Durante tres días, se vivió un hecho sin precedentes en el país: víctimas del secuestro tuvieron la oportunidad de hablar cara a cara con siete de los últimos miembros del Secretariado de las Farc para expresar su dolor y exigir justicia. Los exguerrilleros reconocieron su responsabilidad, pero quedaron muchas preguntas sin resolver.

El sonido penitente de las cadenas se escuchó con fuerza. César Augusto Lasso tomó los eslabones de metal entre sus manos para recordar que la extinta guerrilla de las Farc afectó a la humanidad privando de la libertad a militares, políticos, comerciantes, extranjeros y toda clase de civiles. Una práctica que no permitió a los cautivos y sus familias vivir plenamente, ni morir completamente.

“En muchas ocasiones pensaba que era mejor morir y descansar. Porque las cadenas de la humillación amarradas al cuello, atadas a un compañero policial o del Ejército nos causaron la mayor de las humillaciones”, dijo Lasso, conmocionado, a los magistrados y a quienes representaban a sus captores durante la audiencia pública de reconocimiento de responsabilidades de los miembros del último Secretariado de las Farc en el macrocaso de secuestros que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las cadenas que llevó este sargento (r) de la Policía Nacional no buscaban retener una sola palabra, sino recordarle al país que después de tantos años las víctimas arrastran con ellas —como esas cadenas— ansias de verdad y reparación.

A la diligencia judicial asistieron Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’; Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias ‘Pastor Alape’; Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra, alias ‘El Médico’; Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; y Rodrigo Granda Escobar, alias ‘Ricardo Téllez’. Ellos conformaron el último Secretariado de las Farc, máxima instancia deliberativa de la extinta guerrilla.

Los otrora máximos jefes de las Farc acudieron a esa cita judicial para reconocer públicamente los hechos y conductas que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les atribuyó a través del Auto 19 de 2021.

En ese documento se les responsabiliza de dar las órdenes que resultaron en privaciones graves de la libertad, toma de rehenes, asesinatos y desapariciones forzadas. Además, fueron “imputados por responsabilidad de mando por otros crímenes de lesa humanidad y guerra cometidos por sus subalternos durante los secuestros como torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud”.

La magistrada Julieta Lemaitre, quien presidió las audiencias, relató que “a partir de los ochenta, las Farc-EP adoptan, de manera expresa, la decisión de financiar sus operaciones a través de secuestros que denominaron retenciones. Así, de manera organizada y generalizada implementó una política de privar de la libertad a civiles para cobrar dinero por su libertad a las familias y en ocasiones a las empresas en las que trabajaban”.

A finales de febrero de 2012, como antesala de las conversaciones que dieron origen al Acuerdo de Paz, las Farc anunciaron que dejarían de secuestrar. Sin embargo, fue demasiado tarde. En la memoria permanece el dolor de los casos de secuestro, que dejó miles de víctimas.

La Sala de Reconocimiento de la JEP estableció, a partir del cruce de siete bases de datos de distintas organizaciones, que entre 1998 y 2002 fueron cometidos la mayoría de los secuestros, coincidiendo con la creación de la llamada Zona de Distensión, un espacio de 42 mil kilómetros cuadrados entre los municipios de Meta y Caquetá para adelantar conversaciones de paz durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

El territorio más afectado, en términos per cápita, fueron los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, área de operación del extinto Bloque Oriental. En términos numéricos absolutos, Antioquia es el departamento que más casos registra. También se determinó que el tiempo máximo que estuvo una persona en cautiverio llegó a ser de 14 años.

Actualmente, hay 21.396 víctimas identificadas con nombre y cédula, de las cuales, 95 por ciento eran mayores de edad y cinco por ciento eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. De estas, 3.209 víctimas están acreditadas para participar en este caso ante la JEP.

Tras la degeneración del conflicto armado quedan cientos de preguntas sobre casos que el país se niega a olvidar por el dolor que guardan los recuerdos. Una de ellas es la historia del cabo de la Policía Nacional, José Norberto Pérez Ruiz, secuestrado en marzo de 2000 en Santa Cecilia, Risaralda. Su hijo, Andrés Felipe Pérez, un niño de 12 años con cáncer terminal, murió esperando que la guerrilla liberara a su papá. Según médicos que atendieron al menor, el uniformado era el único donante de médula que, eventualmente, lo hubiera podido salvar.

“Queremos que este gobierno que llega ayude al diálogo porque no hay nada por fuera del lenguaje, está la palabra, y yo que sí la tuve escasa y le di clase a los árboles porque estaba solo y sin un salón de clases para poder interactuar y recuperar la palabra”, sostuvo Óscar Tulio Lizcano, docente de filosofía y víctima de secuestro en Riosucio, Caldas, quien durante sus ocho años de cautiverio le hablaba a la vegetación de la selva para no enloquecer.

