Estado colombiano se quedó cortó en explicar qué hace por atender la desaparición forzada

En una audiencia celebrada en Bolivia, se evidenció la desarticulación entre diversas agencias estatales y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, constituida tras el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc. Las intervenciones dejaron más dudas que certezas.

Se quedaron cortas las explicaciones dadas por los representantes del Estado colombiano enviados a la ciudad de La Paz a participar en la audiencia pública sobre las labores que cumplen diversas agencias gubernamentales para atender el drama de la desaparición forzada en el país, que ha dejado por lo menos 83 mil víctimas en cuatro décadas.

La audiencia fue solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 18 organizaciones de la sociedad civil y se realizó el pasado viernes en la capital boliviana durante su 171 periodo de sesiones, bajo la presidencia del comisionado mexicano Joel Hernández.

En este escenario, representantes de las organizaciones sociales contrastaron sus versiones con dos representantes del Estado, quienes llevaron la vocería de las entidades gubernamentales que trabajan en el tema de la desaparición forzada en el país. Se trató de Susana Arango, en representación de la Fiscalía General de la Nación, y Álvaro Sandoval, director de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una ausencia relevante, y que no tuvo explicación alguna durante la audiencia por parte del Estado colombiano, fue la de representantes de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), constituida bajo el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.

Durante sus exposiciones, quienes hablaron a nombre de las organizaciones de la sociedad civil hicieron énfasis en cuatro puntos fundamentales: la importancia de fortalecer una política de búsqueda de las personas desaparecidas; la urgencia de proteger los cementerios y sitios irregulares de inhumación; la participación efectiva de las víctimas en todo el proceso de búsqueda, identificación y entrega digna de los cuerpos de sus seres queridos; y los retos que afronta la recién creada UBPD.

En respuesta a ello, los voceros del Estado colombiano hicieron una amplia exposición de la legislación vigente sobre el tema, las actuaciones de las distintas agencias gubernamentales que atienden este tipo de casos y los resultados obtenidos a través de los años.

Luego de escuchar a ambas partes, algunos comisionados de la CIDH expresaron dudas sobre la manera cómo se articulan las distintas agencias estatales en Colombia para atender este drama en el país, dejando en el ambiente que no hay una real sintonía entre unas y otras.

Magnitud del flagelo

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Jessica Hoyos, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, inició su intervención indicando que en el país se registran casos de desaparición forzada desde 1977, y citando al Centro Nacional de Memoria Histórica, precisó que hay más de 82 mil víctimas en el marco del conflicto armado, una cifra muy superior a los 45 mil desaparecidos de Guatemala durante tres décadas de guerra y los 30 mil que dejó la dictadura militar en Argentina a comienzos de la década del ochenta.

La abogada llamó la atención de la inexistencia de un censo único de víctimas de desaparición forzada en el país. Según ella, “subsisten múltiples bases de datos de diversas entidades desconectadas entre sí y que no permiten tener certeza sobre el universo de personas desaparecidas y desaparecidas forzadamente”.

Y agregó que aún persiste la desconfianza hacia el Instituto de Medicina Legal y los procedimientos de identificación que se realizan en sus laboratorios: “Este hecho ratifica la postura de las organizaciones de familiares y derechos humanos en el sentido de que el Instituto debe ser totalmente autónomo de la Fiscalía”.

Otro de los problemas abordados por la abogada fue la falta de recursos y personal técnico para atender el gran número de personas que se encuentran desaparecidas en el país. A su juicio, “es improbable que con el presupuesto que se le otorga al Instituto de Medicina Legal y el déficit presupuestal conque inicia la Unidad de Búsqueda (UBPD) se logré atender el gran reto de búsqueda, de identificación de los restos óseos ya recuperados y a los hallazgos futuros”.

Laura Posada, del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, hizo alusión a los sitios de inhumación, oficiales y no oficiales, y denunció que además de ser lugares para ocultar desapariciones, han sido utilizados para ocultar el crimen de las ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como ‘falsos positivos’.

Citando cifras de la Fiscalía General de la Nación, Posada dijo que en cinco cementerios de la región de los Llanos Orientales, había reportado, a febrero de 2018, la inhumación de 2.304 personas, de las cuales 1.674 fueron reportados como “guerrilleros dados de baja en combate” cuando las investigaciones han demostrado que varias de estas personas no eran combatientes.

