Los departamentos de Meta y Guaviare, con gran potencial para el desarrollo de la industria agropecuaria y la extracción de hidrocarburos, han sido durante décadas escenarios de disputa entre diferentes grupos armados. Guerrilleros, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, en su afán de infundir temor, de lograr control territorial y de alterar las cifras que produce la guerra, recurrieron a la práctica de la desaparición forzada.
Así lo explica el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia, publicado en noviembre de 2016: “Este crimen pasó de ser cometido con una alta participación de agentes estatales y perpetrado contra personas consideradas como militantes sociales y políticos asociados a la izquierda, a comprometer como responsables a particulares, en especial a miembros de grupos paramilitares y de las guerrillas, y a victimizar a personas de muy distintas características como campesinos, habitantes de calle, personas en situación de discapacidad, entre otras”.
Dicha investigación, que cruzó 102 fuentes de documentación, 56 institucionales y 46 sociales, estableció que entre 1970 y 2015, en razón del conflicto armado, 60.630 personas fueron víctimas de desaparición. De ellas, el 12 por ciento eran habitantes de ambos departamentos: 5.459 de Meta y 1.849 de Guaviare.
No obstante, diferentes organizaciones no gubernamentales han advertido que esas cifras son producto de un subregistro por cuanto presumen que cientos de casos no han sido denunciados por temor a retaliaciones y por la ineficiencia de las entidades estatales a la hora de registrar los casos. Una de ellas es el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas) que, tras un estudio piloto, advirtió que los desaparecidos podrían ser el doble de los registrados por el CNMH.
"A las personas desaparecidas se les sitúa en un estado de indefensión absoluto, se les niegan todos sus derechos y cualquier posibilidad de asistencia y de protección. A las familias se les impide conocer lo que pasa con ellas, haciendo que el no saber sobre su destino e incluso sobre su sufrimiento se torne en una fuente de angustia indescriptible": CNMH.
Al analizar las curvas de ocurrencia de esa macabra práctica, se encuentra que el número de casos aumentó desde 1997 y disminuyó a partir de 2005. Dicha situación está directamente relacionada con el arribo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) a la región en julio de 1997; y con el proceso de desmovilización colectiva de las estructuras que conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), pactado durante el primer periodo de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/2006-2010).
Las Accu, el grupo que los hermanos Carlos y Vicente Castaño comandaron y diseminaron por diferentes regiones del país con el apoyo de sectores agroindustriales, narcotraficantes y de algunos miembros de organismos de seguridad del Estado, llegaron a San José de Guaviare en dos aviones militares desde Antioquia y marcharon hasta el municipio metense de Mapiripán, en donde, entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cometieron una cruenta masacre, asesinando y arrojando cuerpos al río que le da nombre a esa localidad. Sin embargo, un habitante de la región, quien pidió la reserva de su identidad, advierte que las primeras desapariciones de las Accu no ocurrieron en Mapiripán, sino en Charras, zona rural de la capital de Guaviare.
El arribo de la denominada Casa Castaño estremeció al ajedrez de la guerra que se vivía en los Llanos Orientales a finales de los años noventa y disparó los índices de violencia contra la población civil, e incluso contra otros grupos armados ilegales de su propia ideología, como la guerra fratricida que libró entre 2003 y 2004 contra el grupo de Héctor Buitrago, alias 'Martín Llanos', que dejó decenas de combatientes desaparecidos.
Antes de que llegaran las Accu, en la región ya operaban las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), bajo el mando de la familia Buitrago; las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, de José Baldomero Linares, alias 'Guillermo Torres', grupo que se relacionó con el fallecido 'Zar de las Esmeraldas', Víctor Carranza; y las Autodefensas de San Martín, comandadas por alias 'Jorge Pirata', que posteriormente fueron absorbidas por las Accu para darle vida al Bloque Centauros.
A ellos se suma la presencia histórica de las Farc, con sus múltiples frentes y columnas móviles del Bloque Oriental, cuyas actividades incluían la práctica del secuestro extorsivo que derivó en la desaparición de personas de las que no se volvió a tener noticias estando en cautiverio, al cobro de extorsiones a economías legales e ilegales, a cometer atentados contra la infraestructura y a librar combates contra la Fuerza Pública.
En cuanto al Ejército Nacional, también se le atribuyen casos de desaparición forzada, la mayoría de ellos relacionados con ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron asesinados y presentados como bajas en combate. Una de las unidades militares más cuestionada es el Batallón XXI Vargas, que se habría aliado con el Bloque Centauros para perpetrar esos crímenes, según confesaron algunos desmovilizados ante fiscales de Justicia y Paz.
Sobre desapariciones relacionadas con 'falsos positivos', el CNMH estableció que "se trata de la única práctica conocida de este delito en la que el encubrimiento implica la exhibición del cuerpo de la víctima, pero trastocado en su identidad".
