La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad publicó los dos primeros capítulos de su Informe Final y en uno de ellos están consignadas las 101 recomendaciones que le hace a diferentes sectores del Estado para hacer memoria del pasado y evitar la repetición de la guerra. La mayoría de ellas, sugiere, deben implementarse en el “corto plazo”.
“La oportunidad de avanzar hacia una paz grande, hacia la paz estable y duradera que abrió la firma del Acuerdo Final de Paz, está en riesgo. Si bien no es posible decir que el conflicto que vivimos hasta antes de la firma del Acuerdo con las FARC-EP persiste como tal, lo cierto es que la violencia y la confrontación armada en algunos territorios se ha traducido en el aumento de desplazamientos, confinamientos, reclutamientos, incidentes por minas y asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación”.
Ese llamado de alerta es el preámbulo que hace la Comisión de la Verdad (CEV) en el documento de Hallazgos y Recomendaciones tras 43 meses de un intenso trabajo de comisionadas y comisionados, acompañados por un amplio equipo de investigadores, quienes tuvieron la tarea de escudriñar en el episodio más doloroso y vergonzante del país para determinar las causas y efectos del conflicto armado, y, en especial, para emitir una hoja de ruta que no permita la repetición de la violencia.
Desde el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, advierten que no enmendar el camino “supone un riesgo de volver a vivir un ciclo de violencia que se creía superado y nos aleja de la anhelada paz territorial. Superar los factores de persistencia y hacer frente a las violencias estructurales y a las exclusiones históricas, profundizadas por la guerra, de territorios y comunidades, es parte del fortalecimiento de la democracia y de la construcción de un país para todos”.
A lo largo de 125 páginas están consignadas las 101 recomendaciones planteadas al país por la CEV y entregadas al presidente electo Gustavo Petro ante la ausencia del actual mandatario nacional Iván Duque.
Esas recomendaciones no surgieron por capricho ni salieron de escritorios de la capital de la República. Son producto de un proceso de escucha en el que recibieron más de 10 mil propuestas de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes, pueblos étnicos, excombatientes de todos los grupos, iglesias, integrantes de la Fuerza Pública, empresarios y empresarias, periodistas e instituciones del Estado.
Tras un proceso de selección, se decantaron todas esas sugerencias en 101 recomendaciones que agruparon en ocho ejes temáticos. De ellas, la CEV insta a diversas instituciones del Estado para que 54 sean implementadas en un corto plazo; 44 a mediano plazo y tres a largo plazo.
En el documento de Hallazgos y Recomendaciones, la CEV reitera que las recomendaciones “son una nueva apuesta por una paz grande, una paz completa, que permita que todos y todas tengamos garantizados nuestros derechos, seamos reconocidos en nuestra diversidad, y en la que el diálogo sea la herramienta principal para tramitar las diferencias y resolver los conflictos”.
Y hace hincapié en descentralizar la construcción de paz: “Es la apuesta del Acuerdo de La Habana por una paz territorial, una paz que requiere del compromiso de toda la sociedad, rural y urbana, así como el de los gobiernos y las demás instituciones del Estado para garantizar derechos y construir un Estado social e incluyente desde los territorios, con la participación amplia e incidente de la ciudadanía”.
Además, recalca que no son recomendaciones para un país en paz todavía, pero están enfocadas en “la no repetición y la cesación definitiva de las confrontaciones armadas, para avanzar en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la democracia y una sociedad incluyente”.
Estas recomendaciones, al no ser vinculantes jurídicamente, requieren de una instancia que propenda porque se cumplan. Es por ello que tras finalizar su mandato, la CEV instaló el Comité de Seguimiento y Monitoreo, que operará por siete años y está conformado por la siguientes personas.
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De acuerdo con la CEV, “la operación de esta instancia está garantizada con recursos que provienen del Presupuesto General de la Nación, para lo cual se estableció que será la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la entidad que recibirá la asignación anual para entregársela a la Secretaría Técnica del Comité, que será la encargada de administrar el dinero. No obstante, el Comité tendrá total autonomía de la JEP en sus decisiones y funciones”.
En VerdadAbierta.com analizamos las 101 propuestas y destacamos aquellas que considermos más trascentales y darán de qué hablar en los próximos meses.
