El año pasado quedaron en libertad los primeros exparamilitares y guerrilleros postulados a las normas de justicia transicional, se profirió el mayor número de sentencias y fueron excluidos algunos narcotraficantes ‘colados’ en las listas de desmovilizados de las Auc, pero aún queda mucho por hacer.
Audiencia del tribunal que condenó a alias ‘Diego Vecino’ y alias ‘Juancho Dique’, exjefes del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc. Foto: archivo Semana.
En 2014 se cumplieron ocho años de la aplicación de la ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz. Es exactamente el mismo número de años a los que pueden ser condenados los desmovilizados que estén postulados a los beneficios de esa norma, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la verdad y la reparación.
Dado que para algunos postulados ya se cumplió el tiempo de reclusión consagrado en la ley, magistrados y fiscales de Justicia y Paz aceleraron el paso para valorar los aportes de exparamilitares y exguerrilleros, y obtener el máximo de sentencias posibles, lo que ha significado la libertad para algunos, pero para otros su exclusión del proceso transicional y la pérdida de beneficios jurídicos.
La Corte Suprema de Justicia, a su vez, aclaró en algunas decisiones en qué circunstancias se puede tener en cuenta el delito de narcotráfico como factor clave en la financiación de la guerra y en qué casos no, razón por la cual fueron excluidos varios desmovilizados que fueron catalogados como ‘narcos puros’. Este alto tribunal también tomó decisiones importantes sobre la reparación a las víctimas.
VerdadAbierta.com hace un recuento de los sucesos y decisiones más importantes de 2014 en este tema, a partir de los cuales se vislumbran los retos de la Ley de Justicia y Paz en su noveno año de aplicación, que apenas comienza.
Condenas cumplidas
El año pasado, más de 160 desmovilizados postulados a los beneficios de la justicia transicional cumplieron los ocho años de detención, pero no han quedado en libertad de manera masiva, como se llegó a pensar en su momento.
De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración (Acr), no son más de diez postulados los que hoy están efectivamente fuera de los centros de reclusión. Entre ellos John Jairo Álvarez Manco, alias ‘El Mono’; Jesús Donaldo Bastón, alias ‘Parabólico’; y José de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’. (Ver: Justicia y Paz comienza a dejar en libertad a ex paramilitares)
El 2015 será entonces un año para poner a prueba la capacidad de Acr y la pertinencia de las políticas de reintegración que se diseñaron para atender a quienes obtengan su libertad. (Reintegración de exparamilitares que salgan libres durará cuatro años)
Hay casos como el de Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, a quien no solo le negaron la libertad sino que le quitaron los beneficios de la rebaja de pena, es decir que prácticamente lo expulsaron de Justicia y Paz, por no haber pedido perdón público a sus víctimas (El enredo en la libertad de ‘Don Antonio’)
El mismo camino parece que transitará Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, a quien un magistrado le negó la libertad por no haber contado aún toda la verdad sobre sus crímenes. Aún queda por resolverse si será excluido del proceso, asunto que podría resolverse este año. (Por qué Ramón Isaza no quedará aún en libertad)
La Corte Suprema de Justicia aclaró que el tiempo de la condena solo empezará a contar desde el momento en que el gobierno postuló a los excombatientes para que hicieran parte de la justicia transicional, no desde la desmovilización. Esta decisión afecta sobre todo a quienes se desmovilizaron estando en la cárcel y esperaron varios años tras las rejas hasta que el gobierno aprobó su postulación.
El récord de las sentencias
Muchos desmovilizados pronto cumplirán en prisión el tiempo máximo al que pueden ser condenados en Justicia y Paz, pero aún no les han dictado sentencia por sus crímenes. Foto: archivo Semana.
La mayoría de los exparamilitares que están a punto de recobrar la libertad no han sido condenados. Solo once sentencias han sido ratificadas por la Corte Suprema de Justicia, fallos que, además, son parciales, es decir que no recogen la totalidad de los delitos que cometieron los acusados. Sin embargo, 2014 fue el año en el que más sentencias se profirieron.
