La Comisión de la Verdad (CEV) le encargó al Comité de Seguimiento y Monitoreo crear un sistema de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones que realizó, hacer incidencia sobre ellas y realizar informes periódicos sobre su implementación.

El Comité, conformado por siete miembros de la sociedad civil, actualmente está presidido por Wilson Castañeda, reconocido activista de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, quien también dirige la organización Caribe Afirmativo. Los otros integrantes son Armando Custodio Wuoriyu, Dorys Ardila Muños, Esther María Galleo, Julia Eva Cogollo, Marco Alberto Romero y Olga Amparo Sánchez.

Este medio habló con Castañeda sobre varios temas relacionados con el Informe Final y sus recomendaciones, luego de que participara en un espacio de incidencia con diversos sectores de la sociedad civil, la semana pasada en la Universidad ICESI de Cali.

VerdadAbierta.com (VA): Van a cumplirse tres años de la entrega del Informe Final y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. La mayoría de ellas (54) fueron planteadas para realizarse en un corto plazo y 43 en el mediano plazo. ¿Cuál es el balance actual?

Wilson Castañeda (WC): Hay que decir cuatro cosas. La primera, es que nosotros como Comité vemos con preocupación que en el país hay ciertos actores que se han olvidado del informe de la Comisión de la Verdad. Cuando el presidente Petro lo recibe, cuando había sido recientemente electo, acuñó la famosa frase “a rajatabla”, que iba a cumplirlo a rajatabla.

Hubo un fervor muy significativo alrededor de la Comisión de la Verdad aquel 28 de junio de 2022, cuando se conoció el Informe Final. Con el correr del tiempo hemos visto, por un lado, que con esa frase del presidente, hay algunos sectores del Estado nacional y de algunos gobiernos territoriales que se han desentendido de la implementación de las recomendaciones. Y cuando se les pregunta dicen que Petro asumió que lo iba a cumplir, cuando no sólo es competencia del presidente.

En segundo lugar debemos decir que hemos visto cómo muchos sectores, sobre todo de la sociedad civil, aglutinados en una estrategia que se llama la Red Aliada, en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Nariño, y en agendas como las LGBTIQ+ y de mujeres, ha seguido vigilante durante estos tres años con las recomendaciones, insistiendo y poniéndolas en muchos lugares clave, a pesar de que ahora no hay recursos financieros ni motivación política para avanzar al respecto.

En tercer lugar, el Informe Final tuvo una dificultad metodológica y comunicacional: la Comisión de la Verdad  presentó el Informe Final y se fue. No existió un proceso de apropiación del Informe, con la desventaja de que tuvo una impresión limitada de mil ejemplares, que se ubicaron en bibliotecas públicas; tiene un sitio web maravilloso, pero en un país donde no hay universalidad de conexión a internet.

El Comité heredó en muchos lugares de la sociedad un desconocimiento del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Si bien nuestra competencia es hacer pedagogía sobre las recomendaciones y no sobre el Informe, esa ausencia de apropiación nos ha hecho ir hacia atrás.

VA: ¿Por qué la mayoría de la sociedad colombiana o del ciudadano común no conoce o no se apropió del Informe Final? 

WC: La Comisión de la Verdad tuvo un objetivo que no logró materializar: hacer de la verdad un bien público. Este informe no es el primero que tenemos en Colombia, pero tenemos un problema muy grave, y es que es un país que ha sido tan estudiado en materia de conflicto armado. Aquí hay un montón de personas que se apropian de la verdad. Y la verdad se volvió un asunto de “propiedad de”.

La Comisión de la Verdad desde el día uno quiso hacer eco de una frase, que era “la verdad como bien público”. De hecho, su trabajo territorial y poblacional era un ejercicio para que la sociedad se empoderara en materia de verdad. Creo que a la Comisión no le alcanzó el tiempo.

Con la desaparición de la Comisión de la Verdad, y ante la ausencia de recursos en Colombia que siga apoyando a la sociedad civil en sus esfuerzos por la verdad, esta sigue siendo tarea de un pequeño grupo de organizaciones sociales, casi todas basadas en Bogotá. Entonces volvimos al escenario de que la verdad es un asunto de unos pocos. 

Y ante ese escenario, cuando se entregó el Informe Final, para mí el hallazgo más significativo es que una de las causas de una violencia tan larga, es que este país es muy indiferente ante ella. Y esa indiferencia fue caldo de cultivo para la complicidad social.

Si bien este informe fue altamente participativo, tuvo un fervor que empezó a reducirse. Y ese legado de la Comisión de la Verdad, hoy es un legado que tiene una apropiación muy limitada en sectores pequeños y eso está haciendo un proceso de involución. Parece que la verdad le pertenece a ciertos sectores sociales y el resto de colombianos y colombianas es muy indiferente a conocer lo que dice el informe, a apropiarse de él y hacerlo una hoja de ruta para que la violencia no se repita.

VA: ¿Comparte la posición de quienes señalan que el Informe Final se quedó en el círculo de abogados, académicos del conflicto armado y defensores de derechos humanos?

WC: La comparto y le agrego dos cosas: se quedó en el centro del país; y se lo apropió un sector político para hacer politiquería, y no es una directriz en el país. ¿Por qué lo digo? Creo que hay ciertos sectores de la sociedad colombiana que hablan del olvido del Informe Final de la Comisión de la Verdad. 

Hay un problema que tenemos que resolver, y es que la verdad en Colombia está capturada. Y está capturada por cuartos sectores: un sector muy centralista y un sector político que las ha usado (recomendaciones de la CEV) para un bienestar partidista. Entonces, esta captura de de las recomendaciones ha hecho mucho daño, porque de un lado ha limitado esa vocación de ser un bien público que tiene las recomendaciones, pero de otro lado, ha hecho que mucha gente se desentienda porque siente que eso le compete a otros.

VA: ¿Cuál es ese sector que está haciendo politiquería con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad?

WC: Creo que no hay un partido político per se, pero pongo un ejemplo con el Congreso de la República. La bancada del gobierno en el primer año legislativo presentó 76 proyectos de ley relacionados con las recomendaciones. El segundo año presentó cinco y el tercero presentó tres. 

Entonces, yo diría que muchos sectores cercanos a la agenda de los derechos humanos, que están representados en la bancada del gobierno, que no son solamente Pacto Histórico, sino que son simpatizantes, asumieron las recomendaciones en el primer año legislativo y avanzaron en proyectos de ley como el Ministerio de la Igualdad, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y el Estatuto del Campesinado, que eso está muy bien, pero no lo convirtieron en una hoja de ruta política, sino en una oportunidad política de posicionamiento de bancada.

El mayor ejemplo lo tenemos con que no logramos que el Congreso de la República discuta una ley de sometimiento para las bandas criminales que están negociando (bajo la política de)  Paz Total. Eso tiene que ver con una recomendación de la Comisión de la Verdad, y hoy no hay dolientes para eso porque no es taquillero para su proyecto político.

Entonces, por eso digo que un sector político, que si bien no es el partido de gobierno, al principio acogió las recomendaciones, pero les sirvió más como una plataforma para posicionar ciertos temas pero no un compromiso con la verdad.

VA: A nivel general, ¿cuáles son las recomendaciones en las que más se ha avanzado en materia de cumplimiento?

WC: Para nosotros hay dos avances muy significativos. El primero tiene que ver con procesos educativos, hemos encontrado en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Educación, una apuesta muy significativa con las recomendaciones. Estrategias como La Escuela Abraza la Verdad y proyectos descentralizados del Ministerio de Cultura para construir memoria para la paz, son dos ejemplos muy significativos que están presentes en los territorios con presupuesto y que están generando transformación.

Hay unas terceras prácticas que avanzan, pero que todavía son muy nominales. Por ejemplo, el cambio de doctrina del Ministerio de Defensa, durante la administración de Iván Velásquez, pero no logra materializarse en las acciones de los militares y la Policía. El Ministerio de Justicia con Néstor Osuna avanzó mucho en acercar la justicia ordinaria con la justicia transicional y la justicia indígena, pero todavía falta aterrizar más eso en la aplicación de justicia.

Hay una alerta para nosotros muy clave, que es el Ministerio de la Igualdad. En nuestro primer informe ese ministerio fue un gran avance porque era una recomendación explícita de la Comisión de la Verdad: que tuviéramos una institucionalidad para los grupos históricamente discriminados y excluidos. Pero el no avance de acciones del Ministerio de la  Igualdad y su cierre inminente por orden de la Corte Constitucional, nos preocupa porque es de una recomendación que avanzaba y ahora está en retroceso.

VA: ¿Cuáles son las más rezagadas y por qué?

WC: En tres escenarios. El primero es la política de drogas, que si bien hay una voluntad manifiesta del gobierno, que desde el día uno se la ha jugado en escenarios nacionales e internacionales con voces tan autorizadas como Laura Gil, no encontramos sinergias porque es un tema que se le escapa al Estado colombiano.

Segundo, no estamos viendo avances con los colombianos y colombianas en el exterior. Hay una urgencia de reconocer el exilio como una violación a los derechos humanos. En eso no ha avanzado el Congreso de la República y la Comisión de la Verdad tiene una recomendación explícita y es que el gobierno nacional reconozca en el exterior su responsabilidad frente a las graves violaciones de derechos humanos. Hemos tenido dos casos de reconocimiento: uno en Bruselas (Bélgica) y otro en Rumichaca, en la frontera con Ecuador.

Y tercero, en lo territorial, aunque hay algo de compromiso. Por ejemplo, encontramos algunos Planes de Desarrollo Territorial que se hicieron el año pasado comprometidos con las recomendaciones, pero otros no, en territorios altamente afectados por el conflicto armado, como Sucre, Córdoba y Antioquia. Además, hemos encontrado que las acciones del gobierno nacional, en oficinas como la del Alto Comisionado para la Paz, no están conectando con acciones de gobiernos departamentales y locales, y eso finalmente está generando detrimento en el avance de paz territorial.

