un hombre empresarial, un hombre dedicado a la minería, al petróleo, a inversiones grandes. (…) y le gusta el tema de la biodiversidad y el tema de la conservación y le duele la pobreza, en fin… es medio filántropo”.

Esas actividades tan contradictorias se pueden notar en la constitución de la sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde S.A.S., a través de la cual se apropiaron de las 32.450 hectáreas de selvas chocoanas, adquiridas con recursos aportados por White y cuyo origen es tan nebuloso como las razones de ese negocio.

Como se estableció en capítulos anteriores, esta sociedad fue constituida por documento privado el 26 de abril de 2013 y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 2 de mayo de ese año. En los documentos se observan cinco objetos sociales: cuatro relacionados con actividades de preservación ambiental: bioprospección con fines comerciales e implementación de proyectos agroindustriales, creación de núcleos de carbono, desarrollo de actividades agropecuarias y agroindustriales, inversión en biotecnología e implementación de turismo ecológico; y el quinto objeto social es totalmente opuesto a los anteriores: “el desarrollo de todo tipo de actividades de exploración y explotación minera”.

Uno de los temores de los pobladores de Sipí es que sus tierras ancestrales sean destruidas por la ambición de los foráneos. Pero Betancur salió en defensa de quien fue su jefe: “A Daniel White nunca en la vida se le pasó por la cabeza sacar oro de allá. Y yo no lo hubiera dejado, yo soy enemigo de la explotación aurífera en el Chocó”.

Pero si ese no era el objetivo, ¿por qué incluir esta pretensión, no sólo en los objetos sociales de la nueva empresa, sino reafirmándolo al ser inscrito en las actividades económicas con el código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 0722, que trata de la extracción de oro y otros metales preciosos?

“Yo no soy ni el abogado constituyente, ni el fundador de la empresa, ni el gestor de los objetivos sociales —arremetió Betancur por el cuestionamiento de este equipo periodístico—. Entonces me imagino que, como todos los abogados que buscan no caer en lapsus de que les nieguen una cosa, metió la minería”.

Para entender por qué la sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde S.A.S. incluyó en uno de sus objetos sociales la exploración y explotación aurífera, este portal se contactó con el actual representante legal de la sociedad, Marc Robert Williams, quien adujo que no podría dar entrevista porque contrajo el Covid-19, generándole, según dijo, graves quebrantos de salud.

La misma consulta se le hizo a White vía correo electrónico. En su respuesta aseguró que iba a estar “fuera del país por un par de semanas” y que tan pronto como pudiera iba a enviar “información detallada sobre el proyecto del banco de biodiversidad Sipí”. No obstante, esa promesa no se concretó.

En sus últimos mensajes remitidos prometió enviar un comunicado de prensa y tampoco cumplió. “Lo siento. Estoy feliz de hablar contigo, pero no hago entrevistas”, dijo en una de sus conversaciones con el equipo periodístico. Días después, entabló una larga conversación escrita con este portal, pero evadió varias preguntas. Finalmente, opuesta a la posición inicial, propuso una charla más formal, pero al cierre de este artículo, no había vuelto a contestar los mensajes.

Jalando hilos empresariales

En el manuscrito de constitución de la sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde S.A.S., la creadora, única accionista, gerente y quien formalizó la diligencia de registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá fue Mónica Alejandra Villamil Carrillo, quien, para 2013, era abogada de la firma Pinilla Moreno & Asociados S.A.S., con sede principal en el piso quinto de un edificio ubicado en la Calle 91 con Carrera 9, en el norte de Bogotá.

Inicialmente, White contactó a otra firma de abogados para constituir la sociedad y comprar las tierras en Sipí: Salazar & Asociados Abogados, un bufete que desde junio de 2000 asesora y representa a empresas en asuntos del derecho comercial y tributario, especialmente clientes canadienses interesados en negocios de minería e hidrocarburos.

“En aquel entonces —recuerda Juan Carlos Salazar, director de la firma—, Dan White quería crear esa sociedad, me llamó y yo estaba muy embolatado, entonces le encargué eso a Reinaldo Pinilla, que era el patrón de Mónica —es decir, el dueño de Pinilla Moreno & Asociados S.A.S—, y a solicitud de Dan White crearon la sociedad”.