Decenas de voces de víctimas como Lasso y Lizcano sacudieron el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, durante los tres días que duró la audiencia. El país fue testigo de los patrones con los que el grupo alzado en armas practicó el secuestro, entre estos, el canje de plagiados políticos y de la Fuerza Pública por guerrilleros presos, privaciones de la libertad con fines económicos para financiar su aparato militar, y plagios para asegurar el control social y territorial.

“Ustedes tenían una responsabilidad en el mando dentro de la organización, que se traduce en esa responsabilidad de conocer lo que aquellos que estaban bajo su mando hacían en ejecución de sus órdenes, en el marco de las estrategias diseñadas y ejecutadas por las Farc”, les recordó a los exguerrilleros Aura Saavedra, hija de Osser Saavedra, secuestrado el 8 de marzo de 2005 en La Uribe, Meta, y de quién aún no se conoce su paradero.

Fines de canje

Foto: Karina Gómez.

Testimonios analizados por la Procuraduría General de la Nación, el secuestro con fines de canje humanitario fue una práctica sistemática en todos los departamentos del país, que   convirtió, especialmente, a dirigentes políticos y miembros de la Fuerza Pública en objetivo militar de las antiguas Farc. Cada una de las víctimas de esta modalidad vivió circunstancias diferentes de cautiverio como tortura, violencia sexual, desaparición forzada y homicidio.

“Con los prisioneros queríamos lograr un objetivo político que era el canje de guerrilleros presos por los prisioneros que teníamos nosotros. Nuestro comandante, Manuel Marulanda, fue obsesionado en eso hasta el final y estuvimos a punto de lograrlo”, reconoció Floresmiro Burbano, antiguo comandante del Frente 48 del Bloque Sur de las Farc-EP, en una anterior audiencia ante la JEP.

Uno de los casos emblemáticos de este hecho victimizante es el del coronel Reimundo Malagón, quien estuvo secuestrado por 10 años y es el único militar —entre los liberados de la Operación Jaque— que continúa activo en el Ejército Nacional. En agosto de 1998, luego de combatir por horas en La Uribe, Meta, se le agotó la munición y fue privado de su libertad junto a seis de sus compañeros.

En las audiencias ante la JEP, Malagón rememoró que la extinta guerrilla de las Farc lo aisló, lo amarró con cuerdas de nailon y alambres de púas, lo ató en árboles distantes entre sí y lo sometió a otros tratos inhumanos, tales como las “cadenas de la infamia”. El uniformado agradeció al tribunal de justicia transicional por poder contar lo que le sucedió, frente a todo el país, sin sentirse revictimizado.

“Estamos como representación de más de 403.000 víctimas de las fuerzas militares, cifras grandísimas. Más de 2.200 secuestros hubo por parte de las Farc, solamente de soldados y policías”, lamentó. Además, condenó la perfidia por el uso de prendas militares para fines propios de la organización de las Farc y finalizó: “No siento rencor en mi corazón porque sería vivir con ese karma toda la vida”.

Rodrigo Londoño Echeverri, excomandante jefe de las antiguas Farc, reconoció que el secuestro no es válido en la lucha política porque va en contravía de las ideas revolucionarias y que, en medio de la guerra, se enceguecieron a tal punto de no visualizar el daño que ocasionaron: “Yo me hago responsable aquí por haber apoyado esa política, por haber aprobado la política del canje y por haber estado de acuerdo con el secuestro como forma de financiación”.

La magistrada Lemaitre explicó que el antecedente de este patrón es el cautiverio de policías y militares que se hizo notorio a finales de los años ochenta con la rápida expansión de las Farc. En 1997, el Estado Mayor de esta guerrilla ordenó no liberar a oficiales y suboficiales para forzar que, el entonces gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), aprobara una ley para realizar los intercambios, pero no se logró.

Ante esa negativa, el entonces comandante en jefe, Manuel Marulanda, y el comandante del Bloque Oriental, Víctor Julio Suárez Rojas, conocido con los alias de ‘Jorge Briceño’ y ‘Mono Jojoy’, ordenaron en 2001 privar de la libertad a representantes de sectores políticos para forzar el intercambio humanitario.

Tal es el caso de Sigifredo López, exdiputado de Valle del Cauca, único sobreviviente de los 12 diputados que fueron retenidos con engaños en el recinto de la Asamblea Departamental en Cali el 11 de abril de 2002, y asesinados en cautiverio por las Farc en junio de 2007. “He venido aquí como víctima a hablar del perdón. Salí después de siete años de secuestro a hablar de paz y reconciliación. He sido defensor de la JEP, pero el Acuerdo tiene muchas deficiencias”, señaló, por la poca o nula reparación a las víctimas.