1. Para avanzar en la construcción de paz
La CEV destaca avances y falencias en la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado con las extintas Farc, al que cual considera el pilar de la agenda política nacional. Este apartado está compuesto por 11 recomendaciones: ocho de ellas deben ser implementadas en corto plazo y las tres restantes en mediano. (Leer más en: El tortuoso camino de la implementación)
Por esa razón, hace “un llamado al Estado a honrar los compromisos asumidos en el Acuerdo Final de Paz, a poner un fin definitivo a la confrontación armada dada la persistencia y expansión de la violencia en ciertos territorios del país y, por tanto, a priorizar la vida y la construcción de paz”.
La Comisión asevera que la implementación de lo pactado en La Habana nunca ha cumplido sus metas de financiación, “lo que resulta especialmente sensible en algunos de los puntos que requieren mayores inversiones, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) y la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.
Por lo anterior, hace un llamado para que se implemente de manera integral el Acuerdo de Paz y con el fin de subsanar los obstáculos que se han presentado a lo largo cinco años y medio de aplicación, propone la creación de un Ministerio que lidere los asuntos de paz, reconciliación, atención a víctimas y reintegración. Al respecto, indica que “deberá contar con presupuesto y capacidades para coordinar, financiar y escalar las intervenciones en todo el territorio nacional y con otros entes del gobierno y del Estado”.
Justamente, esa recomendación es similar a la que consigna la denominada Paz Total, la política pública que está construyendo el presidente electo, Gustavo Petro, en la que perfila la creación del Ministerio de la Paz y la Reconciliación, una dependencia del Ejecutivo que sería la encargada de esos temas. (Leer más en: Paz Total: el reto del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez)
Otro llamado importante que la CEV le hace al gobierno nacional se centra en la protección de los hombres y las mujeres de las Farc que dejaron las armas. De manera directa lo insta a “garantizar la seguridad de las y los excombatientes de las FARC-EP, así como su reincorporación económica, social y política, dentro de una estrategia integral de protección de territorios inspirada en el concepto de seguridad humana”. (Leer más en: No hay estrategia institucional para proteger a firmantes del Acuerdo de Paz)
Para detener los otros motores de violencia que siguen activos en el país, la CEV recomienda que se reanuden las negociaciones de paz con la guerrilla del Eln; y al gobierno nacional y al Congreso de la República que, de la mano de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, diseñen una política pública para el sometimiento a la justicia del resto de grupos armados. Ambas peticiones ya también estáb contempladas en el proyecto Paz Total.
2. Para garantizar la reparación integral
Este aparado está dedicado a las 9,2 millones de víctimas del conflicto armado, que equivalen casi al 20 por ciento de la población de colombiana. Cuenta con diez recomendaciones, de las cuales, siete deben ser atendidas en corto plazo y las restantes a mediano plazo.
Tiene dos sentidos. El primero gira alrededor del reconocimiento de la dignidad de las víctimas y sus procesos de resistencia, y del deber de los victimarios de reconocer ante ellas las afectaciones que les causaron; el segundo, en medidas para garantizar el derecho de las víctimas a ser reparadas de manera integral y a acceder de manera plena y preferencial a la oferta social del Estado.
Para tal fin, plantea ajustes normativos e institucionales, con enfoque transformador. A juicio de la CEV, el cambio de dicha normatividad es uno de los grandes pendientes del Punto 5 del Acuerdo de Paz: “Lo anterior, entre otras cosas, implica pensar en fuentes de recursos adicionales; fortalecer la reparación colectiva y la reparación de víctimas de la fuerza pública; reconocer como víctimas a excombatientes en proceso de reincorporación que hayan sufrido de graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH; y reconocer el exilio como una grave violación a los derechos humanos”.
Sobre ese último punto, la Comisión señala que la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2012) y sus decretos étnicos no reconocen el exilio y el refugio transfronterizo como hechos victimizantes y que tampoco se ha avanzado en un programa de retorno de exiliados, como se acordó en uno de los puntos del Acuerdo de Paz. Al respecto, indica que ese “reconocimiento debe darse conforme a las guías y protocolos establecidos por el derecho internacional y, sobre todo, ser consultado con las víctimas en cuanto a su metodología, aspectos sustanciales y de fondo”.
Otra deuda con las víctimas que se propone en las recomendaciones es el acceso a atención integral en salud física y psicosocial, que debe responder a las particularidades propias de los diferentes hechos victimizantes, así como de los enfoques diferenciales.