“Ante esta situación”, planteó la jurista, “es importante que el Estado adopte una política de protección para la protección de estos sitios”, entre otras razones porque la violencia persiste y hay cementerios en condiciones críticas de mantenimiento que siguen recibiendo cadáveres día tras día con los traumatismos que ello puede generar para el futuro.

En su exposición, presentó registros visuales del cementerio de Tumaco en el que se evidencia un drástico deterioro de sus instalaciones, donde se mezclan restos óseos con basura, no hay control alguno de las osamentas, los registros no se hacen de manera adecuada y además el sepulturero no recibe ningún pago.

También presentó la situación del cementerio del sur de Bogotá, donde hay por lo menos tres pabellones que contienen cuerpos de personas no identificadas y hasta 25 personas sepultados en una misma bóveda que no cuentan con registros claros antes de 2009.

“En el cementerio de San Antonio, en Montería, es altamente probable la presencia de cuerpos de víctimas de la masacre de Pueblo Bello, desde hace más de 20 años; sin embargo, establecerlo no ha sido posible ya que sobre estos restos se inhumaron otros cuerpos que aún permanecen sin identificar”, relató Posada, quien agregó que “la precariedad en la que se encuentran estos sitios es el reflejo del panorama nacional”.

Bayron Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad, una de las entidades peticionarias de esta audiencia, hizo referencia a la exhumación y entrega de cuerpos sin contar con los elementos forenses adecuados y personal necesario para identificar plenamente los cuerpos.

“Se calcula que más de 5 mil restos esqueletizados exhumados, permanecen sin ser identificados, lo que hace que el proceso de identificación sea muy lento, generando la frustración y la revictimización”, aportó este abogado.

Si bien el Estado colombiano cuenta con garantías legales para la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda, exhumación y entrega de los restos, cuando es positiva la identificación, Góngora dijo que esas garantías se respetan particularmente “en los casos en que las víctimas tienen representación. En los restantes, depende de la voluntad del funcionario judicial a cargo”.

Pero el problema de la participación va más allá, afirmó este jurista: “No se cuenta con planes locales, municipales o departamentales, de búsqueda, así que la participación se reduce a dar información sobre los casos”.

Al respecto, dijo que las organizaciones de la sociedad civil han planteado que se debe diseñar una estrategia que brinde garantías de garantías de seguridad, pedagógicas y presupuestales para apoyar los procesos de recolección de información, testimonios y georreferenciación.

Góngora hizo referencia a las dificultades que ha tenido que sortear la UBPD en su proceso de constitución, desde los intentos del Fiscal General de la Nación de limitar sus facultades de exhumación e identificación, pasando por el retraso de asignación de recursos y financiación de planta de personal, lo que dificultó su entrada en funcionamiento.

“Además, los recursos financieros fueron reducidos casi en un 70 por ciento de lo presupuestado, lo que evidencia la falta de voluntad política”, planteó este abogado. “La falta de recursos afecta un despliegue territorial acorde a las necesidades y desafíos de las regiones más afectadas por casos de desaparición forzada. La estrategia del gobierno nacional es ahogar financieramente las instituciones creadas en el marco del Acuerdo de Paz”.

Góngora aseveró que la Fiscalía General de la Nación no le ha brindado a la UBPD “el suficiente apoyo y colaboración, incluso no existen iniciativas para realizar acciones conjuntas a nivel local”.

Por último, se mostró preocupado por los nuevos casos de desaparición que se han venido registrando en el país y que, según él, dejó en 2018 por lo menos 5 mil personas víctimas de este flagelo, de los cuales cerca de un 60 por ciento continúan en esta condición y la mayoría de los casos reportados involucra a niños, niñas y adolescentes.

“No hay una política preventiva y la búsqueda está concentrada en los casos anteriores a la firma del Acuerdo de Paz. ¿Qué pasa con los demás? No se sabe, y no es clara la competencia”, indicó Góngora.

Por todo ello, concluyó el abogado, “es importante que la Comisión Interamericana exija al Estado colombiano el compromiso de cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz y responder al principio de que las víctimas están no sólo en el centro del Acuerdo, sino de la política pública de derechos humanos y reparación”.

