A pesar de que la violencia en gran parte de esta zona del país ha mermado significativamente desde hace una década, sus habitantes siguen viviendo el dolor que les dejó la guerra. En todo el departamento no ha cesado la búsqueda de más de dos mil personas desaparecidas.
Los familiares de las víctimas desaparecidas con motivo del conflicto armado, están esperanzadas en saber la suerte de sus seres queridos por medio los acuerdos que se están materializando en el proceso de oaz entre las Farc y el Gobierno Nacional. Foto: archivo Semana.
Si localizar personas reportadas como desaparecidas en medio del conflicto armado en todo el país es una tarea ardua, compleja y difícil; en el departamento de Casanare lo es aún más. La razón: las autoridades no cuentan con cifras consolidadas y el grupo armado ilegal señalado como el máximo responsable de desapariciones forzadas en este departamento: las ‘Autodefensas Campesinas de Casanare’, más conocidos como los ‘Buitragueños’, no se desmovilizaron y, por lo tanto, no entregaron información que ayudara a esclarecer la verdad de lo que pasó.
Entre 2001 y 2004, ‘Los Buitragueños’ se enfrentaron con los paramilitares del Bloque Centauros de la Casa Castaño por el control de los Llanos Orientales. Las víctimas fueron asesinadas y desaparecidas en diferentes circunstancias que van desde masacres para apoderarse de tierras, el reclutamiento forzado de niños para la guerra contra los Centauros o los señalamientos de supuestos colaboradores de sus enemigos.
La apuesta por encontrar más desaparecidos en Casanare
Pero todo apunta a que dar con el paradero de muchas de estas víctimas será toda una odisea. Para comenzar, el Estado no cuenta con una cifra consolidada de las personas desaparecidas en este departamento. Mientras Medicina Legal señala que ha documentado 1.388 desapariciones, varias organizaciones no gubernamentales y estudios académicos hablan de más de dos mil víctimas. Según cifras de la Fiscalía, se han exhumado 310 cadáveres y ha entregado a los familiares 104, el resto se encuentra en proceso de identificación.
Al respecto, varios líderes de organizaciones de víctimas han expresado su frustración por la baja cifra de cuerpos encontrados e identificados en la región y señalan que tienen muchas inquietudes sobre el acuerdo entre el gobierno y las Farc en La Habana.
“El gobierno no ha terminado de solucionar el tema de los desaparecidos por los paramilitares y ya se va a meter en un proceso con la guerrilla. Aquí falta mucho por hacer y mucha gente tienen temor de que el gobierno le dé prioridad a otras regiones”, explicó José Barrera, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas.
Los Llanos Orientales fueron escenario de una guerra entre paramilitares, cuando se enfrentaron el Bloque Centauros y las Autodfensas Campesinas de Casanare. Se estima que más de mil personas muerieron en esa confrontación. Foto: archivo Semana.
De La Habana a Casanare
En octubre de 2015, el gobierno y las Farc hicieron público un acuerdo sobre el tema de los desaparecidos en el que se comprometían, de manera inmediata, a acelerar la “identificación y entrega digna de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública inhumados como N.N.” y además, “entregar información relacionada con la ubicación de víctimas” de esta guerrilla.
Este no fue el único punto del acuerdo. El gobierno y las Farc pactaron crear una “unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado” que trabaje de la mano con organizaciones de víctimas y expertos en el tema.
Según Ulianov Franco, director de la organización Familiares Colombia, que asesora a varios familiares de víctimas en Casanare, el anuncio de creación de esta unidad es clave ya que por primera vez se plantea conformar una entidad que se concentre en la búsqueda de cualquier persona sin importar las circunstancias de su desaparición y sin importar los victimarios. “Yo no percibo que el acuerdo esté encaminado a ciertas víctimas y a otras no, yo creo que incluye a todo el mundo. Lo que me preocupa es que haya incapacidad para su implementación desde el punto de vista de las instituciones del Estado”, dijo Franco.
Esta debilidad de la que habla el abogado ha sido una queja frecuente por parte de las víctimas en los procesos de búsqueda. Aunque reconocen el trabajo y el compromiso de la Fiscalía, señalan que es evidente la falta de recursos para enfrentar el problema.
“Uno ve a la gente de la Fiscalía comprometida, pero con herramientas muy precarias buscando en sabanas enormes. Con lo único que cuentan es con la poca información que da algún exparamilitar, pero es como buscar una aguja en un pajar, a este ritmo nunca van a avanzar verdaderamente”, señaló Lyda Quevedo, directora de la Fundación que lleva el nombre de su hermano Yovany, desaparecido en noviembre de 1999.
