Germán Efromovich y varios de sus socios demandaron a tres funcionarios del Incoder por la decisión que busca recuperar baldíos de este predio, donde se desarrolla un cultivo de palma y víctimas reclaman tierras.
La actual hacienda La Gloria, antes Bellacruz en el sur del Cesar, tiene 5.500 hectáreas. Allí la empresa La Dolce Vista desarrolla un sembradío de palma africanapara la producción de biodiésel. Foto suministrada.En el caso de la antigua hacienda Bellacruz, ahora La Gloria en el sur del Cesar, comienza un nuevo capítulo que se desarrollará en los estrados judiciales. De un lado, estará el reconocido empresario, dueño de Avianca, Germán Efromovich, principal accionista de La Dolce Vista Estate, la empresa que, desde 2007, desarrolla un cultivo de palma africana en las 5.500 hectáreas que componen hacienda; y por otro, estarán Miriam Villegas y Jennifer Mojica, las salientes gerente y subdirectora de Tierras Rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que recientemente presentaron su renuncia al instituto de tierras, y Silvio Garcés Mosquera, abogado de la Subgerencia de Tierras (Lea: “Las leyes agrarias no se han aplicado en serio” y “Me voy sabiendo que dejo mucho por hacer”).
La situación se produce después de que el abogado Jaime Granados, contratado por los inversionistas de la Hacienda La Gloria, aseguró que demandaron a los funcionarios por tres delitos: prevaricato por acción, falsedad en documento público y abuso de autoridad por acto arbitrario injusto. Según Granados, Villegas y Mojica dieron declaraciones anticipadas a los medios de comunicación sobre decisiones que habían tomado frente al caso de la hacienda; utilizaron como pruebas mapas que a juicio de los inversionistas no son reales y “están afectando una inversión de 100 millones de dólares, que genera mil empleos directos”, dijo Granados.
El abogado se refirió a la decisión que el pasado 9 de septiembre de 2013 tomó Mojica, quien firmó una resolución que confirmó la decisión del 1 de abril de ese año. El Incoder entonces determinó que dentro de la antigua Bellacruz había 1.178 hectáreas que eran baldíos, es decir, tierras de la Nación, y que por tanto debían recuperarse. Según el Incoder, los inversionistas violaron la Ley 160 de 1994 o Ley de Baldíos porque están explotando tierras que deben ser tituladas a campesinos.
Miriam Villegas y Jennifer Mojica explicaron que basaron su decisión en un proceso que el antiguo Incora comenzó hace 19 años. En 1991, el instituto de tierras realizó una visita al predio y en 1994 emitió una resolución que indicaba que los predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, dentro de la antigua Bellacruz, son baldíos. Para entonces, la familia Marulanda, quien explotaba la tierra, demandó la decisión del Incora ante el Consejo de Estado pero los magistrados no aceptaron la solicitud. En septiembre de 2011, el Incoder retomó el caso y volvió a realizar otras visitas que confirmaron la existencia de los baldíos.
“Es un hecho que dentro de la antigua hacienda, hoy La Gloria, hay baldíos que desafortunadamente compró Efromovich, quien además le compró a la familia Marulanda. El Incoder está cumpliendo su tarea y por eso no puede haber una criminalización a los funcionarios públicos que tratan de aplicar la Ley y actúan con honestidad. ¿De aquí a mañana quién realmente va aceptar un cargo público?”, dijo la saliente gerente del Incoder, Miriam Villegas.
Jennifer Mojica explicó que la decisión “se tramitó bajo toda legalidad, con garantías”, pese a que hubo dificultades cuando el Incoder en 2011 reanudó el caso. “Hubo tropiezos porque la empresa no permitía hacer la inspección (visita técnica) a la finca… Se hizo toda una discusión y un proceso que confirmó los baldíos. Veo esto como una retaliación por ejercer la función que me competía”, indicó la saliente subgerente de Tierras Rurales del Incoder.
