¿Y para qué quieren las tierras?

Desde 2009, el Consejo Mayor del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), que agrupa 72 comunidades negras, adelantaba proyectos de seguridad alimentaria financiados por organizaciones no gubernamentales y, además, sostenía conversaciones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y empresas privadas que pretendían realizar estudios de suelos en busca de minerales.

Mientras el Consejo Mayor hacía consultas y socializaciones en la comunidad para decidir si dejaban realizar esos estudios, se enteraron que dos personas ajenas a la región eran los supuestos dueños de 32.450 hectáreas de su territorio ancestral, equivalentes al 4 por ciento del título colectivo y al 25 por ciento de la extensión territorial del municipio de Sipí.

De esa presunta propiedad se enteraron a finales de 2012, cuando un ingeniero forestal antioqueño, Luis Enrique Betancur Hernández, se presentó ante Acadesan en su sede de Buenaventura. En aquella ocasión dijo que iba en representación de una sociedad llamada Desarrollo e Inversiones Progreso Verde, que, para ese momento, según constató este portal, no se había registrado ante ninguna Cámara de Comercio del país.

Betancur expuso en ese encuentro que tenía amplia experiencia en el mercado de bonos de carbono. Su propósito era desarrollar este tipo de proyectos en diversas regiones del país, incluido el departamento de Chocó y, por supuesto, el municipio de Sipí.

Los bonos de carbono son uno de los mecanismos internacionales propuestos para reducir la producción mundial de dióxido de carbono. Como compromiso que asumen los países que hicieron parte del Acuerdo de París, se busca materializar "acciones de mitigación" para las naciones que sobrepasen el límite que les corresponda de emisión de gases de efecto invernadero. Las comunidades y empresas que contribuyan a esa iniciativa reciben recursos económicos. Ahí está el negocio.

El ingeniero antioqueño llegó a la sede de Acadesan con dos personas más: Evelio Arias Marín, uno de los supuestos propietarios del predio, y Andrés Caicedo, un comisionista que, según le contó él mismo a este portal, se ha “movido en la minería y el negocio del oro hace muchos años” y por sus conocimientos en sistemas, había realizado proyectos que buscaban que comunidades de Chocó optaran por la “minería limpia”, pero no precisó a cuáles se refería.

Para entender aquella primera visita a Acadesan, VerdadAbierta.com contactó a Betancur en Timor Oriental, sudeste asiático, donde al parecer prestaba servicios de consultoría en temas medioambientales al gobierno de ese país. Al ser consultado sobre el proyecto de bonos de carbono que le planteó a las comunidades negras de Sipí, respondió que conoció del tema a través de Caicedo, quien le habló de “un terreno muy grande en Chocó” en el que podrían desarrollar ese modelo de negocio.

Pero algo no andaba bien. “El abogado de Acadesan, Jairo Velázquez, nos dijo: ‘No, eso que ustedes tienen ahí es todo falso’—recuerda Betancur—. Evelio Arias se puso muy bravo porque es el vendedor y, pues, yo qué iba a hacer, yo me quedé callado, dije: ‘No, si eso es falso apague y vámonos’”.

Pero ni Betancur ni Caicedo se fueron de aquella reunión. Por el contrario, pusieron sobre la mesa lo que las comunidades negras de Chocó han esperado durante años: la posibilidad de desarrollar proyectos productivos en sus tierras. Y reforzaron su propuesta de los bonos de carbono.

De esa primera conversación se logró avanzar de manera significativa. A comienzos de 2013, Betancur y los directivos de Acadesan firmaron un memorando de entendimiento, que tenía por objeto adelantar la creación conjunta de “núcleos especiales para mercados de carbono”.

Lo que vendría después prendió las alertas de las autoridades del consejo comunitario y lo que parecía una oportunidad para sus pobladores, se convirtió en una estrategia para cercenar 32.450 hectáreas de su territorio ancestral.

“Somos los dueños”

De manera paralela a las conversaciones que adelantaba Betancur con las comunidades en Buenaventura, un equipo de abogados en Bogotá, contratado por este ingeniero, analizaba la legalidad del título de propiedad sobre las 32.450 hectáreas que, para esa época, estaba en las manos de Evelio Arias Marín y Jorge Andrés Córdoba Carvajal.

