El 7 de febrero de 2001, guerrilleros del Frente 13 de las Farc, comandados por Ernesto Arroyo, alias ‘Federico’, asesinaron a nueve personas en el Parque Nacional Puracé, ubicado en el departamento del Cauca. Dentro de las víctimas se encontraba una comitiva de siete expedicionarios de Bogotá y una pareja proveniente de La Plata, Huila. Familiares de víctimas insisten en que aún no saben toda la verdad.
Foto de los excursionistas antes de recorrer el sur del país. Foto tomada de un artículo de la revista Semana.“Yo tengo que recorrer el mundo pero primero tengo que conocer mi país, hay que viajar para que la gente se enamore de Colombia y no se quiera ir”, decía Víctor Serrano para tranquilizar a su madre y a su hermana, que le insistían que no se fuera, que era muy peligroso que viajara en plena crisis del proceso de paz del Caguán hacia una zona con presencia de grupos armados.
Pese a las advertencias, el 2 de febrero de 2001, Víctor Serrano salió de Bogotá con seis de sus amigos para realizar un viaje ecológico hasta la región de Tierradentro, Cauca. La ruta de los viajeros partía del parque arqueológico de San Agustín ubicado en el Huila, luego hacia los municipios de San José de Isnos y El Congreso hasta llegar a las reservas naturales ubicadas en Tierradentro.
Por seguridad, Víctor se comunicó todos los días con su madre Martha Ramírez para que mantuviera informadas a las familias de sus compañeros, hasta el 4 de febrero, fecha en que perdieron la comunicación y no se volvió a tener razón de su paradero. “El domingo a las seis de la mañana me llamó y me dijo que salían para El Congreso, yo le dije que tuviera cuidado. Me dijo que me tranquilizara, que tenían los permisos y que todo el mundo sabía que iban para allá. Esa fue la última vez que hablé con él, pasó el lunes y el martes y a mí me comenzó la angustia de no saber nada”, contó Martha.
Información registrada en la base de datos del conflicto del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, apunta a que el 6 de febrero los expedicionarios fueron vistos en el corregimiento de Campoalegre, caserío de El Congreso mientras guerrilleros, entre ellos alias ‘Federico’, los interrogaban y los montaban a una camioneta.
Faiber Alberto Clavijo y Rosalba Carrera Ducuara, las dos víctimas restantes, fueron secuestradas ese mismo día en un retén ilegal en la vía que conduce de Huila a Cauca, luego de que presuntamente se resistieron a identificarse con los guerrilleros. Los insurgentes, llevaron a las nueve víctimas hasta el Parque Nacional Puracé en donde los torturaron y posteriormente los asesinaron.
Aunque no se tiene claridad sobre la fecha y hora de la muerte, investigaciones del Instituto de Medicina legal del Cauca apuntan a que la masacre ocurrió entre las 10 y las 11 de la mañana del 7 de febrero de 2001. Los cuerpos fueron encontrados siete días después con impactos de bala y lesiones debido a que fueron lanzados desde una pendiente de más de 50 metros a orillas del río Bedón, ubicado en el parque.
Los cuerpos de las víctimas pertenecían a Faiber Alberto Clavijo, Rosalba Carrera Ducuara, Rosalba Ramírez Rojas, Adriana Rodríguez Beltrán, Germán Edison Bejarano, Goldson Steven Granados, Pablo Julio Montes Buriticá, Jaime Alberto Ramírez y aVíctor Álvaro Serrano.
El 11 de febrero, Noticias Caracol transmitió un video de los cuerpos de los expedicionarios en el que sus familiares los identificaron. “Llegué a Compensar, que era donde trabajaban los muchachos, y me dijeron que acaban de pasar la noticia. Me fui corriendo a Caracol y pregunté directamente por el periodista Rafael Poveda. Él me preguntó si estaba segura de poder verlo y le dije que sí. Cuando reconocí a mi hijo fue cuando pensé: ‘Dios mío, qué pasó aquí’”, recordó Martha.
“Los asesinaron dizque por ser presuntos informantes del Ejército o de paramilitares, pero por Dios es que era evidente que eran caminantes. No es justo con ninguna persona, sea pobre o rico, nadie tiene porque ver morir a un ser querido a menos que sea causa natural”, señaló la hermana de Víctor.
Proceso de paz y conflicto en el Cauca
Dos días después de la masacre, cuando aún no se sabía la suerte de los caminantes y sus familias seguían buscándolos, el entonces presidente Andrés Pastrana y el jefe de las Farc Manuel Marulanda se reunieron en la vereda de Los Pozos, ubicada en San Vicente del Caguán. Allí celebraron la reanudación de los diálogos de paz luego de que las Farc se hubiera retirado de la mesa el 14 de noviembre del año anterior.
