Los orígenes y el final de ese grupo armado ilegal, surgido de las entrañas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), estuvieron influenciados por capos del Cartel del Norte del Valle. Informe de la Dirección de Acuerdos para la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica, reconstruyó en detalle la estela de muerte y terror que dejó en el suroccidente colombiano. Arroja nuevas luces para comprender y dimensionar su accionar.

En el imaginario colectivo está presente que las Accu, la estructura paramilitar que los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil expandieron desde la región de Urabá a diferentes departamentos del país, llegaron a Valle del Cauca como parte de su lucha antisubversiva. Las denominadas ‘pescas milagrosas’ o secuestros masivos que las Farc y el Eln realizaron previamente en el kilómetro 18 de la Vía al Mar y en la iglesia La María de Cali, respectivamente, ayudan a reforzar dicha noción.

A mediados de 1999 los Castaño Gil enviaron a 50 hombres procedentes de sus escuelas de entrenamiento, bajo el mando de alias ‘Rafa Putumayo’, al centro de la región montañosa del departamento para iniciar su guerra antisubversiva. Conforme pasaron los años y con varios cambios en su cúpula, ese grupo armado fue bautizado como Bloque Calima y se extendió a los departamentos de Cauca, Quindío, Huila y Antioquia -cuando estalló la guerra fratricida contra el Bloque Metro de alias ‘Doble Cero’-. Finalmente se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004, bajo el proceso de Justicia y Paz que el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) adelantó con las organizaciones armadas que hacían parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En la víspera de cumplirse el decimonoveno aniversario del primer crimen que se atribuyó ese extinto grupo paramilitar, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), por medio de su Dirección de Acuerdos para la Verdad (DAV), encargada de recibir el testimonio extrajudicial de los desmovilizados que no cometieron crímenes de guerra ni de lesa humanidad, publicó el informe Bloque Calima de las AUC, depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano.

El punto más interesante de ese documento plantea que el paramilitarismo llegó a Valle del Cauca más ligado al narcotráfico que a la supuesta lucha antisubversiva de las Auc. Para sustentar esa tesis, se recopilaron, por más de dos años, testimonios de decenas de excombatientes y exjefes del Bloque Calima en prisión; se realizaron trabajos de campo para dialogar con víctimas del conflicto armado; y se hizo una detallada revisión de sentencias, expedientes judiciales, piezas periodísticas e investigaciones académicas.

En este artículo, VerdadAbierta.com reseña los planteamientos más novedosos del informe y al final presenta una recopilación de los artículos publicados en este portal sobre el accionar y la expansión del grupo armado responsable del vaciamiento de veredas en el centro de Valle del Cauca, de la cruenta masacre del Naya y de la toma de Barragán, entre otros, que durante cinco años llenaron de luto el suroccidente colombiano. Durante ese periodo cometió 119 masacres.

El factor ‘narco’

Alias 'Don Diego'
Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’, fue extraditado a Estados Unidos el 12 de diciembre de 2008 para ser juzgado por cargos de narcotráfico.

Para caracterizar al Bloque Calima, los investigadores del informe establecen, previamente, que en la estructura de las Auc había algunos bloques más afines a la postura antisubversiva promovida por Carlos Castaño, y otros más cercanos a su hermano Vicente, cuyo interés principal era el negocio del narcotráfico. Y entre esos últimos se encontraba el grupo que conformaron a mediados de 1999 en Valle del Cauca.

Ese planteamiento es reforzado por el testimonio voluntario que Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, exjefe militar y segundo al mando de esa estructura armada, le dio a la DAV: “Las personas que llegamos hasta el departamento del Valle éramos gente de confianza de Vicente Castaño, más que de Carlos, porque estaba ‘Rafa Putumayo’, una persona muy [a]llegada a Vicente (…) Porque Vicente era una persona como más [a]llegada al narcotráfico, entonces ‘Rafa Putumayo’ conocía muchos narcotraficantes, entonces por eso era más [a]llegado a Vicente. Y Carlos, cuando eso, Carlos casi con narcos no, no compartía casi con los narcotraficantes, pero entonces Vicente sí”.