White llegó a la firma Salazar & Asociados Abogados recomendado por Trevor Wong-Chor, un abogado que, para ese entonces, trabajaba en la firma Davis LLP, fundada en la provincia de Columbia Británica, Canadá, y la cual llegó a tener 260 abogados y siete oficinas en todo el país. En el 2015, Davis LLP se fusionó con la firma Dla Piper, donde labora Wong-Chor.

Que haya sido un abogado como Wong-Chor quien lo haya buscado, le transmitió confianza a Salazar para recibir con los brazos abiertos a White. Este portal le envió un par de correos electrónicos a Wong-Chor para conocer cómo había conocido al inversionista canadiense y qué sabía de su pasado y sus negocios e intereses en Colombia, pero no se obtuvo respuesta.

Al preguntar por el objetivo de la empresa, aquel relacionado con minería, tanto Salazar como Pinilla, ejemplarizaron con otras empresas que, según ellos, en la práctica colocan más objetos sociales de los que realizan, para no restringir lo que la empresa quiera hacer. Lo cierto es que, entre conservación ambiental y explotación aurífera, hay un gran margen de maniobra.

Control desde Panamá

En la primera Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde SAS, realizada el 15 de junio de ese mismo año, se removió de toda responsabilidad a Villamil Carrillo y White tomó posesión de esa empresa a través de la firma Progreso Verde Holding Corp, constituida en la Notaría Octava del Circuito de la provincia de Panamá bajo la escritura pública 7282 del 23 de mayo de 2013 —casi un mes después de creada Progreso Verde en Colombia—.

Los abogados panameños Jean Richa Mawad y Margie Ángel de Cohen comparecieron ante el notario para formalizar la constitución de la empresa, especificar que el agente residente —un abogado o firma de abogados que registra el pacto social cuando se constituye una sociedad anónima en Panamá— sería la firma Angel Cohen Richa & Asociados (Ancori) y aclarar que “la sociedad podrá tener y operar sucursales, agencias y oficinas en cualquier parte dentro o fuera de la República de Panamá”.

En la primera acta de la Asamblea extraordinaria de accionistas de Desarrollo e Inversiones Progreso Verde quedó constancia de que el presidente de la reunión, el abogado Reinaldo Pinilla Moreno, era apoderado de la empresa panameña y se acordó que el nuevo representante legal sería Luis Enrique Betancur Hernández, una decisión llamativa, pues como lo afirmó él mismo a este portal, había sido despedido en 2015 de la empresa.

Curiosamente, volvió en 2017 para continuar con el negocio de bonos de carbono; sin embargo, dentro de la misma entrevista, su relato fue incoherente. En un momento, adujo que después de su regreso en 2017 a la empresa que, supuestamente, lo había despedido, White no le pagó honorarios y por eso renunció ese mismo año. Después afirmó que el tiempo era más largo: “Le juro que trabajé en el año 2017, 2018, 2019 sin un centavo, entonces yo fui dejando las cosas ahí tiradas”.

Documentos registrados ante las cámaras de Comercio de Medellín y Bogotá contradicen al ingeniero Betancur. Existen reportes que lo vinculan con la entonces Progreso Verde durante 2018 y 2019. Así lo evidencian el acta 16 de la asamblea de accionistas del 25 de octubre de 2018 y el acta 19 del 4 de febrero de 2019, en las que se observa que fue nombrado como primer suplente de representante legal y como representante legal, respectivamente.

Al ser confrontado con esos documentos, el ingeniero se mostró sorprendido: “Si esos documentos existen, ¿me los puede pasar? Porque la demanda que le tengo a Eightfold es de aquí a Pekín. A mí nunca me pagaron nada. Ellos tienen un vicio, Eightfold y ellos tienen un vicio. Alguien que trabaja con ellos, les parece un perfil adecuado, y lo van metiendo ahí a los documentos sin consultar”. Cuando este portal le sugirió que compartiera los documentos de las diligencias legales que adelantaba contra Eightfold, dijo que prefería no hacerlo.

White, bajo sospecha

Al buscar en bases de datos de Panamá el registro público de la sociedad Progreso Verde Holding Corp, aparece el nombre de Adam Zarafshani como director de la empresa panameña que controla Eightfold Biodiversity Bank SAS, la poseedora de las 32.450 hectáreas de selva chocoana.

Mediante la escritura 16549 del 21 de junio de 2019, registrada en la Notaría 12 del Circuito de Panamá, se protocolizó el acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Progreso Verde Holding Corp en donde se escoge como secretario a Zarafshani. Tiempo después fue nombrado director de la empresa.