Pese a los indicios de irregularidad que evidenciaba la tradición de esa propiedad, Betancur y sus abogados no objetaron nada y tras un proceso de verificación documental decidieron comprar esas tierras. Pero antes de concretar el negocio, constituyeron la sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde, mediante documento privado fechado el 26 de abril de 2013.

Esta sociedad fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá tres días después por la abogada Mónica Alejandra Villamil Carrillo, quien aparecía como única accionista y gerente. Se registró un capital suscrito y pagado por 1 millón de pesos.

Esa situación cambió el 15 de junio de ese mismo año, cuando tomó posesión de esta sociedad la firma panameña Progreso Verde Holding Corp, representada legalmente en ese momento por Alexis Williams Arosemena. Tres días después, convocaron a una asamblea extraordinaria de accionistas y en ella se tomaron dos decisiones: se aumentó el capital de Desarrollo e Inversiones Progreso Verde a mil millones de pesos y se nombró a Betancur como nuevo gerente y representante legal. Al parecer, esos dineros procedían de un inversionista canadiense.

Teniendo ese respaldo, el ingeniero antioqueño cerró la compra de las 32.450 hectáreas, formalizada mediante la escritura pública 1142 de la Notaría 28 de Bogotá, fechada el 26 de junio de 2013. Con ese documento en la mano, Betancur se presentó de nuevo ante el Consejo Mayor de Acadesan y les informó que Desarrollo e Inversiones Progreso Verde era la propietaria de las tierras en el municipio de Sipí.

A partir de ese momento, se realizaron varias reuniones entre Betancur, los directivos de Acadesan y las comunidades en las veredas del municipio de Sipí y otros municipios de la región del San Juan para discutir la propuesta de los bonos de carbono y de otros proyectos más. Se hicieron por lo menos 70 visitas a las comunidades asentadas a lo largo de los ríos de la región del San Juan y tres asambleas zonales en las veredas Charco Largo (Sipí); Dipurdú del Guásimo (Zona Media del San Juan); y Palestina (Litoral del San Juan).

“Llegamos a un punto en el que hicimos un pacto con Acadesan —explica Betancur— para echar para adelante un convenio de cooperación recíproca en el que se le pagó a la junta directiva de Acadesan fondos para becas de los niños, para estudiar en Bogotá, y a la junta directiva se le pagó cerca de dos años de honorarios profesionales”. Para respaldar sus afirmaciones, el ingeniero le aportó a este equipo periodístico los soportes de esos pagos.

Un poblador cercano a ese proceso, que prefirió mantener su nombre en reserva, recuerda que Betancur era muy amplio con los recursos de la empresa y, a la vez, calculador con las necesidades de las comunidades: “Los líderes y lideresas, el tiempo que le dedican al proceso organizativo no tiene remuneración. Eso siempre ha sido una queja latente en todos los liderazgos: los compañeros los días que están en los liderazgos dejan de trabajar en sus actividades, sustento de sus familias. Entonces Betancur, muy ampliamente, ofreció esos recursos: ‘Pongámosle sueldo a los compañeros’”.

En una asamblea de Acadesan celebrada en octubre de 2015 en la vereda Cucurrupí del municipio del Litoral de San Juan, se puso en conocimiento de todas las comunidades el manejo de estos dineros y se dejó claro que, de ninguna manera, comprometían la independencia del Consejo Mayor ni obligaba a Acadesan a desarrollar un proyecto que no acordaran antes internamente como comunidad.

¿Estrategia de usurpación?

Elizabeth Moreno Barco es la actual representante legal del Consejo Mayor de Acadesan. Para el año de llegada de Progreso Verde a Sipí, hacía parte de la junta directiva de Acadesan. Recuerda que, en aquel entonces, revisaron cuidadosamente la situación del predio con un equipo jurídico y concluyeron que era una estrategia para usurpar la tierra y aprovecharse de las comunidades.

“Dijeron ‘vamos para donde esos negritos y los embolatamos con cualquier cosa y como ellos le tienen miedo a una cosa y a la otra, pues ellos de una vez se asustan y van a decir sí, sí, sí’, pero no contaron con que una comunidad organizada, que ha tenido la asesoría de muchas personas que trabajaron en los procesos de comunidades negras, estaba lista para defender el territorio”, resalta Moreno.