Así, la primera avanzada de las Accu en Valle del Cauca contó como principal financiador a Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’, uno de los capos del Cartel del Norte del Valle. De ello también da cuenta ‘El Cura’: “Como yo lo he dicho, Diego Montoya fue el primero que comenzó a financiar a este grupo de Autodefensas que llegamos (…) Diego Montoya siempre financió ese Bloque, siempre, desde que llegó lo financió. Primero, él fue el que dio los primeros fusiles que tuvo el Bloque Calima. Segundo, él era el que pagaba la nómina a las personas que llegábamos, lo que era medicina, alimentación, todo”.

Otro desmovilizado que habló con la condición de preservar su anonimato, contó a los investigadores del informe que cuando el Bloque Calima llegó al Valle del Cauca, “los primeros 50 (hombres), fueron traídos prácticamente por el patrocinio de Diego Montoya; ellos llegaron prácticamente fue como a prestarle seguridad a la zona, que era de ‘Don Diego’”.

De ese modo, y como lo corrobora ‘El Cura’, las Accu arribaron a ese departamento con una vocación menos contrainsurgente que en otras regiones: “Entonces no [fue] como dicen de (Sic) que nosotros vinimos a respaldarlos de la guerrilla. Todos estos grupos irregulares ¡veníamos era a quitarle las finanzas a la guerrilla pa´ cogerla otro grupo irregular, armado! (…) ¡Veníamos era a pelear lo que ellos le daban a un grupo, entonces veníamos era a que nos lo dieran a nosotros! (…) Entonces nunca vinimos a liberar a la población civil (…) Teníamos era como un negocio”.

¿Por qué los ‘narcos’ importaron ‘paras’?

Valle del Cauca
El informe del CNMH también refiere que empresarios de la región auspiciaron al Bloque Calima, salvo que en este apartado, el artículo se enfoca en el rol del Cartel del Norte del Valle. Foto: archivo Semana.

Desde finales de la década de los ochenta, el departamento de Valle del Cauca ya había padecido la violencia de ejércitos privados asociados al narcotráfico que, con la complicidad de miembros de la Fuerza Pública, como sucedió con Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, y Arturo de Jesús Herrera Saldarriaga, alias ‘Bananas’, sometieron a las poblaciones de Trujillo y Riofrío, respectivamente.

Según el CNMH, ese antecedente “permitió el arribo de las tropas del Bloque Calima a distintos municipios del centro de Valle del Cauca, por solicitud de ‘Don Diego’ y otros narcotraficantes y hacendados afines a este capo, quienes se veían afectados por las acciones de los grupos guerrilleros y se sentían amenazados por los resultados de la movilización social. Dicha movilización partía de la existencia de reivindicaciones territoriales de sectores obreros, campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes”.

En esa región, como ha ocurrido en otras partes de Colombia, la tenencia de tierra ha estado ligada a la violencia, aunque en este caso tuvo una escala mayor porque de por medio están las boyantes arcas de narcotraficantes y sus negocios adicionales.

Para explicar sus intereses en predios rurales en el centro y el norte de Valle del Cauca, el informe cita al investigador Alejandro Reyes: “Para ellos ha sido una forma expedita de blanquear capitales ilícitos, acumular un ahorro valorizable, disponer de áreas de seguridad y refugio, e incluso tener una infraestructura de laboratorios y pistas aéreas para la operación del negocio de las drogas (…) Puede afirmarse que la apropiación de tierras tiene la lógica económica de ser un ahorro a largo plazo, que se valoriza con la inversión pública, y la lógica social de representar uno de los fundamentos principales del dominio regional”.