Para agilizar el proceso, la Fiscalía General de la Nación propuso, desde comienzos de 2013, priorizar los casos de 16 exjefes paramilitares y guerrilleros que deben responder por todos los crímenes que cometieron sus subalternos. El objetivo es obtener igual número de macrosentencias para que así los demás desmovilizados se puedan acoger a ellas, de manera que sin cumplir todo el proceso judicial acepten los cargos que ya hacen parte de esa decisión. (Ver: Así será la priorización en Justicia y Paz)
No obstante, el proceso se ha demorado más de lo esperado, pues la Fiscalía calculaba que las 16 macrosentencias estuvieran preparadas para junio de 2014. A diciembre de ese año se profirieron solo dos sentencias que usaron esta metodología: una contra LuisEduardo Cifuentes alias, ‘El Águila’, exjefe paramilitar del Bloque Cundinamarca (Corte Suprema de Justicia resolverá sentencia contra alias ‘El Águila’) y la otra contra Salvatore Mancuso. (Las verdades de la nueva condena contra Mancuso).
La sentencia contra Mancuso tiene una importancia histórica, no solo porque condenó al máximo jefe paramilitar que está postulado a la ley de Justicia y Paz, sino porque logró procesarlo a él y a 11 de sus subalternos por 1.426 hechos delictivos, cometidos por cuatro bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en ocho departamentos del país.
A la par del proceso de priorización, los magistrados de Justicia y Paz siguieron con otros procesos contra importantes exparamilitares y profirieron decisiones que develan verdades importantes sobre la criminalidad en el país.
Uno de esos casos en la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra varios exintegrantes del Bloque Héroes de Tolová. En ella se sindica a Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, de la conformación de bandas criminales en Córdoba luego de su desmovilización, las que dirigió desde la cárcel antes de su extradición a Estados Unidos, lo que pone en entredicho su continuidad en el proceso de Justicia y Paz, asunto que también deberá resolverse este año.
Otra decisión, esta vez contra exmiembros del Bloque Elmer Cárdenas devela cómo ocurrieron las incursiones armadas de Riosucio, Chocó, y la masacre de la Horqueta, en Cundinamarca, donde hubo una activa participación de sectores de la Fuerza Pública, según lo confesaron los postulados. Asunto que guarda similitudes con lo consignado en la sentencia contra Mancuso, donde quedó clara la participación de miembros del Ejército y funcionarios judiciales en la llegada y expansión del Bloque Catatumbo en Norte de Santander.
Otra decisión importante fue la tomada contra Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, en la que se revela el genocidio cometido bajo su responsabilidad contra los movimientos políticos de izquierda en el sur del Cesar.
Se estima que nuevas sentencias, que se deberán proferir este año, den cuenta del accionar de grupos paramilitares en diversas regiones del país y revelen hasta dónde llegaron estas facciones armadas ilegales en su aparente afán de combatir a la guerrilla, quiénes fueron sus auspiciadores y qué actividades económicas, tanto de carácter legal como ilegal, llegaron a controlar.
Reconocidos delitos de género
La Fiscalía y los magistrados han intentado darle una mayor connotación a la violencia basada en género. Por esa razón, a este tipo de crímenes se les dio prelación en las macrosentencias (junto al desplazamiento, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores y el secuestro), no por la cantidad de víctimas reportadas sino por el impacto que causó en la vida de las mujeres y de sus comunidades.
En varias sentencias de Justicia y Paz se afirma que este tipo de violencia fue sistemática por parte de varios grupos armados y lo destacable en ellas es que los testimonios de las víctimas han sido incluidos en ellas. La más reveladora es la proferida contra Mancuso, en la que se identificaron 175 casos, que contienen prácticas macabras como la esterilización y el aborto forzado.
Se espera que a mediados del próximo año se conozca una de las sentencias más importantes sobre el tema, esta vez contra el exjefe paramilitar Hernán Giraldo, quien delinquió en la Sierra Nevada de Santa Martay cometió todo tipo de crímenes contra las mujeres de la región, incluidas menores de edad.
Con relación a ese tema, en 2014 fue excluido del proceso de Justicia y Paz, Marco Tulio Pérez Guzmán, alias ‘El Oso’, excomandante del Frente Golfo de Morrosquillo del Bloque Héroes Montes de María de las Auc, por negarse a reconocer su responsabilidad en nueve delitos de género que le imputó la Fiscalía. (Ver: ¿Víctimas de violencia sexual de alias ‘El Oso’ se quedarán sin escuchar la verdad?)
La exclusión de algunos ‘narcos’
‘El Mellizo’ Mejía y ‘El Tuso’ Sierra, narcotraficantes que se colaron en el proceso de Justicia y Paz como jefes paramilitares. Fotos: archivo Semana.