VA: Nuevamente, en 2024, Colombia ocupó el primer lugar como el país con más personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el mundo, según publicó hace un par de semanas Front Line Defenders. Esto es un claro indicador de que varias recomendaciones siguen sin cumplirse. ¿Qué se debe hacer para ponerle freno a esa violencia?

WC: Hay una frase que construyó la ciudadanía: “La paz nos está costando la vida”. Y tiene que ver con que el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, nos ha generado un ambiente de que a mayor compromiso con la paz, mayor riesgo.

Eso está haciendo que algunos sectores más radicales estén llamando a ponerle fin a la implementación del Acuerdo y estén llamando a rearmar al Estado. Pero del otro lado también estamos sintiendo mucho cansancio de las víctimas. 

La Jurisdicción para la Paz está muy lenta, la gente está perdiendo confianza. Uno entiende que los sistemas judiciales son largos, pero estamos hablando de un proceso transicional. Y las víctimas no están viendo verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición. 

Hay un escenario de incumplimientos que está generando un ambiente de desestimulación y cuando a ese escenario llega la violencia, generada por los mismos actores del conflicto armado o por nuevos actores que se han fortalecido por la ausencia del Estado, es lo que genera tres preguntas en el Comité.

Primero: ¿Cómo logramos que el Estado aplique decisiones estructurales? Aquí necesitamos cambios que si no se hacen rápidamente, como lo estamos viendo ahora: lo logrado con grupos que firman la paz, es copado por nuevos grupos. 

En segundo lugar, ¿cómo el Estado está desplegando garantías de protección a la vida? Este es un gobierno que asumió su Plan de Desarrollo, asumiéndolo como una potencia para la vida, pero no se está siendo consecuente porque la vida de quien está comprometido por la paz está en riesgo. Entonces tenemos que volver a poner la vida en el centro.

Finalmente, creemos que este asunto del aumento de violencia da cuenta del mayor indicador que dice que un proceso no avanza bien: la crisis humanitaria. En Colombia hemos tenido siempre una crisis humanitaria, pero hemos tenido un incremento en los últimos años que coincide con la firma del Acuerdo de Paz. Lo que está sucediendo en el Sur de Bolívar, en Chocó o en el Catatumbo es una violencia que se desata y que al desatarse descubre una crisis humanitaria estructural, que finalmente es la que está poniendo en jaque el bienestar de estas personas.

Toca volver a un asunto de exigencia vital, que es la vida en el centro de esta discusión. Pero mientras logramos caminar hacia eso en un país que ha estado marcado por la violencia, el Estado tiene que asegurar muchas estrategias de protección de vida para que la paz no nos cueste lo que nos está costando. 

VA: El Comité está preparando su cuarto informe para presentarlo el próximo mes. ¿Nos puede dar un adelanto de sus hallazgos principales? ¿En qué se centra?

WC: El cuarto informe básicamente vuelve al segundo informe. El primer informe se centró en cómo quedaron las recomendaciones en el Plan de Desarrollo en el Congreso. El segundo informe evalúa las nueve áreas en las que están agrupadas las recomendaciones y analiza su crecimiento. El tercer informe hace un análisis de la Paz Total en perspectiva de la paz grande.

El cuarto informe vuelve al segundo y lo que dice es: “eso que encontramos hace dos años, que estaba empezando a hacerse en cada una de las nueve áreas de las recomendaciones, qué siguió avanzando, qué se estancó, que echó para atrás y qué definitivamente no arrancó”. Es una especie de semáforo.

Podría decir que el informe básicamente trae cuatro grandes titulares. El primero es que el país entró en rezago en la atención integral de las víctimas del conflicto armado; que la renovación de la Ley 1448 que se hizo el año pasado en el Congreso no está a la altura de la reparación integral, aunque se avanzó en varios temas.

Un segundo titular tiene que ver con los grupos de especial protección. El informe de la Comisión de la Verdad tiene enfoque étnico, como es el mandato del Acuerdo de Paz, igual con enfoque de género. Sin embargo, el cuarto informe dará cuenta que las mujeres, las personas LGBTIQ+, los afrocolombianos y los pueblos indígenas siguen estando en condiciones de vulnerabilidad, de precarización y siguen siendo las mayores víctimas de violencia. Sobre todo, nos preocupa mucho el aumento de feminicidios, el aumento de violencias contra personas LGBTIQ+ y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Un último titular tiene que ver con la democracia. Hay unas recomendaciones  que tienen que ver con profundizar la democracia, pero el Comité ve con preocupación cómo hay una captura de la democracia; hay un debilitamiento de los partidos políticos; el Congreso de la República ha tenido déficit en materia de legislar en temas estructurales para conseguir la paz; seguimos teniendo prácticas de corrupción que minan la política y muchas dificultades para participación.

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Tras 43 meses de intenso trabajo, en los que decenas de investigadores de diferentes áreas del saber, bajo la coordinación de 12 comisionados, entrevistaron a víctimas del conflicto armado en diferentes rincones del país, hablaron con actores de la guerra, consultaron a funcionarios de distintos gobiernos nacionales y revisaron expedientes judiciales, investigaciones académicas e informes que le preparó la sociedad civil, el 28 de junio de 2022, el Informe Final de la CEV vio la luz.

El objetivo de esa publicación, compuesta por 11 tomos, fue establecer las causas y consecuencias de la guerra que padecieron los colombianos durante más de 50 años de confrontación, pero también realizar una serie de recomendaciones para que no se vuelva a repetir. Tan pronto la CEV cesó actividades, entró en funcionamiento el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones (CSM).

Dicho comité está compuesto por Esther María Gallego Zapata (quien lo preside); Dorys Ardila Muñoz; Wilson de Jesús Castañeda Castro; Julia Eva Cogollo Cabarcas; Marco Alberto Romero Silva; Olga Amparo Sánchez Gómez; y Armando Custodio Valbuena. Ayer presentó su segundo informe de seguimiento.

A propósito, este portal habló con Marco Romero, quien además de ser uno de sus miembros, es el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

VerdadAbierta.com (VA): Van a cumplirse dos años de la entrega del Informe Final y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. La mayoría de ellas están planteadas para realizarse en un corto plazo: 54, y 43 en el mediano. ¿Cuál es el balance actual?

Marco Romero (MR): Nosotros hemos hecho un balance en tres dimensiones. En primer lugar, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad constituyen una agenda de paz, que es el producto de la escucha a las víctimas y a las organizaciones sociales de todo el país. Es un conjunto de recomendaciones que busca que haya una conversación nacional, que conduzca a una serie de cambios que consoliden garantías de no repetición, paz, democracia y una agenda de derechos humanos en Colombia.

Las recomendaciones apuntan en dos direcciones: hacia las instituciones del Estado y un legado a la sociedad civil.

A nivel del gobierno nacional hemos visto un nivel de compromiso alto con las recomendaciones, no sólo por la manifestación del presidente Gustavo Petro de cumplir a raja tabla este conjunto de recomendaciones, sino por su voluntad, de incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo y un trabajo continuado que han venido haciendo desde la Oficina de Implementación del Acuerdo de Paz, el Departamento Nacional de Planeación y diversas instituciones para hacerle el seguimiento a 104 recomendaciones.

En segundo lugar, el Comité también se ha dirigido a todos los gobiernos locales y regionales de Colombia, enviándoles una guía sobre la responsabilidad o corresponsabilidad de gobiernos territoriales en la atención de ellas. Lo hemos hecho porque en el contexto de las recomendaciones, la noción de la paz territorial es fundamental y, es, quizás, el nodo articulador de muchas de ellas. Se le envió a los anteriores y a los nuevos. Todavía no tenemos un balance de qué tanto se ha adoptado el sistema de recomendaciones en los planes de desarrollo, pero sabemos que en muchas partes ha habido una reacción positiva para acogerlas.

Y en el nivel de la sociedad, cuando examinamos el legado, vemos que se está dando un proceso de apropiación progresiva del Informe Final y de sus recomendaciones en muchos lugares del país. Son muchas las iniciativas que hay de diplomados, ejercicios culturales, seguimiento, foros públicos y ejercicios institucionales. Por ejemplo, la biblioteca del Banco de la República ha decidido adoptar un programa: La Biblioteca Abraza la Verdad; o la comisionada Lucía García, por mandato de la Comisión, logró instalar la disposición sobre el Informe Final en el Centro de Memoria de Bogotá.

Como esos, hay un conjunto de ejercicios muy importantes, que buscan que haya un conocimiento público del informe, de los hallazgos y de las recomendaciones, en muchas regiones del país. Hay toda una inversión social; sin embargo, hay que reconocer que para la mayor parte de la opinión pública todavía las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son, en términos generales, desconocidas.

Y se necesita trabajar y profundizar esa apropiación social e institucional pública de la verdad. Como dijo el padre Francisco De Roux (presidente de la Comisión de la Verdad), “la verdad tiene que ser un bien público que contribuya a la paz”. Y para ello se necesita que todos y todas las ciudadanas conozcan el Informe Final.

VA: Al respecto, algunos sectores cuestionan que el Informe Final se quedó en académicos y personas que trabajan en temas de conflicto armado y violación de derechos humanos. ¿Qué se debe hacer para que llegue a los territorios que fueron golpeados por la guerra?

MR: Para ello hemos llamado la atención, primero del Ministerio de Educación, para que mantenga el programa La Escuela Abraza la Verdad, que fue un ejercicio muy importante en el primer año. Es importante que los niños puedan conocer la historia, porque como suele decir la expresión popular, el pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Es muy importante que ahora que se han rehabilitado las cátedras de enseñanza de Historia, los jóvenes tengan la posibilidad de conocer la complejidad de lo ocurrido; lo que han visto en medios de comunicación, que lo puedan ver a través del ejercicio sistemático que hizo la Comisión de la Verdad.

