Según campesinos afectados, con nueva resolución la institución retrocede 25 años el proceso de reclamación de tierras de 500 familias que fueron desplazadas por paramilitares bajo el mando de alias ‘Juancho Prada’. La entidad se defiende.
Tres resoluciones del Incora y antiguo Incoder reconocieron la existencia de por lo menos mil hectáreas de tierras de origen baldío que la familia Marulanda, dueña original de la hacienda Bellacruz, se apropió irregularmente. Estas tierras son reclamadas por campesinos, que además son víctimas de la violencia. Foto suministrada
La más reciente decisión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) reversa más de dos décadas de reclamaciones de los campesinos beneficiarios de tierras de reforma agraria en la antigua hacienda La Bellacruz, en el sur del Cesar, quienes fueron expulsados primero con actos policivos, luego con decisiones administrativas y más tarde con la violencia paramilitar. Cuando pensaban que su caso estaba a punto de solucionarse, el gobierno dejó la situación en el estado en que se encontraba en 1990 (Lea: Las trampas de La Bellacruz).
Y retrocedió, según los labriegos, con la Resolución 00334 del 19 de febrero de 2015 (descárguela aquí), firmada por Carlos Ignacio Carmona Moreno, subgerente de Tierras Rurales del Incoder, que anula jurídicamente dos resoluciones, una de 1990 y otra de 1994, con las que el antiguo Incora reconoció que dentro de La Bellacruz había seis predios de origen baldío que la familia Marulanda (dueña original de la hacienda) se había apropiado irregularmente y, por tanto, podían ser titulados a campesinos sin tierra.
Con esta reciente decisión, el Incoder también dejó sin piso la Resolución 0481 del 1 de abril de 2013 con la que la misma institución, dos años atrás, había confirmado la existencia de 1.200 hectáreas de predios baldíos dentro de la hacienda y había ordenado su recuperación para titulársela a campesinos (Lea: En La Bellacruz hay 1.200 hectáreas de baldíos y deben restituirse).
El Incoder le dijo a VerdadAbierta en noviembre de 2014 que no había comenzado la recuperación porque la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica, en el Cesar, y la Superintendencia de Notariado y Registro se habían negado a registrar dicha decisión en los folios de matrícula de la hacienda mientras el Consejo de Estado no se pronunciara. Esto porque los nuevos dueños de la hacienda, que fue rebautizada como La Gloria, interpusieron una acción de revisión a esa decisión de 2013 (Lea: La historia sin fin de La Bellacruz).
Ahora, con la nueva medida, el Incoder ordena comenzar con nuevas “diligencias administrativas” e iniciar, desde cero, un estudio que permita clarificar si en la antigua Bellacruz hay predios o no de origen baldío como lo denunciaron los campesinos desde finales de los años 80 y como lo habían confirmado decisiones posteriores.
Violencia, transferencias y resoluciones
El conflicto en La Bellacruz data de 1986 cuando un grupo de campesinos sin tierra se asentó en terrenos de esta hacienda, de propiedad de la familia del exministro de Desarrollo Carlos Arturo Marulanda. Los campesinos le reclamaban al Incora que estudiara los predios pues, a su juicio, los Marulanda se habían apropiado irregularmente de baldíos que les podían ser titulados a labriegos pobres, pero que la familia usó para agrandar su hacienda, que ya sumaba 25 mil hectáreas en La Gloria, Pelaya y Tamalameque.
Después de que los Marulanda usaron su poder económico y político para evitar que fuera escuchada la reclamación de los campesinos, el Incora, en 1990, ordenó un estudio “de clarificación” para saber quién tenía la razón. Para 1994 los Marulanda sólo pudieron acreditar con papeles la propiedad de 7 mil de las 25 mil hectáreas, pero el Incoder en la resolución advirtió que dentro de la hacienda había por lo menos 1.500 hectáreas de baldíos, distribuidas en siete predios: Potosí, Venecia, Los Bajos, San Simón, Caño Negro, San Miguel y María Isidra.
Los campesinos creyeron que el Incora iba a recuperar esos predios y los iba a titular. Pero eso no ocurrió. En lugar de recuperar las tierras de la Nación prefirió, en 1995, adquitir 2 mil de las 7 mil hectáreas acreditadas por los Marulanda y pagarles por ellas un poco más de 700 millones de la época. Les compró los predios Los Cacaos, San Antonio, San Carlos, La Plata, La Platica, Rompedero y Santa Helena para ubicar y titular allí a los reclamantes.
Aunque los campesinos cuestionaron ese negocio, estaban ilusionados porque al fin tendrían una parcela propia. Algunas de las familias ya estaban ubicadas en los predios comprados y cuando el Incora comenzaba a titularlos un grupo paramilitar, a cargo de Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, los desplazó con violencia el 14 de febrero de 1996.
En la investigación adelantada por la Fiscalía 34 de la Unidad de Justicia y Paz, alias ‘Juancho Prada’ y Alfredo Ballena, alias ‘Rancho’, aceptaron ser los responsables de ese desplazamiento, confesando que lo hicieron por orden de los hermanos Carlos Arturo y Francisco Alberto Marulanda. Para evitar que los campesinos siguieran en las tierras, los paramilitares montaron una ‘base’ que funcionó en La Bellacruz desde 1996 hasta 2006, cuando se desmovilizaron. La Fiscalía ordenó compulsar copias a la justicia ordinaria para que investiguen a los Marulanda por estos hechos.
Tras la violencia paramilitar, los campesinos reclamantes se desplazaron y por miedo solo se decidieron a retornar años después de la desmovilización del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc, de ‘Juancho Prada’, cuando creían que había condiciones de seguridad. La expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011 les dio herramientas para solicitar las parcelas en restitución.
