Por un cuarto siglo, 64 familias campesinas tenedoras de un baldío en la Hacienda Bellacruz, en Cesar han luchado por su tierra. El Estado les mintió y dilató los procesos y los paramilitares les mataron sus líderes y los forzaron a huir. Hoy denuncian que en unas de las tierras que reclaman prospera una agroindustria.
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| La Hacienda Bellacruz comprende predios de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en el sur del Cesar. Foto suministrada |
La Hacienda Bellacruz, que en su esplendor ocupaba 25.000 hectáreas y se extendía en tres municipios del Cesar, La Gloria, Pelaya y Tamalameque, ha sido piedra de escándalo nacional desde hace un cuarto de siglo porque, siendo su poseedora la familia de un exministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda, los campesinos que allí habitaban fueron desalojados con violencia por la autoridad primero y después por los paramilitares. (Ver prensa de la época aquí).
Esta es la historia de un grupo de esos campesinos conformado por 64 familias. Después de ver morir a sus hermanos y de salir huyendo de la Bellacruz para salvar sus vidas por la arremetida feroz de los paramilitares, a mediados de los noventa, el pasado octubre de 2010, aprovechando la nueva política oficial que aboga por la restitución de tierras a las víctimas, decidieron averiguar qué había pasado con las tierras por las que tanto habían luchado.
Cuando visitaron la sede del Incoder en Cesar se llevaron una desilusión. No encontraron un sólo documento que les diera pistas. No quedaba acta alguna de las muchas peticiones que firmaron para reclamar las 1.500 hectáreas que habían trabajado. Tampoco estaban los dictámenes oficiales que declaraban que en efecto, esas tierras eran baldíos pertenecientes a las Nación. Ni siquiera estaban las pruebas de que el Incora (el antecesor del Incoder) se había negado a titularles los baldíos y había preferido pagarle a la familia Marulanda varios millones para comprar otros predios de su hacienda y destinárselos a ellos. No estaba el compromiso que había firmado el Incora en 1989 de que les titularía las 2.060 hectáreas que les había comprado a los Marulanda.
Para conseguir los papeles que sabían que existían, insistieron y preguntaron. Alguien les dijo que buscaran en el Tribunal Administrativo del Cesar, donde estaban sus procesos. Empezaron a contactar a las familias desplazadas, que después de veintidós años estaban desperdigadas en diferentes lugares del país. Luego lograron crear la Asociación Colombiana Horizonte de Desplazados, Asocol, e hicieron una colecta para fotocopiar las 1.300 páginas del expediente que desempolvaron en el Tribunal y que documenta cómo fue su despojo.
Leyeron uno a uno los papeles, y aparecieron varias sorpresas. El Incora sí les había titulado a unas familias, pero tardó años en hacerlo, y a varias nunca se los notificó. Parte de los predios que tantas lágrimas les habían costado, no se los titularon a ellos, sino a empleados de la finca. Otras, las más luchadoras, se habían quedado en el Sur del Cesar, cada uno en una parcela pequeña. Creyeron que su estadía allí era temporal pues pronto les darían a cada uno lo que estipulaba la ley, una Unidad Agrícola Familiar (UAF) de 35 hectáreas. Pero su vida de espera se volvió permanente y el Estado aún hoy no les cumple sus promesas.
Con documentos en mano, empezaron a tocar puertas. Se reunieron varias veces con el Incoder, la Procuraduría Agraria y el Ministerio de Agricultura para que desarchivaran su caso. Hace menos de un mes se registraron de forma colectiva como víctimas ante la Unidad de Justicia y Paz.
Se entusiasmaron, pues todo parecía ir por buen camino porque un funcionario del Incoder les confirmó que las tierras que trabajaron hace años aún eran baldías y podrían titulárselos. Esta posibilidad les pareció más real viniendo de un gobierno como el de Santos que ha emprendido una maratón de titulación de tierras y formalización de la propiedad rural desde que llegó al poder el pasado 7 de agosto. Pese al temor, se atrevieron ir a la región y junto a los resistentes localizaron en un mapa el baldío original de las 1.500 hectáreas que habían reclamado y también los predios que el Incora había comprado para ellos.
Constataron, predio a predio, quiénes estaban y qué actividades desarrollaban. En muchos de los predios originales que les habían prometido ya vivían otros. Y en el baldío descubrieron que había plantaciones de palma aceitera. Preguntaron y les contaron que había varias firmas de agroindustria.