Ante esa oposición, Betancur desistió por un tiempo de la reclamación de la tierra y cambió de estrategia. “Ofreció una sociedad donde pudieran hacer un trabajo de microempresas o de empresas que estuvieran relacionadas con el suelo, con lo que produce el territorio, pero lo curioso fue que ellos no buscaron ningún otro territorio, sino que se fijaron exclusivamente en Santa Rosa”, explica la lideresa.

La razón es, aparentemente, sencilla: ese caserío, asentado en las riberas del río Garrapatas, es la comunidad negra más cercana al polígono de las 32.450 hectáreas que había comprado Betancur a nombre de la sociedad Progreso Verde.

“En las reuniones sólo hablaban de negocios, de la empresa, de tanto por tanto para la comunidad, hacer una sociedad —cuenta Yeison Mosquera, un líder de Santa Rosa—. La empresa se comprometía a pagar todos los gastos y a apoyar la juventud de acá para que en el mañana ellos fueran los representantes de la empresa”.

Esas discusiones dieron frutos: el 8 de enero de 2014. Ese día, ante la Notaría 59 de Bogotá, se autenticó un “Acuerdo de Cooperación, Impacto y Beneficio”, firmado entre el entonces representante legal de Acadesan, Santiago Salazar, y el ingeniero Betancur. Este documento pretendía recoger “los términos y condiciones de negociación para el desarrollo de actividades económicas sostenibles en el territorio colectivo de ACADESAN (sic)”.

Durante las etapas de concertación, el representante legal de Progreso Verde ofreció un porcentaje de los proyectos productivos que las comunidades no aceptaron. Al principio, propuso 40 por ciento para las comunidades y 60 por ciento para la empresa, pero las comunidades exigieron 50 por ciento para ambas partes.

“Cuando se les vieron las intenciones, la Asamblea pidió 20-80: 20 para la empresa y 80 para la comunidad. Entonces ese señor —Betancur— se enojó. A lo último les dijo: ‘ustedes aquí entraron reclamando una parte del territorio, bueno, antes de hacer algún tipo de negociación, nosotros necesitamos un documento donde ustedes nos confirmen que no son dueños del territorio’”, cuenta Moreno.

Para concretar las negociaciones, se celebró una reunión el 9 de mayo de 2015 en la que se pactó la firma, ese mismo día, de un Acuerdo de Transacción entre Acadesan y Progreso Verde, “que se establece como un pacto de convivencia para sacar adelante, de manera conjunta”, el mencionado Acuerdo de Cooperación, Impacto y Beneficio, firmado un año atrás.

En este nuevo documento, autenticado en la Notaría Única de Istmina ese mismo día, Betancur y Santiago Salazar, para ese entonces representante legal de Acadesan, suscribieron tres puntos para impulsar las iniciativas: las relaciones se basarían en los principios de la buena fe y la transparencia; trabajarían en armonía para generar una economía que beneficiara a las comunidades; y Progreso Verde no reclamaría como propias las 32.450 hectáreas porque estaban dentro del título colectivo de Acadesan.

Pero tal como lo ha demostrado esta investigación, Betancur mintió en ese acuerdo, pues para la fecha de su firma ya había comprado el predio de 32.450 hectáreas.

Después de suscribir y formalizar el Acuerdo de Transacción, el Consejo Mayor de Acadesan no quiso adelantar ningún proyecto con Progreso Verde ni con su representante porque “no daban las garantías necesarias para continuar con la negociación”, sostiene Moreno.

La firma de ese documento y la posición adversa del consejo comunitario, según Betancur, le trajo problemas a él con los socios de la empresa, sobre los cuales no quiso dar detalles precisos.

“En una de esas consultas previas —cuenta el ingeniero— me sacaron y me dijeron que nos fuéramos para una parte para firmar un papel donde había que decir que la empresa Progreso Verde no podía hacer ningún tipo de reclamación a Acadesan y viceversa. Yo firmé ese papel porque realmente en mis bolsillos yo sentía un fusil AK-47 presionándome. Yo firmé el papel, me fui para Bogotá, conté lo que pasó y ahí me echaron de la empresa”.