Y ese interés por hacerse de propiedades rurales se refleja en cifras. Para 2009, Valle del Cauca fue el departamento con el mayor porcentaje de municipios en donde se registraron compras de tierras por parte de narcotraficantes entre 1980 y 1995. Además, un año antes, los registros de la Dirección Nacional de Estupefacientes daban cuenta de que la mayoría de los 5.248 bienes que tenía en su poder relacionados con narcotraficantes, estaban en ese departamento.

Por esa razón, el informe concluye que, “a partir de contribuciones voluntarias -de excombatientes a la DAV-, se puede afirmar que la llegada del Bloque Calima al centro del Valle del Cauca estuvo más relacionada con el deseo de los narcotraficantes de enfrentar las acciones de la guerrilla y contener su expansión que con fines políticos de inclusión en una posible negociación”.

Además, complementa ese planteamiento teniendo en cuenta el fortalecimiento que tuvieron los grupos guerrilleros hacia finales de los noventa, el cual “volvió insuficiente el esquema de protección de los narcotraficantes a través de sus ejércitos privados de sicarios, lo que los llevó a la consolidación de alianzas con organizaciones criminales más estructuradas como los grupos paramilitares”.

Un ejército de ocupación

Carlos y Vicente Castaño Gil, jefes de las Accu
Carlos y Vicente Castaño Gil, jefes de las Accu. El primero fue asesinado por orden del segundo durante las negociaciones de paz; después de las desmovilizaciones Vicente también fue asesinado por sus socios. Fotos: archivo Semana.

Esta investigación definió al Bloque Calima como un “ejército irregular de ocupación”. Entre sus características destaca que sus primeros jefes fueron miembros retirados del Ejército Nacional y que la mayoría de su tropa y mandos medios procedía de Córdoba y Urabá.

Por ese último motivo, las Accu arribaron a Valle del Cauca una estrategia de “romper zona”, basada en la directriz de atacar con “violencia extrema a la población de territorios con presencia histórica o reciente de las guerrillas, así como los modos particulares de actuación que combinaban repertorios de violencia asociados al exterminio, el ataque, el sometimiento y el desplazamiento forzado de pobladores”.

De ese modo buscaron desarticular los supuestos nexos entre las poblaciones y las guerrillas, y de paso dejarlos sin corredores de suministros logísticos, para copar territorios. De acuerdo con el CNHM, quienes llevaron la peor parte fueron los civiles, quienes padecieron una grave crisis humanitaria en el centro y suroriente del Valle del Cauca, el norte del Cauca, la región Pacífica de ambos departamentos y en cierto grado el centro y sur del Cauca. Al igual que algunos municipios de Huila, Quindío y Antioquia.

Sobre esa actitud depredadora y su relación con narcotraficantes, el informe indica que a pesar de que la guerrilla era un enemigo común, su alianza fue simbiótica y no propiamente contrainsurgente: “Los narcos financiaron a los paramilitares sencillamente porque la protección que brindaban permitía la expansión y consolidación del negocio, así como la consolidación de su proyecto de control territorial. Incluso las masacres cometidas a finales de los ochenta y la primera mitad de los noventa en el centro y el norte del Valle del Cauca (Riofrío y Trujillo, entre otros) fueron justificadas con argumentos contrainsurgentes a pesar de que las víctimas hacían parte de la población ajena a las hostilidades”.

Para perpetrar sus acciones los paramilitares contaron con el apoyo, por acción u omisión, de algunos miembros de la Fuerza Pública. De hecho, la investigación señala que, desde sus primeros días en el departamento, tuvieron coordinación con algunos de ellos y citan un testimonio de ‘El Cura’ al respecto: “Como le digo, lo he dicho en las versiones -ante la Fiscalía de Justicia y Paz-, en varias diligencias, siempre eso [la información] nos la daba era la Fuerza Pública: Ejército, Policía, DAS. Es decir, que nosotros en Tuluá teníamos un conocido desde la Policía porque a nosotros [el] que nos relacionó primero allá fue ‘Don Diego’ con las Fuerzas Armadas y Policía”.