¿Cómo llegaron otras personas a vivir en los predios que, según quedó firmado, serían de ellos? ¿Están estas empresas explotando los baldíos, y de ser así, cómo se hicieron a esa tierra?
A partir de los documentos y testimonios de los campesinos, VerdadAbierta.com investigó, consiguió otros documentos y reconstruyó esta triste y complicada historia. Ejemplifica de manera dramática las enormes dificultades que tiene hoy el Estado para restituirles sus las tierras a los campesinos víctimas del paramilitarismo y resarcir la violación sistemática de sus derechos, según lo contempla la Ley de Víctimas.
Los integrantes de Asocol explican su situación a menudo diciendo que han caído en las trampas que les han tendido autoridades y violentos a lo largo de los 25 años de lucha para hacerse a un terruño donde trabajar la tierra y vivir tranquilos. Este es el relato detallado de cada una de esas trampas.
La trampa 1: Desalojo por ‘resolución’
La hacienda Bellacruz nació en 1950, cuando el hacendado caldense Alberto Marulanda Grillo llegó al sur de Cesar y echó cercas a tierras en los municipios de Tamalameque, Pelaya y La Gloria que sumaban 25.500 hectáreas.
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| Las tierras del sur del Cesar son apetecidas por su riqueza y por estar ubicadas estratégicamente en la troncal que conduce a la Costa Atlántica. Foto suministrada |
En 1970 por un proceso impulsadopor Eloísa Corral, los campesinos que fueron colonizando la región logrando que el Incora le comprara al hacendado 11.000 hectáreas de Bellacruz. Según las cuentas de los propietarios, les quedaban 14.500 hectáreas. No obstante, ya unos campesinos habían averiguado que los Marulanda no podían documentar su propiedad sobre 1.500 hectáreas de esas 14.500, porque eran en realidad baldíos de la Nación que quedaron atrapados en su hacienda.
En 1986 un grupo de 64 familias campesinas sin tierra se asentaron en Caño Alonso y María Isidra, dos predios que quedaban en esas 1.500 hectáreas de baldíos de la Nación, dentro de la Hacienda Bellacruz. “En agosto de 1986 nos tomamos esos baldíos y al día siguiente la Policía y el Ejército nos desalojó –le contó a VerdadAbierta.com un miembro de una de las familias que prefiere reservarse su nombre por seguridad –. Eso parecía una zona de guerra, hubo atropellos, disparos y los hombres duramos presos varios días. Cada mes hacíamos una entrada y nos quedábamos una o dos noches. En febrero de 1987 llegó un juez ambulante de Valledupar y nos dijo que teníamos que desocupar, que el Inderena había declarado la zona como reserva forestal”.
En efecto, como consta en los documentos, el 15 de abril de 1987 el Ministerio de Agricultura emitió una resolución, basada en una decisión de la junta directiva del Inderena (la entidad que en ese entonces vigilaba la preservación del medio ambiente), por la cual declaraba zona de reserva forestal la cuenca del Caño Alonso. Ver la resolución aquí. Por supuesto, la solicitud de declarar esa zona como de reserva forestal la habían presentado los Marulanda, bajo el nombre de su sociedad M.R. Inversiones Ltda. Según la escritura, MR Inversiones fue creada en 1970 y su representante legal desde 1984 era Carlos Arturo Marulanda Ramírez (Lea la escritura pública).
Esta fue la manera cómo Marulanda se las ingenió para expulsar a los campesinos de una propiedad que no era suya, sino de la Nación. Su influencia en el gobierno de Virgilio Barco quedó en evidencia meses después, ya que fue nombrado Ministro de Desarrollo. La ironía del asunto, es que según atestiguan los campesinos, los Marulanda cultivaban arroz en esa “zona de reserva forestal”.
Los agricultores desesperados por hacer valer su derecho de cultivar en tierra baldía se tomaron la sede del Incora en Pelaya como una forma para presionar la adjudicación de tierras. Según los líderes de Asocol, el ministro Marulanda los citó en Bogotá en febrero de 1989. “Nos dijo que lo estábamos perjudicando –relató uno de ellos –. Nosotros le dijimos que le vendiera tierra al Incora que estaba dispuesto a comprarle las tierras que él quisiera ofrecer. Nos dijo que no, que eso era herencia de su padre”.
