Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá consideró que el exparamilitar no ha dicho toda la verdad y no ha entregado suficientes bienes para reparar a las víctimas.
Ramón María Isaza, conocido como ‘El Viejo’ y otrora jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), no quedará aún en libertad, pese a que ya cumplió los ocho años de prisión que contempla la Ley de Justicia y Paz para aquellos exparamilitares que fueron postulados por el gobierno nacional a sus beneficios jurídicos.
El magistrado José Manuel Bernal consideró que no es suficiente con haber cumplido con los ocho años en la cárcel, condena máxima que reciben los excombatientes que hagan parte de la justicia transicional. “No basta con la simple privación de la libertad, las exigencias de esta ley van mucho más allá”, precisó.
Isaza ha rendido hasta el momento 174 versiones libres individuales y 132 en grupo ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Pero, de acuerdo con el ente investigador, en sus confesiones ha evidenciado “amnesia selectiva”, pues mientras colabora con asuntos como la ubicación de fosas comunes, ha mostrado “un silencio y hermetismo” para hablar sobre posibles nexos de las Accm con políticos regionales en las áreas donde operó el grupo armado y la manera cómo financió esa estructura paramilitar.
Para el magistrado Bernal hay una diferencia entre participar y contribuir en las versiones, escenario judicial donde se rendían cuentas del accionar armado, pues no se trata de simplemente asistir a las diligencias programadas, sino de esclarecer la verdad. Agregó, en su decisión, que otros exmandos medios de las Acmm, quienes fueron subalternos de Isaza, sí han contado la verdad.
La Fiscalía, por su parte, aseguró que Isaza no ha ayudado a reconstruir la historia del Frente John Isaza, grupo que fue dirigido por su hijo Oliverio Isaza. Alias ‘Roque’, quien no se desmovilizó y fue capturado en septiembre de 2012.
Durante los ocho años que lleva en el proceso de Justicia y Paz, el exjefe de las Acmm había negado tener cualquier relación con la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989 en Simacota, Santander, en la que murieron trece funcionarios judiciales que investigaban varias acciones paramilitares en esa región del país.
Sin embargo, al mismo tiempo que solicitó la libertad, decidió aceptar su responsabilidad en esos hechos por línea de mando, según dijo su abogado, porque encontró que dos de sus subalternos participaron en la matanza. Isaza ya había sido condenado en la justicia ordinaria por ese crimen.
“Resulta sorprendente que después de sostenerse en la negativa, resulte admitiendo su responsabilidad por dos subalternos que además están muertos”, expresó el magistrado y agregó que, para pedir su libertad, los desmovilizados deben contar con un certificado otorgado por la Fiscalía y por los magistrados de conocimiento del mismo Tribunal.
Un caso similar se presentó en Tribunal de Justicia y paz de Medellín, pero el resultado fue diferente. La Fiscalía pidió la exclusión de Jesús Ignacio Roldan, alias ‘Monoleche’, por haber negado durante años su participación en despojo de la finca La Holanda. En ese caso el magistrado consideró que más que un acallamiento se trataba de “una verdad tardía”. (Ver: Por ahora, ‘Monoleche’ se queda en Justicia y Paz)
Lo cierto es que con 74 años, Ramón Isaza, es el paramilitar más antiguo postulado a la Ley de Justicia y Paz. Duró cerca de 30 años en la guerra, desde 1977, cuando creó su primer grupo de autodefensa, conocido como ‘Los Escopeteros’, hasta su desmovilización en 2006, por lo que su testimonio es fundamental para reconstruir la historia de cientos de víctimas de gran parte del Magdalena Medio.
Otros argumentos
La Fiscalía aseveró que Isaza no ha entregado suficientes bienes para indemnizar a las víctimas y criticó al postulado por haber ofrecido dos predios de los que después se retractó porque dijo que pertenecían a su hijo, alias ‘Roque’. Agregó que la responsabilidad de indemnizar es de todo el grupo paramilitar.
Además, en la cárcel Picota el exparamilitar pagó por la construcción de una capilla a la que pueden asistir todos los desmovilizados, guerrilleros y paramilitares, del pabellón de Justicia y Paz. Su aparente acción benéfica fue cuestionada por el Ente acusador, pues a su juicio, la obra se hizo sin aprobación requerida y consideró que los dineros invertidos en ella debieron destinarse a la reparación de las víctimas.
Para reforzar su solicitud de excarcelación, el abogado defensor acudió a describir el estado de salud de Isaza, alegando que está muy deteriorada, pues además de sufrir de Mal de Parkinson, razón por la cual ha perdido motricidad en sus manos, padece varios malestares que requieren tratamiento especial.
“Llevo ocho años y tres meses. Yo no puedo llegar a trabajar a mi casa, yo quiero volver para que mi esposa y mis hijas me puedan cuidar estar enfermedades que tengo”, explicó Isaza ante el tribunal, con el fin de reforzar el argumento de su abogado para alcanzar la libertad.
Sin embargo, el magistrado aseguró que Isaza está en deuda con el proceso de Justicia y Paz y “lucido, como está” debe continuar contribuyendo en las versiones libres desde la cárcel.