Disparos contra un vehículo en el que se movilizaban líderes sociales de ambas regiones y distribución de panfletos en su contra generan zozobra.
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| Los reclamantes de tierras piden al gobierno hacer seguimiento a sus denuncias sobre amenazas y riesgos. Sin seguridad, no hay garantías para el retorno y la permanencia en los predios. Foto archivo Semana |
Los reclamantes de tierras y líderes sociales están nuevamente en alerta en el país. Atentados en el sur del Cesar y volantes amenazantes en el nordeste antioqueño son los hechos más recientes denunciados por los afectados ante las autoridades.
El pasado 14 de agosto dos líderes del sur del Cesar se movilizaban a las ocho de la noche en un vehículo en la vía que de Bucaramanga conduce a Girón, Santander, cuando un carro con vidrios polarizados y la placa oculta comenzó a cerrarlos para hacerlos chocar o cercarlos sobre el andén. Al instante, un hombre les disparó.
Aunque en su relato contaron que todos los ocupantes del vehículo resultaron ilesos del ataque -dos reclamantes de tierras, la esposa de uno de ellos y el escolta que les asignó el gobierno para protegerlos-, los líderes creen que este es un ataque para intimidar a las familias que reclaman tierras ante la Unidad de Restitución y la Unidad de Justicia y Paz.
Este es la amenaza más reciente contra reclamantes de tierrasdel sur de Cesar, quienes ya denunciaron el hecho ante la Fiscalía, la Defensoría y la Unidad Nacional de Protección.
Los líderes, a quienes se le reserva su identidad por razones de seguridad, le contaron a VerdadAbierta.com que este es el primer ataque directo contra ellos, pese a que desde 2011 han recibido otro tipo de amenazas por medio de panfletos repartidos en las veredas, sufragios que han llegado a sus casas o seguimientos por parte de personas que se ocultan el rostro y que se han sido vistos cerca de donde se reúne la comunidad a socializar sus casos (Lea: Amenazan a reclamante de tierras de la hacienda Bellacruz).
Los reclamantes atacados representan a por lo menos 300 familias del sur del Cesar de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, entre ellas, las de la antigua Bellacruz hoy La Gloria, una hacienda de la que en 1996 la violencia paramilitar expulsó a los campesinos que esperaban la titulación del antiguo Incora (hoy Incoder).
Este caso lleva varios años en la justicia, con pronunciamientos del Consejo de Estado y del Incoder, que les dio la razón a las familias que reclamaban 1.500 hectáreas de baldíos en la hacienda (Lea: En La Bellacruz hay 1.200 hectáreas de baldíos y deben restituirse; Las tensiones por la Bellacruz; Tierra prometida en La Bellacruz, y Las trampas de Bellacruz).
En sus múltiples denuncias, las familias han relatado que en el sur del Cesar ronda un grupo que se hace llamar “Ejército Antirrestitución”, conformado por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) e integrado a las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’, que hace presencia en los municipios de San Martín, Pelaya, La Gloria y la vereda del Caño Alonso.
Los campesinos le han pedido a las autoridades la captura de Rafael Emilio Martínez Guevara, desmovilizado del Frente Resistencia Motilona de las Auc y quien no se sometió a Justicia y Paz pese a ser postulado, y que se rearmó con esa banda (Lea: Las amenazas a reclamantes vuelven al sur del Cesar).
La Unidad Nacional de Protección, creada por la Ley 1448 de 2011 para proteger a reclamantes amenazados, le brinda medidas de seguridad a por lo menos cuatro líderes en esta zona. Ante la Unidad de Restitución, otra entidad creada por esta misma Ley, familias de los municipios de Pelaya y Tamalameque han presentado 198 solicitudes por 15.467 hectáreas que tuvieron que abandonar o que les fueron usurpadas durante el conflicto.
Cesar está entre los departamentos críticos, donde han sido registradas amenazas no solo a reclamantes sino a periodistas que se han atrevido a investigar el despojo detierras en esta región del país (Lea: Las amenazas que buscan bloquear la restitución en Cesar). Además del caso de La Bellacruz, las familias reclaman tierras en las regiones de Mariangola, Villa Germania, Caracolí, todos corregimientos de Valledupar (Lea: En Cesar, 2.841 víctimas piden restituir 195 mil hectáreas).
Aunque el Ministerio Público tiene puesta la atención sobre esta región, los líderes le piden al gobierno mayor seguimiento a los casos: “Los reclamantes contamos con las instituciones y la Constitución colombiana para que nos den la protección que necesitamos. No queremos que el enemigo triunfe”, dijo un líder, quien dijo que pese a las amenazas las familias seguirán esperando un pronunciamiento de la justicia respecto a sus declaraciones.
Panfletos en Segovia y Remedios
A la zozobra permanente que se vive en los municipios de Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, por cuenta del feroz enfrentamiento que vienen librando las bandas criminales de ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’ y una disidencia de estos últimos conocida como ‘Héroes del Nordeste’, para hacerse al control de las rentas derivadas de la explotación del oro, se suma ahora la circulación de una serie de panfletos amenazantes en los que se declara objetivo militar a líderes sociales, sindicalistas, comerciantes y pequeños mineros.
