Los nuevos papeles de Chiquita Brands

A finales de la década del noventa, Chiquita Brands International, la multinacional de la fruta basada en Estados Unidos, cayó bajo un manto de duda. Un artículo publicado en el Cincinnati Enquirer, el diario de la ciudad sede de la empresa, reveló algunos de los secretos más sucios del gigante del banano, entre ellos, que empleados de Banadex, filial colombiana de Chiquita, sobornaron a funcionarios de aduana en Colombia.

La Comisión de Bolsas y Valores (SEC por sus siglas en ingles), el organismo que vigila los crímenes financieros en Estados Unidos, también estaba estudiando las acusaciones de soborno. La agencia citó miles de registros internos de Chiquita y pronto se enteró que los sobornos eran sólo la punta del iceberg. Escondidas en las mismas cuentas donde Chiquita ocultó esas transacciones ilícitas, había millones de dólares de pagos adicionales a una serie de grupos armados en Colombia. Los beneficiarios incluyeron insurgentes de izquierda, paramilitares de derecha, brigadas del Ejército, y las controvertidas milicias civiles, pero aprobadas por el gobierno, conocidas como Convivir.

Con estos documentos en mano, la SEC escuchó los testimonios bajo juramento de siete ejecutivos de Chiquita, cada uno de los cuales tuvo un papel diferente en la administración de los llamados “pagos sensibles”. El 6 de enero de 2000, Robert F. Kistinger, cabeza de Banana Group de Chiquita, radicado en Cincinnati, Ohio, le dijo a la SEC que conocía directamente sobre los pagos a los grupos armados, especialmente cuando estos comenzaron a finales de los ochenta, pero declaró que se había involucrado menos y menos con los detalles específicos con el paso del tiempo. En su opinión, los cientos de miles de dólares pagados por año a los grupos armados no eran lo suficientemente grandes para afectar los resultados finales de la compañía.

Kistinger, quien es acusado en un caso de litigio civil masivo pendiente en contra de exejecutivos de Chiquita en una corte federal de Estados Unidos, y un probable blanco de futuras investigaciones en Colombia, dijo que "no era realista" detener las operaciones de Chiquita en Colombia por cantidades tan insignificantes de dinero. "Lo siento," dijo, "no golpea el resultado".

“No pararemos de hacer negocios en Colombia, porque, saben, tendremos que gastar un extra de US25.000. Eso no es realista. ¿Cierto?”, dijo a la SEC.

El National Security Archive, un grupo de investigación no gubernamental con sede en Washington, libró una batalla legal durante siete años para obtener este nuevo paquete de más de 9 mil páginas de información. Chiquita, por su parte, peleó con dientes y uñas para evitar la liberación de esos documentos. En 2013, en una demanda raramente vista, la compañía pidió a la SEC “reversar” la aplicación del Acta de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), sin embargo, dos años después una corte federal de apelaciones rechazó la demanda de Chiquita y los documentos fueron revelados.

Es fácil ver por qué la compañía quería mantenerlos ocultos. Las declaraciones juradas y secretas ante la SEC son la historia oral de los lazos de Chiquita con grupos armados en Colombia, y una explicación única de cómo una corporación multinacional creó un sistema rutinario de transacciones secretas con actores de todos lados del conflicto para así mantener la normalidad de las operaciones comerciales, e incluso prosperar, en una de las regiones más conflictivas del mundo.  Lo que los ejecutivos consideraban el "costo de hacer negocios en Colombia".

Este es el primero de una serie de artículos investigados y escritos de manera conjunta por el National Security Archive y VerdadAbierta.com sobre los nuevos Papeles de Chiquita, que pretenden examinar cómo estos documentos podrían ayudar a aclarar algunas preguntas persistentes sobre el caso: ¿Qué estaba detrás de la decisión de Chiquita de reducir los pagos a la guerrilla y aumentar los pagos a sus rivales de derecha? ¿Cuánto dinero pagó Chiquita a los distintos grupos armados? ¿Cuál fue el papel de las fuerzas de seguridad colombianas en alentar la inclinación hacia los paramilitares? ¿Acaso Chiquita financió a sabiendas actos específicos de violencia? ¿En qué momento los empleados y ejecutivos con conocimiento de los pagos entendían que la compañía estaba tratando con escuadrones de la muerte paramilitares y no con un grupo de milicias patrocinado por el gobierno?

