Decenas de habitantes de este populoso sector del suroccidente de Medellín se congregaron hoy en el Palacio de Justicia para exigirle al excomandante de las Fuerzas Militares que explique cómo se planeó y ejecutó esa intervención militar, ejecutada hace 16 años, aprovechando su comparecencia y sometimiento a la JEP.

El general (r) del Ejército Mario Montoya, compareció nuevamente este miércoles ante los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y ratificó su sometimiento a este sistema de justicia transicional, lo que garantizará su continuidad y compromiso ante los trámites del Proceso 002, en cuyo expediente reposan las historias de cientos de asesinatos de civiles que luego fueron presentados por las fuerzas militares como “guerrilleros dados de baja en combate”, así como de desapariciones forzadas y torturas perpetradas en la Comuna 13 en desarrollo de la Operación Orión.

Mientras el oficial en retiro atendía esa diligencia en una sala de audiencias en Bogotá ante ese tribunal de justicia transicional creado bajo los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc, a cientos de kilómetros de allí, en el centro de Medellín, habitantes de la Comuna 13 se congregaron en las afueras del Palacio de Justicia para exigirle al oficial en retiro de más alto rango que asiste a la JEP que diga toda la verdad sobre ese operativo militar que él mismo comandó y que inició en la madrugada del 16 de octubre de 2002, en una acción conjunta entre fuerzas militares, Policía, Ejército, DAS, CTI, Fiscalía y Fuerza Aérea, que pretendía expulsar a las milicias de las guerrillas de las Farc, Eln y los Comandos Armados del Pueblo (CAP).

Para los habitantes de ese populoso sector del suroccidente de Medellín, particularmente para los familiares de personas reportadas como desaparecidas antes, durante y después de la cuestionada acción estatal, el general (r) Montoya tiene mucho que aclarar sobre la planeación y ejecución de esta operación militar, no sólo porque la lideró junto con el entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general (r) Leonardo Gallego, sino porque en ella participaron tropas de la Cuarta Brigada del Ejército, por aquel entonces bajo su mando. (Leer más en: “Desaparecían personas en la Comuna 13 y decían que eran un mito)

Y es que 16 años después, las sombras y los interrogantes que rodean la ejecución de la Operación Orión continúan siendo grandes y graves: ¿Participaron los paramilitares en su planeación? ¿Cómo lograron instalarse los comandos del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) luego de la intervención estatal si era un territorio altamente militarizado? ¿Dónde están las personas reportadas como desaparecidas?

Quienes participaron en la concentración tienen la esperanza de que el general en retiro aclare ante la JEP las versiones entregadas en 2009 por el extraditado exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. En febrero de ese año, envió una carta escrita con su puño y letra al juez Richard M. Berman, que lo procesó por narcotráfico, asegurándole que “las fuerzas de autodefensa del Bloque Cacique Nuibara llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la IV Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”. (Leer más en: ‘Don Berna’ volvió a señalar a Montoya y Gallego)

Comuna 13
En la memoria de los pobladores de la Comuna 13 perviven los recuerdos de sus familiares y amigos desaparecidos. Foto: Yhoban Camilo Hernández.

En la misma misiva, que buscaba convencer al juez Berman, del Distrito Sur de New York, para que negara en su proceso penal ante la justicia norteamericana la condición de víctima de una mujer cuyo hijo fue desaparecido forzosamente días después de la Operación Orión, ‘Don Berna’ señaló que “al bloque Cacique Nutibara le fue asignada una unidad antisecuestro del Gaula para que asistiera a sus hombres en los esfuerzos conjuntos durante la Operación Orión” y añadió que “la coordinación con los militares y los policías para desalojar de la zona a las milicias de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo estaba bajo la responsabilidad de un hombre conocido con el alias de King Kong”.

Otro exjefe paramilitar que también salpicó a Mario Montoya fue Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, quien dijo ante fiscales de Justicia y Paz que el general (r) recibió una millonaria suma de dinero y un apartamento para que el Ejército apoyara al grupo paramilitar de Arroyave durante la guerra que tuvo con las Autodefensas Campesinas de Casanare de alias ‘Martín Llanos’, entre 2003 y 2004. (Leer más en: ‘Don Mario’ salpica al general Mario Montoya)

Por su parte, en octubre de 2010, en versión libre rendida ante fiscales de Justicia y Paz, Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, dijo que el general (r) Mario Montoya “estaba en la nómina” de la llamada ‘Oficina de Envigado’, una empresa criminal liderada por alias ‘Don Berna’, que sirvió de base para la creación de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Auc. (Leer más en: El ‘Tuso’ Sierra salpica a dirigentes antioqueños con la ‘Oficina de Envigado’)

Cabe recordar que, por irregularidades e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas durante la Operación Orión, la Procuraduría inhabilitó por cinco años al entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Leonardo Gallego, quien, junto con Montoya, comandó el operativo.