El 4 de junio de 2014, en una audiencia de formulación de cargos ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía expuso los nexos que llegó a entablar el grupo de los Castaño Gil con agentes del orden público para cometer sus crímenes: “En un 49 por ciento de los hechos [del Bloque Calima], que se pudieron verificar, hubo participación de la Fuerza Pública. En un 12 por ciento hubo colaboración de más de una autoridad, que permitían el ingreso a las zonas y la presencia de los grupos comandados por Veloza García. La presencia urbana no se hubiera podido dar si no hubiera sido por la acción u omisión de la Fuerza Pública”.

Y entre los nombres de oficiales que presuntamente estuvieron ligados con el Bloque Calima están el general (r) Francisco René Pedraza Peláez, el teniente coronel Tony Alberto Vargas Petecua, el capitán (r) Mauricio Zambrano Castro, el general (r) Jaime Ernesto Canal Albán y el coronel Jorge Alberto Amor Páez.

Por otro lado, contrariando la versión de ‘El Cura’ sobre una igualdad militar entre la guerrilla y el grupo del que llegó a ser su segundo al mando, la DAV estableció por medio de testimonios de decenas de excombatientes que el naciente Bloque Calima no fue sobresaliente en términos militares debido a la inferioridad numérica y táctica de sus primeros años de operación, y al desconocimiento de los territorios. Y eso “los llevó a una actividad bélica limitada y poco frecuente, razón por la cual la alianza con la Fuerza Pública fue primordial a la hora de ingresar a una zona y obtener beneficios mutuos”.

De ese modo, plantea, no fue la confrontación abierta lo que les permitió arrebatarles territorios a la subversión, sino su estrategia de poner en la mira a la población civil, señalándola de simpatizar o colaborar con la subversión. “Bajo ese argumento, al igual que en las demás regiones del país donde operaron, los paramilitares cometieron cientos de masacres, asesinatos, amenazas, abusos sexuales y demás infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, refiere el informe.

Es así como las primeras víctimas que se atribuyen los paramilitares provenientes de Urabá son Orlando Urrea Hurtado y su hija Sandra Patricia, asesinados el 31 de julio de 1999 en el corregimiento La Moralia, de Tuluá, durante las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. Fueron ejecutados porque un informante señaló a la mujer de ser la supuesta novia de alias ‘Óscar’, uno de los jefes del Frente 6 de las Farc en la región. Sin embargo, como resalta el CNMH, ambas víctimas pertenecían a la organización campesina de Los Yarumos, casi aniquilada por los paramilitares, al igual que otras organizaciones sociales del centro del Valle del Cauca.

A partir de allí, los paramilitares dejaron una estela de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados en el centro del departamento. Para mediados del año siguiente, se conformaría el Bloque Calima como tal y tras un drástico relevo en su comandancia, la cual le fue delegada a Éver Veloza García, alias ‘HH’, tendría su primera gran expansión, llegando a Buenaventura y al vecino departamento de Cauca. (Consulte la selección de artículos al final de este texto para ahondar más sobre el tema)

Entre ‘narcos’ y empresarios

Éver Veloza García, alias ‘HH’, jefe del Bloque Calima, instantes previos a ser extraditado. El pasado 26 de diciembre fue deportado a Colombia tras cumplir su pena por narcotráfico en Estados Unidos. Foto: archivo Semana.

El traslado de ‘HH’ del Bloque Bananero al Calima, además de marcar un punto de inflexión en el conflicto armado de la región, también pone en evidencia la relación de ese grupo armado con narcotraficantes y empresarios locales. Según trascendió en las versiones libres de Justicia y Paz, Veloza García asumió las riendas del grupo paramilitar de Valle del Cauca por las quejas de algunos empresarios ante los Castaño, porque David Hernández Rojas, alias ’39’, su antecesor, no estaba combatiendo efectivamente a la guerrilla y se encontraba al servicio de los narcotraficantes de la región.