Los campesinos no cedieron y se quedaron acampando en el Incora de Pelaya hasta agosto de 1989. Al final los Marulanda accedieron a venderle tierras al Incora para que ésta a su vez se las adjudicara a los campesinos, pero se reservaron el derecho de escoger los predios. Según aseguran los campesinos, primero ofreció venderle al Incora tierras del mismo Estado (baldíos). “Cuando la Procuraduría Agraria pidió que se investigara la propiedad privada de los Marulanda, entonces él ofreció otros lotes que sí eran suyos –dijo uno de los reclamantes —. Fueron cuatro lotes, tres, Santa Helena, Los Cacaos y San Antonio, en el municipio de La Gloria, y uno, el de San Carlos, en el municipio de Pelaya. Todo sumaba 2.060 hectáreas”.
La trampa 2: la tramoya
Con esa promesa de que les adjudicarían esos lotes, las 64 familias levantaron su protesta, y mientras les titulaban, se instalaron de forma provisional en los predios de San Antonio en La Gloria, y de San Carlos en Pelaya. “Nos distribuimos de a cinco hectáreas por familia, hicimos ranchos desarmables y acordamos que solo sembraríamos pancoger porque era por poco tiempo”, dijo uno de los campesinos que se instaló allí en 1989.
Parecía que el trámite iba a demorar poco. En 1990 el Incora empezó la negociación con M.R. Inversiones para comprar la tierra. “Nos dijo que se demoraba en titular mientras medía y verificaba los predios”, explicó el testigo.
Sin embargo la primera inspección ocular a los predios tomó otro año. Entre el 21 y 31 de mayo de 1991, según consta en un acta, una comisión integrada por la Jefe Jurídica del Incora, dos peritos del Agustín Codazzi, el Procurador Agrario y un abogado de los Marulanda, visitaron la Hacienda Bellacruz para hacer una inspección ocular. La visita tenía como fin determinar los linderos de los predios, para poder comprarles a los Marulanda y así titularle a los campesinos. En esa visita, el Estado reconoció la ubicación temporal de las 64 familias en el lote San Antonio (Lea el acta aquí).
Mientras el proceso avanzaba a paso de tortuga, dos de los cuatro lotes prometidos, Santa Helena y Los Cacaos, aparecieron habitados por 30 familias que trabajan para los Marulanda. La situación se complicó después con una toma guerrillera.
“El Eln se tomó la Hacienda Bellacruz, mató a la administradora y a tres empleados”, relató a VerdadAbierta.com otro de los líderes de Asocol. Y explicó que como la hacienda fue quedando abandonada, empezaron a llegar campesinos de otras regiones y se instalaron allí. “El Incora nos propuso que fuéramos a ver otra finca. Vimos dos o tres pero no eran aptas para reforma agraria. El Incora nos dijo que siguiéramos esperando, que todavía no había una solución. Por eso seguimos ubicados en los minifundios de a cinco hectáreas en el lote San Antonio”.
Cuando ya perdían las esperanzas de conseguir su tierra, pues ya habían transcurrido cinco años desde que las reclamaron y nada se resolvía aún, el 20 de abril de 1994 el Incora emitió una resolución que por fin les daba la razón. Decía el documento oficial que, así como ellos lo habían argumentado en 1986, esos lotes que ellos y otros habían ocupado eran baldíos de propiedad de la Nación. El Incora concluyó que la familia Marulanda no pudo acreditar ser dueña de los predios Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel, ubicados dentro de la Hacienda Bellacruz, y que sumaban 1.500 hectáreas (Lea la Resolución 01551 aquí).
Los campesinos vieron allí su salvación. Como el Incora aún no había cerrado un trato de compra de tierras a Marulanda, ellos le pidieron a la entidad que les titulara los baldíos. No tendría que gastar dinero público y podía perfectamente titularles los predios a ellos. Pero el Incora insistió en comprar. Y para proteger su tenencia de los baldíos, la familia Marulanda apeló la resolución del Incora, insistiendo que la tierra era suya.
La trampa 3: la compra y la llegada de ‘paras’
El Incora tardó seis años en concretar la compra de losterrenos. Según escritura pública de 1995 el Incora le compró a la familia Marulanda 2.060 hectáreas en los predios Los Cacaos, San Antonio, San Carlos, La Plata, La Platica, Rompedero y Santa Helena, que hacían parte de la Hacienda Bellacruz por más de 700 millones de pesos la época (Lea la escritura aquí).