Al respecto, la CEV plantea que este punto “está muy relacionado con la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación que se propuso en el Acuerdo Final de Paz y cuyo borrador aún no ha sido aprobado por el Gobierno Nacional. El año pasado este plan estaba en una nueva revisión por parte de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, y, a la fecha, el Decreto que debe acoger el Plan no se ha publicado”.
La memoria de lo acontecido en el conflicto armado es otro eje importante de estas recomendaciones, las cuales indican que se debe “garantizar el derecho a una memoria plural que reconozca las atrocidades del pasado, que contribuya a superar el dolor y el trauma y que haga frente a dinámicas de estigmatización, deshumanización y negacionismo que se estructuran como factores de persistencia”. Y apuntan a la elaboración de una política de memoria para la no repetición, que garantice la preservación, financiación y construcción de lugares de memoria.
Para este eje se recomienda la creación y reglamentación del Museo de Memoria de Colombia para que, como una entidad independiente, se “configurarse como un espacio para una memoria viva que permita las discusiones y preguntas difíciles sobre el pasado; que asuma la implementación de la política de archivos de derechos humanos; y cuente con un programa propio, robusto, de investigación en memoria e historia del conflicto armado y sus víctimas, de pedagogía, reparación simbólica y de divulgación”.
Los últimos llamados de la CEV en este apartado están relacionados con la promoción de procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y apoyo a la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), organizaciones y buscadoras en todo el país. (Leer más en: Unidad de Búsqueda aún no llena el vacío de la desaparición)
3. Para consolidar una democracia incluyente
Este apartado tiene 20 recomendaciones: diez son de corto plazo, nueve de mediano plazo y una de largo plazo. En este apartado, la CEV “proponen acciones enfocadas en lograr un régimen político incluyente de los territorios que responda y represente las demandas ciudadanas, que reivindique y garantice la participación ciudadana como un mecanismo fundamental para la garantía de derechos, que respete el pluralismo y la diversidad, y en el que haya cero agresiones contra quienes piensan diferente y defienden sus derechos”.
Estas recomendaciones surgen tras analizar los “pobres” resultados de aplicación del Punto 2 del Acuerdo de Paz, relacionados con la participación política y el fin del uso de las armas en esa actividad. La Comisión celebra que el Congreso de la República tramitara el Estatuto de la Oposición, pero lamenta los pocos avances en “la reforma política y electoral, la Política Pública de Convivencia, Reconciliación, Tolerancia y no Estigmatización, así como el conjunto de medidas contempladas para la garantizar y fortalecer la participación ciudadana, incluidas aquellas sobre la movilización y la protesta”.
En cuanto a reformas al régimen político y electoral, la CEV pone la lupa en fortalecer la democracia, los partidos y su veeduría como un proceso de democratización territorial al interior de las regiones. Y en este apartado destacan propuestas para promover “una democratización nacional que revierta la subrepresentación de los territorios que han estado históricamente en la periferia y que tienen los indicadores más altos de pobreza multidimensional”.
Y en esa línea de cerrar brechas, recomienda medidas para “fortalecer la participación y el diálogo deliberativo de la ciudadanía con las autoridades, partiendo del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en espacios con distintos grupos y sectores y con garantías para mujeres, personas LGBTIQ+ y comunidades”.
Para garantizar la protesta y la movilización social, la CEV recomendó siete ajustes, que van desde aspectos institucionales hasta culturales. Entre ellos están el respeto y no estigmatización por parte de representantes del Estado; no usar el sistema penal ni acciones policivas como mecanismo de represión; y la reducción de homicidios y lesiones por uso desproporcionado o innecesario de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional.
Lo anterior tiene vigencia y toma relevancia por la manera como fueron reprimidas las protestas del año pasado que se extendieron durante tres meses por motivo de la reforma tributaria que el presidente Iván Duque radicó en el Congreso de la República, la cual fue reprimida con exceso de violencia policial, causando la muerte de 75 protestantes, 82 lesiones oculares, 23 casos de violencia sexual y 1.832 detenciones arbitrarias, de acuerdo con registros de la organización Temblores y de Indepaz. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)
Ante ese panorama, la CEV también recomienda prohibir la intervención militar en operativos de control y contención de los disturbios surgidos en situaciones de protesta y la movilización social; a la par de la reforma o eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional. (Leer más en: En Cali está naufragando el Estado Social de Derecho)
4. Para enfrentar los impactos del narcotráfico
Este bloque tiene dos recomendaciones: una de corto y otra de mediano plazo. La CEV estima que ese negocio ilegal es uno de los obstáculos más grandes para avanzar en la construcción de paz: “La política de lucha contra las drogas y el narcotráfico ha sido un factor de persistencia del conflicto y de la violencia en Colombia que ha tenido impactos negativos a nivel político, económico, social y ambiental, así como en los derechos de personas, comunidades y territorios”.