Zarafshani, oriundo de Pakistán, es el director ejecutivo de la empresa Panache Development & Construction, con sede en Austin, Texas, que, desde 1997, trabaja en el área de diseño, arquitectura e ingeniería. Este portal buscó al empresario estadounidense para conocer su versión sobre el despojo de las tierras de las comunidades negras de Sipí. Sus primeras palabras fueron contundentes: “Estoy listado en estas empresas; sin embargo, esto se hizo sin mi autorización o conocimiento. Fui socio del Sr. White. Resultó que también estaba realizando transacciones fraudulentas en los Estados Unidos”.

Toda empresa constituida en Panamá debe tener un agente residente radicado en el país centroamericano y desde la fecha en que Zarafshani fue nombrado en la directiva de Progreso Verde Holding Corp, en junio de 2019, se eligió a la firma Williams & Williams. En el acta de asamblea de accionistas protocolizada en la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá se evidencia que uno de los abogados de la firma, Juan Carlos Williams Ramírez, fungió como secretario ad hoc de la asamblea.

Este equipo periodístico contactó a uno de los socios representantes de la firma: Yasser Williams Arosemena. “Nuestra responsabilidad se limita actualmente a actuar como agente residente de la sociedad panameña Progreso Verde Holding Corp”, respondió el abogado y, asegurando desconocer el problema alrededor de la tierra en Chocó, declinó a la posibilidad de una entrevista.

El 23 de octubre de 2020, Zarafshani le envió un correo a Yasser Williams, preguntándole “¿Cómo es posible que me haya incluido como funcionario o director sin mi consentimiento o sin ninguna comunicación conmigo?”. El empresario estadounidense le explicó a este portal que Yasser Williams se comunicó con él vía telefónica y le dijo que no iba a tomar ninguna medida porque White no le había pagado honorarios.

En un segundo correo que este portal le envió a Juan Carlos Williams Ramírez, se le preguntó sobre el posible involucramiento sin autorización de Zarafshani, la posible relación del bufete de abogados con Alexis Williams Arosemena Ramírez, quien aparece compareciendo en el registro de documentos ante notarías de Panamá y figurando como directivo de las empresas de White en las que se listó al empresario de Texas, pero al cierre de esta publicación, por más que se insistió, no se recibió respuesta.

El empresario canadiense Marc Robert Williams, quien hoy representa la empresa colombiana envuelta en el despojo de las comunidades negras de Sipí también figura en los documentos de Progreso Verde Holding Corp.

Por su parte, Zarafshani explicó que inició trabajos con White en 2017. La idea era ejecutar un proyecto de construcción y desarrollo inmobiliario en la ciudad de Austin, Texas, sobre un terreno de 44 hectáreas ubicado en el 3443 Ed Bluestein Boulevard y en el que operó, hasta 2004, una fábrica del gigante de la tecnología Motorola Inc.

White poseía el 75 por ciento de esa propiedad y la controlaba de manera indirecta a través de sociedades creadas en Canadá y Estados Unidos, una de ellas es 3443 Zen Garden, a la que se vinculó Zarafshani como socio.

El proyecto fue anunciado como Eightfold Developments y la idea era construir una ciudadela en esa vieja propiedad industrial. “Quería usarlo como un programa de energía verde y una plataforma para hacer el bien en la comunidad. Nada de esto era la verdadera intención. Su intención era utilizar estos conceptos para atraer financiamiento y fondos para que él pudiera beneficiarse”, precisó Zarafshani.

Romspen Mortgage, una cartera hipotecaria canadiense, les otorgó un préstamo por 125 millones de dólares para ejecutar ese proyecto. En respaldo de ese compromiso, White pignoró las propiedades que posee en la ciudad de Edmonton, capital de la provincia de Alberta, en Canadá: Eco Industrial Business Park y Absolute Environmental Waste Management, dos parques industriales que brindan servicios de tratamiento y eliminación de desechos de yacimientos petrolíferos y de residuos industriales, e investigación y desarrollo farmacéutico, entre otros.

Parte de los requisitos del préstamo era cancelar los impuestos de ambos parques industriales porque esas propiedades se usarían para bursatilizar el millonario empréstito. Zarafshani le prestó cerca de 435 mil dólares a Eco Industrial Business Park y Absolute Environmental Waste Management para cancelar esos tributos. De ese monto, White sólo habría cancelado un poco más del 17 por ciento a Zarafshani.