Inmediatamente después de que las tierras pasaron a manos del Incora y todo parecía listo para adjudicárselas a las pacientes familias de agricultores, los paramilitares llegaron a Bellacruz. Según relató un jefe de esas familias, “en 1995, los paramilitares de ‘Juancho Prada’ se camuflaron entre la gente haciéndose pasar como campesinos y jornaleros. Empezaron a obtener información sobre los reclamantes de tierras”.
Pero el 14 de febrero de 1996 se quitaron la máscara. Entraron a las fincas de los campesinos que esperaban la titulación de sus lotes, y cometieron todo tipo de abusos contra ellos y sus familias. “Cargaban zunchos, un tipo de gancho con el que nos iban pegando y diciendo que teníamos que dejar las parcelas, que nos fuéramos”, dijo un campesino, que aún hoy teme revelar su nombre. Los ataques a los labriegos se repitieron muchas veces entre febrero y marzo. A los que aún no se había ido con las primeras amenazas, les violaron a las mujeres y les quemaron los ranchos, para que ya no quedara hogar a donde volver.
Una vez desplazaron a por lo menos 600 campesinos, entre los 64 originarios que estaban esperando la titulación y los más de 400 que habían invadido varios predios cuando la hacienda quedó sola luego del asalto guerrillero, los paramilitares se quedaron en Bellacruz. “Instalaron una base en Rompedero, que hacía parte del predio San Carlos, y otra en la casa principal de la hacienda”, dijo otro testigo, y luego contó que “los comandantes eran prácticamente Francisco Alberto Marulanda (hermano del ex ministro Carlos Arturo) y Édgar Rodríguez alias ‘Caballito’, un hijo de crianza de los Marulanda”. Desde la casa de la hacienda, los ‘paras’ coordinaban todo. Y otro campesino contó que los Marulanda les decían a los ‘paras’, ‘Los Angelitos’ porque Dios se los había mandado para recuperarles la tierra perdida.
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| Alfredo Ballena alias ‘Rancho’ confesó durante su cuarta versión libre, en abril de 2010, que participó en el desplazamiento de los campesinos de Bellacruz. Foto Fiscalía |
La versión de Alfredo Ballena, alias ‘Rancho’, desmovilizado del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, el grupo paramilitar que dominó el sur del Cesar, coincide hasta en los detalles, con la de los campesinos. “En marzo de 1996 el comandante alias ‘Paso’ fue contratado por el doctor Francisco Alberto Marulanda y su administrador general Édgar, conocido con el alias de ‘Caballito’, para montar una unidad de las Auc en la finca Bellacruz”, dijo el ex paramilitar en una versión ante un fiscal de Justicia y Paz en Bucaramanga el 13 de abril de 2010.
“Eso era para recuperar tierras que años atrás habían sido invadidas por campesinos. Montaron un grupo que se hacía llamar Los Motilones, que dirigía el comandante ‘Manaure’ que era el mismo ‘Paso’. El segundo era alias ‘Óscar’, el tercero ‘El Guajiro’, y de patrulleros estuvieron alias ‘Víctor’, ‘Neco’, ‘Arete’, ‘Piña’, yo, ‘El abuelo’, ‘Chucho, un señor que le decían ‘Barbado’, ‘Gerson’ y ‘El gringo’. Esos son los que más me acuerdo”, confesó alias ‘Rancho’.
En su relato, alias ‘Rancho’ aseguró que: “el grupo lo montó fue el dueño de la finca que era el doctor Francisco Alberto Marulanda. Yo digo esto porque yo fui su escolta y él nos pagaba una bonificación para seguir cuidando la finca de su propiedad. Él vivía en Barranquilla y cada quince días llegaba a inspeccionar el terreno. Cuando se iba, el encargado era Édgar, que era el administrador general”.
Sobre el día en que entraron a la finca dijo a la Fiscalía: “El grupo entró a la medianoche dándole duro a la gente para que saliera de las tierras. Se les quemó las casas donde vivían que erande palo. De ahí se quedó el grupo que iba a cuidar la finca. Este grupo que entró eran hombres de alias ‘Camilo Morantes’ (Guillermo Cristancho Acosta, responsable de la masacre de Barrancabermeja) y de alias ‘Juancho Prada’ (Juan Francisco Prada Márquez, jefe paramilitar del sur del Cesar), que prestó gente para sacar a los invasores de allá”. (Lea el perfil de alias ‘Rancho’).