El abogado Granados insistió en que las tierras que explota la Hacienda La Gloria “no han sido baldías por lo menosdesde el año 1936” y que la demanda contra los funcionarios fue estudiada por los socios inversionistas tras considerar “que en las actuaciones del Incoder hay un desvío de poder”. En respuesta, Villegas considera que es no es justa la demanda. “Decir que abusamos de la autoridad, no me parece, cuando recibí en mi despacho a Efromovich tres veces y también a sus abogados. Les explicamos el caso, que podían tener acceso a toda la información que necesitaran y que buscáramos un acuerdo”, señaló la ex gerente.
Según Villegas, después de varias reuniones no llegaron a ninguna solución porque la empresa buscaba finalmente que se revocara la resolución, “y claramente yo no podía hacer eso”. En una entrevista con VerdadAbierta.com en agosto de 2011, Germán Efromovich dijo que cuando compró los terrenos de la antigua Bellacruz, confirmó con abogados competentes que éstos no tenían ninguna reclamación y que el mismo Estado, cuando preguntó a la hora de comprar, no le advirtió que allí hubieran terrenos baldíos (Lea: “La tierra no violó los derechos humanos”).
El pasado de la Bellacruz
Sobre la hoy hacienda La Gloria hay un pasado trazado por pleitos jurídicos y violencia. VerdadAbierta.com documentó que esta hacienda era de Alberto Marulanda Grillo, quien desde la década de 1950 explotaba por lo menos 25 mil hectáreas que comprometían los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en el sur del Cesar, y que él hacía llamar La Bellacruz. En los años 70, colonos venidos de diferentes regiones del país se asentaron en algunos predios de la hacienda y más tarde le pidieron al Incora que les titulara allí una parcela.
Los campesinos habían averiguado que Marulanda no podía acreditar títulos sobre el total de las 25 mil hectáreas y que en el extenso campo había predios baldíos que les podían ser titulados. Así fue como las tensiones comenzaron al finalizar los años 80, cuando el hacendado logró que el Inderena (la autoridad ambiental de la época) declarara como zona forestal el punto donde estaban los campesinos y con una orden de policía los desalojó. Los colonos insistieron, se tomaron la sede del Incora Cesar por varios días, y en 1991 el instituto de tierras envió a dos peritos para determinar si dentro de la hacienda había tierras baldías.
En su búsqueda, los campesinos viajaron a Bogotá a hablar con el hijo de Marulanda, Carlos Arturo Marulanda Ramírez, quien fue nombrado Ministro de Desarrollo en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), pero no obtuvieron respuesta. Tres años más tarde, en 1994, el Incora determinó a partir de la visita de los peritos que en la Bellacruz había 1.500 hectáreas de baldíos en la Bellacruz. Pese a la existencia de tierras de la Nación donde el instituto podía titular a los campesinos, en 1995 el Incora prefirió comprarle a Alberto Marulanda 2.060 hectáreas, distribuidas en cuatro predios periféricos de la hacienda.
Los cuatro lotes comprados, San Carlos, San Antonio, Los Cacaos y San Helena, iban a ser titulados a las familias pero el 14 de febrero de 1996 un grupo paramilitar bajo las órdenes de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, jefe paramilitar del sur del Cesar, instaló una base en el lote San Carlos y con violencia provocó el desplazamiento de por lo menos 600 campesinos. Para esa misma época Alberto Marulanda solicitó la revocatoria de la resolución de 1994 que encontró los baldíos dentro de su hacienda, pero el 13 de marzo de 1996 el Incoder negó la solicitud y confirmó los terrenos baldíos. Marulanda insistió esta vez ante el Consejo de Estado pidiendo una “demanda de revisión”, pero los magistrados la rechazaron.