También hemos hecho una recomendación estratégica pero no hemos visto mayor desarrollo. Hemos recomendados a la Función Pública que promueva una estrategia de formación de todos los servidores y las servidoras públicas de Colombia para que conozcan el Informe Final y las recomendaciones. Allí no hemos logrado mayor éxito, pero es un camino que creemos que es muy importante.

VA: El balance que el Comité acaba de presentar destaca algunos puntos en materia de implementación de medidas sobre reparación de víctimas y acceso a la justicia. ¿Cuál es el conjunto de recomendaciones en las que más se ha avanzado en estos dos años?

MR: Uno de los puntos emblemáticos en donde más se ha avanzado es el de paz territorial y el reconocimiento del campesinado como un sujeto de especial protección constitucional. Ese es un punto fundamental porque esta guerra ha destruido al campesinado, no sólo físicamente porque la mayor parte de los desplazados son de la sociedad rural, sino que ha sido sometido a una discriminación estructural. No se considera que el campesinado sea un factor importante de la economía y de la sociedad, cuando produce el abasto alimentario de todo el país.

Ese reconocimiento político, social y cultural del campesinado, es muy importante. Paralelo a esto se ha votado el acto legislativo que crea la jurisdicción agraria, que es fundamental. Colombia tiene un modelo rural bastante anacrónico y está lleno de conflictos por la propiedad y el uso del territorio en todos los rincones del país. Por ejemplo, los pueblos indígenas necesitan más de 800 litigios y la mitad del campesinado no tiene título formal. Somos el país campeón en despojo y abandono forzado de tierras.

Se necesita una jurisdicción agraria que empiece a resolver todas esas conflictividades. Y aunque hasta ahora está empezando el ejercicio de la jurisdicción agraria, es uno de los desarrollos más importantes. Además, que el gobierno haya firmado la Declaración de los Derechos de los Trabajadores Rurales y Campesinos, de la ONU, también es muy importante. El hecho de que el Plan de Desarrollo tenga un enfoque destinado a superar las asimetrías territoriales y la voluntad del gobierno de invertir más recursos donde hay más necesidades, es muy importante porque la desigualdad también tiene cara territorial en Colombia. También destaca la firma del Acuerdo de Escazú, que busca proteger a los defensores ambientales y que la gente se pueda preparar frente a desastres naturales.

Realmente hay muchos avances importantes, que por ahora se están desarrollando de manera normativa, pero esperamos que tengan un correlato en el contexto de la reforma rural.

VA: Las noticias de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y de firmantes del Acuerdo de Paz son constantes y evidencian que las recomendaciones relacionadas para evitarlas y garantizar su participación en la democracia están fallando. ¿Qué debe hacerse en esa materia? ¿Hay recomendaciones de la CEV que, de aplicarse correctamente, podrían ayudar a mitigar esa situación? ¿Cuáles?

MR: La Comisión apuntó justamente sobre este tema y realizó grandes recomendaciones. La primera es la de buscar una paz completa. Sabemos que la Paz Total tiene dificultades, pero desde el Comité consideramos que hay que hacer un llamado a la sociedad entera, al gobierno y a la oposición, a buscar un entendimiento, algo así como un pacto político, como se llamó en el Acuerdo de La Habana, en torno a la paz. Sin ella es difícil que haya garantías democráticas para mucha gente en los territorios.

Si realmente queremos fundar condiciones estables para la paz y la vigencia de los derechos, es importante cerrar todas las dinámicas de violencia. Que sea difícil, es otra cosa. Es muy difícil lograr una paz completa, pero es una necesidad y el gobierno está haciendo muchos esfuerzos en esa dirección. Probablemente hay que revisar temas que no han salido bien en algunas mesas de negociación, pero más allá de eso, hay que ir a fondo, en cerrar todos los conflictos. Esa debe ser la máxima de la sociedad colombiana.

El segundo punto es que, mientras no se logren acuerdos definitivos, hay que buscar entendimientos humanitarios, ceses del fuego y exigir a los armados que cumplan con el respeto a la población civil, porque muchos territorios están llenos de desplazamiento, confinamiento y asesinato de líderes sociales. La tercera recomendación tiene que ver con que se proteja la población de lo que la Comisión llama violencia sociopolítica, que es la que afecta a quienes ejercen liderazgos sociales, liderazgos por la defensa del medioambiente, por la tierra y en general de los derechos culturales y territoriales; proteger a líderes y lideresas sociales es una condición fundamental para que la democracia pueda arraigar en muchos territorios.

VA: ¿Por qué en ocho años tan sólo se ha implementado el 25% de las iniciativas de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)? El Comité proyecta que, a ese ritmo, se necesitarían 15 años más terminar con el resto, ¿es viable ese panorama?

MR: En muchos temas de la implementación del Acuerdo de Paz hay obstáculos normativos, económicos o políticos, pero Colombia puede resolverlos todos. Este es un país de renta media-alta, que es el segundo más desigual de las Américas. Esa es la matriz desde la cual hay que pensar los problemas: es decir, Colombia tiene los recursos para hacer la reforma agraria, para hacer la reforma rural, para superar las brechas sociales. Colombia cuenta con estos recursos, pero muchas veces no se traduce en que el gobierno tenga la capacidad fiscal y se necesitan reformas distributivas para, por ejemplo, atender los derechos de las víctimas: más de 8 millones de personas están pendientes para ser indemnizadas.

Todo esto requiere recursos y decisiones distributivas de la sociedad colombiana. Por eso hay que hacer una llamado, primero al gobierno, para que concentre todas las energías y tiempo que le quedan, en la implantación del Acuerdo de Paz. Dos, un llamado al Congreso, porque hay muchas leyes que tienen que ver con el Acuerdo de Paz que no se han votado y no estuvieron en la época de fast track: no se han votado la reforma política ni la reforma para fortalecer los movimientos y organizaciones sociales, tampoco el estatuto de igualdad de las mujeres, entre otros.

VA: La sociedad colombiana ha sido machista y racista, lo cual también generó impactos diferenciados en el conflicto armado. Por esa razón, el Acuerdo de Paz y el Informe Final incluyeron medidas con enfoques de género y étnico. ¿Han ayudado a cambiar ese panorama?

MR: Sí, hay distintos desarrollos muy importantes que se están dando en la sociedad colombiana. En primer lugar, el capítulo relativo a los derechos de las mujeres, que reconoce las dinámicas de victimización masiva que han sufrido en Colombia, plantea avanzar hacia la paridad política y un estatuto de igualdad, a nivel de las políticas públicas y de la vida económica y social del país. En temas de población indígena y afrodescendiente hemos visto que se ha dado una participación muy importante de líderes y lideresas de estas comunidades en diferentes espacios de la vida institucional del Estado.

A nivel de paz territorial también hay que destacar la creación del Ministerio de la Igualdad, que está enfrentando problemas de constitución y requisitos legales para su creación. Es muy importante que el gobierno y el Congreso de la República subsanen rápidamente los problemas que se presentaron en su creación, para que el Ministerio pueda tener la fuerza que necesita, ya que está pensado básicamente para resolver un problema: el Estado colombiano ha servido para unos territorios, pero no para otros; ha servido para algunos sectores de la sociedad, pero no para otros.

Las comunidades rurales y étnicas prácticamente no han visto la cara del Estado de Derecho en los territorios. Y el Ministerio de la Igualdad busca simbólicamente, normativamente y en clave de políticas públicas, enfrentar esas desigualdades, que la Comisión de la Verdad llamó discriminación histórica estructural. Entonces allí también hay un avance muy importante, aunque sabemos que los niveles de ejecución en su primer año han sido muy bajos y que se deben subsanar los problemas de forma de la ley que dio lugar a su creación.

Creemos que esta es una prioridad y que responde a uno de los grandes cuestionamientos que ha tenido el país por el centralismo y la falta de garantías para sectores de la sociedad que han sido excluidos sistemáticamente.

VA: Debido a rezagos en la implementación el Acuerdo de Paz, el presidente Gustavo Petro ha hablado de aplicarlo vía decretos y personas cercanas a él incluso han planteado la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente. ¿El Comité de Seguimiento y Monitoreo considera que la situación es tan drástica que amerita esas vías? ¿Son viables jurídicamente?

MR: Nosotros no somos una autoridad que pueda definir hasta dónde llega la potestad reglamentaria del gobierno, la competencia legislativa del Congreso o las decisiones jurisprudenciales de la Corte. Hay muchas normas que se pueden implementar por decreto, porque ya existen leyes que protegen los derechos; por ejemplo, si hay una ley de reforma agraria, muchos temas de ella se pueden implementar por decreto sin votar otra vez. Muchos temas se pueden resolver por esa vía y lo tendrán que evaluar funcionarios de gobierno. Si todo tuviera que hacerse por medio de una ley, prácticamente la administración estaría parada.

Ya otros temas como una constituyente o no, creo que hacen parte del debate político. Nosotros como Comité no tomamos postura sobre si debe haber una asamblea constituyente para implementar el Acuerdo de Paz, lo que hacemos es un llamado a la sociedad, al gobierno y a la oposición, para que concentren su atención y se busquen entendimientos fundamentales para resolver problemas como el de la paz, que requiere un consenso nacional.

VA: ¿Qué esperan para el tercer año de aplicación de las recomendaciones de la CEV? ¿Cuáles son las prioritarias en las que el Estado, la sociedad y la cooperación internacional se deben enfocar?

MR: Son varias. Primero, la construcción de la paz, porque sin ella es muy difícil hablar de derechos y recomendaciones, en muchos territorios en donde la gente está sometida a los rigores de la violencia. Segundo, avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, en la medida en que el gobierno tenga los recursos y las condiciones, pero también haciendo un llamado a los demás poderes del Estado, porque esto no es sólo un problema del gobierno: la implementación es un asunto de Estado.