Con esos grupos armados y el narcotráfico como telón de fondo, entre 1996 y 2005, según la investigación del CNMH, la desaparición forzada registra su grado más alto de propagación territorial, afectando a 920 municipios. Entre las 30 localidades más afectadas por ese crimen de lesa humanidad figuran ocho ciudades capitales, entre ellas las de Meta y Guaviare: “Bogotá, Medellín, Santa Marta, Valledupar, Montería, Villavicencio, Florencia y San José del Guaviare”.
Para el siguiente periodo, comprendido entre 2006 y 2015, la desaparición forzada tuvo ocurrencia en menos municipios y la mitad de los casos se concentra en 47 de ellos. Entre los más afectados se mantienen Villavicencio y San José del Guaviare.
Meta y Guaviare escenifican dos cruentas prácticas que cometieron los actores armados para no dejar rastros de sus víctimas. La primera está relacionada con personas dadas por muertas en combate quienes al parecer fueron enterradas en cinco cementerios, y la segunda con fosas comunes clandestinas en sectores rurales.
En los cementerios de cuatro municipios de Meta (La Macarena, Villavicencio, Vista Hermosa y Granada) y en el de la capital de Guaviare (San José del Guaviare), reposan cientos de cuerpos de personas que fueron enterradas sin identificar, la mayoría de ellas reportadas como muertas en combate.
En 2010, un grupo de organizaciones sociales y congresistas encendieron las alarmas, denunciando que en los Llanos Orientales existía la fosa común más grande del continente. Producto de esa incidencia, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio del Interior, adelantaron acciones para identificar esos restos.
Naya Parra, responsable de incidencia del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, una de las organizaciones que han encabezado esa iniciativa, explica que crearon la campaña Contemos la verdad porque todas las personas no identificadas tienen una historia, para determinar quiénes son las personas que fueron llevadas a esos cementerios y esclarecer si algunas de ellas podían ser víctimas de desaparición forzada; o por qué estaban allí sin identificar.
“Se encontró un patrón de lugares para llevar cuerpos de personas que en algunos casos fueron reportadas como muertos en combates. Se ha podido determinar que algunas personas sí habían sido combatientes, pero también se encontró que un número importante de personas que habían desaparecido de sus hogares, incluidas algunas de ejecución”, agrega.
"Las cifras oficiales hablan de cinco cementerios con 2.304 cuerpos, 1.670 fueron presentados como bajas en combate": Parra.
En 2015, la organización Equitas, que tiene estatus consultivo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en temas forenses y de desaparición forzada, se unió a esa labor en Meta y Guaviare porque algunos informes periciales presentaban problemas. “Nos llamaron para que hiciéramos verificación del proceso de individualización de las víctimas para asegurarle a las familias que estaban recibiendo a su ser querido y no a otra persona como pasó en el caso del Palacio de Justicia”, señala su directora, Diana Arango.
Y continúa: “En ese proceso Equitas y la investigación de las organizaciones de derechos humanos nos dimos cuenta de que un número importante, bastantes casos, no necesariamente correspondían a muertes en combate, sino que correspondían a categorías de ejecuciones extrajudiciales, que luego sufrieron una desaparición forzada”.
Al respecto, el pasado 1 de agosto, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, le entregaron a la Comisión de la Verdad (CEV), a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), el informe Desenterrar la verdad en los Llanos Orientales: desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los DDHH, que recoge varios casos e información de contexto sobre la situación de esos cinco cementerios municipales.
El documento señala que, hasta el 9 de febrero de 2018, la Fiscalía había encontrado 2.304 cuerpos de personas sin identificar, y que 1.674 de ellos fueron reportados como muertos en combate.
Además, el informe recopila información específica sobre 64 casos y 78 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por miembros de la Fuerza Pública que operaban en los Llanos Orientales: “En algunos casos, además de la presunta ejecución extrajudicial, se ha logrado evidenciar prácticas crueles como el ocultamiento de las víctimas, enterrándolas como personas no identificadas en cementerios municipales, lo que podría constituirse, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en posibles desapariciones forzadas”.
También documenta 737 casos de personas dadas por desaparecidas en esa región, de los cuales 447 están relacionados con los cementerios de La Macarena, Villavicencio, Vista Hermosa, Granada y San José del Guaviare. El listado de casos fue remitido a la UBPD para que adelante las labores pertinentes.
En cuanto a los cementerios de La Macarena y Granada, el informe de 2016 del CNMH registró que la práctica de inhumar personas sin identificar también fue empleada por la guerrilla de las Farc. Y para ello citó el relato de un campesino rendido al diario El Tiempo el 29 de julio de 2009: “La guerrilla los traía, los enterraba y nadie preguntaba. ¿Quién se iba a poner a averiguar por el fulano?”.