Por la presencia paramilitar y el miedo, gran parte de los campesinos abandonaron La Bellacruz y sólo averiguaron sobre las parcelas que el Incora les había prometido en los años 90 hasta 2006, cuando el Frente Héctor Julio Peinado, comose hizo llamar el grupo paramilitar de ‘Juancho Prada’, se desmovilizó. En ese período, entre 1996 y 2006, la hacienda sufrió una transformación en el papel. De las antiguas 25 mil hectáreas, Marulanda solo pudo acreditar títulos por 5.800 hectáreas y en 1997 decidió hacer un “desenglobe” del predio, es decir, dividirlo en lotes.
El 13 de diciembre de 2007 volvió a juntarlos en un solo globo. En 2008, La Dolce Vista Estate compró a Marulanda sus empresas MR Inversiones Ltda. y Frigorífico La Gloria S.A., que tenían propiedad sobre la antigua Bellacruz. En 2009, la Dolce Vista rebautizó el predio como Hacienda La Gloria y comenzó a desarrollar allí un proyecto de palma africana.
En abril de 2010, Alfredo Ballena alias ‘Rancho’, desmovilizado del Frente Héctor Julio Peinado, juró ante Justicia y Paz que él participó del desplazamiento de los campesinos de la antigua Bellacruz y que el grupo paramilitar fue contratado por “el doctor Francisco Alberto Marulanda y su administrador general Édgar, conocido como ‘Caballito’.
Francisco Marulanda es hermano de Carlos Arturo e hijo de Alberto Marulanda. En 2003, Francisco Marulanda fue condenado en primera instancia a 18 años de prisión, pero según informó su hermano Carlos en una carta enviada a VerdadAbierta, Marulanda apeló y el Tribunal Superior de Magdalena lo absolvió en segunda instancia. Los abogados de las víctimas dijeron que presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, donde cursa trámite.
Los campesinos desplazados de la Bellacruz se registraron primero como víctimas ante la Unidad de Justicia y Paz y una parte de ellos solicitaron la restitución de sus tierras ante la Unidad de Restitución, creada por la Ley 1448 o Ley de Víctimas. El Incoder comenzó un proceso de revisión de las titulaciones que había hecho el Incora sobre los cuatro lotes comprados a Marulanda (que ya no hacen parte de hoy Hacienda La Gloria), y al tiempo retomó el caso de los baldíos encontrados en 1994 para recuperar esas tierras de la Nación.
Un líder que reclama predios en la antigua Bellacruz, de quien se reserva su identidad y que representa a 300 familias campesinas, dijo que la demanda contra los funcionarios del Incoder la perciben como un asunto “delicado”.
“Los funcionarios actuaron con base en decisiones que tomó el Incora en 1994 y que ratificó el Consejo de Estado en mayo de 1996. Es pública la historia de la Bellacruz, de las investigaciones que cursan en Fiscalía contra la familia Marulanda por la violencia paramilitar que nos desplazó. Efromovich debía saber de esa situación y debió averiguar antes de definir un negocio. La antigua Bellacruz tenía problemas con el Estado, con el campesino y con la justicia”, dijo el líder.
El reclamante indicó que así como hay una atención sobre los procesos administrativos del caso Bellacruz, el gobierno debía poner lupa a la situación de los reclamantes de tierras en el Cesar. “Estamos insistiendo a la Unidad de Protección que nos mejoren los esquemas de seguridad. Hemos enviado oficios a todas las autoridades porque consideramos que seguimos en riesgo. La situación de seguridad en los corregimientos de Pueblo Nuevo, en el municipio de Tamalameque; Costilla, en Pelaya, y Simaña, en La Gloria, es crítica”, reiteró el campesino.
Ahora será la justicia la que resuelva si encuentra sustento a la demanda de los socios de la Dolce Vista, encabezados por Efromovich, contra los funcionarios salientes, y consigue así, dejar sin piso, la resolución que confirmó decisiones anteriores del Incoder, según las cuales esta empresa compró una finca que incluía parcelas de la Nación.