Al respecto, Betancur tampoco dio detalles de quiénes lo presionaron de esa manera.

En el consejo comunitario aseguran que no tienen conocimiento de que el representante de Progreso Verde haya sido amenazado por ningún grupo armado ilegal y sostienen que la firma del documento no se dio bajo presión. “Él fue por su propia voluntad”, reiteran miembros del Consejo Mayor.

Días después, en Acadesan recibieron una carta mediante la cual les informaron que Betancur ya no era el representante legal de Progreso Verde. “A él lo despidieron, la gente intuyó que por haber firmado ese documento. Entonces todo el mundo dijo que el interés sigue siendo la tierra”, recuerda el miembro de la junta directiva del momento que prefirió mantener su nombre en reserva.

En reemplazo de Betancur, fue elegido Marc Robert Williams como representante legal de la sociedad. Este empresario, de origen canadiense, había asistido a reuniones con los directivos de Acadesan y la comunidad lo identificaba como una pieza clave en el funcionamiento de Progreso Verde.

VerdadAbierta.com buscó a Williams para que explicara esa situación, pero a raíz de contraer el Covid-19 aseguró padecer graves quebrantos de salud que lo obligaron a parar sus actividades laborales. Semanas después se intentó hablar con él de nuevo, pero no respondió los correos.

En Sipí dudan del despido de Betancur. Basan sus inquietudes en un hecho que ocurriría varias semanas después del supuesto cambio de representante legal en esa sociedad foránea. Resulta que el ingeniero antioqueño invitó a Santiago Salazar, a Jairo Velázquez —abogado que apoyaba a Acadesan— y a Elizabeth Moreno para que se reunieran en Medellín con Williams. El objetivo era restablecer las conversaciones sobre los proyectos productivos.

“Nos llevaron a un lugar lujoso en Medellín con todos los protocolos, pues, de la gente highlight y la full country, un súper apartamento en lo exclusivo. Dijeron: ‘no, pues ahorita con esto vamos a deslumbrar a estos pelagatos’, pero no. Nosotros, una gente que viene trabajando añiles por la defensa del territorio, no nos íbamos a someter a eso”.

Nuevamente, rechazaron la oferta y a partir de ese momento el consejo comunitario rompió relaciones con la sociedad Progreso Verde. Pero los foráneos continuarían persistiendo en sus intenciones de quedarse con la tierra.

“Prometiendo el cielo”

A ese corazón de la selva chocoana, y a espaldas del Consejo Mayor de Acadesan, regresó el ingeniero Betancur en diciembre de 2016, “prometiendo el cielo”, dicen algunos de sus pobladores.

“Cuando fui por allá, eso estaba completamente cubierto de coca y dominado por las Farc y algunos grupos del Eln”, indica Betancur, pero poco quiso contar sobre su libre movilidad en un contexto de grupos armados al margen de la ley y economías ilícitas.

De nuevo en Sipí, visitó primero el resguardo Sanandocito, habitado por indígenas del pueblo Embera Katío. “Yo llegué allá porque me invitó el gobernador del cabildo”, cuenta Betancur. El encuentro buscaba implementar proyectos productivos, pero desistió porque no fue fácil entenderse con las autoridades nativas.

Este portal contactó a un comunero que estaba viviendo en ese resguardo indígena en 2016, pero se negó a responder cuando se le preguntó por Betancur. Un coordinador de la Asociación de Cabildos Indígenas Orewa le explicó a VerdadAbierta.com que el comunero desconfiaba y pensaba que este equipo periodístico trabajaba para el ingeniero antioqueño. Y por más que se le explicara el objetivo de esta investigación, no aceptó hablar del tema.

Luego de salir del resguardo, arribó a Santa Rosa. “Acá llegó diciendo que los indios lo habían tratado mal allá. Él quería reunirse con la comunidad, nos reunimos unos poquitos ahí. Que él necesitaba trabajar con las comunidades y más que todo con la comunidad de Santa Rosa”, cuenta Pablo Enrique Moreno, uno de los líderes locales.

Esta sería la primera de múltiples visitas del ingeniero antioqueño, quien, en varias ocasiones, llegó en compañía de su esposa Madelén y su perra Samanta. ¿Pero a nombre de quién había retornado a Sipí y a la comunidad de Santa Rosa? De acuerdo con versiones recogidas en Santa Rosa, esta vez se presentó como “un inversionista” respaldado por “sus socios”, sin dar más detalles.