Tercero, la implementación de la reforma rural para crear condiciones de vida diferentes para la sociedad rural: hay que mantener ese impulso y afrontar las desigualdades en los territorios. Cuarto, avanzar hacia un modelo de solución duradera para las víctimas del conflicto armado. Quinto, la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales es determinante.

Y sexto, que se mantenga un esfuerzo muy grande para que el Informe Final y las recomendaciones de la Comisión dejen de ser una agenda de paz para convertirse en una fuerza de paz.

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Los ojos de Juan Romero se llenan de lágrimas ante las cifras que encarnan el dolor del conflicto en Colombia: 450.666 víctimas de homicidio, 121.768 víctimas de desaparición forzada, 7.752.964 víctimas de desplazamiento forzado. Todas hacen parte de las 9.342.426 víctimas del conflicto armado interno entre 1985 y 2022. 

El visitante de la exposición sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad no puede retener su emoción. “He vivido todo esto; es terriblemente doloroso. Es abrir una cantidad de heridas que todos tenemos en Colombia. Terrible. De repente, las veo todas juntas. No hemos podido vivir en paz nunca”, dice el hombre de 62 años con voz temblorosa. 

Las instalaciones hacen parte de la exposición “Hay futuro si hay verdad: de la Colombia herida a la Colombia posible”, con la que se busca democratizar los hallazgos del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), que fue entregado al país el 28 de junio de 2022. 

“Estas cifras abrumadoras representan sólo a las víctimas a las que la Comisión ha tenido acceso, son mucho más si se tiene en cuenta que hay subregistro”, afirma Andrés Pemberty, uno de los nueve guías de la exposición. (Leer más en: En las manos del país la Comisión de la Verdad dejó su Informe Final)

Cuando inicia un recorrido lleva consigo a los visitantes al corazón de las investigaciones de la CEV y les pide guardar 17 segundos de silencio. “Si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima del conflicto armado en Colombia, tendríamos que estar en silencio durante 17 años”, está escrito en la pared de entrada. Son palabras que el padre Francisco de Roux, quien presidió a la Comisión, expresó durante la entrega del Informe Final en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán.

La inmensa investigación llevada a cabo por la CEV colocó a las víctimas en el centro de su trabajo. Ahora, para mantener viva sus memorias, las visibiliza por medio de grandes pantallas y audios que retumban por las salas de esta exposición ubicada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en el corazón de la capital.

Esta exposición invita a los visitantes a conocer los hallazgos y recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad con el fin de “sentar las bases de una sociedad mejor y en paz”, como se indica en la pared en la última sección titulada “Inspiración de Futuro”. (Leer más en: De urgencia, así es el carácter de las 101 recomendaciones de la CEV)

“Se trata de hacer accesible a todos los cuatro años de investigación y escucha comprometida de la Comisión para abrir la reflexión y el diálogo sobre más de medio siglo de guerra y avanzar hacia un futuro pacificado y reconciliado, basado en la verdad del conflicto armado colombiano”, explica la vocera de la exposición, Paula Velásquez. Agrega que el Ministerio de Cultura apoyará esfuerzos para que la exposición se lleve a otras ciudades y regiones del país. 

Un paseo por los entrañas del conflicto colombiano

Quien visita la exposición pasa por seis salas que le hacen retroceder en el tiempo. 

En la primera, se reproducen las palabras del padre Francisco de Roux. El sacerdote jesuita advierte que el informe trae verdades incómodas que desafían la dignidad de los colombianos. En la siguiente sala, se consigna sobre las paredes la historia de la Comisión de la Verdad desde el Acuerdo de Paz de 2016 hasta la actualidad. 

En la tercera sala, los visitantes se enfrentan a los testimonios de las víctimas; y en la cuarta, a las fechas que marcaron el desarrollo del conflicto armado interno desde 1920. En el siguiente espacio, se adentra en el corazón de Colombia y se expone cómo el conflicto ha afectado de manera diferencial a cada región. 

Por último, la invitación es permanecer en silencio, reflexionando sobre las nueve principales recomendaciones de la Comisión que cubren las paredes de la sexta sala: la consolidación de la paz y la democracia, la escucha de las víctimas, la lucha contra el narcotráfico y la impunidad, la seguridad, la construcción de la paz territorial, las transformaciones culturales y el legado en particular a través del labor de quienes desempeñan tareas educativas.

“Me parece que es una alternativa de difusión muy didáctica para quienes no tenemos ni la oportunidad ni la educación de leer el informe en su totalidad. Permite comprender el trabajo hecho por la Comisión y la información que deja al país sobre nuestra historia”, explica Ana Suárez, una visitante de 38 años. 

La socialización de este vasto documento recae en los nueve mediadores de la exposición, que ofrecen visitas guiadas y animan a los visitantes a expresar sus opiniones a través de preguntas abiertas y juegos de cartas. Para Wendy Camargo, estudiante de 26 años, la labor de los guías es muy valiosa: “Encuentro muy difícil abordar todo el trabajo de la Comisión en una sola exposición. Pero me gustó mucho el compromiso de los mediadores para hacer entender el trabajo de la Comisión y de las comunidades”. 

Los guías están comprometidos con su labor. “Lo que me interesa como mediador (guía) es que las rutas que seguimos tengan en cuenta los intereses de las personas con las que estoy presente, para que sientan que esto no les es ajeno sino algo cercano; es un llamado al diálogo, a la paz y a la esperanza”, concluye Pemberty.

La exposición “Hay futuro si hay verdad: de la Colombia herida a la Colombia posible” estará en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá desde el 13 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2024. 

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Bogotá, 6:30 de la mañana. “Ya viene, ya viene”, anuncia desde la puerta del Colegio Tabora, en la localidad de Engativá, una niña de cabello negro y gafas de color azul. Ella y sus compañeras, vestidas con faldas largas y el cabello recogido, corren emocionadas entre todos los asistentes. 

Bajo la mirada atenta de los presentes en el evento “La escuela abraza la verdad”, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo presencia en el recinto. Una de las niñas corrió hacia ella para decirle: “Ya viene, ya viene”. No era la llegada de la mandataria la que estaban anunciando. “¿Quién viene?”, preguntó López abrazando a la menor. “La verdad”, respondieron las niñas al unísono antes de entrar corriendo a la institución.

Detrás de la alcaldesa se encontraba Alejandro Gaviria, el nuevo ministro de Educación. Gaviria, excandidato presidencial, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición del nuevo gobierno luego de invitar a los docentes a enseñarles a los niños, niñas y adolescentes los hallazgos de la Comisión de la Verdad en los colegios y escuelas. Y es que precisamente allí, rodeado de niños y niñas, Gaviria entró al recinto listo para anunciar el comienzo del programa pedagógico para la paz. 

Entre los asistentes se encontraban estudiantes y docentes del IED Tabora, padres de familia y medios de comunicación. Frente al público estaban Edna Bonilla, actual secretaria de educación de Bogotá; el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; Óscar Vidal, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y Óscar Sánchez, director del Proyecto Educativo para la Paz. Entre el grupo de funcionarios resaltaban dos niños: Michael e Isabela. Sentados al lado de la alcaldesa y del ministro de Educación, le hablaron al auditorio sobre qué es la verdad para los niños.

“Buenos días”, saludó la alcaldesa con un tono de voz enérgico a pesar del frío. El auditorio estaba lleno de niños sentados detrás de sus profesores y los periodistas que aún estaban acomodando su equipo de grabación. Pocos respondieron al  primer saludo. “Pareciera que no desayunaron”, dijo antes de saludar nuevamente subiendo el tono de voz. Como si todos los presentes hubiesen regresado a sus años escolares, respondieron el saludo en coro.

“¿Cómo construir paz en Bogotá?”, se preguntó la mandataria. La capital de la República tiene una amplia zona rural donde no hay acceso a agua potable, internet o vías de acceso. Entusiasmada, López dijo que construir paz es hacer la mayor inversión para superar estas desigualdades. 

Isabela se tomó la palabra recordando a los adultos que la paz es también una cosa de niños. “La verdad es cuando contamos que rompimos algo en nuestras casas y nos libera confesarlo”, dijo la niña en el micrófono. Sin embargo, le recordó a los presentes que la verdad no es solo confesar cuando se ha hecho algo malo. 

Frente a los presentes, la niña mencionó que existen verdades que protegen a los menores de edad como contar si están siendo víctimas de maltrato y abuso. Michael Ovalle, otro de los niños presentes en el recinto, pensaba la verdad como un camino que nos lleva a un punto final. Pero la verdad, para Michael, no es solo la ausencia de mentiras sino que “debe ir acompañada de respeto por nosotros mismos y respeto por los demás”.

El gran tema de la jornada era la verdad, pero se coló la polémica que se desató desde que la Comisión de la Verdad presentó su Informe Final: “¿qué verdad está presentando esta institución?”. Los cuestionamientos eran recurrentes. 

El padre Francisco de Roux tomó el micrófono y se dedicó a explicar el trabajo de la entidad a través de las cifras. El tono característico del párroco, suave, lento y bajo, captó la atención de todos los presentes cuando dio una cifra exacta: “1.100 niños fueron víctimas de minas antipersonales, de esos alrededor de 326 menores murieron por estos artefactos durante el conflicto armado”.

Los mismos niños que estaban recibiendo las indicaciones para la lectura y reflexión sobre el conflicto armado, podrían haber sido víctimas de una violencia desgarradora que llenó las primeras planas de los diarios en Colombia durante décadas. Y es que las cifras que De Roux recordó y están presentes en el Informe Final, no son algo menor. La Comisión de la Verdad determinó que 48 mil jóvenes soldados y 100 mil jóvenes guerrilleros murieron en combate. 