Tanto en Medellín como en Bogotá, y en diversas regiones del país, esperan que el sometimiento de Montoya ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encargada de aplicar el tratamiento penal diferenciado a los miembros de la Fuerza Pública, no sea tan decepcionante como la registrada el pasado 13 de septiembre, cuando el militar en retiro acudió a su primera cita a ese escenario transicional y la diligencia no pasó de excesivos formalismos legales; el no reconocimiento de algunas de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales; y el reiterado mensaje del excomandante de las Fuerzas Militares de declararse inocente. (Leer más en: “Asistencia de general (r) Mario Montoya a la JEP fue decepcionante”)

En esta nueva audiencia de manifestación voluntaria de sometimiento, que se convierte en la puerta de entrada al proceso estipulado por la JEP, Montoya ratificó su decisión de aportar su versión sobre la guerra a este sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición y firmó el acta respectiva.

Lo que viene ahora para este oficial en retiro es una nueva etapa en la cual deberá esperar el llamad de los magistrados de la Sala de Reconocimiento y Verdad, donde continuará su proceso y será el escenario en el que tendrá que responder por ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura.

De acuerdo con el magistrado Pedro Elías Díaz, quien presidió la audiencia de sometimiento, en esta Sala Montoya deberá enfrentarse a los informes que tiene la Fiscalía en su contra, así como a los que aporten la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y las propias víctimas.

Varias de las víctimas y sus abogados se retiraron de la audiencia de sometimiento porque no fueron reconocidas por esta magistratura. Por momentos, los ánimos se caldearon, lo que obligó a Díaz a llamar al orden. Lo mismo ocurrió en Medellín, a donde era retransmitida la diligencia judicial. En ambas ciudades alegaron que no había garantías y se estaba privilegiando al general (r) Montoya.

Finalmente, el magistrado Díaz explicó que aquellas víctimas que no fueron reconocidas en esta audiencia tendrían la oportunidad de presentarse a la Sala de Reconocimiento y Verdad y ser acreditadas, lo que las habilitaría para exponer sus casos allí. “Se trata de ofrecer seguridad jurídica para todos”, reiteró el togado.

Dolor que no sana

Una de las exigencias de los pobladores de la Comuna 13 es que se explique por qué luego de la Operación Orión la zona se paramilitarizó. Foto: Yhoban Camilo Hernández.

La Operación Orión es, sin duda, el combate urbano más cruento, intenso y prolongado que se haya registrado en la historia del país. Los reportes de diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en señalar que las acciones desarrolladas por los más de 1.500 hombres de la Fuerza Pública durante los tres días que duró la Operación Orión dejaron un saldo de 80 civiles heridos; 71 personas asesinadas por grupos paramilitares y 17 personas muertas por fuego de fuerzas estatales; así como 300 detenciones arbitrarias.

Lo más doloroso vendría después: tras la expulsión de las milicias, el Bloque Cacique Nutibara impuso un régimen de terror que se materializó en la macabra práctica de la desaparición forzada. Según la Corporación Jurídica Libertad, existen reportes que dan cuenta de 91 personas desaparecidas forzosamente entre noviembre de 2002 y febrero de 2005. Sólo en el mes de octubre, cuando se realizaron los operativos militares, se reportaron 15 casos. “Pero se habla que pueden ser por lo menos 300 casos”, advierte Adriana Arboleda, abogada de esta corporación.

El hallazgo de una fosa común el 1 de agosto de 2003 en una finca del corregimiento San Cristóbal, occidente de Medellín, en la que se exhumaron 13 cadáveres, seis de los cuales correspondían a personas reportadas como desaparecidas en la Comuna 13, incrementó las certezas de cientos de familias de que los seres queridos que llevan años buscando están enterrados bajo toneladas de escombros que diariamente arroja la empresa Agregados San Javier en un lote ubicado en la parte alta y boscosa del barrio Eduardo Santos.