Pero las quejas no solo se limitan a las formas en que rastrean los cuerpos en terreno. Quevedo insiste en que no hay infraestructura institucional que agilice la identificación de los pocos cuerpos que se han encontrado. “La recolección de las muestras de sangre de los familiares demora mucho, eso sin contar que no hay un banco de genética en el departamento. Nos toca esperar que lleven los restos a Villavicencio o Bogotá”, contó la líder de víctimas.
Ejemplo de la complejidad que entraña la búsqueda e identificación de cuerpos en Casanare lo constituye el caso de Yeison Salamanca, habitante de Recetor, un pequeño pueblo del Casanare en el piedemonte, muy cerca de los límites con Boyacá. A Yeison, los paramilitares le desaparecieron a siete de sus familiares.
En 2005, después de dos años de búsqueda, la Fiscalía notificó a Yeison que habían localizado una fosa común en la que se podrían estar sus padres, pero hasta ese momento no le habían realizado un examen de sangre para confirmar el hallazgo. Cuatro años después, en 2009, la Fiscalía logró confrontar el material genético y determinó que efectivamente pertenecían a la familia Salamanca, aunque los cuerpos se habían mezclado con los de otras víctimas. Solo entonces las autoridades judiciales le entregaron a Yeison los restos de sus seres queridos.
Héctor Buitrago, alias Tripas, patriarca de las Autodefensas Campesinas de Casanare, también conocidas como Los Buitragueños. Foto: archivo Semana.
Otra oportunidad para saber la verdad
Además de lo acordado en cuanto al tema de desaparecidos en La Habana, las víctimas tienen la expectativa de saber si los paramilitares de los ‘Buitragueños’ que no han sido admitidos dentro de Justicia y Paz, pueden acudir al nuevo sistema de justicia transicional pactado con las Farc, conocido como Jurisdicción Especial para la Paz.
Hasta el momento, solo José Reinaldo Cárdenas, alias ‘Coplero’, ha sido el único exparamilitar de los ‘Buitragueños’ que ha entregado información dentro del proceso de Justicia y Paz. ‘Coplero’ se cambió de bando y se desmovilizó con sus antiguos enemigos: el Bloque Centauros de los Castaño. El resto de sus excompañeros encontró la muerte durante esta guerra entre ‘paras’ o terminó capturado por las autoridades, como es el caso del máximo jefe de este grupo, Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’.
El radar para buscar desaparecidos
Varios de los ‘Buitragueños’ en la cárcel se han negado a colaborar con la búsqueda de los desaparecidos si no se les otorgan los beneficios propios de la justicia transicional. Sin embargo, algunos mandos medios que desde la cárcel siguen afrontando procesos con la justicia ordinaria han aportado información. “Es duro, uno termina dándole las gracias a ellos porque nadie los obliga a que nos digan nada e igual algunos tienen voluntad de ayudarnos a buscar los restos”, contó la líder de víctimas Lyda Quevedo.
Aunque el acuerdo de La Habana es claro en señalar que los exparamilitares de Justicia y Paz no serán beneficiados por la nueva Jurisdicción para la Paz, no detalla si los integrantes de grupos como los “Buitragueños” podrían acogerse con el compromiso de entregar información. Para el abogado Franco, es muy importante si se abre esta ventana pues los victimarios podrían aportar en la búsqueda, aunque advierte que los desmovilizados de Justicia y Paz también tenían obligaciones con la verdad que no siempre cumplieron.
Para la organización Equitas, una ONG que ha trabajado por más de una década en Casanare estudiando nuevas metodologías forenses que permitan agilizar los procesos de búsqueda de cuerpos, la información entregada por los paramilitares es muy importante pero existen otras fuentes de información en las que se debe intensificar eltrabajo. Un estudio estadístico realizado por esta ONG señala que solo el 15.9 por ciento de la información utilizada en todo el país para buscar desaparecidos proviene de los desmovilizados.
Equitas y varias organizaciones de víctimas coinciden en que se deben insistir en protocolos que incluyan a dueños de fincas, habitantes de la zona y familiares para determinar las posibles localizaciones de los cuerpos. “Muchos vecinos o propietarios de fincas saben de fosas, pero tienen miedo de hablar por el miedo a que los señalen”, dijo una funcionaria de Equitas.
Según líderes de organizaciones de víctimas, son varias las veces que se han suspendido los trabajos de la Fiscalía por ataques de grupos ilegales, especialmente en los municipios limítrofes con Arauca y Boyacá. “Ya una vez una comisión de la Fiscalía fue con un exparamilitar y los sacaron a bala esos lados”, contó Lyda Quevedo.
Las organizaciones de víctimas de Casanare han insistido en la importancia de una mejor gestión de todos los estamentos del Estado en el tema de los desaparecidos, como un factor esencial a la hora de superar los efectos de la guerra. Aunque reconocen los esfuerzos de los funcionarios públicos involucrados en las investigaciones, esperan que los compromisos acordados en La Habana por fin agilicen la dolorosa búsqueda de sus familiares.