“Le envié dinero para pagar los impuestos a la propiedad, excepto que sólo pagó una parte de ellos y no pagó el saldo total de ellos y se quedó con el resto, por lo que ahora esas propiedades no han pagado sus impuestos a la propiedad en varios años. Así que no invertí con él, puse dinero prestado para pagar los impuestos”, aclaró Zarafshani.

En poco tiempo, el proyecto de Eightfold Development entró en problemas. 3443 Zen Gardens fue liquidado por un administrador designado por un tribunal y se subastaron los bienes. La firma Romspen Mortgage lo compró y optaron por asociarse con Zarafshani.

“Para responder a su pregunta —responde Zarafshani—, sí, estamos legalmente obligados y queremos completar el proyecto con el prestamista. Esto significa que Mr. White y Zen Gardens están completamente fuera de escena y ya no están involucrados en el proyecto”.

Actualmente hay un litigio en un Tribunal de Quiebras del Distrito Occidental de Texas por este asunto, en el que White dice desconocer lo que estaba pasando con este préstamo y demandó a Zarafshani y a la empresa canadiense prestamista.

Zarafshani, por su parte, sostuvo que White ha presentado múltiples demandas en Edmonton, Canadá, contra él y su empresa, Panache, y que la defensa de White ha sido silenciosa. Por la contingencia sanitaria causada por la expansión del Covid-19, ha habido muy poca actividad judicial en el país del norte.

“Mis empresas y yo no hemos llevado adelante estos juicios de manera agresiva, ya que los problemas entre nosotros deben resolverse en un tribunal diferente. Nuestra preocupación es que el Sr. White no paga a sus abogados y cambia de bufete de abogados con frecuencia. No hay base en las acusaciones planteadas en las demandas”.

Zarafshani rompió relaciones en agosto de 2019 con White, cuando supo, por versión de un prestamista, sobre el pasado de White. Así conoció que su exsocio había sido condenado en 1998 por intentar lavar más de un millón de dólares producto de la venta ilegal de licores en la provincia canadiense de Columbia Británica. Y en 2009 se vio envuelto en un escándalo de proporciones catastróficas para el medio ambiente, por el descuido de una planta de celulosa que almacenaba sustancias químicas, varias de ellas tóxicas, en el poblado de Mackenzie, provincia Columbia Británica, según registró Canadian Broadcasting Corporation (Cbc News).

White, en su momento, se justificó ante el medio Vancouver Sun, diciendo que él no era dueño de esa planta, pero lo cierto es que, para el momento del desastre, el dueño del predio era Worthington Properties, empresa creada y controlada por muchos años por él mismo.

Pese a ese rompimiento comercial, Zarafshani terminó, en 2019, figurando en los registros de por lo menos cinco empresas en Panamá, dos creadas por White y de las cuales no hay claridad sobre sus actividades: Progreso Verde Holding Corp. y Progreso Verde Foundation. El empresario estadounidense insistió en que todos estos nombramientos se hicieron sin su consentimiento.

“Una de las cosas que descubrí —arguye Zarafshani— a través de los dos años de relación con el Sr. White y habiendo tenido la oportunidad de ver su historia y cómo se comporta en sus negocios, generalmente le gusta que otras personas sean jefes de las organizaciones que él forma y luego viene y afirma que no sabía nada y que todo se hizo sin su conocimiento. Eso es lo único que me ha quedado absolutamente claro. Así es como hace las cosas. Por eso su nombre nunca aparece en la superficie de ninguna empresa y creo que estaba tratando de usar mi nombre y mi reputación”.

El empresario de Texas sostiene que nunca tuvo mayores detalles de los proyectos en Sipí, ni el problema detrás de la titularidad de la tierra. Le explicó a este portal que lo poco que conoció era cuando White le contaba que quería “‘brindar apoyo a esas comunidades’” construyendo un proyecto que atrajera la inversión externa, involucrar a los gobiernos locales y luego tratar de “vender eso al Banco Mundial. Básicamente, él iba a estar cobrando bastantes honorarios de administración y honorarios de deuda”.

Zarafshani dice que siempre se negó a participar de ese proyecto o de intermediar préstamos. “Cuando escuchas su presentación, en última instancia, todas estas cosas, ya sea el banco de biodiversidad o ayudar a todas estas personas, fue un encubrimiento para beneficiarse a sí mismo”, resaltó.

