La masacre que aterrorizó a San Rafael, Valle del Cauca

      
En septiembre de 1999, los paramilitares que acababan de llegar desde Urabá, recorrieron las montañas de Tuluá asesinando y torturando a sus pobladores. Once personas murieron y muchas se desplazaron por miedo.


Los paramilitares que se instalaron en la zona rural de Tuluá produjeron cientos de desplazamientos forzados por sus masacres y asesinatos de campesinos a los que tildaron como supuestos guerrilleros y colaboradores de la subversión. Foto: Semana.

La maquinaria de guerra del Bloque Calima
Los hermanos Castaño y el Bloque Calima
Así fueron las primeras masacres del Bloque Calima
          

El Corazón del Valle, como se le conoce al municipio de Tuluá por estar ubicado en el centro de ese departamento del suroccidente colombiano, recibió varias puñaladas por parte de los hombres que enviaron los hermanos Castaño y casi lo desangran. Cuando llegaron de Urabá, los paramilitares se asentaron en la zona rural de ese municipio a mediados de 1999, y desde allí se expandieron a punta de asesinatos selectivos y masacres.

Una de ellas, de las más crueles, ocurrió entre el 22 y el 25 de septiembre de 1999. Para esa fecha, un grupo de alrededor de cien hombres armados, de camuflados y con brazaletes negros con letras blancas que decían Accu (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), marcharon por diferentes veredas del corregimiento de San Rafael, llevando muerte y terror, con la ‘justificación’ de atacar a la subversión.

La Fiscalía 18 de Justicia y Paz reconstruyó cómo fueron estos crímenes, en los que los paramilitares usaron cuchillos y enterraron a sus víctimas en fosas, las cuales fueron encontradas a los días siguientes por los familiares de los asesinados. En esa incursión mataron a las personas que aparecían en un listado de supuestos colaboradores de la guerrilla y también a quienes les parecían sospechosos.

Los asesinatos comenzaron la vereda Mina Alta, en donde los paramilitares amarraron y sacaron de sus casas a Óscar de Jesús López y a Jhon Mario Valencia. Estas personas fueron encontradas al día siguiente en una fosa común en otra finca de esa vereda. Para no delatar su presencia, los hombres de las Accu degollaron a ambos hombres y evicesaron para así evitar que se salieran de las fosas.

En su recorrido de la mañana del 22 de septiembre los paramilitares llegaron a la finca El Propósito y asesinaron a los esposos Tulio Alfredo Ovando y Lesbia Giraldo Gómez, de 68 y 36 años de edad, respectivamente. Como en el caso anterior, ambos fueron degollados, evicerados y enterrados en fosas. A la señora Giraldo le sacaron un ojo, y aunque un hermano declaró que había sido violada y que le cortaron un seno, en la necropsia no se encontraron indicios sobre esos hechos.

A las 4:30 de la tarde los paramilitares instalaron un retén en sitio conocido como El Carbonero, en donde bajaron a los pasajeros de una chiva y asesinaron José Fernando Gaviria Correa, un estudiante universitario de 19 años, porque al ser cuestionado por su nombre dio uno falso -por temor-, y fue descubierto al revisarle la cédula de ciudadanía. Iba a visitar a su abuela en el corregimiento Ceilán y también fue enterrado en una fosa que fue encontrada.

Horas después, alrededor de las seis de la tarde, un grupo de paramilitares llegó a la vereda Las Olas. En ese sitio se llevaron a Luis Horacio Acevedo, un agricultor de 60 años, que estaba en su finca y la quemaron. Dos días después el cuerpo del señor Acevedo fue encontrado en una fosa con signos de tortura. Fue asesinado y enterrado en similares circunstancias a las anteriores víctimas.

Ese 22 de septiembre también fueron asesinados con armas blancas Gilberto Montes López y Brigadier Bohórquez Arroyave, ambos eran agricultores. Los cuerpos fueron encontrados dos días después en la vereda Alto de Minas en diferentes fosas. Según lo relatado por la Fiscalía de Justicia y Paz durante una audiencia de formulación de cargos en mayo de 2012, el señor Bohórquez fue desmembrado y le cortaron la cabeza.

En la mañana del 25 de septiembre, alrededor de las diez de la mañana, los paramilitares instalaron un retén e interceptaron una chiva que viajaba entre Barragán y Tuluá. Una vez más contrastaron los nombres de los pasajeros con su listado, por lo que retuvieron al conductor y a dos pasajeros que eran esposos y vendían artesanías. Ese fue el último momento en el que fueron vistos con vida, porque dos días después, un inspector de Policía encontró los cuerpos en la vereda Potrerillo. Los hombres estaban desmembrados y la mujer fue encontrada sin ropa. De acuerdo con la necropsia, todos fueron decapitados.

En versiones libres ante la Fiscalía de Justicia y Paz, Robert Oviedo Enrique Yanes, alias ‘El Chacal’, uno de los desmovilizados del Bloque Calima que participó en esa incursión que es conocida como la masacre de Piedritas, confesó su participación en ese recorrido de muerte. El exparamilitar contó que, por orden de alias ‘Román’, quien para esa fecha era el segundo al mando del naciente grupo paramilitar, realizaron “operaciones” en Piedritas, la cual “era conocida como una zona guerrillera o roja”.

‘El Chacal’ dijo que no participó en ninguna de las muertes, pero aceptó su responsabilidad en todos los crímenes que el grupo cometió, porque hizo parte de la incursión y cumplió la función de prestar seguridad a los hombres que ejecutaron a las víctimas. Sobre los desmembramientos, el desmovilizado dijo que fueron cometidos por alias ‘Barranquilla’, a quien le iban hacer un consejo de guerra por esas conductas, que aprendió cuando estuvo en los grupos de Urabá, en donde esa práctica fue común, y por eso a los paramilitares también los conocían en esa región como los mocha cabezas.

A raíz de las declaraciones obtenidas en el proceso de Justicia y Paz, la justicia ordinaria reabrió las investigaciones por estos crímenes, las cuales habían sido suspendidas años atrás. En noviembre de 2010 la Fiscalía de Justicia y Paz le imputó cargos a ‘El Chacal’ y en mayo de 2012 le formuló cargos como coautor por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desplazamiento forzado y daño en bien ajeno.