Asimismo, resaltó el valor del antiguo Secretariado de las Farc por estar en la audiencia, ofrecer perdón y aceptar responsabilidades, pero les pidió que esclarezcan ¿quiénes planearon el secuestro de los diputados?, ¿quiénes fueron cómplices dentro y fuera de la Asamblea? Y, ¿quiénes dispararon? El exdiputado lamentó que, 15 años después de los asesinatos, esas preguntas no han sido respondidas y varios cadáveres no han aparecido.

Ante estos reclamos, el exjefe guerrillero ‘Pablo Catatumbo’ reconoció la responsabilidad de los secuestros y el doloroso desenlace, así como el daño que le ocasionaron a los familiares de los otros diputados. “Quienes planearon eso fueron ‘Alfonso Cano’, ‘JJ’ y ‘Franco Benavides’ que era el comandante del bloque móvil”, señaló. Respecto a las otras preguntas, se comprometió a que las resolverán en las audiencias del próximo mes de julio, en la que participarán los exguerrilleros de esa operación que están con vida.

Finalmente, aclaró que López nunca perteneció a las Farc, señalamiento que hizo un desmovilizado en su contra y por el cual fue detenido por orden de la Fiscalía en junio de 2012 como cómplice de secuestro, aunque finalmente no fue acusado y quedó exonerado de cargos.

‘Joaquin Gómez’ reconoció que el secuestro afectó tanto al cautivo como a su familia y agregó que “el secuestrado pierde su intimidad, su privacidad, se le truncan sus proyectos de vida, su futuro, sus sueños y constantemente está bajo un choque emocional y psicológico porque no sabe en qué momento va a perder la vida, ni por qué. Y fuera de ello, afecta a la familia, es decir, el secuestro deja unas huellas indelebles que pueden alcanzar varias generaciones”.

Uno de los casos que dejó profundas huellas es el de Olmes Johan Duque, Policía víctima de violencia sexual en 2005 en San Marino, Chocó, durante su cautiverio. “Los días que estuve secuestrado sufrí golpes, sufrí violación, simplemente porque en un momento de combate contra el Ejército cayó una pareja sentimental de un guerrillero”, lamentó. Además, señaló que aún tiene secuelas psicológicas y psiquiátricas que lo obligan a tomar, diariamente, medicamentos para estar tranquilo y lograr dormir.

“Yo me siento todavía secuestrado porque llora una madre, lloran los hijos, lloran las personas que me quieren y lloro yo. (…) tengo compañeros —de la Policía— que me juzgan y se burlan por los hechos que viví y día a día me hacen recordar esos hechos, donde en vez de ayudarme, antes me hacen recordar”, confesó. El uniformado aclaró que ninguno de los siete miembros del Secretariado de las Farc estuvo en los hechos, pero sí Elda Neyis Mosquera, conocida como ‘Karina’, alias ‘Fredy’ y Martín Leonel Pérez, conocido como ‘Richard’.

Pastor Alape admitió que generaron dolor en las personas que fueron reducidas a malos tratos y aceptó responsabilidad por la omisión en el control de la línea de mando que hubiese podido evitar crímenes de guerra y lesa humanidad. Asimismo, se comprometió con la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas como el sargento Luis Hernando Peña; quien, según el exguerrillero, fue ejecutado y sus restos posiblemente están en los Llanos del Yarí, una extensa sabana en el departamento del Meta.

Respecto a ese caso, alias ‘El médico’ indicó que tienen un equipo de más de 100 personas que colaboran con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) para hallar a todos los militares desaparecidos. “Hemos entregado más de 600 casos, hay 146 casos de personas que todavía están desaparecidas en la lista que nosotros tenemos por parte de la JEP y de la UBPD”, señaló.

Fines financieros

Foto: Karina Gómez.

En 56 tomos que la Fiscalía General de la Nación le entregó a la JEP quedó evidenciada la directriz de “privar de la libertad a civiles que tuvieran dinero para financiar las operaciones de las unidades militares a través del pago por la libertad de estas personas”, refirió la magistrada Julieta Lemaitre.

De manera expresa se evidencia en documentos recopilados en operaciones militares contra la guerrilla, que desde los años noventa había órdenes tácitas desde los altos mandos de la organización alzada den armas para ejecutar este método de financiamiento. (Leer más en: El secuestro económico estuvo en el ADN de las Farc)

Los frentes guerrilleros secuestraron niños, personas enfermas, adultos mayores y personas sin capacidad de pago bajo la exigencia de conseguir dinero. “Una vacuna previene una enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad con la cual se vacunaba? El secuestro. Entonces eran cuotas que se pagaban para no enfermarse de secuestro”, precisó la magistrada, acción que golpeó más fuertemente a ganaderos, comerciantes y transportadores.