Alias ‘Rancho’ ha sido el único paramilitar que ha confesado el ataque a los campesinos de Bellacruz en Justicia y Paz. Sin embargo, el desplazamiento de los campesinos y la posible alianza de los Marulanda con los paramilitares de alias ‘Juancho Prada’ fue también un caso procesado en la justicia ordinaria. El 19 de mayo de 1998 Francisco Alberto Marulanda Ramírez fue capturado, mientras el 16 de enero de 1999 la Fiscalía ordenó la captura de su hermano Carlos Arturo.
Después de cuatro años, el 24 de julio de 2003, la justicia ordinaria condenó en primera instancia a 18 años de prisión a Francisco Alberto Marulanda así como a Édgar Rodríguez alias ‘Caballito’ y a Martín Velasco Galvis alias ‘Jimmy’. Según informó, su hermano y miembro de la familia dueña de la Bellacruz, Carlos Arturo Marulanda, en carta a VerdadAbierta.com Marulanda apeló y el Tribunal Superior de Magdalena, lo absolvió en segunda instancia. Pero el ex ministro Carlos Arturo también dijo en su versión de los hechos, que la Corte Suprema había rechazado el caso de su hermano en casación. La Corte respondió una petición de este medio al respecto, y dijo que en sus archivos no encontraron que hubiese un proceso de casación ni petición alguna sobre el caso de Francisco Alberto Marulanda. (Ver versión de Marulanda en multimedia de esta nota). Por su parte, el ex ministro y ex embajador Carlos Arturo, quien había sido capturado en España y extraditado a Colombia en abril de 2002 para que respondiera por el caso de Bellacruz, cobró la libertad el 1 de noviembre de ese mismo año.
Los abogados de la parte civil le dijeron a VerdadAbierta.com que presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la OEA, y que está en trámite. Extraoficialmente una fuente cercana a la CIDH, le dijo a VerdadAbierta que, en efecto, muchos casos ante esta Comisión están atrasados. En su momento la Organización de Estados Americanos, OEA, reconoció el caso y en un informe sobre desplazamiento forzado interno advirtió la tragedia de La Bellacruz y pidió al Gobierno colombiano que no dejara estos hechos en la impunidad. (Lea el informe aquí)
La trampa 4: Adjudicaciones de papel
Mientras los campesinos salían desplazados de la hacienda, el Incora respondió a la apelación presentada por los Marulanda a la primera resolución que había dictaminado que los predios en las 1.500 hectáreas de donde originalmente habían sido sacados los campesinos a la fuerza, eran, en efecto, baldíos y no de su propiedad. Esta resolución del 13 de marzo de 1996 confirmó la decisión de 1994 y volvió a darles la razón a los campesinos. (Lea la resolución 01125 haciendo clic aquí). Pero el dictamen llegó tarde, pues hacía ya un año que el Incora había comprado tierras de Bellacruz y que, al menos en sus compromisos de papel, iba a dárselas a los campesinos desterrados.
Pero como los paramilitares los habían sacado de la hacienda, los agricultores no tenían cómo seguir su trámite. Por eso, medio centenarde ellos se tomaron la sede del Incora el 11 de marzo de 1996. El 14 y 21 de ese mes firmaron dos actas en las que el gobierno se comprometió a brindarles seguridad y el Incora, a ubicarlos en un caserío provisional dentro de los predios baldíos (Lea el acta 1 y 2).
Pero, al igual que tantas veces antes, el gobierno volvió a incumplirles: no les garantizó la seguridad, y por supuesto, no pudieron retornar al baldío. Por si quedara duda de las falsas promesas del gobierno, el 7 de mayo de 1996 los paramilitares asesinaron a Jaime Laguna y Eduardo Donado, dos de los líderes que se habían quedado resistiendo en el predio San Antonio. El 28 de septiembre de ese año, mataron a otros dos, Eliseo y Éder Narváez. “Solo un grupo de familias se quedó resistiendo”, dijo uno de los testigos de los hechos. “Nadie quiso poner la denuncia de desplazamiento por miedo. Todas las familias salimos para diferentes ciudades del país”.