Las cifras ya habían impactado lo suficiente al auditorio, pero el Padre recordó una de las historias que le contó una víctima durante su trabajo en campo. “‘Escuché el estruendo y yo sabía que allá estaba Bernardo, mi hijo de 11 años”, le dijo una mujer. Ella tuvo que esperar a que el cuarto se enfriara antes de ir con su balde y “raspar de las paredes los pedacitos de su hijo”, concluyó el religioso. No dio detalles de dónde ocurrió el hecho, pero sí precisó que la exploción la causó una granada que un grupo armado ilegal dejó en el patio de la casa de la protagonista.  Esa mujer le hizo una sola petición a De Roux: “‘¿Quiénes hicieron esto y por qué trajeron la guerra al campo?’”.

Ante un auditorio enmudecido e impactado por el relato, los presentes parecieron entender lo que la guerra le hizo a Colombia y el daño que le hizo a los niños: 3 millones de menores de edad tuvieron que abandonar sus hogares por miedo a la muerte y las niñas reclutadas por las Farc fueron obligadas a abortar porque la vida es incompatible con la guerra. 

Pero como si se tratara de un salón de clase y entendiendo que la paz es una construcción colectiva, entre los invitados leyeron juntos, párrafo por párrafo, un cuento: Las ramas de la verdad. La secretaría de Educación, Edna Bonilla, comenzó a leer la historia de Ángela, una niña del campo que cuenta la pelea que se dio en la copa de un árbol entre un pájaro carpintero y unas ardillas. Los animales se enfrentaron entre sí mientras que los demás habitantes del árbol observaban la situación. 

El cuento, un texto infantil que no evoca la violencia explícita que ha atestiguado el país, le explica a los niños qué sucede cuándo vemos los conflictos a través de los ojos de una de las partes involucradas y la diferencia de conocerlo en su totalidad. 

Alejandro Gaviria recibió el micrófono y frente a un salón lleno de jóvenes les recordó que ese era “un día de esperanza en el futuro. La esperanza hoy está en los niños, ustedes van a construir un país en el que las diferencias estén bien y quepamos todos”, dijo el político. 

La propuesta de Gaviria de enseñar el Informe Final en los colegios no estuvo libre de polémicas y, en medio de una rueda de prensa, los periodistas allí presentes se encargaron de interrogar a los mandatarios. “¿Qué pasa si un padre de familia no está de acuerdo con que su hijo aprenda sobre el tema? ¿Los niños van a tener que salirse del salón? ¿Qué material van a recibir los niños para aprender al respecto? ¿Qué va a pasar con la cartilla que publicará el Centro Democrático con “la otra verdad”? ¿Cómo se va a hacer la pedagogía?”. 

Los sonidos de los obturadores y el metal de los trípodes que sostenían las cámaras de los canales de televisión opacaban por unos instantes la voz de los presentes. En un esfuerzo por responder a todas las dudas que habían presentado, la alcaldesa Claudia López enfatizó en que no será una clase, no tendrá nota ni será una cátedra. Por el contrario, los estudiantes van a recibir un material didáctico que puedan leer y reflexionar sobre el mismo. 

Senadoras del Centro Democrático como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal habían señalado que obligar a los niños a aprender sobre el Informe de la Comisión de la Verdad es una acto autoritario por parte del nuevo gobierno.

Para la senadora Cabal, “la Comisión ha sido muy dura con la Fuerza Pública y ha beneficiado a la guerrilla de las Farc”. Estas críticas se sumaron al anunció de la publicación del Centro Democrático de otro texto que cuenta la verdad del conflicto armado. La “otra cartilla” como la llamó un periodista en el recinto ha generado polémica por desacreditar el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad desde la firma del Acuerdo de Paz. 

Frente a la prensa, Gaviria pidió que no se la llamara “la otra cartilla”, pues no hay una competencia entre los textos. Entre murmullos, al final de la reunión, un par de periodistas se preguntaban si entonces debían llamarle “panfleto” a este texto alternativo que propone el partido de oposición. 

Un tema que varias veces se puso sobre la mesa  fue la importancia de la libertad de cátedra que tienen los docentes. Y es que las aulas son un espacio libre en el que los temas no se pueden imponer. En cambio, la Secretaría de Educación y el proyecto EDUCAPAZ, una apuesta local que busca aportar a la educación para la paz desde la escuela, las comunidades y las políticas públicas, crearon material educativo sobre el conflicto armado para que los maestros lo puedan utilizar. 

El final de la conversación retorno a los niños y niñas del país, los protagonistas de la iniciativa. En Colombia, alrededor de 4.320 colegios han adoptado esta iniciativa de enseñar sobre la paz. En Bogotá hay 300 colegios públicos y 185 colegios privados dispuestos a enseñarle a los menores sobre este texto de vital importancia para aceptar el pasado, entender el presente y proyectarse, como país, a un futuro en el que los niños y jóvenes puedan vivir mejor. 

Alrededor de 350 mil niños y niñas en Bogotá mostrarán si la educación impactada por esta iniciativa contribuye a la reconciliación. Así, los menores podrán enseñarle a los adultos que la paz siempre será un tema de niños. 

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Las conclusiones del capítulo de Hallazgos y Recomendaciones sostienen que la acumulación de problemas sociales se abordaron —históricamente— con una solución militar que escaló el conflicto armado, intensificó las violaciones de derechos humanos y dio pie para justificar el accionar del Estado. Todos los esfuerzos se concentraron en perseguir al enemigo y no en combatir, desde el diálogo y la negociación, las causas estructurales que lo originaron. 

“A pesar de ciertas transformaciones que se han promovido en el sector de seguridad, se mantiene un rasgo de la actuación o doctrina de la Fuerza Pública orientado a search and destroy: buscar y destruir. La urgencia es pasar a una human centric, una seguridad basada en el ser humano”, indica la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

Y es que dicho modelo de seguridad se cimentó en la idea del enemigo interno y la defensa de dos fronteras: la interna, que es donde domina la insurgencia rebelde y los civiles que son considerados sus aliados; y la externa, que traza la división con los países vecinos. Además de la  construcción del aparato armado (Ejército y Polícia militarizada) más grande, costoso y mejor entrenado del continente americano, después del de Estados Unidos. 

Dinámicas que, tras 60 años de guerra interna, han sido inútiles. Así lo evidencian las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han afectado, cuando menos, al 20 por ciento de la población colombiana. Un modelo que confundió seguridad —no enfrentar riesgos y amenazas a través del desarrollo humano y la convivencia— con la defensa armada. Sus orígenes datan, en gran parte, del Frente Nacional (1958-1978) y, posteriormente, en el desarrollo del conflicto armado. 

Ante este panorama, la CEV indica que Colombia, país que sale de una de las guerras más largas del planeta, debe transitar a un modelo que ponga en el centro la vida de las comunidades y que las instancias civiles del Estado orienten la política en su legitimidad y las formas como la gente quiere vivir. Así como separar a la Policía del Ministerio de Defensa y reducir, gradualmente, el Ejército. 

“Paz completa, protección integral de los territorios, superación del enfoque prohibicionista del problema del narcotráfico, lucha contra la impunidad, apertura del régimen político y potenciamiento de la cultura de paz”, subraya la CEV en su capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final.  

A continuación, reseñamos los rasgos del modelo de seguridad que, según la CEV,  han prevalecido en Colombia. 

Poder civil y poder militar

Los métodos para el control del orden público han pasado por tres periodos en la historia reciente de Colombia. El hito fundacional que le otorgó relativa autonomía al poder militar fue el discurso de Álvaro Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional (1958-1962), que a través de la concesión de privilegios evitó un golpe militar. Sus palabras del 9 de mayo de 1958 en el Teatro Patria, tranquilizaron a las Fuerzas Militares y sentaron las bases para la división del trabajo entre el poder civil y el poder militar.

En 1950 la Policía se militarizó y la ampliación de sus facultades derivó en detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Durante varias décadas  y a través de sucesivas declaratorias de estado de sitio, que creaba las condiciones para tomar medidas de excepción y contrarrestar así la turbación del orden público, las Fuerzas Militares ejercieron funciones civiles y judiciales: dirigieron alcaldías y gobernaciones, investigaron y juzgaron a civiles en consejos de guerra, recibieron fuero militar para juzgar los posibles delitos de sus miembros, obtuvieron apoyo legal de civiles armados y el soporte de estructuras de inteligencia como el Servicio Nacional de Inteligencia (SIC) y, luego, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En 1991, el presidente César Gaviria Trujillo nombró al primer civil, Rafael Pardo Rueda, como Ministro de Defensa y se abandonó, definitivamente, la práctica de designar en esa cartera a militares de alto rango. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), a través de su política de Seguridad Democrática, le amplió las facultades a las Fuerzas Militares y la Corte Constitucional las limitó en defensa de la Constitución.

Entre 2012 y 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos combinó la acción militar con un proceso de negociación político que concluyó en la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc. Sin embargo, en tiempos de apertura democrática y construcción de paz, las Fuerzas Militares se han resistido. 

El enemigo interno

Según el Informe Final, desde el siglo XIX en Colombia se ha perseguido, reprimido y estigmatizado a los opositores politicos o sectores sociales alternativos —etiquetados como “enemigos”— del poder politico, economico y social dominante. Desde los años cincuenta del siglo XX, este discurso se introdujo en la doctrina de seguridad nacional, influenciada por las políticas adoptadas por Estados Unidos.

“En un primer momento, el enemigo era el comunista, sin distinción de si había tomado las armas o no. En un segundo momento, en la guerra contra las drogas, muchas veces el “enemigo” fue identificado como el campesino cocalero y, luego, el terrorista o el narcoterrorista, asociando a esos términos no solo a los miembros de grupos guerrilleros, sino extendiendo ese estigma a diferentes sectores y movimientos sociales o sindicales”, revela el informe de la CEV. 

