En uno de los diez tomos que esclarecen los patrones y las causas del conflicto armado, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad señala que el modelo de seguridad del Estado ha sido un fracaso por no orientar la Fuerza Pública al servicio de la paz, hacer alianzas con grupos paramilitares y no proteger a todo el territorio ni a toda la población.
Las conclusiones del capítulo de Hallazgos y Recomendaciones sostienen que la acumulación de problemas sociales se abordaron —históricamente— con una solución militar que escaló el conflicto armado, intensificó las violaciones de derechos humanos y dio pie para justificar el accionar del Estado. Todos los esfuerzos se concentraron en perseguir al enemigo y no en combatir, desde el diálogo y la negociación, las causas estructurales que lo originaron.
“A pesar de ciertas transformaciones que se han promovido en el sector de seguridad, se mantiene un rasgo de la actuación o doctrina de la Fuerza Pública orientado a search and destroy: buscar y destruir. La urgencia es pasar a una human centric, una seguridad basada en el ser humano”, indica la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).
Y es que dicho modelo de seguridad se cimentó en la idea del enemigo interno y la defensa de dos fronteras: la interna, que es donde domina la insurgencia rebelde y los civiles que son considerados sus aliados; y la externa, que traza la división con los países vecinos. Además de la construcción del aparato armado (Ejército y Polícia militarizada) más grande, costoso y mejor entrenado del continente americano, después del de Estados Unidos.
Dinámicas que, tras 60 años de guerra interna, han sido inútiles. Así lo evidencian las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han afectado, cuando menos, al 20 por ciento de la población colombiana. Un modelo que confundió seguridad —no enfrentar riesgos y amenazas a través del desarrollo humano y la convivencia— con la defensa armada. Sus orígenes datan, en gran parte, del Frente Nacional (1958-1978) y, posteriormente, en el desarrollo del conflicto armado.
Ante este panorama, la CEV indica que Colombia, país que sale de una de las guerras más largas del planeta, debe transitar a un modelo que ponga en el centro la vida de las comunidades y que las instancias civiles del Estado orienten la política en su legitimidad y las formas como la gente quiere vivir. Así como separar a la Policía del Ministerio de Defensa y reducir, gradualmente, el Ejército.
“Paz completa, protección integral de los territorios, superación del enfoque prohibicionista del problema del narcotráfico, lucha contra la impunidad, apertura del régimen político y potenciamiento de la cultura de paz”, subraya la CEV en su capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final.
A continuación, reseñamos los rasgos del modelo de seguridad que, según la CEV, han prevalecido en Colombia.
Poder civil y poder militar
Los métodos para el control del orden público han pasado por tres periodos en la historia reciente de Colombia. El hito fundacional que le otorgó relativa autonomía al poder militar fue el discurso de Álvaro Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional (1958-1962), que a través de la concesión de privilegios evitó un golpe militar. Sus palabras del 9 de mayo de 1958 en el Teatro Patria, tranquilizaron a las Fuerzas Militares y sentaron las bases para la división del trabajo entre el poder civil y el poder militar.
En 1950 la Policía se militarizó y la ampliación de sus facultades derivó en detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Durante varias décadas y a través de sucesivas declaratorias de estado de sitio, que creaba las condiciones para tomar medidas de excepción y contrarrestar así la turbación del orden público, las Fuerzas Militares ejercieron funciones civiles y judiciales: dirigieron alcaldías y gobernaciones, investigaron y juzgaron a civiles en consejos de guerra, recibieron fuero militar para juzgar los posibles delitos de sus miembros, obtuvieron apoyo legal de civiles armados y el soporte de estructuras de inteligencia como el Servicio Nacional de Inteligencia (SIC) y, luego, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
En 1991, el presidente César Gaviria Trujillo nombró al primer civil, Rafael Pardo Rueda, como Ministro de Defensa y se abandonó, definitivamente, la práctica de designar en esa cartera a militares de alto rango. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), a través de su política de Seguridad Democrática, le amplió las facultades a las Fuerzas Militares y la Corte Constitucional las limitó en defensa de la Constitución.
Entre 2012 y 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos combinó la acción militar con un proceso de negociación político que concluyó en la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc. Sin embargo, en tiempos de apertura democrática y construcción de paz, las Fuerzas Militares se han resistido.
El enemigo interno
Según el Informe Final, desde el siglo XIX en Colombia se ha perseguido, reprimido y estigmatizado a los opositores politicos o sectores sociales alternativos —etiquetados como “enemigos”— del poder politico, economico y social dominante. Desde los años cincuenta del siglo XX, este discurso se introdujo en la doctrina de seguridad nacional, influenciada por las políticas adoptadas por Estados Unidos.