En una de las últimas intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil, la abogada Jomary Ortegón del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, llamó la atención sobre la ausencia de representantes de la UBPD: “Nos hubiera tener un diálogo a instancias de la Comisión porque es una de las entidades que va a tener a su cargo la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Nos gustaría saber que no es el mensaje del Estado colombiano que no le está danto importancia a la actividad que va a desarrollar la Unidad”.

VerdadAbierta.com indagó con funcionarios de la UBPD por qué no asistió a la audiencia convocada por la CIDH y la respuesta fue: “No estuvo allí porque el gobierno no la incluyó dentro de la delegación”.

Responde el Estado

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El primero en hablar en representación del Estado en esta audiencia fue Álvaro Sandoval, director de Derechos humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su exposición, hizo un recuento de las distintas herramientas adoptadas desde el año 2000 para atender la desaparición de personas en el país.

Entre las herramientas, este funcionario detalló que se cuenta con el Registro Nacional de Desaparecidos y Cadáveres sin Identificar; el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; el Protocolo Interinstitucional para la Entrega Digna de Cadáveres; el Banco de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas; y el Mecanismo de Búsqueda Urgente.

Asimismo, hizo referencia a disposiciones que determinan la “responsabilidad de los administradores de los cementerios, sean estos públicos, privados o mixtos, así como de los gobiernos locales en el seguimiento de la correcta implementación de los lineamientos establecidos para la preservación de cuerpos o restos humanos no identificados o identificados y no reclamados”.

Y siguiendo en esa línea, Sandoval detalló el alcance que ha tenido la implementación del proyecto de búsqueda de personas no identificadas en cementerios, impulsado por el Ministerio del Interior. Cifras citadas por este funcionario precisan que se han diagnosticado 481 cementerios en 434 municipios de 31 departamentos del país.

En esa tarea se identificaron 31.465 registros de inhumación, de los cuales 27.083 corresponden a personas no identificadas y 4,382 a personas identificadas y no reclamadas. “Es de aclarar que todos no corresponden a muertes violentas, y no necesariamente siempre relacionadas con situaciones del conflicto armado. Esta información estadística corresponde a un registro general de inhumaciones, no de personas victimas del delito de desaparición forzada”, precisó el funcionario.

A su turno, Susana Arango, de la Fiscalía General de la Nación, inició su intervención afirmando que la “búsqueda de personas desaparecidas es un reto para todo el Estado” y detalló ante los comisionados de la CIDH los resultados del trabajo que ha desarrollado el ente de investigación para cumplir con ese objetivo, apalancado en la normatividad y los protocolos expuestos por Sandoval.

“La Fiscalía tiene a su cargo la búsqueda, exhumación, identificación y entrega de personas desaparecidas. Todo esto lo realiza con el apoyo de su Cuerpo Técnico de Investigación, del Instituto de Medicina Legal, así como de la Policía Nacional. Este es un trabajo de articulación institucional”, precisó Arango.

Como resultado de todo este trabajo, la Fiscalía ha realizado 2.975 prospecciones, exhumados 9.609 cuerpos e identificado y entregado a las familias 4.809 de ellos. “Estamos pendientes de identificar a 4.800 personas”, indicó la funcionaria.

Con respecto a la intervención en cementerios, explicó que desde el año 2010 se han intervenido varios de estos lugares, entre ellos los de Villavicencio, La Macarena y Vista Hermosa, en Meta; Bocas de Satinga, en el Pacífico nariñense; Marcella, en Risaralda; San José del Guaviare, en Guaviare; El Universal, de Medellín; Yarumal, Antioquia; Bojayá, Chocó; y La Plata, Huila.

“En cementerios hemos exhumado 2.135 cuerpos”, afirmó Arango. Esas exhumaciones son de personas inhumadas en condición de no identificadas y que se presume que su muerte ha sido violenta”.

Sobre el rol de las víctimas, esta funcionaria indicó que desde 2008 la Fiscalía ha realizado 268 jornadas en “las cuales hemos atendido 45.332 personas, se han tomado muestras de ADN a 18.163 personas y hemos realizado entrevistas a 2.390 familiares, todo eso para nutrir no solo los procesos de búsqueda, sino los de investigación y judicialización de distintos delitos”.