Además de sindicalistas, estudiantes, indígenas, afrodescendientes, periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y de mujeres. Los funcionarios públicos, especialmente magistrados y jueces, que en virtud de su trabajo denunciaron los graves crímenes también fueron perseguidos. “Después de 1985, el Estado y el paramilitarismo persiguieron a los miembros de la Unión Patriótica, partido político de izquierda que había sido creado en las negociaciones del gobierno de Belisario Betancur con las Farc-EP”, reconoce el Informe Final. 

La Constitución de 1991 generó una apertura democrática que incluyó movimientos de izquierda, reconoció a Colombia como país pluriétnico y multicultural, y previó garantías para el pluralismo político y la participación ciudadana. Sin embargo, esas consideraciones no contuvieron las agresiones contra los sectores alternativos. Actualmente, hay numerosas sentencias que reconocen la responsabilidad del Estado por hechos ocurridos años después de la nueva carta política, que se materializaron en torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados o exilios. 

Militarización de los territorios

El poder político y militar, a través de la militarización, se ha relacionado en el modelo de seguridad para disputar la “soberanía” de los territorios. Durante la década de los años treinta, el mecanismo que permitió la militarización fue el estado de excepción, pero se hizo permanente entre 1959 y 1991. A pesar de que la Constitución de 1991 ofreció nuevas garantías, los estados de excepción se han materializado en otros formatos: detenciones arbitrarias, requisas, allanamientos,  registros de domicilio y perfilamientos. 

Otro de los rasgos de la militarización es la alianza de sectores de las Fuerzas Militares con estructuras criminales,  que generaron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos, despojo y desplazamiento de las comunidades. Así como la Policía —organismo militar y no civil— que ha estado involucrado en la guerra, a través  de funciones de seguridad nacional y contraguerrilla, y, además, atiende la protesta social como si esta amenazara la existencia del Estado. 

“Otro medio de militarización es el servicio militar obligatorio, que existe en Colombia desde 1886”, precisa el Informe Final. En 2017 se reconoció la objeción de conciencia, sin embargo los jóvenes continúan obligados a prestar servicio militar y sólo pueden aplazar si están estudiando, por lo que  terminan incorporados los más vulnerables. 

Violación de derechos humanos

Los modelos de inteligencia hacen parte de los ejércitos y los servicios de seguridad en todos los países. En Colombia, desde el Frente Nacional, han tenido una perspectiva contrainsurgente que consideró a organizaciones y movimientos sociales como base de las guerrillas, a quienes infiltró, atacó y acabó a través del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) y ,posteriormente, con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). (Leer más en: El rastro del médico Héctor Abad Gómez en los archivos del DAS y Seguimientos a Gonzalo Sánchez en su época universitaria)

Según Informe Final, el DAS participó en el exterminio de la Unión Patriótica;  realizó ejecuciones extrajudiciales; interceptó comunicaciones de defensores de derechos humanos y líderes políticos; asesinó a profesores y estudiantes. Dado el cúmulo de irregularidades, en 2011 fue disuelto. 

Otros organismos involucrados en estos crímenes fueron los servicios militares de inteligencia, como la Brigada de Institutos Militares (BIM), el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Brigadier General Ricardo Charry Solano” (Binci) y la Brigada XX, todas desmanteladas.

Por parte de la Policía, el F2 estuvo inmerso en las mismas violaciones de derechos humanos y tuvo vínculos con grupos paramilitares y de narcotráfico. fue acabado en 1995. 

La mayoría de estos delitos persisten en la impunidad y la opacidad. “Dejar de considerar a la población y las organizaciones y movimientos sociales como base de la guerrilla son parte del cambio estructural y de mentalidad que se necesita para la construcción de la paz”, recomienda el Informe Final.

Militarización de la justicia

El modelo de seguridad contempló una justicia penal militar para que los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH gozaran de independencia judicial e impunidad. El caso más emblamatico es el asesinato de jóvenes inocentes presentados como bajas en combate, mal llamados ‘falsos positivos’. 

“La justicia penal militar tuvo un papel de encubridor y cohonestó la falsificación de pruebas en los casos de ejecuciones extrajudiciales (…), como se ha demostrado al menos entre el 2002 y el 2008”, denuncia el Informe Final. 

Además, por décadas, permitió el juzgamiento de civiles, considerados “enemigos”, por parte de la justicia penal militar, hasta que, en 1978, la Corte Suprema de Justicia lo prohibió. Tras sucesivas sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se han dado —hasta hace poco— demandas por conflictos de competencias que han retrasado procesos y limitado investigaciones en fases iniciales. 

Según el Informe Final de la CEV, ambas vías han afectado la independencia e imparcialidad de la justicia y la pusieron al servicio de la guerra: “El respeto por la independencia del poder judicial es una garantía básica de un sistema democratico”. 

Relaciones con Estados Unidos

El modelo de seguridad de Colombia ha estado influenciado, desde 1950, por el marco discursivo del país norteamericano: lucha contra el comunismo, guerra contra las drogas y combate al terrorismo.

Los aspectos centrales de la injerencia estadounidense se evidencian en el concepto de enemigo interno, privatización de la seguridad (paramilitarismo y compañías militares), focalización de recursos para los intereses económicos de empresas multinacionales ,y asistencia militar (armamento, financiación, metas y resultados esperados).

Esta ausencia de visión propia de sus problemas de seguridad, construcción de paz y orden público, ha dificultado en el país reformas sociales. Las Fuerzas Militares han recibido entrenamiento en bases militares estadounidenses y la Policía se militarizó, radicalmente, como recomendación para ampliar el pie de fuerza contrainsurgente. A través de la unión de intereses binacionales se creó el Plan Colombia (1999-2008) y el Plan Patriota (2003-2006). 

A comienzos de marzo de 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y bajo cooperación con Estados Unidos, se infiltró al Secretariado de las Farc, la máxima instancia decisoria de ese grupo armado alzado en armas, y en una operación con bombas inteligentes suministradas por los norteamericanos se dio de baja a ‘Raul Reyes’ en zona selvática de Santa Rosa de Sucumbíos, población ecuatoriana fronteriza con Colombia.

Durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018) se tramitó el proceso de paz con las Farc y el gobierno estadounidense, en cabeza de Barack Obama (2009-2017), amplió su apoyo al país en áreas como la construcción de paz y la implementación al programa de atención y reparación a víctimas. 

De los grupos civiles armados al paramilitarismo

Entre 1960 y 1990, el Estado promovió que la sociedad civil se involucrara en funciones de seguridad. Así surgieron los grupos de civiles armados que, en los años ochenta, recibieron financiación del narcotráfico, se convirtieron en grupos paramilitares y apoyaron bélicamente y con información a la Fuerza Pública. 

Según el Informe Final, en este contexto crecieron las mafias del narcotráfico y surgieron organizaciones como la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio  (Acdegam), las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A lo que se sumó la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privadas, que se conocieron como Convivir.

Las relaciones entre sectores políticos y económicos eran evidentes, pero las numerosas denuncias y las investigaciones judiciales no se tomaron en serio; incluso, fueron obstaculizadas por la Fiscalía, especialmente en el periodo del fiscal general Luis Camilo Osorio (2001-2005).

Diferentes organismos de control trataron de hacer investigaciones y poner alarmas, pero nada de eso se tomó en serio. Y de acuerdo con la CEV, “en otras ocasiones los grupos paramilitares fueron defendidos por el Estado bajo el discurso del derecho de autodefensa frente a la insurgencia”.

Entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Alvaro Uribe Velez, se desmovilizaron las Auc bajo un proceso de justicia transicional que se enmarcó en la Ley de Justicia y Paz (Ley 975). Sin embargo, otros factores han facilitado su evolución a nuevas estructuras sucesoras del paramilitarismo. La Comisión de la Verdad señala que este fenómeno es responsabilidad del Estado por no cuidar el monopolio de las armas y eximir de cargas penales a los ciudadanos que usan la “fuerza letal”.

Democracia restringida

El modelo de seguridad que ha prevalecido en Colombia se configuró bajo las lógicas de acumulación de capital, desigualdad social y dificultad en el acceso a tierras. Su estructura ha estado a disposición de ciudadanos con poder político y empresas con intereses específicos, mientras que otros sectores han sido excluidos y víctimas de esta. A pesar del reconocimiento más alto de derechos humanos que trajo la Constitución de 1991, el modelo de seguridad —organismos de inteligencia o relaciones entre paramilitares y Fuerza Pública— nunca desapareció.

El conflicto armado se recrudeció tanto por los grupos armados como por las acciones del Estado. Tras años de denuncias, la Comisión de la Verdad recibió informes y escuchó testimonios de miembros de las Fuerzas Militares que reconocieron su accionar y están a disposición de la justicia. Sin embargo, estos avances así como la formación en derechos humanos no han cambiado la posición negacionista del Estado. 

El Informe Final sostiene que las Fuerzas Militares deben cumplir su mandato en el marco de la Constitución y el DIH, así como proteger la población y el territorio. “Se necesita un cambio de la doctrina que considera al opositor como enemigo, una acción distinta que involucre a las comunidades como aliados en las políticas de seguridad para la paz y una transformación de la cultura institucional”, concluye.

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Las conclusiones del capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) le presentó el pasado martes al país sobre las víctimas de la guerra son dolorosas y contundentes: las principales son “personas de a pie”. Tras analizar 112 bases de datos se concluyó que, de cada diez víctimas, nueve son civiles y la restante hacía parte de las confrontaciones.

“Este es un conflicto armado que durante décadas ha tenido como víctima principal a la población civil, porque se ha desarrollado en medio de ella y porque controlar a la población se convirtió en la manera de tener poder sobre el territorio y el país. Conforme se fue dando la agudización del conflicto armado, la guerra fue afectando cada vez más a la población y a los territorios”, sostiene la CEV.