Aporte a la verdad

El nuevo conjunto de documentos internos de Chiquita permitió, por primera vez, conocer las identidades y entender cuál fue el papel de directivos como Kistinger, quien aprobó y supervisó años de pagos a grupos responsables de innumerables violaciones a los derechos humanos en Colombia. Un aporte importante ahora que se prepara una Jurisdicción Especial para la Paz que, entre otros, juzgará a quienes financiaron grupos que cometieron crímenes de guerra y otras atrocidades durante el conflicto.

Hace diez años Chiquita se convirtió en la primera multinacional condenada en Estados Unidos por realizar pagos a organizaciones terroristas internacionales. En marzo de 2007, en un acuerdo de sentencia con el Departamento de Justicia, la compañía admitió haber transferido unos 1.7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), desde el 10 de septiembre de 2001 (fecha en la que el Departamento de Estado incluyó a las Auc en una lista de terroristas), hasta junio de 2004, cuando cesaron los pagos.

Aunque en febrero de 2003 un grupo de asesores externos le aconsejó a Chiquita que "debe detener esos pagos", la compañía decidió seguir entregando dinero a las Auc durante 16 meses más. Hasta ese punto, la estrategia de Chiquita, puesta en marcha por ejecutivos de alto rango en Cincinnati, era simplemente “dejar que nos demanden, que vengan tras nosotros”.

 

La multinacional tuvo que cancelar una multa relativamente modesta de 25 millones de dólares, como parte un acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia, pero hasta ahora ningún ejecutivo de la compañía ha sido responsabilizado por ayudar a financiar a los paramilitares. Tampoco han respondido por pagos similares que hicieron a las guerrillas de las Farc, el Eln, el Epl y prácticamente a todos los demás actores violentos de la región. 

Responsabilizar a los empleados de Chiquita que negociaron y autorizaron los pagos no ha sido fácil, porque en una decisión deliberada del Departamento de Justicia de Estados Unidos los nombres fueron ocultados.  En la audiencia de sentencia de septiembre de 2007, los abogados del gobierno norteamericano argumentaron que se hacía "para proteger los intereses de reputación y privacidad de los individuos sin cargos".

Por el contrario, el ofrecimiento de hechos consignado en el acuerdo de culpabilidad, que firmó Chiquita con fiscales de Estados Unidos de 2007, gira en torno a diez “personas relevantes” identificadas solamente como “Individuo A” hasta “Individuo J”. En La versión pública del informe presentado en 2009 por el Comité Especial de Litigio de Chiquita (SLC, por sus siglas en inglés) omite de igual manera los nombres de la mayoría de los individuos, reemplazándolos con sinónimos como “Empleado Chiquita #2”, “Empleado Banadex #1”, y “Abogado Chiquita”.

Revelaciones

En 2011, el National Security Archive publicó un primer artículo de The Chiquita Papers (Los documentos de Chiquita versión en español en VerdadAbierta.com). Los documentos revelaron que la compañía se benefició de los pagos que hizo a grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia, contradiciendo el acuerdo de culpabilidad (plea agreement) que firmó con fiscales de Estados Unidos en 2007, donde aseguraba haber sido extorsionada, y que nunca recibieron ningún beneficio de los pagos.

Estos primeros expedientes carecían, sin embargo, de una narrativa contextual coherente, y era difícil, en la mayoría de los casos, asignar la autoría y entender cómo los individuos nombrados en los documentos estaban relacionados entre sí. Las notas escritas a mano, los registros de auditoría, los memorandos legales y los registros de contabilidad -entre miles de páginas de archivos internos publicados bajo el Acta de Libertad de Información (FOIA) por el Departamento de Justicia- ofrecieron pistas tentadoras, pero pocas conclusiones concretas podrían extraerse de ellas.