Dudas de la CIDH

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Tantas alusiones a normas, protocolos y cifras confundieron a los comisionados de la CIDH presentes en la audiencia. El primero en hablar al respecto fue José Eguiguren, relator para Colombia en esta instancia multilateral, quien dijo que tras la firma del Acuerdo de Paz se ha creado “un conjunto de instituciones que a veces un poco a los que somos extranjeros, y de repente también un poco a los colombianos, nos marea un poco”.

Sus inquietudes, planteadas a los funcionarios del Estado colombiano, se centraron en tres asuntos específicos: cuál es la relación que en materia de investigación y encuentro de personas desaparecidas se da entre la Fiscalía y la UBPD; a quién corresponde el rol rector; y qué información relevante tienen sobre los nuevos casos de desaparición denunciados por las organizaciones de la sociedad civil: “¿Qué hipótesis hay? ¿Cuál puede ser su causa? ¿Y qué se puede hacer ante esa situación?”.

De paso, expresó sus inquietudes sobre la acción del Estado en este tema tan complejo: “Por la magnitud que significó el conflicto, el número de muertos y desaparecidos en Colombia, y los años trascurridos, dudo, dudo sinceramente, que en este campo pueda haber del lado de las entidades públicas, de la propia Fiscalía y de la Unidad de Búsqueda (UBPD), una iniciativa muy marcada, más bien seguramente responderán ante múltiples pedidos”.

Y finalizó su corta intervención lamentándose de la ausencia de representantes de la UBPD: “No la tenemos aquí para recibir alguna información sobre sus planes de acción, áreas prioritarias, cronogramas de acción”.

La comisionada Antonia Urrejola también expresó su sorpresa por la cantidad de información entregada: “Yo fui anotando la cantidad de iniciativas de parte del Estado, llegué a los trece puntos, entonces me pasa un poco lo que le pasa al comisionado Eguiguren, que son iniciativas desde el año 2000 en adelante y uno de repente se empieza a perder exactamente en cuál es el órgano rector”.

Urrejola, continuó su intervención preguntándole a los voceros del Estado cuál, dentro de las distintas entidades descritas, es la que “tiene la mirada estratégica. Me imagino que más allá de las funciones que cada entidad tiene, debe haber una mirada más estratégica de articulación. No tengo muy claro a quién le corresponde”.

Adicional a ello, la Comisionada hizo referencia al Plan Nacional de Búsqueda, construido en 2007 y citado varias veces por los representantes del Estado colombiano, y lanzó dos preguntas al respecto: la primera es si la UBPD “se ha insertado en este Plan Nacional de Búsqueda; y la segunda, “si ese Plan se ha reajustado en el marco de los acuerdos de paz”.

Otros tres temas inquietaron a Urrejola: la falta de recursos de la UBPD destacada por los voceros de las organizaciones de la sociedad civil; la poco clara articulación institucional alrededor de la UBPD; y el rol de las familias en la búsqueda y localización de los parientes desaparecidos.

“Quisiera saber un poco más de parte del Estado de esa situación, si hay iniciativas para aumentar los recursos; también me gustaría saber, y está relacionada con la pregunta anterior, cuál es la articulación institucional con tantas entidades, pero desde la perspectiva de la Unidad de Búsqueda; y cómo la Fiscalía en las investigaciones ha incorporado a los familiares de manera activa en la búsqueda y localización”, dijo la Comisionada.

Responde la Fiscalía

La vocera del ente investigador en la audiencia respondió una mínima parte de las inquietudes de los comisionados Eguiguren y Urrejola. Se centró en definir el rol de la Fiscalía y la UBPD, y explicó que la primera hace parte del sistema de la justicia ordinaria, “que tiene no solamente tiene la obligación legal de buscar a la persona desaparecida sino de investigar y judicializar a quienes hayan estado involucrados en el delito que haya ocasionado una desaparición”.

Y con respecto a la UBPD, creada bajo mecanismos de justicia transicional, dijo que solo tiene “fines humanitarios”. La relación con la Fiscalía, agregó, “no es ni antagónica ni excluyente, y de hecho la Fiscalía ha adelantado con Unidad de Búsqueda reuniones para abordar distintos puntos que tienen que ver con labores de búsqueda y también de identificación humana. El objetivo es poder concluir en la celebración de algún convenio, protocolo, como se le quiera llamar, de articulación entre ambas entidades”.