Además, señala que la mayoría de las víctimas han sido aquellas que, “además de ser víctimas de la violencia estructural que, sobreviviendo en medio la pobreza y la miseria en territorios atravesados por múltiples violencias y carencias, han sufrido también las consecuencias del conflicto armado”.

El Informe Final estableció que, hasta junio del año en curso, el conflicto armado dejó un saldo de 450.666 muertos, 121.768 desaparecidos de manera forzada, 50.770 secuestrados, 16.238 niños, niñas y adolescentes reclutados, alrededor de 8 millones de desplazados y más de un millón de refugiados.

Esa barbarie no obedece a una única explicación: “Se trató de ganar la guerra controlando el tejido social. Una reconfiguración violenta del territorio mediante el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, o el control de la política local y de las regiones. Las violaciones también se cometieron con la intención de obstruir la solución política del conflicto armado, como retaliaciones y respuesta a otros hechos, y también en los intentos de implementación de acuerdos de paz”.

A la hora de definir responsables, la CEV no saca en limpio a nadie. Endilga responsabilidades al Estado, a grupos guerrilleros y paramilitares, así como a narcotraficantes, terceros civiles y empresas multinacionales.

“La responsabilidad del Estado en el conflicto armado, que debe respetar y garantizar los derechos de los colombianos y colombianas y de cualquier persona sujeta a su jurisdicción, se configura tanto por su participación directa en violaciones graves de derechos humanos e infracciones al DIH (Derecho Internacional Humanitario) por miembros de las instituciones, como por su falta de prevención, investigación y sanción de dichas violaciones e infracciones”.

Sobre la impunidad hace una importante mención, ya que considera que ha favorecido la continua violación de derechos humanos y la perpetración de crímenes de guerra y de lesa humanidad: “La Fiscalía General de la Nación en no pocas ocasiones ha sido omisiva en la investigación y acusación de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH de los que se han beneficiado actores armados, algunas empresas nacionales, multinacionales, actores políticos y terceros”.

Y otro grave señalamiento que hace contra el Estado es su responsabilidad con el surgimiento y la expansión del paramilitarismo. “Aunque hasta finales de la década de los ochenta los grupos paramilitares actuaron como agentes del Estado, en razón de las autorizaciones legales existentes para su conformación y funcionamiento, así como contaron con cobertura legal entre 1995-1997 con el funcionamiento de las Convivir. A partir de finales de la década de los noventa y en dos mil que algunos miembros de la fuerza pública actuaron conjuntamente con grupos paramilitares en supuestas operaciones contrainsurgentes que generaron graves violaciones de derechos humanos”.

También cuestiona que el negacionismo de esa realidad permitió la expansión del paramilitarismo por el país, el cual señala que no se trató de simples ejércitos privados: “Fue un entramado de relaciones estrechas entre diversos sectores del narcotráfico, la economía legal e ilegal, el Estado y sectores políticos y empresariales de la sociedad civil, desde el orden regional y nacional, que contribuyeron en su creación, funcionamiento y expansión, con diferentes propósitos como la lucha antisubversiva y el control de economías lícitas e ilícitas”.

Al respecto, concluye que los vínculos entre los grupos paramilitares y la Fuerza Pública fueron más evidentes de lo que se sabía, y nunca fueron reconocidos. “La relación de sectores de las Fuerzas Militares con las autodefensas y paramilitares fue determinante tanto para la creación de estas, como para su expansión y consolidación. Las Fuerzas Militares y los gobiernos tienen una corresponsabilidad con el paramilitarismo en lo que ello ha supuesto para las víctimas y el país”, afirma. (Leer más en: “Así no se pide perdón”: víctimas del Naya al Ejército)

También hace una fuerte crítica a los terceros que se beneficiaron del conflicto armado: “Un mayor nivel de complejidad y distribución coordinada de roles son las redes con intereses económicos, que han financiado y patrocinado a diferentes actores armados”. (Leer más en: Los nuevos papeles de Chiquita Brands)

Y prosigue: “Algunas organizaciones, élites políticas y empresas terminaron lucrándose y beneficiándose de la guerra, en ciertos casos siendo no sólo cómplices, sino promotores de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. También los terceros han asumido diversos roles, desde papeles directos (instigar, patrocinar, cooperar) hasta dar apoyos pasivos (tolerar y omitir una debida diligencia) beneficiándose de la guerra”.

Sobre las diferentes guerrillas que han existido en el país, la CEV también es contundente. Principalmente, cuestiona tres hechos: haber tomado decisiones de orden político y estratégico que conllevaron al aumento de su violencia, con gran impacto sobre la sociedad civil. Entre ellas, está la decisión de las Farc que tomó en 1997, de secuestrar a integrantes de la Fuerza Pública y políticos, para presionar eventuales canjes de guerrilleros presos.

En el segundo, les atribuye responsabilidades por haber supeditado su relación con la población civil al cumplimiento de resultados en el campo militar. “Bajo ese marco, convirtieron barrios, veredas y comunidades en espacios de guerra o lugares de reclutamiento. El “todo vale” para ganar la guerra llevó al involucramiento con el narcotráfico y donde el desprecio por la vida de la gente considerada parte del enemigo fue parte de su modus operandi”, reza el informe.

Y, por último, por no haber tomado decisiones ni implementar políticas que frenaran y previnieran de manera efectiva la comisión de graves infracciones al DIH. Al respecto, la Comisión recuerda que “en los años de mayor confrontación armada, las guerrillas, pero especialmente las FARC-EP y el ELN, usaron métodos y medios prohibidos como minas antipersonales o los llamados cilindros bomba que terminaron afectando indistintamente a civiles y combatientes con muertes de pobladores de todas las edades”.

Entre el largo listado de crímenes guerra, la Comisión recapitula que cometieron “asesinatos de personas puestas fuera de combate, mantuvieron a las personas secuestradas en condiciones que constituyen torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en varios casos las asesinaron por querer escapar o ante la inminencia de un rescate por las Fuerzas Militares; reclutaron niñas y niños que no estaban en condiciones de decidir sobre reclutamiento y se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y grave desprotección social del Estado y la sociedad”.

El Informe Final también dedica un apartado a los excombatientes guerrillas y grupos paramilitares, que volvieron empuñar las armas. Los señala de ser responsables de la continuidad de la guerra y de crímenes que enlutan poblaciones a lo largo y ancho del país. “La frustración de las expectativas de paz son un enorme riesgo para Colombia, una demanda de la sociedad que debe ser respondida de manera diferente por dichos grupos para la consolidación y extensión de la paz y la democracia”, afirma. (Leer más en: El silencio de los fusiles duró poco)

De manera transversal a todos esos actores se encuentra el narcotráfico, que no sólo alimentó el conflicto armado, sino que lo degradó y permeó diferentes sectores de la sociedad. Al respecto, el Informe Final cita al fenómeno de la parapolítica a manera de ejemplo. (Leer más en: De la curul a la cárcel)

“Los narcotraficantes se han introducido en la política al acceder incluso a cargos públicos de elección popular. La ‘parapolítica’ dio a entender que fueron los políticos quienes buscaron a los paramilitares, con el aliciente del narcotráfico de por medio. No solo los recursos del narcotráfico han servido para financiar numerosas campañas electorales, sino que han beneficiado a muchos políticos en el ámbito local, departamental y nacional. La economía del país no se explica sin el narcotráfico y esto involucra una responsabilidad colectiva e institucional. La gravedad de esta alianza explica en buena parte la persistencia del conflicto armado”.

Ante ese panorama, la Comisión concluyó que “tener tantas violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, durante tantos años, en casi todos los rincones del país, realizadas por los diferentes actores del conflicto, contra millones de personas, hizo que Colombia fuese reconocida como una de las democracias más violentas del mundo. Qué paradoja que un país que se jacta de tener una de las democracias más antiguas del continente americano sea una sociedad que se haya atacado a sí misma con semejantes niveles de violencia”.

A continuación, reseñamos los hallazgos de la CEV sobre diferentes crímenes cometidos en medio del conflicto armado.

Masacres

La Comisión señala que el asesinato simultáneo de varias personas fue parte de una estrategia de terror en paralelo con la época de mayor expansión y confrontación territorial de los grupos armados, y especialmente del paramilitarismo. En su análisis, refiere la base de datos del Centro Nacional de Memoria de Memoria Histórica (CNMH), que da cuenta de 4.237 masacres cometidas entre 1958 y 2019. La mayoría de ellas ocurrieron entre 1998 y 2002, en la última fase de expansión del paramilitarismo; fueron cometidas en el 62 por ciento de los municipios del país y han cobraron la vida de 24.600 personas.

El Informe Final refiere cifras de Indepaz para determinar que entre los años 2020 y 2022 (con corte al 25 de mayo) se registraron 231 masacres en las que murieron 887 personas, sin mencionar por qué no consultó nuevamente al CNMH o a la Defensoría del Pueblo, y sin indicar que posiblemente no lo hizo porque sus registros no son confiables debido al rumbo que tomaron esas instituciones en los últimos años con los nuevos funcionarios que asumieron la dirección de esas entidades, que seguían la línea del presidente Iván Duque. (Leer más en: Nuevo director fractura confianza hacia el Centro Nacional de Memoria Histórica y Con ‘mordaza’ a la Defensoría, gobierno nacional asesta golpe al Acuerdo de Paz)

Ejecuciones extrajudiciales

Este crimen, que se es más conocido por la opinión pública como ‘falsos positivos’, fue cometido por miembros de la Fuerza Pública, en complicidad con terceros civiles y paramilitares en algunos casos, para asesinar a civiles y presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Al respecto, la CEV explica que el hecho de intentar “ganar la guerra, a cualquier costo, favoreció el crecimiento de muertes violentas para presentar civiles como si hubiesen pertenecido a grupos armados ilegales muertos en combate, muertes violentas dentro de los propios grupos guerrilleros, muertes violentas de modo individual de civiles vinculados con los partidos políticos y movimientos sociales y muertes hasta de ciudadanos del común, cuya investigación de los motivos solo le corresponde a la justicia”.

