The post Víctimas de la toma de Mitú: desconectadas de la JEP y a la espera de audiencia territorial appeared first on VerdadAbierta.com.

La mañana del lunes 14 de junio de 2004, soldados adscritos al Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (Bajes) de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, irrumpieron violentamente en la casa de Mauricio García, por aquel entonces un campesino de tan sólo 13 años de edad, quien, junto a su familia, vivía en el corregimiento Santa Ana, municipio de Granada, en el oriente de Antioquia.

“Recuerdo el estruendo tan impresionante, como si hubiera estallado algo”, relata Mauricio. “Yo estaba en el patio y salí a ver qué estaba pasando. Mi mamá estaba en la cocina y salió a los gritos también. Cuando llegué a la sala vi a mi papá tirado en el suelo, con los soldados apuntándole. Recuerdo a mi mamá desesperada preguntando qué estaba pasando. Recuerdo cuando uno de los soldados le pegó una patada durísima a mi papá estando tirado en el suelo”.

Los uniformados se llevaron a Nicolás Emilio García, hombre dedicado a las faenas del campo y padre de Mauricio, para una casa ubicada en el casco urbano, que servía de cuartel general del Batallón Bajes.

“Pero nosotros no nos atrevíamos a bajar al pueblo”, agrega Mauricio. “Eran años muy duros. De mucha violencia. Más para nosotros, porque había un estigma muy fuerte: todo el que era de Santa Ana era guerrillero. Con todo y eso mi mamá bajó a hablar con uno de los comandantes del Ejército, a preguntarle qué estaba pasando. El militar le dijo que no se preocupara. Que no le iba a pasar nada, que sólo le iban a hacer unas preguntas a mí papá y ya”.

Mauricio y su madre decidieron que lo mejor era viajar a Medellín a denunciar el hecho ante organismos humanitarios y buscar asesoría jurídica. “Pero sólo pudimos viajar la mañana del 18 de junio. Era viernes. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mi mamá siempre fue de trabajo comunitario, entonces ya conocía a los abogados de la Corporación Jurídica Libertad. Ese viernes hablamos con un abogado de allí y quedamos de volver el lunes. Pero pasó que del pueblo nos llamaron a decirnos que mi papá ya no lo tenían los militares, que lo habían sacado de la casa esa mañana del viernes”.

No tener noticias de su padre llenó de angustia a Mauricio durante ese fin de semana. Para calmar sus peores temores, decidió visitar, por su cuenta, los anfiteatros de la ciudad. “Madrugué el lunes. Para esa época no conocía muy bien la ciudad. Yo era un niño en ese entonces. Simplemente recuerdo que llegué a uno y pregunté si habían llegado cuerpos de Granada ese fin de semana. Me dijeron que sí: dos hombres y una mujer. ¿Cómo era uno de los hombres?, pregunté. La descripción que me dieron coincidía con mi papá. Después, con un tío, identificamos el cadáver. Era mi papá”.

El reporte entregado por las autoridades forenses a Mauricio y su familia indicaba que el cuerpo había sido llevado por tropas del Batallón Bajes del Ejército y lo reportaron como guerrillero muerto en combate en zona rural de Granada.

¿Cómo terminó muerto en un combate con el Ejército un labriego que cuatro días antes había sido sacado de su casa por los propios militares y se encontraba detenido? Es lo que aún se pregunta Mauricio, quien tampoco ha recibido explicación alguna por parte del Ejército por la muerte de Edier Alejando García, su hermano, perpetrada 17 meses antes de la tragedia de su padre.

“Eso fue el 13 de enero de 2003. Ese día mi hermano estaba con su novia y venía para la casa”, recuerda Mauricio. “Resulta que los soldados se ubicaron en el filo de la montaña, cerca de donde vivíamos. Y comenzaron a dispararles. ¿Qué hizo mi hermano? Salir corriendo. Un disparo alcanzó a mi hermano en la pierna, que lo tiró al suelo. La novia siguió corriendo. Mi hermano se paró y lo alcanzó otro tiro en el pecho, el que finalmente lo mató”.