Cuando algunos decidieron retornar a los predios por sus propios medios y reasumir sus labores agrícolas, encontraron que las parcelas que les habían adjudicado estaban ocupadas o fueron tituladas a otras familias, y los baldíos, donde podrían solicitar una compensación, estaban cultivados con palma aceitera. En la entrada de la hacienda había un letrero que indicaba que se llamaba La Gloria.
Mientras los campesinos originarios estuvieron desplazados, en 2007 los Marulanda fraccionaron en varios predios lo que les quedaba de La Bellacruz, unas 5 mil hectáreas, y después los englobaron en una nueva escritura. En 2008 la empresa La Dolce Vista Estate, cuyo principal accionista es el empresario Germán Efromovich, negoció con los Marulanda y les compró M.R. Inversiones Ltda. y Frigoríficio La Gloria S.A., las dos empresas que tenían propiedad sobre la Bellacruz. En 2009 la renombran como hacienda La Gloria y comenzaron a desarrollar un cultivo de palma aceitera de 5.000 hectáreas (Lea la entrevista con Germán Efromovich: “La tierra no violó los derechos humanos”).
Después de tutelas, demandas, declaraciones y denuncias realizadas por los campesinos reclamantes organizados en la Asociación Colombiana Horizonte de Desplazados (Asocol) ante distintas instancias, el Incoder hizo un estudio en terreno. En abril de 2013 se pronunció advirtiendo que los baldíos Potosí, Venecia, Los Bajos, San Simón y Caño Negro estaban siendo explotados por la Hacienda La Gloria. En su decisión, explicó que no había claridad sobre otros baldíos reclamados, pero ordenó que se recuperan 1.200 hectáreas de baldíos que había dentro de la hacienda para restituir a los campesinos.
Los efectos de la nueva resolución del Incoder
Los campesinos de Asocol, reclamantes de predios de origen baldío en La Bellacruz, tienen un cartapacio de documentos con mapas, tutelas, autos, informes y procesos sobre su caso que ya es conocido por la Fiscalía, el Ministerio Público, la Contraloría, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y los Tribunales de Justicia y Paz.
Frente a la decisión de la Subgerencia de Tierras, la asociación de campesinos Asocol asegura que el Incoder desconoce las decisiones que han tomado otras instituciones del Estado, incluyendo al mismo instituto, y la justicia. “Esta nueva resolución nos vuelve a cuando empezamos el proceso de que se reconocieran los baldíos. Las resoluciones del 90, 94 y del 2013, del Incora y del Incoder, ya habían aceptado la existencia de baldíos a través de estudios y de trabajos de campo”, dice un líder de Asocol, a quien se le reserva la identidad ya que la organización ha sido víctima de amenazas (Lea Amenazan a reclamante de tierras de la hacienda Bellacruz y Líderes del sur del Cesar y el Nordeste de Antioquia, bajo amenaza y el Nordeste de Antioquia, bajo amenaza).
La decisión, según el vocero de Asocol, también va en contravía de la actuación de la Fiscalía, que ha reconocido la violación de derechos humanos en la antigua hacienda Bellacruz. Inicialmente, el 19 de diciembre de 2014 la Fiscalía 2 Especializada, adscrita a la dirección que investiga los delitos de desaparición y desplazamiento, emitió un auto que señala que los hechos de violencia ocurridos en La Bellacruz fueron delitos de lesa humanidad. Luego ratificó esa decisión al imputarle cargos contra ‘Juancho Prada’, formulada por la Fiscalía 34 de Justicia y Paz, en la que se acusa al jefe paramilitar de autor material y a los Marulanda de autores intelectuales del desplazamiento ocurrido en 1996.
“El Incoder pasa por encima, además, del Auto 373 del 24 de noviembre de 2014 de la Corte Constitucional, que determina que debe seguir en curso la tutela interpuesta por los campesinos solicitando la recuperación de los baldíos”, agrega el líder.
Carlos Ignacio Carmona, subgerente de Tierras del Incoder y quien firmó la resolución, dice que la resolución aún no ha sido notificada a las partes y expresa estar en desacuerdo en que se señale a la entidad de reversar un proceso más de veinte años.
“Actuamos conforme a la Ley. Con el paso del tiempo era mucho lo que se había dejado de hacer. Sin mirar cédulas, sin mirar NIT, sin mirar nada, como le corresponde a una institución que actúa conforme a la Ley. Consideramos que hay que comenzar nuevamente con un proceso de clarificación de baldíos para saber quién tiene la razón”, reitera Carmona.
La decisión del Incoder pone en duda elanunció de esta institución de su meta de recuperar un millón de hectáreas de terrenos de origen baldío para hacer una mejor distribución de la propiedad rural entre familias sin tierra. También la promesa del gobierno en el acuerdo agrario firmado en La Habana, de crear un Fondo de Tierras para la Paz con la recuperación de tierras de origen baldío a apropiadas de forma irregular o ilegal (Lea: El difícil horizonte del Fondo de Tierras para la paz).
“Es duro ver cómo la decisión de un funcionario echa para atrás todo lo que hemos probado en estos años. Ahora confiamos en que la Corte Constitución falle sobre la tutela que interpusimos, exigiendo la recuperación y titulación de los baldíos”, dice el líder de Asocol. El Subgerente de Tierras, por su parte, reitera que actuó en derecho: “Nosotros no miramos si habían campesinos o si habían empresarios. Miramos la situación de unos bienes en particular y con respecto a eso se actuó conforme a la Ley”, reiteró.
Lea las investigaciones realizadas por VerdadAbierta.com:
– Las trampas de La Bellacruz
– Tierra prometida en La Bellacruz
– El otro ‘round’ por la Bellacruz
– La historia sin fin de la Bellacruz