Esta versión es rechazada por Betancur, quien asegura que él contó “absolutamente todo”. Pero lo que parece haber omitido es que, pese a que en 2015 fue relevado de la representación legal de Desarrollo e Inversiones Progreso Verde SAS, esta vez volvió a Sipí como emisario de Proyecto Horizontes Verdes SAS, la sociedad que había adquirido las 32.450 hectáreas en julio de 2016. En ambas sociedades tuvo participación el ingeniero antioqueño y eran controladas, desde Panamá, por Progreso Verde Holding Corp.

Y continuaría regresando a las comunidades durante el 2017. A comienzos de enero de ese año volvió a Santa Rosa para “trabajar con el pueblo”, recuerda la comunidad que fueron sus palabras. Les contó que antes trabajaba con bonos de carbono en Riosucio, Chocó; y cultivos de arroz en Villavicencio, Meta.

En esa ocasión, les planteó trabajar en el mercado del arroz orgánico con porcentajes del 75 por ciento para él y 25 por ciento para la comunidad, y les propuso hacer una empacadora en una zona alta en la que, para quienes cosechan el arroz, era un sinsentido, pues demandaba gran esfuerzo subir los bultos hasta allá.

“Nosotros le dijimos: ‘Pero una empacadora de arroz no hay necesidad de montarla allá arriba porque de acá para arriba no cultiva nadie. Así que hay que montarla en alguna parte central, ya sea acá en Santa Rosa, Marquesa, Chupey o el que sea’”, cuenta Pablo Enrique Moreno, un líder local.

Betancur se fue no muy agusto por la posición de la comunidad. Regresó en diferentes ocasiones proponiendo otros negocios, pero ninguno se concretó. Cuando la comunidad de Santa Rosa le mencionaba que este tipo de arreglos debía hacerse con el conocimiento del Consejo Mayor de Acadesan, se molestaba.

Actuando como Señor y Dueño

En una nueva visita a Santa Rosa, el ingeniero propuso construir una casa, esta vez en un punto montañoso en inmediaciones del río Garrapatas. “Él es un señor que es bastante altanero. Usted dice algo, a él no le gusta y ahí de una se le ‘calienta’ a uno”, resalta José Moreno, otro de los líderes locales.

Si bien recomendaron internamente que no se participara en esa idea, la necesidad económica hizo que algunos miembros de la comunidad le trabajaran a Betancur, quien, en junio de 2017, contrató a algunos pobladores para construir la casa en un punto específico a una hora de Santa Rosa en lancha río arriba y a 15 minutos caminando desde el río Garrapatas hasta un sector selvático conocido como Las Peñitas.

La comunidad recuerda que Betancur llevaba un artefacto, “como un GPS”, dicen, que arrojaba pitidos y cuando llegaron al punto en donde hoy se alza la casa, los pitidos se hicieron más fuertes. “Aquí es”, dijo el ingeniero, según recuerda Carlos Moreno, miembro de la comunidad que trabajó en esa construcción, alzada en madera.

Por un día de trabajo, Betancur pagaba 40 mil pesos y para que les diera el dinero, los trabajadores tenían que firmar lo que describen como una cuenta de cobro y darle una fotocopia de la cédula. “Si nosotros no accedíamos a dar la fotocopia ni a firmar, no nos daban el pago. Él decía que eso era algo necesario, que tenía que llenar unos requisitos. Como necesitábamos el pago, accedimos”, reconoce Moreno.

El ingeniero sostuvo que la comunidad estuvo de acuerdo en construir la casa, destinada, según dice, a establecer un “centro comunitario de entrenamiento de guías turísticos de conservación” y para el estudio de la fauna y la flora de la región.