Y continúa: “Los soldados dijeron que se trató de guerrilleros. Se llevaron su cuerpo para Granada en helicóptero, que si queríamos bajáramos para identificarlo, pero, como le dije, en ese tiempo nos daba mucho miedo bajar al pueblo. Así que mi hermano estuvo en el cementerio de Granada enterrado en una bóveda como N.N como hasta 2009, cuando el fiscal de exhumaciones Gustavo Duque nos ayudó a recuperar sus restos”.

Ante la JEP

Mauricio tuvo la oportunidad de relatar su historia ante Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Lo hice porque siento que es mi deber, porque no quiero que esto se vuelva a repetir, porque quiero saber la verdad de lo que pasó con mi papá y mi hermano, porque quiero que se haga justicia”.

Su historia hace parte de los 112 casos (para un total de 165 víctimas) que componen el informe titulado Ni descuidos ni manzanas podridas: ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, una política de Estado, elaborado por las organizaciones defensoras de derechos humanos Corporación Jurídica Yira Castro; Corporación Jurídica Libertad; Humanidad Vigente Corporación Jurídica; y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas).

El informe fue entregado en Medellín a la magistrada Díaz para que sea incorporado a las demás pruebas que reposan en el expediente 003 que cursa ante la JEP, denominado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, por el cual son juzgados poco más de tres mil miembros de la Fuerza Pública en este tribunal de justicia transicional. (Leer más en: Falsos postivos, una herida que sigue abierta)

En este documento, las organizaciones defensoras de derechos humanos intentan demostrar que los mal llamados “falsos positivos” no fueron hechos aislados cometidos por soldados corruptos, sino que, por el contrario, se trató de una práctica sistemática en las Fuerzas Militares con el fin de demostrar ante la opinión pública que se estaba ganando la guerra contra las guerrillas. (Leer más en: ‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra)

“Las pruebas que incluimos en el informe permiten señalar que existió una política de estímulos para las batallones y brigadas que registraran más muertes en combate y que, para tal fin, se creó al interior de varias guarniciones militares una estructura dedicada a la planeación y comisión de estos crímenes”, afirma Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad (CJL).

Para sustentar esa afirmación, las organizaciones defensoras de derechos humanos centraron su atención en el caso del coronel (r) del Ejército Juan Carlos Barrera Jurado, quien estuvo como comandante del Batallón Bajes entre diciembre de 2003 y diciembre de 2004. Durante este periodo, agrega el abogado de la (CJL), se documentaron 65 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a esta unidad militar, que dejaron un total de 97 víctimas, de las cuales 18 aún están sin identificar.

Luego de su paso por el Bajes, el coronel (r) Barrera Jurado fungió comandante de la Brigada XIV del Ejército, con sede en Puerto Berrío, Antioquia, entre el 30 de octubre de 2007 y el 31 de octubre de 2008.

“Si analizamos ese periodo, vemos que se registraron 47 casos de ejecuciones extrajudiciales, que dejaron un total de 57 víctimas, 29 de las cuales aún permanecen sin identificar. Estos hechos son atribuibles a los batallones Bombona, Calibío y Energético y Vial No. 8, adscritos a la Brigada XIV del Ejército, y fueron cometidos en municipios del Nordeste y Magdalena Medio antioqueños, así como en el sur de Bolívar”, sostiene Óscar Pardo, abogado de Humanidad Vigente Corporación Jurídica.

Uno de estos casos es el de Miguel Ángel Ramírez Gutiérrez, presentado por tropas de la Brigada XIV como guerrillero del Eln dado de baja en combate el 27 de enero de 2008. “Lo triste es que la noticia la recibí en la cárcel”, dice su padre, Miguel Ángel Ramírez Huepa, integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC).