El último de estos pasquines comenzó a circular en las calles de Segovia y Remedios casualmente el mismo día del ataque a los reclamantes de tierras en el Cesar. A través de ese volante se lanza una dura advertencia contra comerciantes, sindicalistas, pequeños mineros y la población en general para que no apoye la jornada de protesta campesina nacional, programada para el 19 de agosto próximo, a riesgo de ser declarados objetivo militar.
“Si ustedes participan es porque quieren apoyar a los de la izquierda. Todos sabemos segovianos cuántas maldades, cuántas masacres hemos tenido que sufrir por cuenta de la guerrilla. Con eso ganamos que se apoderen nuevamente de nuestro pueblo, quedar arrodillados a tantos años de maldades y perder ese derecho que nos hemos ganado desde las Autodefensas”, dice el panfleto en sus apartes.
En el apócrifo, que aparece firmado por un grupo autodenominado Seguridad Héroes del Nordeste (SHN), también se amenaza de muerte a Oscar William Macías y Ramiro Ortega, integrantes de la Corporación Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), organización no gubernamental que desde hace varios años viene acompañando diversos colectivos de derechos humanos y de defensa de la pequeña y mediana minería en la región del Nordeste.
Precisamente esta organización venía organizando una seria de actividades en estas localidades tendientes a la participación de los mineros informales del Nordeste antioqueño en las marchas de protesta campesina que tendrán lugar en todo el territorio nacional a partir del próximo 19 de agosto.
“Reconocemos que esta amenaza tiene el objetivo de intimidar para debilitar la participación efectiva de la población en el paro regional y nacional. La comunidad rechaza estas amenazas y manifiesta su participación masiva en cada uno de los escenarios de exigencia y de protesta social y pacífica”, expresaron voceros de Cahucopana a través de un comunicado público.
Afirmación en igual sentido hicieron los integrantes de Sintraminenergética, región Nordeste antioqueño, a quienes les fueron enviados sendos panfletos amenazantes en los cuales los conminan a silenciar toda protesta y acción de rechazo contra la megaminería o contra las multinacionales mineras o, de lo contrario, también serán declarados objetivo militar.
“A unos les llegó vía correo electrónico. A mí, por ejemplo, me llegó físico, me lo tiraron por debajo de la puerta. Y él se dice que todos los sindicalistas son guerrilleros. El panfleto es firmado por ‘Los Rastrojos”, le contó a VerdadAbierta.com uno de los sindicalistas amenazados, quien pidió omisión de su identidad por motivos de seguridad.
De acuerdo con la fuente consultada, el pasquín agrava aún más la situación de los mineros informales de estos municipios, que pueden sobrepasar las 5 mil personas. “A los pequeños mineros los persigue la ley que por son ilegales por no tener un título, por no pagar regalías. Los persiguen ‘las bacrim’ para cobrarles la vacuna y cuando nos organizamos para protestar, nos amenazan”, señaló el dirigente sindical.
Un aspecto que ha sido cuestionado por los líderes sociales ha sido la reacción de la Policía local, que ha desestimado este tipo de amenazas. “Como ha sido difícil identifica el origen de los panfletos, la Policía de Segovia lo que nos ha dicho es que no les ‘paremos bolas’, que porque a ‘Los Rastrojos’ les han dado muy duro, están muy acabados y prácticamente no existen”, precisó uno de los consultados.
Pese a estas intimidaciones, sindicalistas, pequeños mineros y líderes sociales mantienen su decisión de participar en las jornadas de protesta del próximo 19 de agosto. Y sobre este particular, la Secretaría de Gobierno de Antioquia manifestó estar dispuesto a brindar todas las garantías necesarias.
“Tengo entendido que los líderes del Nordeste se van a concentrar en Barrancabermeja. Si es así, vamos a tener dispositivos en las carreteras para brindarles acompañamiento y seguridad”, declaró el titular de este Despacho, Santiago Londoño Uribe.
El año pasado, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo había advertido en su Informe de Riesgo No 002-12.I, la situación de alto riesgo a la que se encontraba sometida la población de los municipios de Zaragoza, Remedios y Segovia, debido a la “dinámica de confrontación armada entre estructuras paramilitares que se disputan el control del territorio, siendo estos identificados como ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’.
Justamente, esta agencia del Ministerio Público alertó sobre las organizaciones que hoy están siendo amenazadas. En el informe de riesgo, el SAT emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades del orden nacional, regional y local, para que se brindaran todas las garantías necesarias para la protección de “los derechos fundamentales de las comunidades rurales y urbanas de los tres municipios, con énfasis en poblaciones identificadas en alto riesgo, como los mineros artesanales, los líderes de la Corporación Cahucopana y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que han venido acompañando el proceso organizativo, la permanencia en el territorio y la defensa de la mediana y pequeña minería”.
Los intereses de los grupos armados organizados ilegales en la región son dos básicamente: el control de la explotación minera aurífera y el uso de la zona como corredor estratégico para actividades de narcotráfico, lo que se facilita por los altos niveles de abandono estatal y pobreza que predominan en la región manteniendo a sus pobladores rurales en situación de confinamiento.
Los reclamantes de tierras en el sur del Cesar y los líderes sociales del nordeste antioqueño coincidieron en advertir que esperan que las autoridades tomen nota de estos hechos y brinden la protección necesaria para las amenazas no se conviertan en una trágica realidad.