“Sí, yo viví allá para pasar vacaciones y también me iba con todos ellos —miembros de la comunidad— para allá y hacíamos charlas sobre muchas cosas: hablábamos de astronomía, hablábamos de las plantas, hacíamos caminatas por el bosque, recogíamos ejemplares botánicos y les enseñaba de plantas que son tóxicas y plantas que son medicinales. Descubrimos muchas cosas”, detalla Betancur. Como la gran mayoría de las tierras de esta comunidad negra, el predio en donde Betancur construyó la casa estaba destinado a actividades agrícolas. Carlos Asprilla, miembro de la comunidad, le aseguró a VerdadAbierta.com que su difunto padre, Máximo, sembraba allí maíz y plátano, y criaba marranos y gallinas, al igual que sus abuelos.

La abogada María Fernanda Angulo, que apoya a las comunidades de Acadesan, se pregunta si la construcción de esa casa fue una estrategia para que, consolidando un acto de propiedad en el predio, fuera más difícil que una disputa legal lograra hacerlo retirarse del territorio.

Construida la casa, las visitas del empresario se volvieron cada vez más frecuentes. Finalizando 2017, Betancur volvió a Santa Rosa en compañía de un extranjero de una edad avanzada. “Un gringo. Sólo hablaba inglés”, recuerdan en la comunidad, pero no tienen claro para qué lo llevó, aparte de enseñarle el territorio. En otra ocasión, el mismo tipo de visita corta la hizo en compañía de un ingeniero agroforestal, pero tampoco se tienen mayores detalles.

Después de tantas reuniones sin acordarse nada, en diciembre de 2018, Betancur se presentó ante la comunidad de Santa Rosa con papeles para formalizar un negocio de arroz, financiado por él, bajo porcentajes de ganancia que la comunidad no sentía justos y bajo presión en el tiempo de toma de decisión, pues decía que al día siguiente tenía que irse porque ya todo el dinero estaba listo.

“‘Señor Betancur, bueno, usted tiene la plata, pero con plata y no tiene tierra, no tiene nada, entonces, ¿por qué no nos vamos a 50 y 50?’”, le planteó un líder de Santa Rosa.

Esa prevención fue respondida por Betancur con agresividad: “Que si acá venía un narcotraficante con revólver y armas ahí sí le copiamos, pero como él no andaba con nada, no le copiábamos”, recuerdan en la comunidad que fueron sus palabras en esa última reunión. Ante esa negativa, al día siguiente se marchó y nunca más volvió.

“¿Sabe por qué no está Betancur aquí? Porque nosotros le cogimos la mentira, hablaba mucho. (...) Si nos ponemos a recordar todo lo que decía, llenamos un libro”, recuerda José Armando Moreno. “Eso cada vez tenía un negocio diferente. Venía con la idea del arroz, luego que el achiote, que el cacao, casas flotantes, montar una motobomba”, recuerdan miembros de la comunidad. Incluso, les llegó a proponer grabar una película por el río Sorobiatá.

Pero Betancur no se desprendió del todo de la selva chocoana. De acuerdo con versiones recogidas en Santa Rosa, el ingeniero le estaba pagando a una familia indígena de Sanandocito para que viviera en la casa. “Si no estoy mal, son 900 mil pesos mensuales para que vivan allá”, cuentan en la comunidad.

A pesar de que varios miembros de la comunidad concuerdan en el asunto del pago, al preguntársele, Betancur negó todo el asunto. VerdadAbierta.com pudo constatar que, entre cultivos de piña, plátano y caña, la casa estaba siendo habitada.

“Lo que a nosotros nos preocupa es que un tipo que está pagando plata para que le cuiden una casa que está que se cae, debe tener un interés en esa casa”, expresó un miembro de la comunidad. Según la información georeferencial de las 32.450 hectáreas, este portal constató que la ubicación de la casa concuerda con la sexta coordenada consignada en un supuesto mapa del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) adjunto en las escrituras que le dan titularidad a esa empresa foránea.

Meses después de que VerdadAbierta.com estuvo en el municipio, fuentes en territorio le informaron a este portal que la casa fue quemada por sujetos desconocidos.

Llega otro intermediario

La partida de Betancur no significó la pérdida de interés por aquellas 32.450 hectáreas. El Consejo Comunitario de Acadesan recibió en su sede de Istmina el 10 de junio de 2019 a Boris Navarro Pabón, un administrador ambiental oriundo de la ciudad de Cali, con experiencia en negocios verdes y trayectoria de por lo menos siete años en el sector de hidrocarburos —entre 2007 y 2015 trabajó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos—.