Sin embargo, el lote que sirve como botadero de escombros continúa funcionando y la incertidumbre por el paradero del resto de personas desaparecidas ajusta ya 16 años. Los mismos que lleva esperando Juan Mejía para tener noticias de su hermano Herney, quien desapareció el 18 de diciembre de 2002. “Unos tipos le dijeron que necesitaban hablar con él en el (barrio) Salado. Él dijo que como el ‘que nada debe, nada teme’ pues fue. Desde entonces no tenemos noticias de él. Se había acabado de graduar de una técnica, le gustaba la salsa y el rock clásico. Ver a mi mamá con esa depresión profunda ha sido lo más doloroso de todo”, relata.

Luz Ángela Velázquez también lleva esos mismos años esperando tener noticias de su compañero sentimental: “Eso fue el 28 de noviembre de 2002. Él tenía un carro y estaba saliendo para el trabajo cuando unos tipos que lo estaban esperando afuera de la casa le apuntaron con un arma y se lo llevaron en el carro. El carro apareció como un año después en el tránsito. Pero de él no volví a tener noticias”.

Informes a la JEP

Magistradas y magistrados de la JEP reiteraron en la Comuna 13 de Medellín que las víctimas están en el centro de este proceso de justicia transicional. Foto: Yhoban Camilo Hernández.

“Aquí la guerra sigue lo mismo, todos los días hay homicidios, todos los días hay desplazamientos, todos los días hay amenazas, continúan desapareciendo gente”, contó Blanca Gómez, quien perdió un hijo en 2001 a manos de los grupos armados que delinquieron en la Comuna 13. Ella estuvo presente en el acto de conmemoración de los 16 años de la Operación Orión realizado ayer en convento de la Madre Laura, barrio Belencito.

Sus palabras recordaron que la violencia sigue tan viva como antes en esa comuna. Según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín, entre enero y septiembre del presente año se cometieron 61 homicidios, considerada la más violenta de la ciudad. A ello se suma el desplazamiento forzado de 473 personas en lo que va del año, según reportes de la Personería Municipal, y la trágica desaparición de los jóvenes Santiago Urrego (18 años); Jaime Andrés Manco (21) y Andrés Felipe Vélez (23), ocurrida en extrañas circunstancias durante los primeros días de septiembre. (Leer más en: La Comuna 13 de Medellín, bajo todos los fuegos)

En el convento de la Madre Laura también estuvieron presentes Luz Ángela, Juan y Blanca, quienes padecieron en carne propia la guerra que tuvo lugar en calles, callejuelas, escaleras, terrazas y callejones de la Comuna 13. Ellos narraron sus dolores ante magistrados representantes de la Sala de Reconocimiento de la JEP; integrantes de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas en el Marco del Conflicto Armado; y delegados de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Las víctimas de la violencia que azotó este populoso sector de la capital antioqueña les pidieron a los miembros del sistema integral de justicia, verdad y garantías de no repetición que “trabajen de manera articulada y logren llegar a la verdad que llevamos tantos años esperando”.

Durante el evento, las organizaciones no gubernamentales Corporación Jurídica Libertad, Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, Mujeres Caminando por la Verdad y el Comité de Impulso por la Memoria de la Comuna 13, aprovecharon para entregarle a los magistrados de la JEP, así como a los integrantes de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda, un cúmulo de información recopilada por estas organizaciones sobre la vulneración histórica de los derechos humanos en esta comuna.

“Depuramos nuestros archivos para ver qué teníamos. Y recopilamos todo lo que hemos documentado sobre los casos de desaparición forzada, sobre las operaciones militares, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas a lo largo de estos años. Esa información será insumo de un informe público que esperamos presentar a final del año pero que también esperamos le sirva a la JEP, a la Comisión y la Unidad (de Búsqueda de Personas dadas Como Desaparecidas)”, señaló Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad.

Según la Ley Estatutaria de la JEP, así como las reglas de procedimiento aprobadas por el Congreso para este tribunal de justicia transicional, los informes de las organizaciones no gubernamentales se consideran material probatorio y deben correr la misma suerte de las demás pruebas, esto es, contrastar, verificar y comprobar. Si bien no existe en la JEP un expediente particular sobre la Comuna 13 o la Operación Orión, el material de archivo entregado puede enriquecer otros procesos, como el que actualmente se adelanta contra el general (r) Montoya.

Por ello, al término del encuentro, Gustavo Salazar, uno de los magistrados de la JEP asistentes a la conmemoración, expresó el compromiso y solidaridad del tribunal de justicia transicional con los familiares de las personas desaparecidas de la Comuna 13, al tiempo que reiteró que “las víctimas son el centro del Acuerdo y de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y para eso trabajaremos, para que haya verdad, porque mientras no se sepa la verdad las heridas del pasado seguirán abiertas. Esperamos que la JEP puede contribuir a la reconciliación del país”.