Después de una década de estar batallando por conseguir tierras para trabajar, los campesinos por fin ganaron, y el 6 de agosto de 1996, el Incora emitió las primeras resoluciones de adjudicación de los predios que les correspondían a las 64 familias originarias. Fue un triunfo de papel porque el terror paramilitar aún reinaba en Bellacruz y nadie se animaba a ir por allá.
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| Los campesinos de Asocol pintaron en un pliego de papel bond cómo está parcelado el predio San Antonio, en La Gloria, y quiénes lo explotan. |
En el predio San Antonio de 586 hectáreas, el Incora tituló a 18 de las 64 familias originarias. Así consta en un acta de la época del Incora (Lea el acta aquí). Sin embargo, los campesinos nunca fueron notificados de la adjudicación. Según constató Verdadabierta.com, por un derecho de petición que presentó, ni siquiera el propio Incoder guardó la documentación de estas adjudicaciones.*
Lo insólito es que no alcanzaron los campesinos a enterarse de que eran propietarios, cuando ya habían dejado de serlo. En una extraña movida, el 28 de diciembre de 2001 el Incora les revocó los títulos de propiedad. Esta resolución (aunque incompleta pues no tiene las páginas 3 y 4), sí reposa en los archivos del Incoder y dictamina la revocación de 34 títulos, 18 de ellos de los campesinos originarios a los que les habían dado fincas en el predio San Antonio. (Lea el documento haciendo clic aquí).
“Las citadas resoluciones no fueron notificadas a los adjudicatarios, puesto que al momento de esta diligencia manifestaron estar en sobrecupo y en algunos ocupando áreas inferiores y otras superiores a la adjudicada”, señala la resolución. Los líderes de Asocol aseguran que este documento del Incora dice una falsedad porque ningún funcionario intentó siquiera notificarles la revocatoria, como tampoco les habían informado de que les habían dado los títulos cinco años antes.
Las 18 familias originarias no fueron las únicas a las que el Incora les adjudicó tierras en su resolución de 1996. En ese dictamen también les dio 819 hectáreas a otras 33 familias en Los Cacaos, uno de los predios prometidos a los campesinos reclamantes. Así consta en el certificado de tradición de matrícula inmobiliaria de ese predio de La Gloria. (Lea el certificado de matrícula inmobiliaria de Los Cacaos).
El problema con esa adjudicación es que, según los líderes de Asocol, esas 33 familias eran trabajadores de los Marulanda. ““Esas 33 familias corresponden a las que en 1991 nos invadieron los predios de Santa Helena y Los Cacaos”, explicó un miembro de Asocol. “Marulanda quería pensionar a sus trabajadores y para eso el Incora les tituló esas tierras”. Según el certificado de matrícula inmobiliaria a esas 33 familias les dieron a cada una de a 28 hectáreas en promedio.
La cadena de decisiones incoherentes del Incora no paró allí. Después de que les había adjudicado y quitado tierra a 18 de las 64 familias reclamantes, a lo largo de 2002 esta entidad emitió otras 45 resoluciones, y en unas de ellas les volvió a dar tierra a los 18 reclamantes, pero en otro predio. Además, les adjudicó predios a otras tres familias de las 64 del pleito inicial.
Sin embargo, a diferencia de las 33 familias que Asocol asegura son ex trabajadores de los Marulanda a las que les adjudicó en promedio 24 hectáreas a cada uno, a varios de los 21 campesinos que llevaban 15 años luchando por sus títulos les adjudicaron entre siete y diez hectáreas.
Después de la titulación de Los Cacaos, todavía en 2002, había 43 familias de las reclamantes originales sin su pleito resuelto. Según el Incoder Cesar, los lotes La Plata, La Platica y Rompedero, que integran el predio de San Carlos, en Pelaya y correspondiente a 272 hectáreas, fueron divididos en siete parcelas. Solo una, la número 6, fue titulada a uno de los campesinos originarios, según consta en una resolución de agosto de 1996. (Lea los documentos aquí).
Sin embargo, según Asocol, el campesino beneficiario nunca pudo disfrutar de la parcela porque antes de que le dieran el título salió desplazado por los grupos paramilitares y además porque nunca le avisaron que ya era propietario.