Según la investigación, una de las primeras cosas que hizo el nuevo jefe del Bloque Calima fue buscar nuevos financiadores e incrementar el monto exigido a las élites legales e ilegales que aportaban: “En primera instancia se reunió con varios empresarios, quienes acordaron entregar 250 millones de pesos a alias ‘Gordo Pepe’ (Byron Alfredo Jiménez Castañeda), exsecretario de Vicente Castaño. Entre los asistentes al encuentro estaban María Clara Naranjo Palau, gerente del Ingenio San Carlos; Bernardo Tezna y Andrés Orozco, compañero sentimental de Naranjo; Luis Fernando Castro, ganadero y expresidente de la Plaza de Toros de Cali; Manuel Mosquera, tío del exgobernador de Cauca Juan José Chaux Mosquera; y el periodista Mario Fernando Prado. La reunión fue auspiciada por el empresario Édgar Lenis Garrido y se llevó a cabo en la finca El Corcovado, que estaba ubicada en Buenos Aires (Cauca) y era propiedad de Manuel Mosquera”.

Dichos nombres fueron mencionados por ‘HH’ en diferentes audiencias de Justicia y Paz antes de ser extraditado a Estados Unidos en marzo de 2009, cuya justicia lo terminó condenando por cargos asociados al tráfico de drogas. No obstante, la justicia ordinaria colombiana, encargada de procesar a las terceras personas mencionadas por desmovilizados en sus versiones libres, poco o nada han hecho para corroborar o descartar esas afirmaciones.

A lo largo de su historia, el apoyo financiero que recibieron los paramilitares en Valle del Cauca fue fluctuante, y por momentos recibían más aportes de un sector o del otro. “Jefes paramilitares como Vicente Castaño, ‘Monoleche’ y ‘HH’ aseguraron que las personas que inicialmente se comprometieron a patrocinar al Bloque Calima retiraron su apoyo pronto, así que decidieron recurrir de nuevo a los narcotraficantes para conseguir recursos”, detalla el informe.

“Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ o ‘Adolfo Paz’, Vicente Castaño, ‘HH’ e Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, se reunieron con industriales, ganaderos, comerciantes y narcotraficantes, entre los que estaban ‘Don Diego’, Arcángel de Jesús Henao, alias ‘El Mocho’, ‘Monito’ o ‘Money’; Luis Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’; y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordolindo’. En el encuentro, que se llevó a cabo en una finca en Cartago que pertenecía a Henao, presentaron a ‘HH’ como nuevo comandante del Bloque y pidieron apoyo económico para expandir el grupo y combatir a la subversión en otros territorios”, indica al respecto.

En relación a esa mezcla de aportantes entre narcotraficantes y empresarios, el informe señala que debido al fenómeno del testaferrato, es difícil establecer si los presuntos hacendados involucrados en la “importación” del Bloque Calima desde Córdoba y Urabá eran ganaderos o si algunos también estaban relacionados con las actividades del narcotráfico: “De un lado, ‘El Cura’ afirmó que, si bien ‘Don Diego’ fue el principal financiador del Bloque Calima, el total de los recursos aportados para la operación del bloque paramilitar provenía de varias personas”.

El CNMH recoge tres versiones sobre el apoyo que ‘Don Diego’ le suministró al grupo de los Castaño: la de ‘El Cura’, quien señala que fue permanente desde sus orígenes; la del exjefe financiero del Bloque Calima, quien señala que fue hasta 2002 porque el grupo se negó a involucrarse en la guerra que libraba contra Wilber Varela, alias ‘Jabón’, otro capo del Cartel del Norte del Valle; y la del propio Diego León Montoya, quien en una declaración ante la Corte Suprema de Justicia afirmó que su financiación fue temporal. “Según su versión, él llevó al Bloque Calima (aunque no lo denomina de esa manera) a partir de un acuerdo con los Castaño, lo devolvió definitivamente debido a las extorsiones que realizaban a los campesinos del Valle y desde ese momento el grupo paramilitar quedó liderado por ‘HH’”, cita la investigación.