“Ocho días antes llegaron los soldados a la vereda (Puerto Nuevo Ité, Remedios, Nordeste de Antioquia). Estábamos en reunión de la junta de acción comunal, llegaron pidiendo papeles y me llevaron acusado de rebelión”, relata Miguel Ángel.

“Estando en la (cárcel) Modelo de Bucaramanga me dicen: ‘mire que mataron a su hijo’. Lo que me contaron fue que pasó el Ejército por la vereda esa tarde del 27 de enero. Sonaron unos disparos. Llegó un helicóptero del Ejército y se llevó unos cuerpos para Puerto Berrío (Magdalena Medio antioqueño) diciendo que eran unos comandantes de la guerrilla. Después del tiroteo fueron a buscar a mi hijo en la finca y no lo encontraron”.

“Cómo él también era líder”, continúa Miguel Ángel, “entonces se fueron otros líderes con cooperantes internacionales hasta Puerto Berrío, pero allá los del Ejército, supongo que, al ver semejante escándalo, les dijeron que no tenían a nadie. Como a los dos días encontraron el cuerpo de mi hijo enterrado en una fosa común a las afueras de Puerto Berrío”.

Que haya justicia

Uno de los casos que será priorizado dentro del expediente 003 que cursa trámite ante la JEP será el del Batallón Bajes. Tal como lo señaló la magistrada Díaz, el informe entregado por las organizaciones defensoras de derechos humanos constituye insumo valioso no sólo por representar la voz de las víctimas sino, también, por contener información que será útil para la contrastación y verificación.

“Ese es el punto de partida para la contrastación. La JEP ha recibido información de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación, de otras instituciones del Estado como el Centro Nacional de Memoria Histórica y con estos informes entregados por las organizaciones de víctimas contrastamos toda la información para llamar a los comparecientes a presentar versiones voluntarias”, explicó la togada.

En este punto, una de las comparecencias más esperadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos será, precisamente, la del coronel (r) Barrera Jurado, “quien se acogió a la JEP, pero creemos que para negar su responsabilidad en estos hechos”, intuye Pardo.

En el análisis de los casos atribuibles tanto al Batallón Bajes como a la Brigada XIV, los activistas encontraron patrones comunes que evidenciarían una actuación sistemática del Ejército. “En ambos casos se recurrió a guías e informantes a quienes se les pagó recompensas. También fue común en ambos casos la alteración de la escena del crimen, así como el ocultamiento de pruebas y la inconsistencia en documentos internos del Ejército”, señala el jurista de Humanidad Vigente.

Si bien por varios de estos hechos la justicia ordinaria ha proferido sentencias contra soldados y suboficiales, “no existe ningún tipo de condena contra altos oficiales, comandantes de brigadas, batallones, Ejército y Fuerzas Militares”, afirma Pardo. (Leer más en: “Generales involucrados en ‘falsos positivos’ han sido intocables”: Vivanco)

“De hecho”, agrega, “el coronel (r) Barrera Jurado fue llamado a calificar servicios en 2008 por su responsabilidad en la comisión de violaciones a los derechos humanos y se encuentra vinculado a una investigación penal que adelanta la Fiscalía 106 de derechos humanos, pero continúa como contratista del Ejército y es asesor de doctrina militar”.

Por ello, uno de los propósitos que persigue el informe es aportar material probatorio útil para que se investigue y se determine la responsabilidad de otros altos mandos militares sindicados de ser responsables de la comisión de estos crímenes, como el general (r) del Ejército, Mario Montoya. (Leer más en: “Las bajas no es lo más importante, es lo único”: general Mario Montoya)

“Justamente, en el informe que le entregamos a la JEP, buscamos escalar la responsabilidad no solo al coronel (r) Barrera Jurado sino también a otros mandos militares como Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y el mismo Mario Montoya”, precisa Arboleda, de la CJL, oficiales que pasaron por la comandancia de la IV Brigada del Ejército. (Leer más en: “Asistencia de general (r) Mario Montoya a la JEP fue decepcionante”)

“Por ejemplo, en el tiempo que (coronel) Barrera Jurado se desempeñó como comandante del (batallón) Bajes, (general) Montoya era comandante de la Brigada IV; luego, cuando Barrera Jurado fue comandante de la Brigada XIV, Montoya era el comandante del Ejército. Y así. Por eso decimos que la responsabilidad se debe escalar hasta el máximo responsable”, detalla Arboleda.