Un caso icónico es el de los abuelos de 68 años de edad, Carmenza Castañeda y Gerardo Angulo, quienes fueron secuestrados el 19 de abril de 2000 en La Calera, Cundinamarca. A pesar de su avanzada edad, hombres armados que se encargaban de vender secuestrados para el grupo guerrillero los hicieron caminar durante horas por trochas y zonas boscosas hasta llegar al municipio de San Juanito, Meta. Años después su familia supo que los habían asesinado y solo a finales del año pasado lograron hallar el cuerpo de su madre y creen estar cerca de encontrar el de su padre.

“Oyendo sus comentarios de esta mañana, me han hecho cambiar dos veces el texto que tenía. Sus formas en que dicen sentir el error que cometieron en estos secuestros realmente no los siento de corazón o de arrepentimiento. Realmente no me siento en la posición de decirles ‘sí, los perdono’”, expresó Héctor Angulo, uno de los hijos de los abuelos secuestrados.

El tribunal de justicia transicional resaltó el empleo de modalidades crueles, unas más frecuentes en unos frentes que otros, como, por ejemplo, intercambiar un familiar secuestrado que tuviera problemas de salud, por otro más joven y vigoroso o vender el rescate del cadáver.

Unas de estas degeneraciones las sufrió Héctor Horacio Mahecha. Su familia era contratista de una empresa desde Chaparral, Tolima, y desde 1995 empezaron a ser extorsionados. “Yo subía a las montañas del Tolima para llevar estos recursos para el aporte a la guerra”, recordó Mahecha.

En el 2004 se llevaron a su padre. “Se supone que estábamos pagando el impuesto, ¿por qué se lo llevaron?”, les preguntó a los exguerrilleros. Durante seis meses estuvo cautivo hasta que, como pudo, pidiendo préstamos y vendiendo bienes, consiguió el millonario rescate de su padre, porque para él la familia era lo más importante. Sin embargo, cuando llevó la última cuota, liberaron a su papá, pero lo retuvieron a él, el 17 de noviembre de 2004. “En honor a la verdad, nunca recibí malos tratos”, aclaró. Tiempo después, fue su papá quien reunió el dinero suficiente para su liberación.

Cinco años después las Farc volvieron a extorsionarlos, pero como la familia Mahecha se negó, les detonaron bombas en su vivienda y negocio. El mensaje fue contundente: pagan o explotan.

Otro de los hallazgos que encontró la JEP fue que se institucionalizaron montos específicos que debían recaudar los frentes guerrilleros en las diferentes partes del país dirigidos a “diferentes enemigos de clase o enemigos políticos”. El trabajo operativo quedaba bajo la responsabilidad del comandante y el responsable financiero del frente.

Estos comandantes financieros llegaron a vincularse con grupos criminales o terceros y algunos milicianos urbanos, de las regiones para identificar y captar a las víctimas. En algunos casos con intereses específicos por los que por sacar del paso a un enemigo se le presentaba a las Farc como un posible financiador, sin que este tuviera la capacidad económica para responder. El colaborador que había capturado o dado información recibía un porcentaje de la extorsión que cobraba la guerrilla.

En la audiencia, Edward Oswaldo Díaz se preguntó si detrás del secuestro de su padre, Oswaldo Díaz, el 15 de octubre de 2001, había informantes malintencionados que buscaban sacarlo del paso como entonces concejal de Palmira, Valle del Cauca.

“Mi papá no era un hombre adinerado y era un buen hombre y era el mejor papá del mundo, entonces, en realidad, ¿por qué lo secuestraron? ¿Qué políticos de la ciudad o del departamento del Valle del Cauca estuvieron involucrados?”, les preguntó a los exmiembros del Secretariado casi 21 años después del plagio y la desaparición de su padre.

“En otros sitios los comandantes financieros no eran muy profesionales. Encontramos que secuestraban por el directorio telefónico”, contó la magistrada Lemaitre. También hubo casos en que quedaba a la suerte del momento y al lugar la dinámica de reclutamiento, a lo que la prensa llamó las “pescas milagrosas”.

Es frecuente que hasta el día de hoy las víctimas de este flagelo se pregunten “¿por qué a mí?”. Para varios casos, la respuesta es infame: según ha determinado la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, era poco frecuente que se secuestrara a personas que tuvieron grandes capitales, porque en las regiones de control de las guerrillas no existían millonarios o logísticamente no lo podían determinar quién lo era. También las órdenes de los superiores llegaban a establecer que para una suma específica de dinero debían secuestrar a un número determinado de personas.

Se suponía que sobre el cautiverio había una orden general de no asesinar al secuestrado. Sin embargo, en otros casos se establecieron pedidos específicos de ejecución. “Autorización en caso de no pago o en intento de fuga si no se podía recuperar a la persona. La persona que estaba secuestrada valía un dinero, si el dinero se estaba escapando la primera orden es recuperar, solo si no es imposible recuperarlo tenía autorización de matarlo”, explicó la magistrada.