“En un primer momento, el enemigo era el comunista, sin distinción de si había tomado las armas o no. En un segundo momento, en la guerra contra las drogas, muchas veces el “enemigo” fue identificado como el campesino cocalero y, luego, el terrorista o el narcoterrorista, asociando a esos términos no solo a los miembros de grupos guerrilleros, sino extendiendo ese estigma a diferentes sectores y movimientos sociales o sindicales”, revela el informe de la CEV.
Además de sindicalistas, estudiantes, indígenas, afrodescendientes, periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y de mujeres. Los funcionarios públicos, especialmente magistrados y jueces, que en virtud de su trabajo denunciaron los graves crímenes también fueron perseguidos. “Después de 1985, el Estado y el paramilitarismo persiguieron a los miembros de la Unión Patriótica, partido político de izquierda que había sido creado en las negociaciones del gobierno de Belisario Betancur con las Farc-EP”, reconoce el Informe Final.
La Constitución de 1991 generó una apertura democrática que incluyó movimientos de izquierda, reconoció a Colombia como país pluriétnico y multicultural, y previó garantías para el pluralismo político y la participación ciudadana. Sin embargo, esas consideraciones no contuvieron las agresiones contra los sectores alternativos. Actualmente, hay numerosas sentencias que reconocen la responsabilidad del Estado por hechos ocurridos años después de la nueva carta política, que se materializaron en torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados o exilios.
Militarización de los territorios
El poder político y militar, a través de la militarización, se ha relacionado en el modelo de seguridad para disputar la “soberanía” de los territorios. Durante la década de los años treinta, el mecanismo que permitió la militarización fue el estado de excepción, pero se hizo permanente entre 1959 y 1991. A pesar de que la Constitución de 1991 ofreció nuevas garantías, los estados de excepción se han materializado en otros formatos: detenciones arbitrarias, requisas, allanamientos, registros de domicilio y perfilamientos.
Otro de los rasgos de la militarización es la alianza de sectores de las Fuerzas Militares con estructuras criminales, que generaron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos, despojo y desplazamiento de las comunidades. Así como la Policía —organismo militar y no civil— que ha estado involucrado en la guerra, a través de funciones de seguridad nacional y contraguerrilla, y, además, atiende la protesta social como si esta amenazara la existencia del Estado.
“Otro medio de militarización es el servicio militar obligatorio, que existe en Colombia desde 1886”, precisa el Informe Final. En 2017 se reconoció la objeción de conciencia, sin embargo los jóvenes continúan obligados a prestar servicio militar y sólo pueden aplazar si están estudiando, por lo que terminan incorporados los más vulnerables.
Violación de derechos humanos
Los modelos de inteligencia hacen parte de los ejércitos y los servicios de seguridad en todos los países. En Colombia, desde el Frente Nacional, han tenido una perspectiva contrainsurgente que consideró a organizaciones y movimientos sociales como base de las guerrillas, a quienes infiltró, atacó y acabó a través del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) y ,posteriormente, con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). (Leer más en: El rastro del médico Héctor Abad Gómez en los archivos del DAS y Seguimientos a Gonzalo Sánchez en su época universitaria)
Según Informe Final, el DAS participó en el exterminio de la Unión Patriótica; realizó ejecuciones extrajudiciales; interceptó comunicaciones de defensores de derechos humanos y líderes políticos; asesinó a profesores y estudiantes. Dado el cúmulo de irregularidades, en 2011 fue disuelto.
Otros organismos involucrados en estos crímenes fueron los servicios militares de inteligencia, como la Brigada de Institutos Militares (BIM), el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Brigadier General Ricardo Charry Solano” (Binci) y la Brigada XX, todas desmanteladas.
Por parte de la Policía, el F2 estuvo inmerso en las mismas violaciones de derechos humanos y tuvo vínculos con grupos paramilitares y de narcotráfico. fue acabado en 1995.
La mayoría de estos delitos persisten en la impunidad y la opacidad. “Dejar de considerar a la población y las organizaciones y movimientos sociales como base de la guerrilla son parte del cambio estructural y de mentalidad que se necesita para la construcción de la paz”, recomienda el Informe Final.
Militarización de la justicia
El modelo de seguridad contempló una justicia penal militar para que los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH gozaran de independencia judicial e impunidad. El caso más emblamatico es el asesinato de jóvenes inocentes presentados como bajas en combate, mal llamados ‘falsos positivos’.
“La justicia penal militar tuvo un papel de encubridor y cohonestó la falsificación de pruebas en los casos de ejecuciones extrajudiciales (…), como se ha demostrado al menos entre el 2002 y el 2008”, denuncia el Informe Final.
Además, por décadas, permitió el juzgamiento de civiles, considerados “enemigos”, por parte de la justicia penal militar, hasta que, en 1978, la Corte Suprema de Justicia lo prohibió. Tras sucesivas sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se han dado —hasta hace poco— demandas por conflictos de competencias que han retrasado procesos y limitado investigaciones en fases iniciales.