La trocha ganadera es una extensa llanura de 106 kilómetros, ubicada entre el casco urbano de San José de Guaviare y el corregimiento de Charras-Boquerón. Estaba dedicada a la ganadería y al cultivo de pancoger, hasta que el arribo de paramilitares la convirtió en un “valle de huesos”.
De acuerdo con información recopilada por la Fundación Hasta Encontrarlos, que ha documentado casos de desaparición forzada en la región y realizado exhumaciones por petición familiares de desaparecidos y en compañía de la Defensoría del Pueblo, la cotidianidad de esa zona rural se rompió en 1997. “En el marco de la incursión paramilitar desarrollada en Mapiripán-Meta, fueron asesinadas y desaparecidas varias personas en Charras y veredas aledañas, generando desplazamiento forzado”, plantea uno de sus informes de contexto.
Y la violencia retornó años después: “En el 2002, entre septiembre a octubre, una nueva incursión paramilitar a Charras generó nuevas desapariciones forzadas y asesinatos, provocando el desplazamiento forzado de un 80% de la población, quedando desolado el caserío y un 20% de la población se refugió en las fincas más apartadas. Entre enero a febrero del 2003, nuevos operativos paramilitares provocaron el desplazamiento forzado del resto de la población”.
Sin embargo, más allá de esas incursiones puntuales, la trocha ganadera fue el lugar en el que los paramilitares instalaban retenes y desaparecían en fosas comunes a personas que, con listado en mano, hacían descender de los vehículos en los que se transportaban. De ese modo, y con testimonios de la comunidad, la Fundación Hasta Encontrarlos estima que en esa zona pueden existir al menos 60 sitios de inhumación ilegales y que en ellos se encontrarían los restos de por lo menos 200 víctimas.
Antes de que se crearan esa fundación y el Comité de Impulso de Reparación Colectiva de Charras, se conformó una Comisión Humanitaria que, en compañía de organizaciones sociales; del sacerdote Francisco de Roux, quien actualmente preside de la CEV; de cooperantes internacionales y de la Defensoría del Pueblo, ante las dificultades de orden público que impidieron que funcionarios de la Fiscalía ingresara a la región, realizaron dos jornadas de exhumación.
La primera se hizo en 2013 y la segunda en 2014. En cada una encontraron los restos de tres víctimas, que fueron dejados en custodia del ente investigador para su identificación y posterior entrega a sus familiares. En la actualidad, se estableció la identidad de las víctimas y se logró la entrega a cinco familias.
"En el cementerio de San José del Guaviare hay por lo menos 400 personas reportadas como no identificadas, que fueron llevadas allí, provenientes de La Macarena y otros lugares de la región, reportadas como muertos en combate": habitante de Guaviare.
Esa lucha por encontrar a los desaparecidos de la trocha ganadera ha continuado hasta el presente. La Fundación Hasta Encontrarlos y el Comité de Impulso están documentando decenas de casos con familias de la región y elaborando un Plan de Búsqueda, que aspiran entregarle a finales de este año a la UBPD.
Por otro lado, en la región no olvidan otras desapariciones forzadas, como las que padecieron militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica entre los años ochenta y noventa; y las de miembros de grupos armados caídos en combate.
Al respecto, un habitante de la región, que pidió mantener la reserva de su identidad, cuenta que “cuando se presentaba un combate entre estructuras del Ejército, paramilitares o guerrilla, muchas veces no recuperaban cuerpos y eran enterrados en fosas comunes. En la vía de Charras a Guanapalo hay una fosa donde la gente estima que están los cuerpos de 50 paramilitares y guerrilleros; ese hecho ocurrió en 2003, cuando pobladores de la región vieron los cuerpos allí tirados y los sepultaron”.
La primera experiencia de una jurisdicción extraordinaria que brindara penas alternativas a cambio de reparar a las víctimas del conflicto armado y buscar la reconciliación en el país fue la denominada de Justicia y Paz, amparada en la Ley 975 de 2005, que le dio sustento jurídico a la desmovilización de los grupos paramilitares que dejaron las armas entre 2003 y 2006, tras las negociaciones con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
De las tres grandes estructuras que operaron en los Llanos Orientales, sólo las Autodefensas Campesinas de Casanare no se acogieron a ese proceso de paz y se diluyeron sin reparar a sus víctimas ni confesar sus crímenes. Por el contrario, el Bloque Centauros, que nació de las Accu; y las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV), sí depusieron las armas y sus jefes, junto con otros hombres que cometieron crímenes de lesa humanidad, comparecieron ante la justicia transicional.
De ese modo, tras agotarse las versiones libres en las que los desmovilizados confesaron sus crímenes y las acusaciones realizadas por la Fiscalía, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, emitió sus sentencias.
