En la segunda etapa de aceleración de los procesos de Justicia y Paz, la Fiscalía decidió priorizar los casos, según las víctimas. Para dejar sentadas las afectaciones a las víctimas de las guerrillas, será prioritario esclarecer los más de cien mil delitos que han cometido y sentenciar a los jefes máximos. Después, en las negociaciones, se sabrá cómo se ejecutarán esas sentencias. VerdadAbierta.com presenta un gráfico interactivo con la nueva estrategia del ente acusador.
Hace varios días la Fiscalía General de la Nación presentó lo que será la segunda etapa del proceso para darle prioridad a algunas audiencias que lleva la Unidad de Justicia y Paz contra los ex paramilitares y ex guerrilleros postulados a los beneficios que les dio la ley de justicia transicional a cambio de que colaboren con la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas y de que no cometan más delitos, ni victimicen más a los colombianos.
La idea de la “priorización” busca acelerar las investigaciones y juicios que se llevan contra los ex combatientes de las autodefensas y la guerrilla.
Lo novedoso de esta segunda etapa es que la prioridad se está fijando no según los jefes y mandos medios postulados por el gobierno a Justicia y Paz, sino que que lo que se está priorizando son los 201.844 delitos cometidos por 14 estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y todos los bloques y frentes de las Farc y el Eln. Así, según la Fiscalía, podrán definir y reconocer las afectaciones sufridas por las víctimas de estos grupos armados.
En el caso de la Farc, ninguno de los comandantes de bloque ha sido postulado a Justicia y Paz, y ni siquiera en La Habana, donde llevan a cabo las negociaciones de paz, se ha acordado entre esta guerrilla y el gobierno Santos si los jefes guerrilleros serán procesados por la justicia transicional. En el caso del Eln, ni siquiera han empezado formalmente las conversaciones de paz.
Así que sin sus confesiones, pero con la participación de algunos de los ex combatientes rasos y mandos medios, la información previa de las autoridades y las denuncias de las víctimas, la Fiscalía espera que las diligencias terminen con sentencias en contra de los máximos jefes guerrilleros de cada grupo incluyendo a varios de los negociadores de La Habana, como ‘Iván Márquez’. La idea es que estas sentencias puedan ser ejecutoriadas o no, según lo que se acuerde en las negociaciones, pero que de todos modos la justicia reconozca las víctimas.
En el caso de los paramilitares, se han priorizado bloques o grupos que no tienen jefes postulados, como el Bloque Metro, cuyo jefe Carlos García, alias ‘Doblecero’ fue asesinado; o jefes de frentes que aún no han sido postulados a Justicia y Paz, como el del Frente Capital, Henry de Jesús López, alias ‘Mi Sangre’, hoy recluido en una cárcel de Argentina por el delito de narcotráfico, y a la espera de que se defina su situación ante una posible extradición a Estados Unidos.
Sumando las de los comandantes guerrilleros y las de los ex paramilitares, la Fiscalía espera que sean 16 las sentencias que salgan de estos procesos, a las cuales se podrán acoger sus subalternos.
En el caso de los grupos de autodefensa, la Fiscalía tuvo en cuenta los bloques que habían desaparecido antes del proceso de desmovilización paramilitar entre los años 2003 y 2006. Entre estos están el Frente Capital y el Bloque Metro.
Aunque anteriormente ya se habían incluido grupos guerrilleros dentro del proceso de Justicia y Paz, como el caso de ‘Martín Sombra’ y ‘Karina’, esta es la primera vez que la Fiscalía busca esclarecer todos los delitos cometidos por esas organizaciones ilegales que aún siguen delinquiendo. Según el fiscal Leonardo Cabana, de la Unidad de Justicia y Paz, estos juicios contra las Farc permitirán que en las sentencias aparezcan condenados los máximos comandantes de las Farc. Y según si se llegan o no a acuerdos en las negociaciones de paz, y dependiendo del tipo de procedimiento que se pacte para que los victimarios respondan por sus víctimas, estas sentencias se ejecutarán o no en el marco de justicia transicional o en la justicia ordinaria.
Cabana añadió que para documentar todos los casos de la guerrilla el organismo cuenta con una amplia base de datos que ha sido alimentada con los reportes de las autoridades, las versiones de los 520 guerrilleros que se postularon al proceso y los relatos de las víctimas. Esos hechos empezarán a revelarse en agosto, cuando se fijen las fechas de la realización de los juicios.