Según un documento de la Agencia de Impuestos de Canadá (Canada Revenue Agency), el 2 de abril de 2019 se inició una auditoría fiscal sobre Symmetry Asset Management Inc, a través de Dan White Family Trust (Dwft), otra de las empresas creadas por White.

Con una larga lista de peticiones de cuentas bancarias, activos, empresas y capital, White y sus empresas empezaron a ser investigadas y Adam Zarafshani fue vinculado al proceso como supuesto fideicomisario de su exsocio.

Según el empresario tejano, el mismo White eligió a los fideicomisarios de esta empresa y supuestamente hacían parte de un comité administrador. “Los fideicomisarios que se suponía que eran gerentes eran en realidad marionetas controladas por el Sr. White para que pudiera manipular el sistema y mantener su propio nombre fuera de los documentos”, sostuvo.

Según el relato de una de las fuentes que conversó con este portal, un abogado holandés llamado Gerrit (Gary) Vandepol fue quién creó las empresas para White. VerdadAbierta.com le envió un par de correos para saber si esto era cierto y si podía detallar sobre las acciones empresariales de White, pero respondió que sus relaciones se limitaban al área de la finca raíz y que no sabía de sus negocios en Colombia.

“Después de arreglar el apartamento en Panamá —respondió Vandepol refiriéndose a un negocio de finca raíz—, traté de trabajar con el Sr. White en un proyecto en Canadá, pero no estábamos de acuerdo en cómo hacer esos proyectos, así que terminé mi relación con él y no he tenido más relaciones con el Sr. White en absoluto”.

¿Qué hace en el país?

Esta investigación identificó por lo menos tres empresas creadas a solicitud de White y controladas desde Panamá. Se trata de Proyecto Horizontes Verdes (constituida por documento privado el 13 de noviembre de 2014), con supuestas actividades en el sector inmobiliario; Cannpura Colombia (constituida por documento privado 2 de abril de 2018), dedicada a actividades agroindustriales y comerciales de marihuana medicinal; y Desarrollo e Inversiones Progreso Verde, cuyas labores empresariales son confusas.

Por el cargo de representante legal de las empresas de White pasaron varias personas, pero los principales nombres asociados al presunto despojo de tierras en Sipí son Luis Enrique Betancur Hernández, Marc Robert Williams y Boris Rolando Navarro Pabón.

Al respecto, Navarro envió una comunicación posterior a la publicación del informe en el que precisa que “no soy dueño, ni tengo acciones en las empresas de Eightfold. Estas personas firmaron unos contratos conmigo para que les prestara mis servicios y en ningún aparte de dichos contratos, dice que me hayan contratado para usurpar tierras de comunidades. Me parece que, como un contratista, yo partí de la buena fe del señor Daniel White y el señor Marc Williams (a quienes no conocía anteriormente al 2019) y cabe resaltar que cuando llegué a Eightfold, el titulo privado ya existía y estaba registrado, ante lo cual simplemente obré de buena fe y acogiéndome a lo que decían los documentos legales. Pero en ningún momento intente despojar u obligar a la fuerza a que me firmaran algún tipo de papel, los cuales nunca se llegaron a firmar durante mi periodo como Representante Legal de Eightfold y lo único que sucedió fue un diálogo de frente con las comunidades”.

Betancur tuvo una historia completa con las comunidades de Sipí; Williams actuó en algunas diligencias notariales y en los años en que no fue representante legal, no se mantuvo tan lejos del cargo, ocupando los diferentes grados de suplencia del representante legal; y Navarro fue el último directivo de la empresa que tuvo contacto con Santa Rosa, una de las comunidades negras más cercanas al polígono de las 32.450 hectáreas de tierras en Chocó.

El 17 de julio de 2019, en el acta de accionistas de la empresa, quedaron consignadas las modificaciones a los estatutos y se creó el holding “Eightfold”, una alegoría al Noble Camino Óctuple (Noble Eightfold Path) de Buda, conformado por las sociedades Eightfold Colombia (antes Desarrollo e Inversiones Proyecto Verde); Eightfold Biodiversity Bank (antes Proyecto Horizontes Verdes); y Eightfold Río Vida (antes Cannipura Colombia). Además se modificaron sus objetos sociales, afianzando el perfil medioambiental y eliminando cualquier huella relacionada con la minería.