La clave que ahora desbloquea muchos de los misterios de los documentos de Chiquita es el testimonio secreto dado por Kistinger y otros seis directivos de la multinacional durante la investigación de la SEC por los sobornos. A través de un proceso relativamente simple, aunque laborioso, de referencias cruzadas entre las tres fuentes, es posible identificar casi todos los individuos cuyos nombres fueron borrados del acuerdo de culpabilidad, del reporte del SLC y de testimonios a la SEC.

Estos registros fueron la principal evidencia de una declaración (presentada por el autor) en 2016 en la que identifica a las "personas de interés" de Chiquita como parte del litigio civil pendiente en Estados Unidos. Entre las personas identificadas positivamente a través de este proceso se incluyen miembros de la junta directiva de la multinacional bananera, el equipo de seguridad corporativa, gerentes de operaciones regionales y nacionales con responsabilidad para Colombia, contadores y auditores internos, abogados y hombres de negocios que, durante más de una década, negociaron y entregaron pagos directamente a guerrillas y grupos paramilitares.

Como el estudio de caso más documentado sobre el papel de las corporaciones multinacionales en el conflicto colombiano, el nuevo conjunto de documentos de Chiquita debería ser tenido en cuenta en las futuras investigaciones de las autoridades de justicia transicional creadas por el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que procesará los crímenes más graves cometidos durante el conflicto; y la recién aprobada Comisión para el esclarecimiento de la verdad, un órgano extrajudicial establecido para aclarar los peores abusos del conflicto y explicar los fenómenos que perpetuaron la guerra continua más larga del mundo.

Enterradas en casi 400 páginas de testimonios de la SEC están algunas de las pistas necesarias para conocer las identidades de ejecutivos y gerentes de Chiquita que autorizaron y llevaron a cabo el programa de "pagos sensibles", pero cuyos nombres trataron de ocultar a la vista pública tanto la multinacional como el Departamento de Estado y la SEC.

Uno de los individuos más fáciles de identificar en las transcripciones es John Ordman, quien fue vicepresidente senior de European Banana Sourcing, filial de Chiquita Fresh Group. Los censores de la SEC eliminaron casi todas las indicaciones de su identidad, excepto una, al inicio del testimonio, en la que se le pidió deletrear su apellido ("O-r-d-m-a-n"). Como se puede ver en la siguiente imagen, su apellido es deletreado en una las transcripciones de los testimonios secretos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Al vincular a Ordman a este testimonio en particular, queda claro que él es el " Empleado #2" de Chiquita en el informe de SLC y también "Individuo J" en el acuerdo de culpabilidad, y fue durante muchos años actor central y un importante enlace informativo en la operación de pagos secretos. Como "Individuo J", ahora sabemos que este directivo fue específicamente instruido para "continuar haciendo pagos" a las Auc el 5 de mayo de 2003, mucho después de que la compañía se diera cuenta de que hacerlo era una infracción grave de una ley estadounidense contra la financiación del terrorismo.

Radicado en Costa Rica, Ordman fue un vínculo clave entre las operaciones colombianas de Chiquita y altos directivos en la sede de la compañía en Cincinnati. Este ejecutivo le dijo a la SEC que tenía “la responsabilidad operacional de lo que fueron, esencialmente, todas las actividades de Chiquita en Colombia” por más de una década, desde que la compañía regresó a Colombia a finales de los años ochenta. Su principal contacto fue el gerente general en Colombia, quien personalmente aprobó muchos de los pagos.

El testimonio de Ordman confirma que los pagos a la guerrilla fueron un asunto “importante” en Cincinnati y fueron discutidos “en algunos niveles bastante altos” en Chiquita.

La declaración del superior directo de Ordman, Robert Kistinger, es igualmente reveladora. Como vicepresidente ejecutivo senior de Banana Group y, posteriormente, como presidente y director de operaciones de Fresh Group, en Cincinnati, Kistinger estuvo bien informado sobre los desafíos de seguridad de la compañía en Colombia y participó directamente en la creación y supervisión de políticas corporativas relacionadas con los pagos a grupos armados.