En el año 2000, dentro de la zona de distensión en San Vicente del Caguán, las Farc divulgaron las denominadas Leyes 002 y 003. La primera, “sobre la tributación”, pretendía corregir las graves faltas que el país le reprochaba a la guerrilla por el secuestro, estableciendo el denominado “impuesto para la paz” a personas cuyo patrimonio fuera superior al millón de dólares estadounidenses, lo que en la práctica nunca se siguió. La segunda fue sobre “corrupción administrativa”: si había reportes de que un funcionario público hubiera incurrido en actos de corrupción sería secuestrado.

“Hemos tenido víctimas que han llegado a contarnos que aún siguen pagando deudas que adquirieron para pagar el secuestro. Otras, haber tenido que vender todos sus bienes, quedándose sin proyecto de vida, sin tener como sostener a sus familias y lo que nos duele, sin tener cómo garantizar la educación a sus hijos”, lamentó la magistrada Lemaitre.

Varias víctimas son el reflejo de la ruina, el desgaste emocional y la fragilidad psicológica. Jonathan Mulford ha hecho su vida con entereza, pero no puede evitar llorar cuando habla de su plagio. El Frente 37 de la Farc lo secuestró junto a sus tres hermanos, un primo y su madre, cuando él tenía solo 11 años en el municipio del Plato, Magdalena.Tras pagar la extorsión —mil millones de pesos—, volvieron a la libertad.

“Pastor, Pablo, Milton, Rodrigo, Rodrigo Londoña, Jaime Alberto, Julián Gallo: tienen un reto para transformar y cambiar a todos los colombianos ese sentimiento de odio generalizado que generaron en todos nosotros, esa semilla de terror, de temor y de pánico; tienen ese reto de transformarla en paz, amor y perdón”, comprometió Mulford.

Ese mismo ánimo propositivo lo siguieron otras víctimas. “Sé que al señor Rodrigo Granda le decían el ‘canciller de las Farc’. Qué chévere que ahora no fuera el ‘canciller de las Farc’, sino el ‘canciller de las víctimas’”, le expresó Héctor Mahecha a quien en la guerra fue conocido como ‘Ricardo Téllez’.

Fines de control social y territorial

Foto: Karina Gómez.

Según pudo determinar el tribunal de justicia transicional, en el proceso de expansión territorial de los años ochenta y noventa de esta guerrilla, se adoptó una política de control de los territorios y de los corredores de movilidad, expulsando a autoridades civiles y líderes que no fueran afines a sus ideales político y sociales de las comunidades.

Esto ocasionó que los altos mandos de las Farc le dieran el poder a todo tipo de comandantes, y ellos a sus subalternos, de controlar a como dé lugar los territorios. Para eso impartieron órdenes a milicianos de vigilar las regiones para asegurar ese control. Luego les suministraron armas para el mismo fin. “La paranoia: que cualquier persona de la zona era un enemigo”, precisó la magistrada.

“Charlas guerrilleras, retenes en las carreteras, registros en los municipios, sanciones de incumplimiento de normas sociales o verificaciones de identidad fueron parte de prácticas que se incorporaron en el diario vivir de muchas personas que habitan o circulan por zonas en donde el Estado carecía de presencia”, señaló el procurador delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta.

Eso derivó en que los comandantes de los frentes privaran de la libertad a los civiles que transitaban por las zonas bajo su dominio, plagios que en muchos casos terminaron en el asesinato y desaparición de las víctimas.

“Para los comandantes de los frentes y para los milicianos no había razones para preservarles la vida a estas personas que no eran de la zona, sobre las cuales se tenía la sospecha que podrían ser un enemigo, un colaborador, un infiltrado. Así ejercieron su autoridad y su dominio”, dijo la magistrada Lemaitre.

La togada también resaltó que ese control territorial incluyó trabajos forzados o abuso sexual de las personas secuestradas y una falsa atmósfera de camaradería que se imaginaba la guerrilla con las comunidades que colaboraban informando los movimientos de la región, pues siendo actores armados, la verdadera relación con las comunidades era de subordinación.

Dentro de los trabajos forzados se obligaba a prestar servicios a las estructuras guerrilleras como curaciones, preparación de alimentos, construcción de carreteras, prácticas agrícolas o transportando a sus unidades, entre otra; además de afectar las prácticas culturales de los pueblos indígenas y su relación con el territorio, señala el ministerio público.

“Existen varios casos en los que menores de edad, personas de la tercera edad, personas con discapacidad o miembros de comunidades religiosas fueron privados de su libertad con el fin de controlar los territorios, a pesar de la vulnerabilidad en las que se encontraban”, señaló el Procurador delegado en esa audiencia.