Una vez los paramilitares lograron expulsar de territorios clave a la guerrilla, como ocurrió en Buenaventura, procedieron a cobrarle gramaje a los narcotraficantes; es decir, una cuota por cada kilo de cocaína que fueran a sacar por el Pacífico. Ese pago osciló entre los 50 y los 100 dólares, en un ejercicio que el documento define como una estructura similar a la de un “control aduanero”, para garantizar que los compromisos adquiridos con los narcotraficantes se cumplieran.

Y sobre ese particular, por medio de testimonio de excombatientes que hablaron con la DAV, refuta la versión que ha sostenido ‘HH’ sobre el narcotráfico, la cual versa que sus hombres sólo dedicaron al cobro del gramaje. “(…) ponen en evidencia la participación directa del Bloque Calima en el negocio del narcotráfico, en virtud del control directo que ejercía sobre las rutas de transporte de los narcóticos y los puertos. En consecuencia, los integrantes del grupo paramilitar no eran, pues, solo cobradores de gramaje, sino que, según los siguientes testimonios, estaban involucrados en el negocio en calidad de comercializadores, es decir traficantes del narcótico ilegal”, plantea sobre los testimonios recogidos.

Finalmente, sobre financiación, el informe también describe cómo el Bloque Calima obtuvo rentas a partir del cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos, y al hurto de combustible al poliducto de Ecopetrol que pasa por Buga, en Valle del Cauca.

Impacto de la guerra entre ‘narcos’

‘HH’ en una de las ceremonias de desmovilización de las Auc, junto Luis Carlos Restrepo, entonces comisionado de Paz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La entrega de armas de los paramilitares en Valle de Cauca tuvo como telón de fondo la lucha a muerte entre Los Machos y Los Rastrojos. Foto: archivo Semana.

Así como el narcotráfico fue un factor clave para el surgimiento del Bloque Calima, también lo fue para su ocaso. En 2002 estalló una guerra en las entrañas del Cartel del Norte del Valle que enfrentó a un sector liderado por Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’, y su ejército denominado ‘Los Machos’, y el de Wilber Varela, alias ‘Jabón’, que contaba con su propio grupo armado, denominado ‘Los Rastrojos’, que aún pervive en la actualidad.

‘El Cura’ le contó a la DAV que producto de esa guerra mermaron los recursos provenientes del narcotráfico para financiar sus actividades: “Las finanzas fueron bajando, cuando se formó esa guerra entre Diego Montoya y Varela. Muchos comenzaron a matarse entre ellos, los narcotraficantes y se encargaron fue a la guerra, ya no se encargaron como a, aportar droga, entonces mermó. Eso fue finales del 2002, comienzos de 2003, por ahí, comenzaron ya. No llegaba la nómina a tiempo, porque [antes] cada mes se cumplía, se le pagaba a la gente; y [luego] ya no, fueron dos meses, tres meses fueron pasando [sin que se le pagara a la gente]”.

El informe agrega que la falta de recursos para pagar los ‘servicios’ de los integrantes del Bloque Calima, atribuida al cese del flujo dinero de ‘Don Diego’, es confirmada por el pagador del grupo paramilitar. “Ya nosotros empezamos mal con las nóminas, que ya empezamos atrasarnos en las nóminas. Atraso, atraso y ya ni se pagaba. Solamente se levantaba lo de la comida de las tropas y ya. Porque en el momento de la desmovilización se estaba debiendo casi un año de sueldo”, cita.