La primera fue dictada el 6 de diciembre de 2013 contra 'Guillermo Torres' y tres lugartenientes de las ACMV, quienes fueron condenados a 40 años de prisión y recibieron una pena alternativa de ocho años. Entre los múltiples casos por los que fueron condenados, se encuentran 15 desapariciones forzadas de civiles y de miembros del grupo armado que comandaron.
La siguiente sentencia fue emitida contra 'Jorge Pirata' y 21 miembros del Bloque Centauros. El 25 de julio de 2016 los magistrados de Justicia y Paz le otorgaron penas alternativas por haber cumplido con los requisitos de exigidos por la Ley 975, entre ellos entregar información sobre fosas comunes: 12 de los sentenciados suministraron datos sobre desaparecidos, que permitieron la realización de 209 exhumaciones y la entrega de los restos de 59 víctimas.
Justicia y Paz dio los primeros pasos para encontrar a los desaparecidos del conflicto armado. Ahora, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc, tiene la misión de saldar esa deuda.
Y en la actualidad, cuando la JEP encabeza la más reciente experiencia de justicia transicional, para tratar los casos relacionados con el conflicto armado en los que están involucrados miembros de las Farc y de la Fuerza Pública, se abre un nuevo camino para que las familias que llevan años y décadas buscando a sus seres queridos, puedan obtener respuestas y ser reparadas.
Los magistrados de la JEP han abierto casos especiales priorizando tipos de crímenes o regiones, pero hasta el momento no hay un expediente para la desaparición forzada. Sin embargo, hay dos casos en los que esa práctica será investigada, porque terminaron en desapariciones.
El primero es el Caso 001, sobre retenciones ilegales o secuestros cometidos por las Farc. Este expediente fue abierto el 4 de julio del año pasado, se sustenta en cuatro informes de organizaciones de la sociedad civil y en uno de la Fiscalía sobre hechos atribuibles al otrora grupo insurgente.
Según registros del CNMH, entre 1958 y 2012, fueron secuestradas 27.023 personas y la gran mayoría se les atribuyen a guerrilleros. Muchas familias esperan respuesta por parte de los miembros del Estado Mayor de las Farc que deben comparecer ante la JEP, pues dejaron de tener noticias de sus seres queridos estando en cautiverio.
El pasado 23 de septiembre varios exjefes de las Farc, en cabeza de Rodrigo Londoño, quien en los tiempos de guerra comandó esa guerrilla y fue conocido como 'Timochenko', rindieron su primera versión colectiva ante la JEP y entregaron un informe de contexto. En esa audiencia, la Procuraduría General de la Nación también presentó un informe, en el que documentó 522 casos de secuestrados de las Farc que figuran como desaparecidos y por los cuales los excombatientes deberán rendir cuentas.
El otro gran expediente de la JEP en el que se investigarán desapariciones forzadas es el Caso 003, que fue abierto el 17 de julio de 2018 y trata sobre ejecuciones extrajudiciales. El Auto con el que se le dio apertura a ese proceso señala que 1.944 integrantes de la Fuerza Pública pidieron ser procesados en esa jurisdicción por hechos relacionados con el conflicto armado y la mayoría están relacionados con 'falsos positivos'.
Como fuentes de información figuran informes entregados por el Centro de Investigación Educación Popular (Cinep), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación. El documento del ente acusador recopila casos ocurridos entre 1985 y 2016; y sostiene que "el fenómeno allí descrito aumenta de manera sustancial a partir del año 2002 y muestra su etapa más crítica entre 2006 y 2008", pues el 59,3 por ciento de los casos ocurrieron durante esos tres años.
Por otro lado, la Comisión de la Verdad también está trabajando en el esclarecimiento de este crimen de lesa humanidad. El 24 de septiembre publicó un video en el que el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien comandó el Gaula Militar de Casanare entre 2006 y 2007, señaló que en su unidad se cometieron desapariciones forzadas para mantenerse entre las diez mejores del Ejército Nacional. El oficial se comprometió a “contribuir a la verdad de las víctimas buscando a las personas que se encuentran desaparecidas”.
Seis días después, la UBPD puso en marcha la construcción del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que, por medio de encuentros nacionales temáticos con mujeres, población LGBTI, pueblos étnicos, familiares de víctimas de secuestro, familiares de las Fuerza Pública, familiares que residen en el exilio y entidades estatales, deberá tener lista esa hoja de ruta a finales de diciembre. Paralelamente, la Unidad adelanta labores de búsqueda en el centro del país, en el Pacífico y en los Llanos Orientales.
Este es el panorama que han afrontado los habitantes de Meta y Guaviare que, por medio del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que creó el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016, esperan encontrar a sus seres queridos y ponerle final a la incertidumbre que les genera la desaparición forzada.
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