Para personas como Mauricio García, más que responsabilidades de mando, lo que importa es la verdad, provenga de quien provenga. “Eso es lo que quiero, saber qué fue lo que pasó con mi papá y con mi hermano. Por qué ellos si eran tan sólo unos campesinos. Fueron muertes que cambiaron mi vida para siempre. Y la vida de ellos no valía el ascenso de un militar o unas vacaciones”.

Debate candente

La presentación de este informe ante la JEP tiene como telón de fondo una dura discusión sobre la sospecha de que la nueva comandancia del Ejército estaría exigiéndole a sus hombres incrementar este año los “resultados operacionales” a través de la aplicación de la Disposición 02 del 10 de enero de 2019, firmada por el general Nicasio Martínez. (Descargar Disposición 02)

La revelación de esas órdenes fue hecha en días pasados en un artículo publicado por el diario estadounidense New York Times. A través de fuentes anónimas, que al parecer son oficiales activos del Ejército inconformes por la adopción de esas reglas operaciones, se planteó que se estarían creando las condiciones para volver a las ejecuciones extrajudiciales de civiles para mostrar resultados positivos en la guerra que se libra contra la guerrilla del Eln, disidencias de las Farc y organizaciones del narcotráfico.

La nueva disposición operacional ha sido comparada con la Directiva 029 de 2005, expedida por el entonces ministro de la Defensa, Camilo Ospina, que fijó un conjunto de recompensas a las tropas con el fin de fortalecer las acciones contra grupos armados ilegales. (Descargar Directiva 029 de 2005)

Un día antes de la publicación y previendo el impacto que generaría el artículo, escrito por el periodista Nicholas Casey, tanto el ministro de Defensa, Guillermo Botero, como el general Martínez, reiteraron en rueda de prensa que las disposiciones tomadas a comienzos de este año cumplen con las normas del Derecho Internacional Humanitario y los protocolos que regulan los conflictos armados internos, de los cuales Colombia es firmante.

“Tenemos que fijarnos objetivos y metas ambiciosas. Lo que hicimos fue actualizar, hicimos reglas de enfrentamiento donde les dijimos qué deben hacer en el combate y qué no deben hacer”, explicó el alto oficial, cuya declaración fue reproducida por el diario El Tiempo.

“Hicimos unas reglas de enfrentamiento en la cual le dijimos a cada uno que debe hacer durante el combate. De hecho, hoy tenemos más de 140 personas que en combate han sido capturadas, heridos a los que hemos prestado todo el apoyo médico y las hemos dejado a disposición de la autoridad competente, esa es la mejor muestra del respeto por los derechos humanos”, detalló Martínez.

La publicación también generó una carta de rechazo del gobierno colombiana firmada por el canciller Carlos Holmes Trujillo y el ministro Botero, que fue enviada a la dirección del diario norteamericano. De acuerdo con estos dos altos funcionarios de gobierno, el texto de Casey “muestra una visión tendenciosa, parcial y distorsionada de los esfuerzos que el Estado colombiano y su Ejército hacen para estabilizar los territorios y consolidar el orden y la seguridad, como también para proteger a la población y los derechos y las libertades”. (Ver carta, en inglés)

La respuesta no se hizo esperar. El New York Times, a través de su editor ejecutivo, Dean Baquet, refutó las observaciones del Canciller Trujillo y el ministro Botero: “En ningún momento el artículo sugiere que el ejército colombiano ha emitido órdenes ilegales o inconstitucionales. De hecho, la única referencia a la legalidad de dichas órdenes viene del mismo general, cuando dice que la orden por encima de todas es respetar la ley y proteger los derechos humanos”.