La Comisión reconoce que el Acuerdo de Paz dio unos primeros pasos para superar esa situación, al cambiar la lucha contra las drogas por un enfoque de derechos humanos, salud pública y territorial, con un tratamiento distinto y diferenciado al consumo, los cultivos de uso ilícito, la criminalidad organizada y el lavado de activos.
No obstante, considera que “es necesario avanzar hacia la superación definitiva del prohibicionismo, para lo cual el Acuerdo Final de Paz estableció el compromiso de promover espacios de diálogo regionales y una gran conferencia internacional para hacer una evaluación objetiva de la lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender”.
Mientras sucede un cambio de paradigma a nivel mundial, la CEV advierte que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), “ha tenido pocos avances, errores en su diseño y planeación, problemas de seguridad y falta de articulación con la reforma Rural Integral, así como demoras e incumplimientos en su implementación”.
A ello se suma “la política de erradicación forzosa implementada de manera paralela por el Gobierno y los intentos de reactivar la aspersión aérea, en contravía de la evidencia científica y sin cumplir con lo requerido por la Corte Constitucional, han opacado los pocos avances logrados y dejan claro que persiste la necesidad de un nuevo enfoque frente a los cultivos, que debe estar basado en los derechos humanos y el desarrollo sostenible para superar problemas históricos de exclusión, marginalidad y pobreza”.
Por esa razón, su primer recomendación consiste en transitar hacia la regulación legal estricta, para “dar una respuesta más democrática al problema de las drogas, y liderar el debate internacional contra el prohibicionismo a la vez que, conscientes de que se trata de un proceso, se sugieren ajustes inmediatos a la política actual, que, para la Comisión, son indispensables para adoptar una política de drogas que contribuya a la protección de los derechos humanos y a la no repetición que no es otra cosa que buscar una respuesta democrática al problema en el marco del prohibicionismo”.
En su segunda recomendación, los comisionados le solicitan al gobierno nacional que, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, reformule “su política internacional frente a las drogas, en particular con el Gobierno de los Estados Unidos, para ajustarla a una nueva visión que permita avanzar hacia la regulación legal y hacer más transparente el campo de acción de las agencias extranjeras en Colombia”.
5. Para superar la impunidad
Para este fin se realizaron nueve recomendaciones: dos deben implementarse en el corto plazo y siete a mediano plazo. De acuerdo con la CEV, se requiere “mejorar la respuesta del Estado ante las violaciones de los derechos humanos, la criminalidad organizada y las necesidades de la ciudadanía de resolver sus conflictos es una deuda inaplazable”.
Si bien se reconocen los esfuerzos que ha hecho tanto el gobierno nacional como la Rama Judicial para “superar la impunidad y fortalecer la oferta y el acceso a la justicia”, a juicio de la Comisión, “no se ha logrado la judicialización efectiva de graves crímenes y tampoco ha sido posible consolidar una oferta efectiva de justicia en todo el territorio nacional”.
Es por ello que con el ánimo de “mejorar la respuesta del Estado para combatir la impunidad, contribuir al desmantelamiento de organizaciones criminales, los entramados que las soportan y garantizar el acceso a mecanismos para la resolución de conflictos”, presentó sus recomendaciones, agrupadas en cinco tópicos, relacionados con la justicia y la impunidad: independencia y transparencia; investigación penal; investigación de la criminalidad organizada y sus redes de apoyo; Reconocimiento de la violencia contra el sistema judicial y sus funcionarios; y acceso a la justicia local.
Una de las recomendaciones más destacadas en relación con el eje de independencia y transparencia le fue planteada al Congreso de la República y es la de modificar la forma en cómo se elige al Fiscal General de la Nación, con el fin de “garantizar su independencia, sobre la base de criterios de merito y reconocimiento de trayectoria profesional, publicidad y transparencia”.