Sobre esa crisis financiera, el informe también contempla otro factor: “La escasez de recursos sobreviniente se debió a que en toda la trayectoria del Bloque Calima un porcentaje del dinero recaudado debía irse a las arcas de las AUC, esto es, directamente a Vicente Castaño. El crecimiento del grupo paramilitar generó, presumible, que la cantidad de dinero destinada al pago de nómina de los combatientes se redujera a medida que aumentaba su número”.

Más allá de la plata, la guerra interna entre facciones del Cartel del Norte del Valle también le pasó factura al Bloque Calima de otra forma, pues ante la negativa de tomar partido por alguno de los dos bandos, quedó en medio del fuego cruzado y varios de sus hombres fueron asesinados o seducidos para cambiar de bando. En medio de ese escenario se empezó a cocinar la desmovilización del grupo, ocurrida el 18 de diciembre de 2004, cuando 540 hombres y 24 mujeres entregaron sus armas.

Por esa razón, la desmovilización del grupo que los hermanos Castaño crearon cinco años atrás, con la ayuda de recursos del Cartel del Norte del Valle, ocurre en un contexto amenazante y de tensiones, en el cual “se evidenciaba un proceso de debilitamiento y repliegue del Bloque”. Además de la falta de recursos, en el año previo esa estructura armada recibió golpes de la guerrilla, varios de sus integrantes fueron capturados y parte de sus mejores hombres estaban en Antioquia combatiendo al Bloque Metro.

El informe del CNMH detalla el impacto de la ‘narcoguerra’ sobre la desmovilización: “La persecución y el reclutamiento de los integrantes del Bloque Calima por parte de estos actores armados emergentes convergieron en dos rasgos del proceso de desmovilización del grupo paramilitar que son evidenciados en este informe. De un lado, fueron numerosos los casos de integrantes no desmovilizados, lo cual coincide con la evidencia de integrantes del Bloque Calima vinculados a otras estructuras armadas o actividades delincuenciales que permanecieron y se consolidaron en Valle del Cauca y Cauca, paralelo a la desmovilización paramilitar. De otro lado, y según las versiones de excomandantes del Bloque Calima, muchos integrantes de esta estructura comenzaron a colaborar con Los Machos o Los Rastrojos, lo que implicó que fueran declarados enemigos por el bando contrario. Así, fueron numerosos los casos de integrantes del Bloque Calima asesinados en el marco de esta confrontación armada”.

Otro aporte de la DAV en este informe sobre la trayectoria del Bloque Calima es el posible reclutamiento de personas a última hora para cumplir una cuota mínima de combatientes a desmovilizar, acordada con el gobierno nacional. “El hecho del notorio debilitamiento y el que algunos no participaran del proceso llevó a la estructura paramilitar a ‘tapar estos huecos’, por medio de la vinculación de personas para efectos de la desmovilización (…) El 48 por ciento de las personas que hicieron parte de la muestra expresaron que días o semanas antes de la desmovilización se vincularon nuevas personas a la estructura armada.”, sustenta el documento, y agrega que “en los relatos de los Acuerdos de la Verdad se planteó que la gente que fue vinculada para desmovilizarse tenía relaciones de cercanía por amistad, parentesco o colaboración, con integrantes del Bloque Calima”.

Además, precisa que “la invitación a ingresar para engrosar la cifra de desmovilizados estuvo acompañada del ofrecimiento de los beneficios de la reintegración. Según se plantea en un relato, ‘alguien les recomendó del mismo grupo [armado], les dijeron, venga, lleve la cédula, dígame su número de cédula, los anotaron, el nombre completo para que ellos llevaran el listado para Bogotá y dijeran cuales son, entonces ya corroboraron con el listado; pero ellos nunca cogieron un arma y usted ¿para qué? No a usted le va a ir bien, le van a dar una plata y todo eso’”.