Sus intensos relatos sobre la terrible situación de seguridad en Colombia fueron claves para identificarlo como uno de los siete testigos de SEC y, por consiguiente, como una de las diez “personas relevantes” cuyos nombres fueron censurados del acuerdo de culpabilidad por el Departamento de Estado.

Por ejemplo, en una de las transcripciones de la SEC, el testigo caracteriza a Colombia como "algo así como una zona de guerra", exactamente igual a la cita que contiene el informe de Comité Especial de Litigios de Chiquita y que se le atribuye directamente al "testimonio de Robert Kistinger ante la SEC”.

Para una mejor comprensión, basta comparar el texto anterior con la transcripción en bruto de la entrevista de la SEC, a continuación:

De ahí, es relativamente simple identificar a Kistinger como el “Individuo D” del acuerdo de culpabilidad como uno de los dos ejecutivos de Chiquita que le dijo el 8 de abril de 2003 al personal radicado en Colombia “continúen haciendo los pagos.

Al igual que con Ordman, el testimonio de Kistinger proporciona gran cantidad de información nueva sobre cómo los "pagos sensibles" fueron aprobados y administrados en la compañía e incluye información crítica sobre la cadena de mando corporativa. Kistinger confirma que el gerente general y el jefe de contabilidad de Banadex -los funcionarios responsables de la gestión rutinaria de los pagos- le informaron a través de Ordman, y aquel, a su vez, le informó a Dennis Doyle, quien aprobó el primer pago de la compañía a la guerrilla de las Farc a finales de los años ochenta.

Luego, en su testimonio, Kistinger de nuevo confirmó que mucha de la información que él recibió acerca de los pagos a grupos ilegales provino de Ordman. Cuando le preguntaron cómo supo del proceso de aprobación para los “pagos sensibles”, Kistinger respondió: “discusiones con John”.

Para Ordman y Kistinger, que se encontraban fuera de la "zona de guerra" colombiana, los pagos a insurgentes y escuadrones de la muerte, alarmantes al principio, pronto se convirtieron en algo normal: el precio a pagar por el acceso a las ricas plantaciones, ubicadas en las violentamente disputadas regiones de Urabá y Magdalena.

En sus declaraciones, ambos describen que se sienten cómodos con las justificaciones legales vigentes y los procedimientos específicos que la compañía estableció para manejar los pagos.

Kistinger dijo que él veía los pagos como “gastos normales”, nada diferente a la compra de fertilizantes o agroquímicos, “un costo continuo” de operaciones de la compañía.

Ordman también prefirió centrarse en el panorama general, describiendo un enfoque cada vez más directo de los pagos, donde estaba principalmente "preocupado por el nivel general de actividad", el tamaño de los gastos y la tendencia general en la actividad de pagos, cuyas cantidades fluctuaban por cualquier razón. En última instancia, dijo que estaba "cómodo de que esto se estaba manejando de manera responsable"; que los pagos "no estaban siendo manejados de manera caprichosa o fuera de control". De los grupos que recibieron esos aportes, Ordman dijo que "sabía que se les tomaba en serio".

Nadie tomó a los grupos armados ilegales más en serio que las personas cuyo trabajo era negociar secretamente, aprobar los pagos y entregarlos en efectivo. Las transcripciones de la SEC revelan que el personal colombiano de Chiquita estaba menos cómodo con los pagos que sus jefes en Costa Rica y Cincinnati, y que al menos uno cuestionaba si la compañía había traspasado los pagos de protección y estaba financiando voluntariamente las operaciones de grupos violentos.

La historia de estos individuos -los gerentes de operaciones regionales, los contadores, el personal de seguridad y la oscura red de intermediarios en la que se apoyaban para comunicarse con insurgentes y paramilitares- será el tema del próximo artículo de esta serie, que continuará el próximo lunes.