Para la fecha de esa reunión, Navarro era representante legal de Proyecto Horizontes Verdes SAS, nombrado en ese cargo el 26 de marzo de ese año, en reemplazo del ingeniero Luis Betancur. El objetivo de su visita fue presentarles a las autoridades de Acadesan un proyecto de creación de un santuario de conservación e informarles que esa sociedad tenía la propiedad de las 32.450 hectáreas.

Antes de hablar con las autoridades del consejo comunitario, Navarro adelantó varias reuniones en Quibdó con representantes de distintas instituciones, entre ellas, la Universidad Tecnológica del Chocó (Utch); la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó); y la Gobernación del Chocó.

Presentándose como representante de una nueva empresa llamada Eightfold, el administrador ambiental le ilustró a las instituciones que la empresa buscaba realizar nueve proyectos en diferentes partes del país —varios de ellos en la Orinoquía y Amazonía Colombiana— y uno de ellos estaba en Sipí. Sostuvo que estaban interesados en hacer una farmacéutica natural y otros siete objetivos fijados a la “conservación a perpetuidad” de ese pedazo de Chocó.

Según se oye en grabaciones de esas reuniones que llegaron a manos de este portal, Navarro le señaló a los académicos y funcionarios que su visita la había adelantado las recientes inundaciones que había afectado a las familias de Santa Rosa y que su objetivo era articular a la academia y la institucionalidad local en el proyecto de Eightfold, pero lo que no les contó es que la empresa que representaba tenía un título en el territorio.

Al respecto, Navarro, a quien se le contactó previamente, pero no quiso dar declaraciones, aclaró en una comunicación posterior a la publicación de este informe que “a todas las reuniones llevé el documento que fue entregado por la Oficina del IGAC en Quibdó donde certificaron que el título privado está registrado. Adicionalmente el modelo del Banco de la Biodiversidad estaba planeado para un título privado y no colectivo. Y esta información fue compartida ampliamente con CODECHOCÓ, la Gobernación y la UTCH. Adicionalmente el tema del título privado está manifestado en todos los documentos que elaboramos en Eightfold”.

Ya en la reunión con Acadesan, cuando sí lo mencionó, esa noticia no cayó bien entre los voceros del consejo comunitario. “Ahí fue que yo le dije: ‘Si usted considera que la tierra es suya, ¿por qué viene a pelear aquí con nosotros o porque se viene a disgustar? —lo increpó Elizabeth Moreno, actual y entonces representante legal de Acadesan—. Si usted sabe que tiene sus papeles legales entonces tráiganos su jurídico, tráiganos a su gente, tráiganos a los del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) y vamos a decidir de quién es la tierra. Tenemos que definir, la tierra es de ustedes o es de nosotros porque la tierra no puede tener dos dueños”.

Un poco más de un mes después de aquella reunión la sociedad Proyecto Horizontes Verdes SAS cambió su nombre formalmente por el de Eightfold Biodiversity Bank SAS, según registros que reposan en la Cámara de Comercio de Bogotá. La modificación se inscribió el 18 de julio de 2019.

Esta nueva empresa pretendía sacar adelante en Sipí un “nuevo modelo de bioeconomía para Colombia, con un enfoque en sustitución de cultivos ilícitos desde el sector privado en un marco del Valor Compartido con las comunidades locales, la academia y el gobierno, apoyando el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Metas de Biodiversidad de Aichi y el Acuerdo de París sobre el clima”.

Después de aquella primera reunión, Navarro regresó a la comunidad de Santa Rosa, sin informar al Consejo Mayor de Acadesan, con un discurso similar al que expresaba Betancur años atrás: prometió proyectos productivos y sugirió reubicar a las 38 familias (109 personas) que conformaban a esta comunidad hacia un lugar conocido como San Lorenzo, a 10 minutos subiendo por el río Garrapatas, para que no sufrieran más por culpa de las inundaciones; además, dijo que les construiría acueducto y alcantarillado, y los dotaría de energía solar, pavimentarían el nuevo Santa Rosa y construiría hasta un malecón.