Por otro lado, el informe plantea que en el caso del Bloque Calima no hubo disidencias del proceso de desmovilización, aunque sí presentó un rápido proceso de rearme de parte de sus integrantes, quienes fueron a parar a ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, o crearon nuevos grupos armados como Francisco José Morelo, alias ‘Sarley’, y Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovanni’, quienes se desmovilizaron con ese grupo paramilitar y luego se dirigieron a Urabá para fortalecer a las nacientes Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nominadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’. También está el caso de Orlando Antonio Cuero, alias ‘El Mono’ u ‘Orejas’, quien creó La Empresa en Buenaventura, grupo responsable de extorsiones, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados.

Por esa razón, el informe valora que la desmovilización del Bloque Calima no implicó la reducción de las dinámicas de violencia y conflicto armado en Valle del Cauca o Cauca, puesto que, a diferencia de otras regiones del país, “el desmantelamiento del Bloque Calima significó para otros grupos armados presentes en la región la posibilidad de luchar de nuevo por ganar territorios estratégicos para la consolidación de su poder armado y el aseguramiento de sus actividades delictivas”.

Y agrega que “el sostenimiento e incremento de los conflictos violentos en el suroccidente del país trajo, de suyo, serias implicaciones en materia de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, ya que (…) el proceso desmovilizó y desarticuló una proporción importante de las estructuras militares de las AUC, pero no hizo lo mismo con los fenómenos criminales subyacentes y el cobro ilegal por protección, los cuales han persistido con una marcada relación con el narcotráfico y otras expresiones de la criminalidad organizada como el contrabando, la extorsión, el boleteo y el secuestro, acciones que antes realizaban bajo la sombrilla de las antiguas AUC y que hoy quedaron al descubierto sin ningún paraguas ideológico y político”.

Una de las conclusiones de esta investigación, que contribuye a la comprensión de las dinámicas de violencia que azotaron al departamento de Valle del Cauca y sus alrededores, es que “no es posible entender la existencia del Bloque Calima como estructura armada sin referencia a las motivaciones de narcotraficantes locales que justificaron su llegada al suroccidente del país, ni es posible entender los vaivenes a los que se vio sometida su supervivencia, sin hablar de las fluctuaciones que experimentaron sus finanzas por concepto del narcotráfico”. Con ello, entra a debate un nuevo argumento que va más allá de la lucha antisubversiva.


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El pueblo de Cauca que los ‘paras’ usaron como escudo humano

Para escapar de la guerrilla en la vereda El Carmen de Piendamó, los paramilitares obligaron a la población que les sirviera de escudo hasta...
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La ‘limpieza social’ de los ‘paras’ en Puerto Tejada

En esa ciudad del norte de Cauca, los hombres del Bloque Calima atacaron a pandilleros y demás personas que supuestamente atentaban contra su “orden”...
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Así desaparecieron las tropas de ‘HH’ a sus víctimas

Fiscalía de Justicia y Paz reconstruyó los métodos que paramilitares de los bloques Bananero y Calima usaron para no dejar rastro de sus asesinatos....
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Mujeres caucanas se animan a contar la peor verdad: el abuso sexual que sufrieron

Han cargado con su tragedia en silencio. Fueron violentadas y esclavizadas por hombres del Bloque Calima de las Auc en el norte del Cauca....
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Extraditado Éver Veloza, alias ‘H.H’

El ex jefe paramilitar de los bloques Calima y Bananero tendrá que responder ante la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico. Su extradición se...
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“El Gobierno quiso callarme”: Alias ‘H.H’

El exjefe paramilitar de los Bloques Bananeros y Calima dijo que el Gobierno lo extraditó para que no contara la verdad sobre los vínculos...
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Los bienes entregados por ‘HH’ no alcanzan para reparar

La mayoría de los doce bienes que entregó Éver Veloza alias ‘HH’ para reparar a las víctimas han perdido su valor por malos manejos....
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¿Qué tanto de verdad, justicia y reparación ha habido en el caso del Bloque Calima?

Investigaciones y procesos judiciales contra desmovilizados que asolaron Cauca y Valle han avanzado en la justicia transicional. Pero las víctimas consideran que después de...