Los delitos
Los integrantes de las 14 macro-estructuras que empezarán a ser juzgados en el segundo semestre de este año deberán responder por los delitos de homicidio, desplazamiento, desaparición, reclutamiento ilícito, secuestros y violencia basada en género. La Fiscalía le atribuye 3.289 secuestros a las Farc y 1.331 al Eln.
Por otra parte, por primera vez se tendrán en cuenta en los juicios todos los homicidios cometidos por cada organización. En la etapa anterior los asesinatos no eran considerados como uno de los patrones criminales principales a tener en cuenta en cada grupo, junto con desplazamiento o reclutamiento forzado, sino que cada fiscal elegía algunos crímenes de connotación.
Antes, estos hechos eran seleccionados según el criterio del delegado de la Fiscalía de acuerdo a algunos factores, como el impacto del crimen dentro de la comunidad, si la víctima era periodista, indígena o un funcionario de alto rango. Ahora tendrán que reconstruir todos los homicidios de ese bloque o grupo.
Las reconstrucciones
El hecho de darle prioridad a los homicidios dentro de Justicia y Paz tuvo como una de las causas los reclamos de las víctimas. Cabana explicó que priorizaron los asesinatos del Bloque Metro -la estructura con más asesinatos que serán llevados a juicio, 19.958- por la cantidad de familiares de víctimas de este grupo armado que están buscando respuesta sobre el por qué de los crímenes contra sus seres queridos.
El Bloque Metro delinquió en Antioquia entre los años 1997 y 2004, cuando fue asesinado su comandante Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doble Cero’. Hoy la Fiscalía cuenta con 20 postulados que pertenecieron a ese grupo y se desmovilizaron en otras facciones de las Auc, sus testimonios serán esenciales para saber la verdad sobre los asesinatos, los 3.479 desplazamientos y 1.841 desapariciones cometidas.
El otro grupo que será llevado a Justicia y Paz será el Frente Capital, aunque hizo parte del Bloque Centauros -también incluido en este proceso- la Fiscalía pretende reconstruir las afectaciones causadas por este grupo en la capital del país entre el 2000 y 2004.
El fiscal Cabana indicó que el comandante de este grupo, Henry López Londoño, alias ‘Mi Sangre’, ya comunicó su disposición de participar en el proceso de Justicia y Paz a través de su abogado. Cabana señaló que se espera el avance de las diligencias de extradición para proceder luego a la postulación de López. Este grupo es señalado de cometer 356 homicidios y 109 desapariciones.
De igual forma, entre los nuevos grupos aparece Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, quien será enjuiciado por los delitos cometidos por la ‘Casa Castaño’. Roldán fue jefe de seguridad de Vicente, Carlos y Fidel Castaño desde los años 80. La Fiscalía espera esclarecer los crímenes que ordenaron directamente los Castaño en el Urabá y en distintas zonas del país, como el asesinato de Jaime Garzón y el secuestro de Piedad Córdoba.
Libertad
Un factor que será tenido en cuenta en esta etapa será priorizar los juicios contra aquellos que pueden estar próximos a quedar en libertad, para que así tengan sentencia alternativa antes de que salgan. Así por ejemplo, se priorizó a Jorge Humberto Victoria Oliveros, alias ‘Raúl’, quien en unos meses podrá solicitar su libertad cuando se cumplan los ocho años de estar recluido en prisión, la misma cantidad de tiempo de la pena máxima en Justicia y Paz.
‘Raúl’ será procesado como comandante del Bloque Centauros, la estructura con más postulados en esta etapa de priorización (410) y a la que se le atribuyen 17.232 delitos ocurridos en Meta, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Guaviare, Cundinamarca y Bogotá.
Cabana advirtió que aún falta conocer la decisión que tome el tribunal o la Corte al respecto, pues al igual que Victoria, otros postulados podrían recobrar su libertad pero presentarse a los juicios bajo condiciones especiales, como el seguimiento a través del brazalete electrónico. Otra posibilidad es que la justicia determine que siga recluido en prisión hasta que se dicte una sentencia.
El reto ahora para la Fiscalía, y la justicia en general, es que al ampliar el número de casos priorizados, y la gama de delitos, no se vuelva a la situación anterior que hacía prever que los procesos irían a tomar casi un centenar de años; y en cambio sí se consiga responderle mejor a la mayor cantidad de víctimas posible.