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| Los campesinos también dibujaron cómo fue parcelado el predio San Carlos, en Pelaya. |
En esos predios que les adjudicaron en 2002, La Plata, La Platica y Rompedero, era precisamente donde los paramilitares habían montado una base desde 1996, y allí se quedaron hasta la desmovilización en 2005.
En la actualidad 21 familias campesinas tienen títulos sobre parcelas que en su mayoría son inferiores al mínimo de 35 hectáreas, que es lo que constituye la Unidad Agrícola Familiar en esa zona del país. Una más tiene título pero como tuvo que salir de la zona por amenazas no ha podido tomar posesión de su tierra. Las otras 42 familias, a la fecha, y después de una batalla que los ha dejado en la ruina, aún hoy, siguen sin tierra.
¿Y qué fue de las 1.500 hectáreas de baldíos?
Las titulaciones que ha realizado el Incoder a 22 de las 64 familias que aspiraron desde 1986 a hacerse a una finca para ganarse la vida, las hizo en las tierras que esta entidad le había comprado a la familia Marulanda. Nunca les titularon siquiera una de las 1.500 hectáreas, que según lo ratificó el Incora en dos instancias en 1994 y en 1996 eran baldíos pertenecientes a la Nación. Eran precisamente esos terrenos los que habían intentado ocupar las familias en 1986.
Los miembros de Asocol pensaron que quizás, el Incoder les podría adjudicar a las 42 familias que aún no tienen tierra, parte de esas 1.500 hectáreas de baldíos. Hicieron la averiguación ante el Incoder, para ver qué había pasado con esos baldíos a fines de 2010. Seis meses después, el 25 de abril de 2011, el Incoder les respondió que, en efecto, los terrenos eran baldíos y ordenó que la Subgerencia de Tierras Rurales los recuperara. En la lista se encontraban los predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel. En una reunión posterior les ratificó la buena noticia.
Han pasado tres meses y aún no saben si el Incoder ya recuperó los baldíos. Los de Asocol los visitaron y encontraron que allí hay sembrado un enorme cultivo de palma africana. Averiguaron y les mencionaron tres empresas asociadas con ese emprendimiento agroindustrial: MR de Inversiones (con el mismo nombre de la empresa de los Marulanda que ya conocían y que había fracasado en su intento por reclamar esos baldíos como suyos), Frigorífico La Gloria y, una empresa extranjera llamada la Dolce Vista Estate.
Una funcionaria de Incoder coincidió con la versión de que una empresa llamada Dolce Vista era dueña de los cultivos de palma, y así quedó consignado en un acta oficial del pasado 26 de noviembre de 2010: “Es muy importante definir qué solicitudes se van a plantear, dado que las 1.500 hectáreas de baldíos están siendo explotados con cultivos de palma por parte de la empresa Dolce Vista”.
Será tarea del Incoder determinar, con rigor, si en efecto, como lo sospechan los campesinos y como lo afirmó la funcionaria de esa entidad, es en esas 1.500 hectáreas donde cultivan palma la empresa La Dolce Vista y otras, y si es así, cómo se hicieron a esas tierras que aún figuran en los registros estatales como pertenecientes a la Nación. Así mismo tendría que aclarar por qué siendo que hay campesinos reclamando la tenencia de esas tierras desde hace 25 años, no ha impedido que otros las exploten.
“En Bellacruz dicen que la tierra está maldita”, dijo uno de los luchadores campesinos. “Que quien compra allá rapidito se queda sin nada. Pero nuestra lucha ha sido limpia y justa. Por eso, aunque digan que la tierra está maldita, esperamos que el Estado nos dé la razón y nos titule”.
*VerdadAbierta.com con asesoría de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, solicitó al Incoder las resoluciones de adjudicación, revocatorias y readjudicación de predios de beneficiaros de Reforma Agraria entre 1996 y 2006 en varios departamentos de Colombia, entre ellos, el Cesar. Tras un fallo de tutela a favor, el Incoder respondió el 14 de enero de 2011 un oficio en el que relacionó 154 folios con resoluciones y, que según informó, era toda la documentación que tenía sobre adjudicaciones de tierras a campesinos por reforma agraria en Cesar. Dentro de los documentos, el Incora solo reportó una resolución, la 01220 del 28 de diciembre de 2001, relacionada con el caso de la Hacienda Bellacruz.
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