Sin haber recibido un fallo condenatorio en su contra, un postulado a la Ley de Justicia y Paz por parte del Bloque Bananero acaba de recuperar su libertad luego de haber cumplido ocho años de encierro. Se prevé que el próximo año serán más lo que corran su misma suerte.
Tras considerar que cumplió con uno de los principales requisitos contemplados en la Ley de Justicia y Paz como lo es “haber permanecido como mínimo ocho años privado de su libertad luego de su desmovilización”, un magistrado con función de control de garantías de Medellín le concedió la libertad al ex paramilitar Jonh Jairo Álvarez Manco, quien integró el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Con esta decisión, Álvarez Manco, quien se encontraba recluido en la cárcel de Mediana y Máxima Seguridad de Itagüí desde el 3 de noviembre de 2005, se convierte en el primer desmovilizado de esta estructura paramilitar y, de paso el primero en Antioquia, que recupera su libertad no obstante que su proceso en la justicia transicional se encuentra solo en fase de imputación de cargos.
De acuerdo con los argumentos presentados por la defensa del postulado, Álvarez Manco no solo cumplió con el requisito mínimo, ocho años de reclusión que cumplió el pasado 2 de noviembre de 2013, sino que también certificó haber participado en la actividades de resocialización ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), contribuido con el esclarecimiento de la verdad y no haber cometido delitos posteriores a su desmovilización.
Sobre el particular, su abogado señaló que este desmovilizado, que delinquió en la región del Urabá antioqueño bajo las órdenes de Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’ y que hizo parte del Frente Sur del Putumayo, comenzó a rendir versión libre ante la Fiscalía 17 de Justicia y Paz los días 4 y 5 de agosto de 2008. En sus confesiones denunció a funcionarios públicos, principalmente miembros de la Fuerza Pública, que dieron lugar a la elaboración de 53 compulsas de copias a la justicia ordinaria, hecho que fue refrendado por el Ente Investigador.
Asimismo, si bien Álvarez Manco no entregó bienes para la reparación dada su condición de patrullero raso, sí aportó información valiosa sobre la ubicación de fosas comunes en el departamento del Putumayo que no han sido exhumadas por diversas razones logísticas, según lo señalado por el jurista durante la audiencia. Sobre el postulado también pesan nueve sentencias ejecutoriadas por parte de la justicia ordinaria, en ocho de las cuales se acogió a sentencia anticipada y todas ellas sobre hechos cometidos “con ocasión y durante su permanencia al grupo armado ilegal de las Autodefensas”.
Aunque Álvarez Manco ya comenzó a disfrutar de su libertad, esto no significa que seencuentre desvinculado del trámite de la Ley de Justicia y Paz, tal como lo planteó el propio magistrado con funciones de control de garantía. Por el contrario, el desmovilizado deberá continuar aportándole a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en las diligencias a que sea convocado, bien por la Fiscalía o bien por el Tribunal de Justicia y Paz, so pena de ser excluido de los beneficios de la pena alternativa.
Así quedó consignado en el acta de compromiso suscrita por Álvarez Manco ante la Sala de Justicia y Paz de Medellín en la que se le ordena, además, informar su sitio de residencia y su número telefónico, no salir del país sin autorización alguna ni contactar a las víctimas sin previa autorización de la Fiscalía de Justicia y Paz o sus representantes; no salir de su residencia entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana y continuar participando de las actividades de reintegración diseñadas por el gobierno nacional.
Decisión debatida
La decisión adoptada por el Tribunal de Justicia y Paz despertó diversas opiniones, las cuales fueron expresadas durante la realización de la audiencia. Por un lado, para los representantes de las víctimas, no deja de ser preocupante que un desmovilizado que participó en crímenes de lesa humanidad recupere la libertad sin recibir aún notificación de su condena por parte de la justicia transicional.
La preocupación fue compartida por el propio magistrado, quien señaló que “causa algo de insatisfacción saber que muchos postulados van a comenzar a solicitar su libertad y que el Estado no fue capaz de condenarlos dentro del término de esos ocho años pactados en la Ley”, pero advirtió también que “esa falencia del Estado no puede soportarla sus gobernados, en este caso, los postulados”.
Igual opinión tiene la Fiscalía 17 Delegada ante Justicia y Paz, que recordó que el 8 de marzo de 2010 le formularon cargos parciales a Álvarez Manco y que el 23 de mayo del presente año había advertido de su situación al Tribunal de Justicia y Paz. “Después de esto muchos postulados del Bloque Bananero vendrán en cascada solicitando la sustitución de penas”, manifestó la titular de ese despacho.
“Pero bien lo advirtió la Fiscal: estas son las reglas del juego que señaló el Legislador. Y si uno no puede confiar en las reglas establecidas por el Estado, entonces este no sería un estado democrático, ni mucho menos un Estado Social de Derecho”, expuso el magistrado con función de control de garantías.
Con todo lo que pueda generar decisiones como esta, lo cierto es que uno de los principales retos que deberán enfrentar los Tribunales de Justicia y Paz en los próximos meses será, precisamente, el cúmulo de solicitudes de sustitución de penas de decenas de desmovilizados, incluidos importantes jefes paramilitares como Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’.
Como se recordará, desde el momento de su desmovilización en agosto de 2006, Rendón Herrera quedó a disposición de las autoridades de Policía, por orden del Ministerio del Interior y de Justicia, en la estación de Policía de Necoclí, Urabá antioqueño, de donde fue trasladado a la cárcel de Mediana y Máxima Seguridad de Itagüí en diciembre del mismo año. Fuentes cercanas al ex paramilitar le confirmaron a VerdadAbierta.com que este ex jefe paramilitar solicitará su libertad a finales del mes de agosto, cuando se cumplen sus ocho años de reclusión carcelaria.