“Muchas veces no lo leíamos como secuestro”, reconoció Pastor Alape, pero ahora aceptó que el hecho de confinar a personas en sus veredas o llevar a alguien a desarrollar algún trabajo contra su voluntad, eran privaciones de la libertad.

El Procurador señaló que cerca del 50 por ciento de los casos de este patrón se produjeron en las vías del país y tras la invasión de los hogares de las víctimas, “violando su intimidad, eliminando su espacio seguro y causando daños que incluso perduran hasta hoy”.

Para los exguerrilleros, este fue uno de los patrones que más los tomó por sorpresa: “El secuestro tiene el mismo dolor, pero este tiene un mayor dolor porque afectamos a la gente más humilde del pueblo colombiano”, dijo Londoño.

Cuando sospechaban que un civil fuera un infiltrado del paramilitarismo o del Estado, lo retenían para ser interrogado o asesinarlo. Muchas veces estas decisiones quedaron bajo la discreción del comandante encargado, quien tenía la orden general del Secretariado de no tener en sus territorios infiltrados.

Sin entrar a dar mayores detalles, la magistratura señaló que uno de los patrones en los que más víctimas había acreditadas era precisamente este. Alexander Vladimir Bayona Camacho es el padre de Alex Bayona Camacho, uno de los dos jóvenes universitarios secuestrados el 18 de marzo del 2000 en Palmira, Valle del Cauca.

Ambos eran estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional. La explicación del porqué su plagio y desaparición es vaga. ‘Pablo Catatumbo’ lo resumió en una frase: “En muchas áreas donde había confrontación, ocurría eso: persona que era desconocida se desaparecía”.

Los exjefes guerrilleros resaltaron que la expansión paramilitar en varios de los territorios que controlaban abonó a la despiadada y delirante decisión de controlar a toda costa el territorio.

Es el caso de Valle del Cauca, en donde los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, con apoyo de sectores económicos, políticos, sociales y de Fuerza Pública impulsaron la creación del Bloque Calima que atacó a la guerrilla asentada en los departamentos del Valle, Cauca, Quindío y Huila. (Leer más en: Bloque Calima, un ‘depredador’ paramilitar marcado por el narcotráfico y La antesala de la llegada de los paramilitares al Valle del Cauca)

“Deme esa oportunidad de irme de este mundo sabiendo dónde enterré a mi hijo”, le pidió Vladimir Bayona a ‘Pablo Catatumbo’ al borde del llanto: “A pesar del daño que me hicieron, no los odio, pero no los puedo perdonar hasta tanto no vea a mi hijo y saber a dónde le puedo ir a rezar un padre nuestro o un ave maría”.

Según el procurador Jairo Acosta, se logró evidenciar que el grupo guerrillero no verificaba rigurosamente la información que le suministraban terceros sobre la supuesta amenaza que representaban las personas que iban a plagiar por ser extraños de la región.

Una de las preguntas que tiene Héctor Darío Muriel es qué amenaza representaba él y sus amigos. El 8 de diciembre de 2001, mientras se encontraban con tres compañeros pescando en el río Arroyo Hondo, entre Antioquia y Caldas, fueron secuestrados por el Frente 47 de las Farc al mando de alias ‘Karina’ y ‘Caliche’.

Después de un tiempo, logró escapar junto a sus compañeros de cautiverio. Mientras la guerrilla los perseguía, mató a uno. Al otro le disparó en un pie. Muriel, como pudo, se lo echó encima para escapar juntos, pero unos metros más adelante el murmullo de la llegada de los guerrilleros advertía su fin. Por eso, el compañero de Muriel le dijo que lo dejara y que escapara. Así lo hizo y logró salvarse, pero siempre cargo la culpa de haber abandonado a su amigo.

“Yo le digo, don Héctor, no es usted el criminal, fuimos nosotros. Y si usted no se escapa, hoy sería su esposa la que estaría sufriendo este dolor y nosotros dirigiéndonos a su esposa”, le respondió ‘Pastor Alape’.

Hacia la reparación

Foto: Karina Gómez.

Como lo recordó la magistratura, los reconocimientos de los comparecientes del antiguo Secretariado de las Farc serán evaluados bajo dimensiones fácticas, en donde reconozcan su responsabilidad individual y la configuración de la política criminal; jurídicas, el reconocimiento de la gravedad de las conductas imputadas y que no son amnistiables; y restaurativas, que darán cuenta de la voluntad de resarcir y no repetir los graves crímenes.

Muchos de los reconocimientos de los comparecientes se centraron en la “omisión” de controlar las acciones de las tropas bajo su mando y se comprometieron a seguir trabajando por la búsqueda de los desaparecidos y el conseguir información de cada caso.