Dicho encuentro terminó en la firma de un acuerdo de 13 puntos, dentro de los cuales las Farc se comprometían a disminuir la intensidad del conflicto y ratificaban su voluntad de continuar los diálogos . Ninguna de las partes se pronunció sobre los hechos ocurridos en el Puracé, pero el Gobierno sí le exigió a la guerrilla la liberación de Juliana Villegas, hija del entonces presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, hoy ministro de Defensa, quien había sido secuestrada en noviembre de 2000.
Esta masacre hizo parte de los más de 400 ataques de la guerrilla ocurridos en el departamento del Cauca entre el 2000 y el 2003. Cifras del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos apuntan a que el 60% de estos ataques se concentraron en solo 10 municipios, entre estos Puracé, los cuales fueron dirigidos principalmente a atacar a la Fuerza pública y a grupos paramilitares, que por esos años entraron por el norte del departamento y extendieron su presencia en varios cascos urbanos de la región. “Por esos años teníamos una presencia permanente de las Farc en el municipio de Puracé, todo el tiempo la gente e incluso la administración recibía amenazas. La presencia era solo de guerrilleros, ya que paramilitares en la región no había, simplemente que el municipio era un corredor estratégico de las autodefensas, para comunicarse con el Cauca, el Huila y el sector del Putumayo. Puracé era el camino de ellos para llegar a todos partes” señaló Gustavo Adolfo Valencia, el entonces alcalde y actual personero de Puracé.
Los ataques en contra de la población civil del Cauca tuvieron su momento más crítico con la llegada de los grupos paramilitares a partir del año 2000 y con mayor intensidad en 2001, lo cual se vio reflejado en el aumento de asesinatos selectivos y masacres. “La muerte de los excursionistas coincide con la llegada del Bloque Calima de las Auc al Cauca, que desde mediados de 2000 empezó a incursionar por el norte. Esto generó que las Farc encontraran un enemigo en cualquier foráneo que entrara a un municipio de estos”, cuenta un periodista que cubrió la guerra en esa zona del país durante esos años.
Justicia e impunidad
Sepelio de los excursionistas. Foto: archivo Semana.Inicialmente este caso fue tomado por el abogado Luis Guillermo Pérez y la abogada Dora Luci Arias del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quienes mediaron un encuentro entre los familiares de las víctimas y representantes de las Farc en el lugar de Los Pozos, San Vicente del Caguán, para que estos dieran explicaciones sobre lo ocurrido.
En un primer encuentro el 22 de febrero de 2002, los guerrilleros negaron su responsabilidad en los hechos alegando que no había existido ningún motivo para atentar contra los expedicionarios. No obstante, los familiares insistieron y en una tercera reunión Milton de Jesús Toncel , alias ‘Joaquín Gómez’, vocero de las Farc, aceptó la responsabilidad afirmando que los habían confundido con miembros del Ejército al encontrar una libreta militar en los documentos de una de las víctimas. “Nos hicieron ir dos veces más a Los Pozos hasta que la última vez Joaquín Gómez con su cabeza ‘gacha’ admitió que habían sido ellos los asesinos. También nos mostró el documento de Pablo Emilio por lo que pensaron que eran ‘paracos’ o del Ejército”, dijo Martha.
Luego del anuncio en Los Pozos, ‘Joaquín Gómez’ les confirmó a los familiares que por estos asesinatos Ernesto Arroyo, alias ‘Federico’ iba a ser juzgado de acuerdo al reglamento de las Farc.
En diciembre de 2001 La Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento contra la cúpula de las Farc por ser los presuntos autores intelectuales de los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y rebelión en contra de los nueve jóvenes asesinados. Más adelante, fueron vinculados al proceso los cabecillas del frente 13 de las Farc, Ernesto Arroyo, alias ‘Federico’ y Franklin González Ramírez, alias ‘Franklin’. En 2002 se condenó por homicidio agravado, secuestro agravado y rebelión a todos los guerrilleros implicados en este proceso.
En agosto de 2008, un juez penal de Popayán inició un proceso penal en contra del exjefe guerrillero Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, quien asistió por primera vez en la historia judicial del país a una audiencia virtual para responder por estos hechos desde la cárcel donde se encuentra recluido. En dicha audiencia, el guerrillero negó que para ese momento hiciera parte del Secretariado o mando central de las Farc, condición bajo la cual fue vinculado con los asesinatos.
A febrero de 2016, ningún guerrillero de las Farc ha pagado con cárcel por estos hechos, no obstante, los familiares de las víctimas esperan con el proceso de paz en La Habana, los responsables acepten públicamente los crímenes y digan la verdad.
“Nosotros hemos seguido con la búsqueda, quién fue y por qué, nunca nos han dicho con claridad y eso es lo que yo quiero; tener frente a frente a las personas que dicen que fueron los que los mataron. Nosotros como colombianos estamos en el derecho de exigir justicia y que no se nos olvide porque pueblo que pierde la memoria se le va a repetir la historia”, concluyó Martha.