De acuerdo con el artículo 249 de la Constitución Política, este alto funcionario es nombrado por la Corte Suprema de Justicia de una terna que remite el Presidente de la República. Lo que sugiere la CEV es una “reforma del proceso de postulación” y en la selección “se incluya la participación de la academia y mecanismos para el control ciudadano”.
Con respecto a la investigación penal, la Comisión recomienda “impulsar y realizar los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios para poner en marcha una comisión transitoria de esclarecimiento e investigación independiente e internacional o mixta (nacional e internacional) para impulsar la investigación y esclarecer la verdad de los hechos del narcotráfico y de la criminalidad organizada asociada a este y sus redes de apoyo”.
Ese modelo de investigación ya fue probado en Guatemala, donde se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que estuvo a cargo de Iván Velásquez, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, un mecanismo de justicia pactado entre el Estado guatemalteco y la ONU el 19 de noviembre de 2006 en cumplimiento del Acuerdo Global de Derechos Humanos, firmado el 22 de marzo de 1994 como parte del proceso de negociación con las guerrillas de ese país y con la cual se pretendía atacar la creciente corrupción en el país.
Esta recomendación también coincide con una de las propuestas del presidente electo Gustavo Petro, quien en el cierre de su campaña para la primera vuela, el pasado 22 de mayo en Bogotá, y a través de su cuenta en la red social Twitter, anunció que “como Presidente solicitaré la conformación de una comisión judicial independiente a Naciones Unidas para investigar los principales crímenes de corrupción en el país y acabar la impunidad, como la que dirigió Iván Velásquez en Guatemala”.
De acuerdo con la recomendación entregada por la CEV, ese órgano independiente investigaría “todos los hechos de violencia sistemática que sean graves violaciones a derechos humanos o infracciones al DIH o corrupción pública y privada a mediana y gran escala, y todos los delitos que contribuyan o estén asociados a la comisión de estos hechos, incluidos aquellos relacionados con finanzas criminales y economías ilegales”.
Este órgano judicial, plantea la Comisión, “deberá estar orientado a judicializar a los máximos responsables y contribuir al desmantelamiento de las organizaciones criminales” y trabajar bajo el concepto de macrocasos priorizados “con el objetivo de fortalecer la labor de investigación y coadyuvar la acusación de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación, creada por el Acuerdo Final de Paz”.
6. Seguridad para la Paz
Este bloque tiene 19 recomendaciones en total: once son para implementar en corto plazo y ocho a mediano. Con ellas se pretende que el país piense más en la paz y, según la CEV, deje “atrás definitivamente el ‘modo guerra’ en el que hemos vivido”, con el propósito de “reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, en particular la Fuerza Pública, como un elemento fundamental para la paz territorial y el fortalecimiento institucional”.
Esas recomendaciones están agrupadas en seis grandes temas: nueva visión de seguridad; transformación del sector con base en la nueva visión de seguridad; archivos de inteligencia; empresas de seguridad privada y control de armas; seguridad para la ruralidad y zonas de frontera; y cooperación militar.
Con respecto al primer tema, la CEV le pide al gobierno nacional y al Congreso de la República adoptar una nueva visión de seguridad para la construcción de paz, enmarcada en el enfoque de seguridad humana, “que se centre en la protección de la vida de las personas y las comunidades sobre la base del respeto del principio de pluralismo democrático y del principio de la dignidad humana”.
Bajo ese enfoque, “esta nueva visión debe concebir la seguridad como un bien público que debe ser garantizado exclusivamente por el Estado a todas las personas sin discriminación; tener en cuenta y atender las realidades territoriales y de las poblaciones con enfoque étnico, etario, de género y de derechos de las mujeres, reconocer a las autoridades étnicas y sus instituciones; y superar el paradigma de la guerra y el enemigo, y el modelo de la guerra contra las drogas”.
Con respecto a la transformación de sector de seguridad y defensa, la CEV sugiere “realizar los ajustes institucionales, normativos y de política necesarios y promover las transformaciones culturales que se requieran para consolidar la nueva visión de seguridad”.
Y justo uno de esos ajustes, es “separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro o en un nuevo ministerio, como una medida necesaria, mas no suficiente, para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil y de la gobernanza en materia de seguridad ciudadana, rural y urbana”.