Según el Informe Final de la CEV, ambas vías han afectado la independencia e imparcialidad de la justicia y la pusieron al servicio de la guerra: “El respeto por la independencia del poder judicial es una garantía básica de un sistema democratico”.
Relaciones con Estados Unidos
El modelo de seguridad de Colombia ha estado influenciado, desde 1950, por el marco discursivo del país norteamericano: lucha contra el comunismo, guerra contra las drogas y combate al terrorismo.
Los aspectos centrales de la injerencia estadounidense se evidencian en el concepto de enemigo interno, privatización de la seguridad (paramilitarismo y compañías militares), focalización de recursos para los intereses económicos de empresas multinacionales ,y asistencia militar (armamento, financiación, metas y resultados esperados).
Esta ausencia de visión propia de sus problemas de seguridad, construcción de paz y orden público, ha dificultado en el país reformas sociales. Las Fuerzas Militares han recibido entrenamiento en bases militares estadounidenses y la Policía se militarizó, radicalmente, como recomendación para ampliar el pie de fuerza contrainsurgente. A través de la unión de intereses binacionales se creó el Plan Colombia (1999-2008) y el Plan Patriota (2003-2006).
A comienzos de marzo de 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y bajo cooperación con Estados Unidos, se infiltró al Secretariado de las Farc, la máxima instancia decisoria de ese grupo armado alzado en armas, y en una operación con bombas inteligentes suministradas por los norteamericanos se dio de baja a ‘Raul Reyes’ en zona selvática de Santa Rosa de Sucumbíos, población ecuatoriana fronteriza con Colombia.
Durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018) se tramitó el proceso de paz con las Farc y el gobierno estadounidense, en cabeza de Barack Obama (2009-2017), amplió su apoyo al país en áreas como la construcción de paz y la implementación al programa de atención y reparación a víctimas.
De los grupos civiles armados al paramilitarismo
Entre 1960 y 1990, el Estado promovió que la sociedad civil se involucrara en funciones de seguridad. Así surgieron los grupos de civiles armados que, en los años ochenta, recibieron financiación del narcotráfico, se convirtieron en grupos paramilitares y apoyaron bélicamente y con información a la Fuerza Pública.
Según el Informe Final, en este contexto crecieron las mafias del narcotráfico y surgieron organizaciones como la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A lo que se sumó la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privadas, que se conocieron como Convivir.
Las relaciones entre sectores políticos y económicos eran evidentes, pero las numerosas denuncias y las investigaciones judiciales no se tomaron en serio; incluso, fueron obstaculizadas por la Fiscalía, especialmente en el periodo del fiscal general Luis Camilo Osorio (2001-2005).
Diferentes organismos de control trataron de hacer investigaciones y poner alarmas, pero nada de eso se tomó en serio. Y de acuerdo con la CEV, “en otras ocasiones los grupos paramilitares fueron defendidos por el Estado bajo el discurso del derecho de autodefensa frente a la insurgencia”.
Entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Alvaro Uribe Velez, se desmovilizaron las Auc bajo un proceso de justicia transicional que se enmarcó en la Ley de Justicia y Paz (Ley 975). Sin embargo, otros factores han facilitado su evolución a nuevas estructuras sucesoras del paramilitarismo. La Comisión de la Verdad señala que este fenómeno es responsabilidad del Estado por no cuidar el monopolio de las armas y eximir de cargas penales a los ciudadanos que usan la “fuerza letal”.
Democracia restringida
El modelo de seguridad que ha prevalecido en Colombia se configuró bajo las lógicas de acumulación de capital, desigualdad social y dificultad en el acceso a tierras. Su estructura ha estado a disposición de ciudadanos con poder político y empresas con intereses específicos, mientras que otros sectores han sido excluidos y víctimas de esta. A pesar del reconocimiento más alto de derechos humanos que trajo la Constitución de 1991, el modelo de seguridad —organismos de inteligencia o relaciones entre paramilitares y Fuerza Pública— nunca desapareció.
El conflicto armado se recrudeció tanto por los grupos armados como por las acciones del Estado. Tras años de denuncias, la Comisión de la Verdad recibió informes y escuchó testimonios de miembros de las Fuerzas Militares que reconocieron su accionar y están a disposición de la justicia. Sin embargo, estos avances así como la formación en derechos humanos no han cambiado la posición negacionista del Estado.
El Informe Final sostiene que las Fuerzas Militares deben cumplir su mandato en el marco de la Constitución y el DIH, así como proteger la población y el territorio. “Se necesita un cambio de la doctrina que considera al opositor como enemigo, una acción distinta que involucre a las comunidades como aliados en las políticas de seguridad para la paz y una transformación de la cultura institucional”, concluye.