El Informe Final cita cifras del CNMH, que indican que, en el 56 por ciento de los municipios del país, se registró al menos una ejecución extrajudicial en los últimos 30 años; asimismo, cita resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que señala que 8.208 personas fueron asesinadas bajo esa modalidad entre 1978 y 2016.

El análisis de la CEV demuestra que el mayor pico de esos crímenes ocurrió en 2007 y decayó en 2008 cuando el gobierno nacional tomó la decisión de destituir a 27 oficiales y suboficiales, entre ellos a tres generales del Ejército. Por otro lado, al cruzar los datos con los registros de masacres, encontró que mientras las matanzas se reducían entre 2001 y 2007, las ejecuciones extrajudiciales presentaron su mayor aumento, coincidiendo ese periodo con el desarme y desmovilización colectiva de las estructuras paramilitares asociadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que comenzaron en noviembre de 2003 y concluyeron en agosto de 2006.

Asesinatos selectivos

“La eliminación de quienes han sido considerados como ‘enemigos’ fue el modo más extendido de hacer la guerra en Colombia. Se trata de la muerte directa, intencional, debido a la concepción del otro como un enemigo que hay que eliminar por motivos ideológicos o políticos o, simplemente, porque es un obstáculo para lograr el control del grupo armado, al considerarlo sospechoso o simpatizante del bando contrario o, en otros casos, incluso, con base en estigmas por su condición de género o por la situación de exclusión o marginación social. Las acusaciones de ‘guerrillero’ o ‘sapo’ antecedieron a muchos de ellos”, concluyó la CEV.

Refiere que uno de los sectores más golpeados por este crimen fue el de los liderazgos comunitarios y políticos locales, ya que los grupos armados los persiguieron para doblegar sus procesos de resistencia o forzar su cooperación. “Cuando los territorios de Colombia pasaron a ser escenarios de disputa entre grupos opuestos, en donde entraban y salían en diferentes momentos, la violencia contra la población civil aumentó y los asesinatos se extendieron bajo las acusaciones de que las víctimas habían colaborado con el otro bando, eran informantes o simplemente cruzaron las fronteras de esos territorios visitando otras comunidades u otros barrios”, estableció el Informe Final.

En este apartado hace mención al exterminio que padecieron militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en el que “órganos judiciales en los ámbitos nacional e internacional, la JEP y la Comisión han establecido que hechos como la persecución, los atentados, los hostigamientos, las desapariciones forzadas y otros hechos de violencia registran por lo menos 8.300 víctimas; 5.733 de estos casos son asesinatos y desapariciones forzadas”. (Leer más en: El saldo rojo de la Unión Patriótica y Exterminio de la UP fue un genocidio político)

Desaparición forzada

La Comisión estableció que la desaparición forzada fue usada como una forma de terror y para ocultar el incremento de asesinatos que se estaba volviendo visible. Refiere dos periodos especiales: el primero durante la implementación del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), cuando ese método de guerra fue empleado por miembros de la Fuerza Pública como práctica contrainsurgente; y el segundo, entre las décadas de 1990 y 2000, cuando los grupos paramilitares recurrieron a esa estrategia, en algunas ocasiones de forma “masiva”, como el caso ocurrido en corregimiento de Pueblo Bello, del municipio de Turbo, Urabá antioqueño, donde fueron desaparecidos 43 campesinos en la noche del 14 de enero de 1990.

Al valorar su comportamiento en el tiempo, el Informe Final registra que en 1995 inició un crecimiento de casos hasta llegar a su nivel máximo en 2002, el cual descendió hasta 2006 y aumentó nuevamente en 2007. Esos periodos están marcados con la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) hacia finales de los años noventa; su proceso de desmovilización, ocurrido entre 2003 y 2006; y el posterior rearme de algunos desmovilizados y la conformación de nuevos grupos por parte de paramilitares que no dejaron las armas.

En cuanto a presuntos responsables, la CEV señala que se desconoce la autoría del 54 por ciento de las 121.768 desapariciones forzadas. De ellas, les atribuye responsabilidad a grupos paramilitares de 63.029, a las extintas Farc de 29.410, a la categoría “múltiple” (sin especificar si son varios grupos) de 10.448 y a funcionarios estatales de 9.359.

Secuestro

La CEV y la JEP determinaron que alrededor de 50.770 personas fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes entre 1990 y 2018. El Informe Final señala que la mayoría de los casos fueron cometidos por grupos guerrilleros y se extendieron por largos periodos de tiempo.

A las Farc las señala como responsables de 20.233 casos, pero la JEP recientemente acusó a los miembros del antiguo Secretariado de esa guerrilla por 21.396, una diferencia de 1.163 casos que no se entiende, pues ambas entidades han documentado el tema de la mano y el Informe Final se publicó después de las audiencias de la justicia transicional. Asimismo, señala que grupos paramilitares son responsables de 10.538 víctimas y le atribuye responsabilidad al Eln por 9.538.

El Informe Final explica que desde la década de los años setenta las guerrillas recurrieron al secuestro económico y político como fuente de financiación y para aumentar su poder de negociación, coacción o confrontación. Al principio, esa práctica estuvo enfocada en empresarios y miembros de las élites del país, pero posteriormente se usó de manera indiscriminada contra la población civil. “Esta es una práctica intencional y extendida en la que el desprecio por la vida y el sufrimiento de las víctimas y sus familias revelan el grado de deshumanización del conflicto armado”, señala. (Leer más: El secuestro económico estuvo en el ADN de las Farc)

Este apartado del Informe Final refleja otra inconsistencia en las investigaciones que realiza el Sistema Integral para la Paz, compuesto por la CEV, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En este caso, las dudas recaen sobre las labores del tribunal de justicia transicional, pues en su auto de acusación a los miembros del antiguo Secretariado de las Farc, señala que la violencia sexual en cautiverio obedeció a hechos “aislados”, que no fue una práctica frecuente y que no hay registros de víctimas que permitan establecer patrones de esa violencia. (Leer más en: Violencia sexual durante el secuestro, ¿un crimen invisible en la JEP? y La verdad sobre el secuestro, un largo camino por recorrer)

Sin embargo, la CEV señala que de las mujeres que entrevistó, el 22 por ciento, es decir, 99, “expresó que sufrió violencias sexuales durante su cautiverio”. Y agrega: “Muchas víctimas entrevistadas lo refirieron como una ‘muerte suspendida’, en la que vivieron una situación dura con fuertes restricciones y con la amenaza permanente de la muerte”. Llama la atención la diferencia en las conclusiones, pues ambas instituciones construyeron un mismo universo de víctimas de secuestro, en el Proyecto CEV-JEP-HRDAG, que estableció que “el 78% de las víctimas eran hombres y el 22% mujeres”.

Violencia sexual

El Informe Final comentó las siguientes agresiones cometidas en el conflicto armado: violaciones sexuales, esclavitud sexual, amenazas de violación, acoso sexual, desnudo forzado y prácticas denigrantes como humillaciones sexuales

Encontró prácticas particulares en cada actor armado. Los paramilitares “incluyeron mutilaciones o heridas en los cuerpos de sus víctimas, en ocasiones de manera pública”; en las filas de las Farc “se dieron especialmente violencias reproductivas, entre las que están la anticoncepción forzada, la esterilización forzada y el aborto forzado”; y en el caso de miembros de la Fuerza Pública, “se registraron menos casos, pero existen registros de violación sexual documentada desde la época del Estatuto de Seguridad (1978 a 1982) en el contexto de detenciones y torturas, principalmente contra mujeres acusadas de guerrilleras o que formaban parte de grupos armados y que fueron detenidas”.

Asimismo, la CEV señala que la violencia sexual y la violencia reproductiva al interior de los grupos armados aumentaron en el periodo de mayor agudización de la guerra, entre 1996 y 2007. “Por ejemplo, las FARC impusieron, en algunos de sus bloques, la planificación y el aborto para las combatientes sin importar las graves consecuencias físicas y psicológicas que padecieron las mujeres”, señala.

Reclutamiento forzado

El Informe Final indica que según datos de datos del proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, entre 1990 y 2017, se registraron 16.238 casos de reclutamiento, de niños, niñas y adolescentes. La mayor cantidad de casos ocurrieron en los departamentos de “Meta, con 2.977 víctimas (18 %), seguida de Antioquia, con 2.346 víctimas (14 %), Guaviare. con 1.105 víctimas (7 %), Caquetá, con 1.063 víctimas (6 %) y Cauca, con 838 víctimas (5 %)”.

Esa investigación señala a las Farc como el mayor reclutador ilegal, vinculando a la guerra a 12.038 menores de edad, equivalentes al 75 por ciento de las víctimas de ese crimen de guerra; le siguen grupos paramilitares con 2.038 casos y el Eln con 1.391. Asimismo, esa base de datos señala que 4 de 10 víctimas de reclutamiento, eran menores de 15 años.

Al respecto, la CEV explica que “además de la estrategia de reclutamiento de estos grupos, la falta de oportunidades y la desprotección social han sido parte del contexto favorecedor de la permanencia del reclutamiento en la actualidad. Algunas condiciones que propician el reclutamiento son los contextos de violencia, pobreza, miseria, exclusión social y ausencia, violencia o abandono familiar. Aumentó el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes durante los periodos de mayor confrontación o de desdoblamiento de frentes”. También agrega que “el deseo de venganza por el asesinato de seres queridos también se mencionó como motivo de ingreso en el grupo”.

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