Aprovechando esa visita, Navarro buscó al alcalde de Sipí, Luis Ángel Largacha, para que le firmara un documento mediante el cual desenglobarían las 32.450 hectáreas del resguardo indígena Cañón Río Garrapatas que se traslapaba con el título que ostentaba la sociedad foránea. En la comunidad de Santa Rosa recuerdan que el mandatario local no firmó nada hasta tanto hubiese un acuerdo con Acadesan.

Quince días después de aquella visita, el administrador ambiental regresó a Santa Rosa con alimentos como arroz, atún, aceite y papa, entre otros, y acompañado con varias personas que vestían prendas del Sena, de la Universidad Tecnológica del Chocó, de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), de la Agencia Nacional de Tierras, topógrafos y sociólogos, entre otros. La idea era avanzar en el proyecto de construcción de la nueva Santa Rosa y materializar la iniciativa de conservación ambiental.

VerdadAbierta.com se contactó con Navarro, pero fue escueto en las respuestas: “Renuncié por justa causa el 10 de julio de 2020. No tengo nada que ver con esas personas y no puedo ser vocero de esas empresas”. Aunque se le explicó que la entrevista buscaba contrastar lo dicho por las comunidades, se mantuvo en su posición y se limitó a compartir un documento que detalla el ambicioso proyecto de conservación ambiental que tenía Eightfold sobre las tierras de Sipí.

Una vez publicado el artículo, Navarro envió una comunicación a VerdadAbierta.com en la que aclaró que “decir que las personas ‘vestían prendas’, y no afirmar con claridad que eran funcionarios (como se puede observar claramente en los videos que se encuentran en Youtube) de la UTCH y CODECHOCÓ, me parece que es una herramienta para insinuar que yo fui a Santa Rosa con personas que usaron prendas de Instituciones públicas que no lo eran y esto raya con lo legal. Les agradezco aclarar esta afirmación. Como les digo podemos ver los videos y les puedo señalar a los funcionarios y sus cargos. Adicionalmente no había personas del SENA ni de la ANT”.

Después de aquella reunión a la que asistieron funcionarios de diversas entidades estatales, nadie volvió a Santa Rosa en representación de Eightfold Biodiversity Bank SAS. Al parecer, se quedaron sin recursos económicos para continuar seduciendo a las comunidades.

En las distintas reuniones que Navarro sostuvo con los expertos de Codechocó, la Utch y demás, al escuchar las palabras del empresario le plantearon tres preguntas claves: ¿por qué Sipí? ¿Cómo reñía un modelo de construcción privada dentro de un territorio titulado colectivamente? Y, ¿cuál era la ganancia de Eightfold?

A lo primero respondió que en Sipí veía una oportunidad para generar “recursos que se comparten” con comunidades olvidadas que la empresa que representaba, desde años atrás, había buscado “apoyar”. A lo segundo, que la manera de solucionarlo era generar una alianza con el Consejo Comunitario de Acadesan: “Nosotros ponemos los recursos, ellos ponen las tierras” y para ello, el mismo Navarro había adelantado y tenía pensado realizar conversaciones con el gobierno nacional e instituciones ambientales de envergadura nacional como el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Sobre la mención al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Navarro aclaró en una comunicación posterior a la publicación de este informe que “Eightfold sostuvo una reunión con el Humboldt, pero nunca firmamos ningún papel o se adelantó algún tipo de alianza”.

Y lo tercero le tomó mayor despliegue: “Esta empresa tiene un dueño, se llama Daniel White, él es canadience. El señor Daniel White hizo una fortuna a través de su vida. ¿Su fortuna en qué se basa? En finca raíz en Canadá, él es un constructor de Canadá, maneja terrenos. Él hace eso allá. Y él un día dijo, ‘bueno, con toda esta fortuna, toda esta riqueza que tengo que ya ni me la gasto, qué está pasando en el mundo. ¿Hay hambre? ¿Hay desigualdad?’. Entonces qué propuso: ‘voy a hacer un fondo’. Y él tiene un fondo. O sea nosotros estamos financiados. Eightfold no es una organización que busque el enriquecimiento del señor White, eso ya está definido”.

Diferentes fuentes que trabajaron en la empresa le confesaron a VerdadAbierta.com que el proyecto Sipí sí tenía un interés económico y el empresario canadience en cabeza de este es un cuestionado inversionista extranjero: Daniel Alexander White. Pero, ¿quién es este inversionista?