En medio de esta fuerte discusión nacional e internacional está la población civil que habita en zona donde persiste el conflicto armado. Se teme que, como en el pasado, aquellos homicidios contra ciudadanos inermes que luego son presentados como “guerrilleros dados de baja en combate” regresen a enlutar los campos. (Leer más en: El miedo a los “falsos positivos” vuelve al sur de Bolívar)

Esta discusión también tocó a la revista SEMANA. Uno de sus más prestigiosos columnistas, Daniel Coronell, cuestionó en su habitual columna de domingo el hecho de que no publicaran los temores que tenían algunos oficiales del Ejército, pues desde hace tres meses tenían la misma información que publicó el New York Times. En respuesta, el fundador de la publicación, Felipe López, decidió retirarle el espacio al periodista.

The post “Los ‘falsos positivos’ no obedecieron a manzanas podridas” appeared first on VerdadAbierta.com.

Tras revisar informes de la Fiscalía General de la Nación, del Centro de Memoria Histórica (CNMH) y de la Corporación Reiniciar sobre la violencia que padecieron los integrantes de la Unión Patriótica, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura de un nuevo caso, el 006, para investigar a los responsables de las más de 6 mil víctimas que dejó ese exterminio. (Leer más en: El saldo rojo de la Unión Patriótica)

En el Auto 27 de este año, la Sala explica que la violencia que padeció la Unión Patriótica (UP), partido político que nació en medio de los diálogos de paz del expresidente Belisario Betancur con la guerrilla de las Farc en 1985, cumple con todos los requisitos para ser uno de sus casos priorizados. El análisis preliminar refiere que, al cruzar los tres informes, se evidencia la existencia de un patrón sistemático y generalizado de violencia contra los miembros de la UP.

Asimismo, y desde distintas hipótesis, dichos informes señalan como presuntos responsables a miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado, terceros civiles y grupos paramilitares. “Además, en determinados lugares y durante periodos de tiempo con fronteras identificables, algunos de estos actores aparentemente operaban a través de alianzas entre ellos, por medio de las cuales se ejecutó la violencia contra la UP”, refiere el Auto.

Sobre los civiles, agentes estatales y exparamilitares, la JEP aclara que sólo tiene competencia para conocer sobre los hechos ocurridos con razón del conflicto armado por parte de miembros de la Fuerza Pública y de las Farc, pero que puede procesar a los demás si aceptan comparecer voluntariamente ante su jurisdicción, tal y como lo avaló la Corte Constitucional.

En cuanto a miembros de la Fuerza Pública, la Sala de Reconocimiento informó que 16 se han acogido a la JEP, expresamente, por hechos relacionados con crímenes contra miembros de la UP. Además, que se encuentra en estudio la postulación de 13 exfuncionarios del DAS y de cuatro oficiales del Ejército Nacional para ser escuchados en esa rama de justicia transicional.

Entre los exuniformados que comparecerán ante la JEP por este caso se encuentran un brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, dos sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo segundo, dos soldados profesionales y un agente de inteligencia.

El documento también reseña los escasos resultados que ha producido la justicia ordinaria, como lo reconoció la propia Fiscalía General de la Nación en la información que hizo allegar. Según datos del ente acusador, tiene 863 procesos en investigación, 53 en juicio, 246 sentencias y 67 casos declarados como crímenes de lesa humanidad.

Y en ese sentido, cita un apartado de la Fiscalía: “(…) Los datos de judicializaciones evidencian avances significativos, aunque aún insuficientes sobre este fenómeno criminal. De los 863 radicados, 809 están siendo tramitados bajo la Ley 600 y 54 bajo la Ley 906. En lo que respecta a la Ley 600, 479 procesos, el 59,21% de los casos, no han superado la etapa de investigación previa. Adicionalmente, 267 procesos, es decir el 33% de los casos, se encuentran en etapa de instrucción. 53 procesos, el 6,55% de los casos, están en juicio”.