En este mismo documento se formalizó la elección de Boris Rolando Navarro Pabón como representante legal de ese holding y él mismo se encargó, el 22 de julio de 2019, de realizar el pago de la solicitud de cambio de la actividad comercial en la Cámara de Comercio de Bogotá, eliminando el código de “Exploración y explotación de oro y otros minerales”.

¿Van por más tierras?

“Eightfold Colombia es un nuevo modelo de negocio privado basado en el Valor Compartido —se lee en el documento entregado por Navarro de fecha 2020—, que desarrolla comunidades sostenibles a partir de proyectos de bioeconomía innovadores y creativos, integrando Ocho Pilares que buscan generar sostenibilidad, autosuficiencia y bienestar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Metas de Biodiversidad de Aichi y el Acuerdo de París sobre el clima”.

Los ocho pilares le apuntan a la sostenibilidad de las comunidades de cara a una realidad mundial de cambio climático, contemplando: educación y crecimiento personal; vida, trabajo y celebración; salud, fusión medicina; agricultura ecológica; artes y cultura; meditación y espiritualidad; innovación y tecnología; y energía verde y sostenible.

El proyecto Eightfold tiene declarados ocho lugares, además de Sipí, donde pretende ejecutar proyectos de “bioeconomía innovadores y creativos”: Bolívar, Valle del Cauca (38.980 hectáreas); Villagarzón, Putumayo (130.339 hectáreas); Puerto Carreño, Vichada (22.500 hectáreas); Mapiripán, Meta (150.423 hectáreas); San José de Guaviare, Guaviare (212.038 hectáreas); Carurú, Vaupés (38.980 hectáreas); y dos más en La Primavera, Vichada (16.988 y 614.547 hectáreas, respectivamente).

Al parecer, Eightfold pretende adquirir más de un millón de hectáreas en el país, la pregunta es ¿cómo? Tal como Navarro le había dicho a funcionarios y académicos de Chocó cuando representaba a esa empresa y sus intereses de posicionarse en Sipí: “Para nosotros Colombia es un país que no tiene límites. Que no tiene barreras porque nuestros inversionistas son extranjeros”.

Sin embargo, trabajadores del proyecto de Vichada le precisaron a este portal que el único proyecto que ciertamente estaba funcionando era Río Bita en el municipio La Primavera, Vichada, en un terreno para cultivar cannabis a ocho horas dentro de los Llanos Orientales desde la última tienda de la región.

Además, muy a pesar de lo que los trabajadores del proyecto en Vichada recuerdan era un discurso de la empresa que prometía recursos ilimitados, sostuvieron que White debe impuestos al fisco colombiano, así como facturas a proveedores y nóminas de los empleados.

Nadie sabe de dónde venía el dinero para los pagos, más allá de ser recursos extranjeros que posiblemente provinieron de las empresas panameñas y canadienses, pero lo que sí tienen claro los trabajadores de Vichada es que en todo ese tiempo no entró un sólo peso a las arcas de Eightfold producto de alguno de los proyectos ambientales.

VerdadAbierta.com se pregunta si Eightfold ha vendido alguna de las ideas que presenta en sus documentos a inversionistas extranjeros que quisieran hacer parte, pues Zarafshani le suministró a este portal una cartilla que, según él, White le había entregado para que este fuera socio y la cual estaba moviendo para recaudar fondos.

Una de las cosas que más llama la atención es que en las últimas páginas de ese documento coloca los logos de 17 entidades, entre ellas los gobiernos brasileño, canadiense, estadounidense y mexicano; las universidades colombianas La Nacional y Javeriana, la brasileña Federal Rural de la Amazonía, y la norteamericana Texas University; así como la estatal Parques Nacionales de Colombia; las firmas privadas Motorola Solutions, Datumcon, Trane y Alphabet; y la Iglesia Católica. VerdadAbierta.com habló con voceros de algunas de ellas y no reconocen ni el proyecto ni las supuestas alianzas.

En las diferentes conversaciones informales que entabló White con este portal, eludiendo una entrevista oficial, dejó entrever su intención de continuar con los proyectos ambientales en Sipí y, de esa manera, insistir en la posesión de la tierra. Pero en las selvas chocoanas, las comunidades negras están dispuestas a defender su territorio ancestral del despojador foráneo. Y a todas estas, ¿qué papel ha jugado el Estado colombiano en esta trama de robo de tierras?