“Nosotros venimos a reconocer que nos desviamos de nuestras visiones, de nuestros compromisos, de lo que caracterizó el proyecto político y en ese relacionamiento con la población civil que era el centro de nuestra lucha, cometimos estos crímenes”, reconoció Pastor Alape.

Londoño lo complementó: “Fueron hechos que se desarrollaron dentro de una política establecida, pero aquí, las versiones, la práctica, los resultados demuestran que jamás controlamos cómo se aplicaba esa política, si se enmarca dentro de los principios y los criterios que teníamos establecidos”.

La sensación que dejaron las intervenciones de los exguerrilleros es variada. Algunas víctimas ven lejana la posibilidad de perdonar. Otras, dejan abierta la puerta si obtienen verdad y encuentran los cuerpos de sus seres queridos.

Una de las que quiso perdonar a cambio de verdad fue Diva Cristina Díaz, hija de Juan Antonio Díaz Calderón, secuestrado por el Frente 13 de la Farc y a quien mantuvieron en la llamada zona de distensión.

En lo que varios concordaron es que faltaron muchos detalles por ser aclarados. La respuesta de la magistrada Lemaitre y de los antiguos miembros del Secretariado es que esperan que en varios casos se puedan conocer más detalles en las audiencias territoriales con los mandos medios que se acogieron al proceso y siguen con vida.

“Quiero enviar un mensaje a los compañeros de los ETCR que nos están escuchando —dijo ‘Pablo Catatumbo’—: no hay que tenerlo miedo a la verdad, es un compromiso que asumimos, que ayuda a aliviar el dolor de las víctimas y que todos tenemos que contribuir, con lo que sabemos que ocurrió, a la verdad. Colombia, las víctimas, el proceso de paz requieren verdad completa”, en especial sobre las víctimas que permanecen desaparecidas.

Violencia sexual y de género, persiste la deuda

Foto: Karina Gómez.

Las audiencias voluntarias de los exintegrantes del Secretariado ante la JEP y el Auto 019 con el que la Sala de Reconocimiento los acusó de ser responsables de los hechos documentados en el Caso 01, despertaron incertidumbres y cuestionamientos por parte de algunas víctimas, abogados defensores y organizaciones de derechos humanos. ¿La razón? La falta de implementación de un enfoque de género que diera cuenta de patrones de sistematicidad de violencia sexual y agresiones contra personas LGBT en cautiverio, a la que se sumó la negación de ese tipo crímenes por parte de los exjefes de las Farc.

La Sala de Reconocimiento determinó que ante la poca información que recolectó sobre agresiones sexuales, esa violencia fue “aislada”, y a lo largo de las 322 páginas de su auto de acusación no hizo ni una mención de víctimas LGBT. Por esa razón, había la expectativa de que esa situación fuera enmendada y que los miembros del antiguo Secretariado reconocieran que esos hechos sí ocurrieron o que la magistratura los pusiera de presente. (Leer más en: Violencia sexual durante el secuestro, ¿un crimen invisible en la JEP?)

El único caso de violencia sexual tratado durante los tres días de audiencia fue el del policía Olmes Johan Duque, porque hizo parte de los casos relacionados con secuestro de uniformados con fines de canjes con guerrilleros presos.

Daniel Vargas, coordinador del Equipo de Acompañamiento y Representación Común ante la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a víctimas del Caso 01, considera que la audiencia de reconocimiento de responsabilidad fue un paso muy importante para que el país comprenda la dimensión del secuestro y es la materialización del Acuerdo de Paz.

Sin embargo, lamentó que, nuevamente, los hechos de violencia sexual y de género quedaran de lado. “Esperábamos que el Secretariado de las Farc hiciera alusión, pero sólo se trató el caso del policía Olmes. Es un tratamiento residual porque la magnitud de los casos es enorme y las violaciones que cometieron las Farc están siendo invisibilizadas. Hizo mucha falta y es necesario que hagan un reconocimiento más amplio, específico e integrado, de los casos de violencia sexual que ocurrieron”, señaló.

Y agregó: “Hay un déficit porque queda en el aire que ellos no sabían absolutamente nada de eso. No creo que su nivel de comandancia en la organización no les permitiera saber y por alguna razón no están queriendo hacer un aporte real a la verdad”.

Para María Susana Peralta Ramón, abogada lesbiana y feminista, coordinadora del Área de Paz y Justicia Transicional de Colombia Diversa, la JEP le está incumpliendo sus promesas a las víctimas de violencia sexual, de violencia reproductiva y de otros crímenes motivados en la sexualidad. ¿La razón? Porque en el Acuerdo de Paz hay un mandato explícito de vincular el enfoque de género en todo lo que se haga en el proceso de justicia transicional y no lo está acatando.

“El enfoque de género no es poner la bandera gay en Twitter en el mes del Orgullo ni escoger cierta cantidad de mujeres en algunos de cargos, el enfoque de género involucra una transformación de las instituciones tradicionales y lo que está pasando en el Caso 01 es el mejor ejemplo de que no está ocurriendo”, indicó.