La Corte Suprema de Justicia aclaró que los postulados que hayan traficado estupefacientes para financiar su grupo armado pueden ser juzgados por narcotráfico en la justicia transicional. “En Justicia y Paz es posible abordar cualquier conducta punible, siempre que haya sido cometida durante y en ocasión de la pertenencia al grupo”, aseguró la magistrada María del Rosario González Muñoz.
Así quedó establecido en decisión en segunda instancia proferida por la Sala de Casaciòn Penal de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a Rodrigo Pérez Alzare, alias ‘Julián Bolívar’, quien según la Fiscalía, financió al Bloque Central Bolívar a través del negocio del narcotráfico, pero cuyas actividades fueron consideradas como propias del grupo armado y no con fines de enriquecimiento personal. (Ver: Exparamilitares podrán ser juzgados por narcotráfico en Justicia y Paz)
Al mismo tiempo, la Corte pidió que se depurara Justicia y Paz de “narcotraficantes puros”, es decir aquellos que utilizaron los grupos paramilitares para beneficiarse personalmente de sus negocios ilícitos o los que se colaron en las listas de desmovilizados para obtener una rebaja de pena. Con esos argumentos fueron excluidos Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’; Juan Carlo ‘El Tuso’ Sierra y se ratificó la salida de Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo Lindo’.
Este año, una magistrada de Justicia y Paz también decidió expulsar a alias Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien fue el jefe máximo del Bloque Central Bolívar, argumentado que el paramilitar reconoció ante la Justicia de Estados Unidos que delinquió después de la fecha de la desmovilización, una de la causales de exclusión de Justicia y Paz. (Ver: Macaco no va más en Justicia y Paz)
La Fiscalía está haciendo un barrido de los procesos de estos exparamilitares en la justicia ordinaria y en 2015 se espera que se pida la exclusión de todos aquellos que sean condenados por un hecho ocurrido luego de haber dejado las armas. (Ver: Exclusiones de Justicia y Paz: unos adentro y otros afuera)
La reparación a las víctimas
En las primeras sentencias de Justicia y Paz los montos de indemnización para reparar a las víctimas fueron tasados por los magistrados. Pero a finales de 2012, el Congreso de la República reformó la ley de Justicia y Paz y encargó de esta tarea a la Unidad de Víctimas. En su momento, los congresistas argumentaron que el dinero entregado por exparamilitares y exguerrilleros no era suficiente para reparar a las víctimas y que los recursos de la Nación no alcanzaban.
La Unidad de Víctimas tiene unos montos definidos por la Ley 1448, conocida como la Ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras, que son mucho menores a los establecidos por los jueces. Por esa razón, la Defensoría del Pueblo demandó la reforma.
Este año la Corte Suprema se pronunció al respecto y les devolvió esa facultad a los jueces. Pero, en términos prácticos, esta decisión no implica mayores cambios para las víctimas. Pues la Ley que las cobija dice en su artículo 10 que cuando un el Estado es condenado de forma subsidiaria, es decir que no es el condenado principal, solo debe responder hasta los topes ya fijados.
De manera que este año quedó claro que aunque en las sentencias aparezca que van a reparar a las víctimas con unas cifras que pueden variar entre los 50 a 150 millones de pesos, en la práctica les entregaran lo que la Unidad de Víctimas tiene estandarizados. Por ejemplo, si ocurrió un asesinato, la reparación es de cerca de 24 millones de pesos por familia, pero si se trata de un delito de género, como la violencia sexual, es de 17 millones.
Acelerador al proceso contra los guerrilleros 
Alias ‘Karina’ y alias ‘Martín Sombra’, exjefes guerrilleros de las Farc postulados al proceso de Justicia y Paz. Fotos: archivo Semana.
Los guerrilleros representan cerca de un 10 por ciento de los postulados de Justicia y Paz y en parte por esos sus proceso habían sido relegados en años anteriores y solo los grandes jefes como Nelly Ávila Moreno, más conocida como ‘Karina’, y Ely Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’, habían logrado avances en los tribunales.
Este año la Fiscalía decidió acelerar el proceso contra los exguerrilleros y planteó un segundo esquema de priorización, en el que no solo están incluidos desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz, sino guerrilleros activos. (Víctimas de Farc y Eln, nueva prioridad en Justicia y Paz)
En 2015 se acumulará el proceso judicial de cerca de 140 guerrilleros de las Farc que están postulados a la Ley de Justicia y Paz, en lo que se espera sea el juicio más grande que hasta ahora se haya hecho en contra de este guerrilla.