Esa recomendación recoge un viejo debate nacional sobre el papel de la Policía Nacional, afectado, dicen algunos analistas, por la prolongación de la guerra, quitándole el sentido civilista a institución y llevándola a ejercer funciones militares en diversas regiones del país. El tema fue agitado durante las protestas sociales de los últimos años en el país.
A esa discusión se sumó el Presidente electo a través de sus redes sociales en un mensaje difundido el 8 de julio de 2021: “La Policía Nacional debe salir del Ministerio de Defensa, todos y todas sus integrantes deben tener garantía del estado para cursar estudios de educación superior y la carrera policial permitirá a quienes ingresen de llegar al máximo nivel como generales”.
La CEV también propone un debate público amplio sobre “la necesidad y conveniencia de mantener el Fuero Penal Militar” y planteó la posibilidad de “adoptar los ajustes normativos y político institucionales necesarios para que la Fiscalía General de la Nación asuma la competencia de investigación de las conductas punibles cometidas por los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con excepción de las típicamente militares, y para que el juzgamiento de estas conductas corresponda a la Jurisdicción Ordinaria”.
Adicional a ello, recomienda revisar y ajustar la estructura y doctrina de las Fuerzas Militares, y de la Policía con base en los preceptos de la nueva visión de seguridad, y realizar “ajustes normativos e institucionales necesarios para eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar y transitar hacia un servicio social en instituciones civiles”.
En este apartado, la CEV hace especial énfasis en garantizar de manera inmediata el acceso a los archivos de inteligencia que hayan cumplido el término de la reserva legal a partir de la fecha de recolección, que es de 30 años, según la normatividad existente, “y adelantar un proceso gradual de levantamiento de la reserva de archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia en garantía del derecho a la información”.
7. Contribuir a la paz territorial
Este es el eje temático con más recomendaciones. En total son 25 y se desglosan de la siguiente manera: once deben ser implementadas en corto plazo, doce en mediano plazo y dos a largo plazo.
“Las grandes desigualdades del campo, y aquellas que existen entre las zonas urbanas y las rurales, han incidido directamente en el surgimiento y la prolongación del conflicto armado interno”, dice la CEV en este apartado y agrega que esa confrontación se “desató y libró predominantemente en esta ruralidad desigual”, lo que condujo a su agravamiento y a la pérdida de calidad de vida de millones de campesinos, indígenas y negros.
Los desplazamientos forzados masivos ocasionados por varías décadas de guerra, que afectaron a por lo menos 8 millones de personas, generó no sólo despoblamiento de amplias regiones del país y el consecuente abandono de predios rurales, lo que fue aprovechado por inversionistas y terratenientes para acumular grandes extensiones de tierra, desarrollar proyectos agroindustriales y acaparar, en algunos casos, el agua.
Este crítico problema fue abordado en las negociaciones con la extinta guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba, y como resultado de los pactos alcanzados se planteó un conjunto de soluciones en el Punto 1 del Acuerdo de Paz, bajo el título de Reforma Rural Integral. No obstante, y como lo advierten varios centros de investigación, “la implementación de este punto, a cargo principalmente del Gobierno Nacional, ha sido lenta e insuficiente para avanzar en la construcción de la paz territorial”.
Es por ello que la CEV agrupa las recomendaciones en seis temas: estrategia de desarrollo territorial sostenible para la equidad y la paz territorial; descentralización, autonomía territorial y organización político-administrativa; acceso equitativo, democrático y ambientalmente sostenible a la tierra y los territorios; uso sostenible de tierras y territorios, y prevención y gestión de conflictos socioambientales; desarrollo con enfoque territorial y provisión de bienes y servicios públicos para la ruralidad; prevención y reversión del despojo de tierras y territorios, y la reparación efectiva de sus víctimas.
A partir de esos temas, la Comisión espera que distintas esferas estatales, con la participación de amplios sectores sociales, retomen la discusión sobre el proceso de descentralización, autonomía territorial y organización político administrativa del país; garanticen un acceso equitativo a tierras y territorios; logren un uso sostenible de tierras y territorios, y la prevención y gestión de conflictos socioambientales; promuevan un desarrollo con enfoque territorial con énfasis en la provisión de bienes y servicios públicos para la ruralidad; prevengan y reviertan el despojo de tierras y territorios, y reparen de manera efectiva a las víctimas.