“Ahí está la muestra -prosigue- de que, si uno pregunta sin enfoque de género, no practica pruebas con enfoque de género y no busca a la busca a las víctimas de violencias basada en género, pues no va encontrar verdad en estos hechos, porque además los comparecientes tampoco están aportando verdad”.

Por esa razón, recordó que Colombia Diversa, junto con Sisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres, Women´s Link y la Corporación Humanas, desde la Alianza Cinco Claves, han pedido desde hace cuatro años que la JEP abra un macrocaso nacional sobre violencia sexual.

“Hablar de este tema es complejo y se necesita una nueva metodología, crítica, formas creativas de ver y hacer el derecho, alguna forma estratégica de persuadir a los comparecientes de aportar verdad. Pero por ahora nadie lo está haciendo: ni los comparecientes ni la JEP. Y las víctimas siguen esperando”, planteó.

Vargas, de la CCJ, alertó que dejar pasar los casos de violencia sexual y de género en el proceso de los integrantes del Secretariado, para ser tratados en las instancias de mandos medios y de guerrilleros rasos, puede causar que no respondan por ellos.

“Hay una dificultad cuando se investiga de arriba hacia abajo y es que cuando vas a indagar, los de abajo puede que saquen información que vincule a los de arriba. Y si el Secretariado jurídicamente resolviera su situación en ese punto, tendríamos problemas para volverlos a llamar”, explicó.

De ese modo, señaló que su equipo de litigio procurará en los próximos 15 días, que tienen de plazo para hacer observaciones, pedirle a la JEP que siga requiriendo a los otrora jefes máximos de las Farc por esos temas: “Ellos asumieron demasiados compromisos en la audiencia porque no tenían herramientas para responderle a la gente. Entonces esto tiene que verificarse más adelante”.

Por otro lado, Peralta resaltó que en Colombia Diversa han documentado que las personas LGBT sufrían tipos de violencia específica por cuestionen de su identidad sexual. “Sabemos que hubo personas LGBT víctimas de secuestro con implicaciones específicas; hemos encontrado que el patrón más probable es que la violencia en tu contra, si eres LGBT, se intensifique y empeore.”

Y planteó la siguiente situación como ejemplo: “Si a todo el mundo lo están haciendo caminar diez kilómetros, a ti te harán caminar eso diez kilómetros, pero descalzo. ‘¡Eso le pasa por marica!’, le van a decir en todo el camino. Ese es el tipo de cosas que hemos descubierto que ocurrieron en el conflicto armado y que no se están tratando en la JEP”.

También lamentó que la metodología de ese tribunal se base en recoger información de procesos de la justicia ordinaria, espacio en el que hay un gran subregistro porque las víctimas de violencia sexual no suelen denunciar para evitar se estigmatizadas; situación que también ocurre con personas LGBTI, que suelen ser revictimizadas.

“No pueden esperar que llegue información de procesos ordinarios previos o que las personas LGBT lleguen con una cantidad de información tecnificada y organizada lista para que las magistradas de la JEP la implementen. No. Ese trabajo hay hacerlo desde cero”, afirmó.

También cuestionó que la oferta de apoyo que ha realizado Colombia Diversa ha sido desestimada y que no se le ha permitido participar en la representación de víctimas. Lo refiere porque desde septiembre del año pasado están a la espera de que una víctima sea acreditada como tal y hasta ahora no ha recibido respuesta alguna.

“¿Cómo es posible que si este macrocaso no tiene ninguna información de personas LGBT y Colombia Diversa le dice déjeme participar representado a una víctima gay, el despacho no diga nada? Me parece que no les importan y prefieren que no estén las personas LGBT”.

Y agregó: “Eso es grave porque primero, están incumpliendo su mandato legal y constitucional; y segundo, porque así no vamos a poder construir la paz. Si dejamos a las mujeres y la personas LGBT por fuera de la justicia, no nos vamos a poder reconciliar porque el género y la sexualidad fueron importantes canales sobre los que se gestó el conflicto armado y tenemos que resolverlos”.

Para el devenir de los casos de secuestros que está procesando la JEP, Vargas indica que desde la CCJ harán énfasis en las audiencias territoriales, con mandos medios y la base guerrillera que está compareciendo ante ese tribunal transicional, sin dejar de lado la responsabilidad máxima de los integrantes del Secretariado.

“La apuesta sigue siendo la misma. El aceptar hechos simplemente por comandancia deja un sinsabor: aceptan por aceptar, pero realmente no hay respuesta particular. Hay situaciones que ellos conocieron y toleraron, quizás no dieron la orden, pero permitieron que la guerra se desarrollara así”, reiteró.