Dos de las recomendaciones centrales están dirigidas al gobierno nacional: de un lado, acelerar la implementación de la Reforma Agraria Integral y, de la mano de ello, redistribuir como mínimo los tres millones de hectáreas que contempla el Acuerdo de Paz y sugiere que “los predios asignados se sitúen necesariamente dentro de la frontera agraria y tengan acceso a bienes y servicios”. Se trata, con esta medida, de reducir la alta concentración de la tierra.
Según cifras de la Comisión, “el 2,27 % de los propietarios tendría en su poder el 52,62 % de las hectáreas de propiedad privada (o 15.38 millones) ubicadas dentro de la frontera agraria, mientras que el 62,22 % de los propietarios tendría apenas el 4,53 % de ese mismo territorio (o 1.3 millones de hectáreas)”.
Igualmente, recomienda resolver las deficiencias en la administración de la política de restitución de tierras, establecida en la Ley 1448 de 2011, y prorrogada hasta el 2031: “Dos de los problemas más graves son el número cada vez más elevado de solicitudes de restitución que rechaza el gobierno nacional y el incumplimiento generalizado de las sentencias de restitución”.
La Comisión también incluye recomendaciones dirigidas al gobierno nacional y al Congreso de la República para que impulsen la creación de políticas y realicen “los ajustes normativos necesarios para prevenir, mitigar y reparar las violaciones de derechos humanos, ambientales y territoriales relacionadas con las actividades empresariales y de negocios, especialmente en contextos de violencia generalizada y de conflicto armado interno”.
Este conjunto de recomendaciones tiene como “propósito alertar y contribuir a la prevención de nuevos ciclos de violencia relacionados con conflictos por recursos vitales como el agua, la tierra y los alimentos; y promover un desarrollo rural sostenible que garantice la inclusión social y productiva de las poblaciones rurales, que permita repensar el modelo de desarrollo basado en el extractivismo y que logre la protección de los derechos de las generaciones presentes y futuras”.
8. Por una cultura para vivir en paz
Este apartado está compuesto de cinco recomendaciones, de las cuales, cuatro deben ser implementadas en corto plazo y la restante a mediano plazo. La CEV le dio especial importancia a la transformación cultural como uno de los compromisos fundamentales para “vivir en paz y no repetir las violaciones de los derechos humanos”. Y para avanzar en ese propósito considera necesario “desarmar no solo las manos y los cuerpos, sino el lenguaje, la mente y el corazón, consolidar una nueva ética ciudadana, pública y formas de vivir en sociedad, para lo cual es fundamental la divulgación y la apropiación de otras narrativas, valores y elementos simbólicos”.
Es por ello que las recomendaciones planteadas en este bloque se inscriben en tres ejes temáticos: educación para la formación de sujetos que vivan en paz; estrategia y promoción de la gestión cultural que permita consolidar la cultura para la paz; y contribuciones a la cultura para la paz desde medios de comunicación y comunidades de fe.
Los planteamientos de la CEV hacen referencia al sector educativo, la gestión cultural, los medios de comunicación, la iglesia y comunidades religiosas, “pues son dispositivos fundamentales desde los que se crea y recrea la cultura como matriz de sentidos, y que tienen una enorme y cotidiana incidencia en la formación de los sujetos y las comunidades”.
Este énfasis, plantea la Comisión, “no implica pasar por alto el rol que también deben asumir otras instituciones y sectores, como los líderes políticos y de opinión y las organizaciones defensoras de derechos humanos”.
Por último, sugiere que las 101 recomendaciones presentadas ante la opinión pública nacional e internacional se lean “como un aporte a la transformación cultural pues, de fondo, buscan aumentar la legitimidad de las instituciones estatales mediante acciones concretas que permitan avanzar hacia la garantía plena de los derechos y establecer nuevas formas de relacionarse con los territorios y las personas en su diversidad y autonomía”.
A su juicio, esa lectura “es fundamental pues genera efectos positivos en los vínculos sociales, fortalece la confianza en los mecanismos institucionales y vigoriza las actitudes de corresponsabilidad y cumplimiento de las normas”.
Esta es la hoja de ruta que la Comisión de la Verdad trazó para que Colombia supere la página del conflicto armado, porque como dijo el padre Francisco de Roux en la presentación del Informe Final: en 2017 el país conoció lo que es la paz y no va a renunciar a ella, luego de que la violencia se avivara en los años posteriores.