Lo que espera la Unión Patriótica

Uno de los principales reclamos de Aida Avella, actual presidenta de la UP y senadora de la República, pasa por el hecho de que por fin salga a la luz cómo se cometió ese exterminio y quiénes estuvieron detrás de él. “Es necesario que se escuche esa parte dolorosísima de la historia de Colombia, en donde varios agentes del Estado estuvieron vinculados a la matanza sin razón e irracional de un partido político de oposición”, indica. (Leer más en: Víctimas que alcanzaron curul, llevarán mensaje de tolerancia al Congreso)

Y con esperanza señala: “Sobre todo, el país tiene que conocer qué pasó, quiénes dieron las órdenes, dónde se hicieron los planes. Creo que ahí tienen mucho que decir algunos militares y otros en retiro, pero también tienen que complementar algunas historias los jefes paramilitares que saben bastante de la situación. Aquí tienen que ir a contar la verdad”. (Leer más en: Los crímenes contra la UP no fueron aislados)

Al hablar sobre el tema, recordó el asesinato de Diana Cardona, alcaldesa del municipio antioqueño de Apartadó, quien el 26 de febrero de 1990 fue encontrada sin vida y con su rostro desfigurado en las afueras de Medellín, tras haber salido con otro turno de escoltas.

Por eso, espera que la JEP ayude a esclarecer los miles de crímenes que padecieron sus militantes y llame a declarar a los responsables de ese desangre: “Por ejemplo, en el crimen de Diana Cardona, ¿quién era el director del DAS en Antioquia y por qué llegan esos escoltas del DAS? Son cosas que hay que esclarecer: quiénes estuvieron en las alturas de la seguridad en muchos de los crímenes, desapariciones y amenazas”.

Para Imelda Daza, quien regresó a Colombia en 2015 tras un exilio de 28 años, la apertura de este caso es un camino hacia la reconciliación y la reconstrucción del país, siempre y cuando se establezca quiénes fueron los autores intelectuales de la violencia contra la UP; y reconozcan sus culpas y pidan perdón, pues están dispuestos a perdonar. (Leer más en: El regreso de Imelda a la política de Cesar)

“Esperamos que los autores intelectuales del genocidio contra la Unión Patriótica sean juzgados y condenados. No para ir a una cárcel, no nos interesa porque con eso nada resolvemos y no nos complace, pero sí que se identifique la manera de que esos culpables puedan resarcir el daño enorme que les causaron no sólo a algunas personas, sino al país en general”, precisa.

Y aunque desconfía del gobierno nacional y del Fiscal General de la Nación por las trabas que le han puesto a la ley estatuaria de la JEP, la cual a pesar de haber surtido todos los tramites pertinentes no ha sido sancionada por el presidente Iván Duque, esta mujer de 70 años no duda de las posibilidades este mecanismo de justicia transicional.

“La justicia ordinaria ha tenido 31 años para actuar, y que sepa, de 125 asesinatos en Cesar, no hay un sólo expediente. ¿Qué podemos esperar justicia ordinaria? Nada, porque lo único que ha garantizado es impunidad total sobre un genocidio. Sí creemos que la JEP, a pesar de las dificultades, puede ser la única institución que garantice ese mínimo que esperamos: reconocimiento de los hechos, esclarecimiento de esas verdades, promesas de no repetición y reparación”.

Daza enfatiza que, en el caso de acudir a alguna audiencia de la JEP, su intervención se centraría en la reparación que anhelan: “Requerimos reconcomiendo del buen nombre de las víctimas, hay que hacerlo territorialmente. Nosotros hicimos en Cesar un acto de desagravio y reconocimiento en Becerril: colocamos una palca con los nombres de las principales víctimas en el Concejo Municipal. Fue un acto doloroso pero solemne, los familiares se sintieron dignificados”.

Y aparte de reparación, concluye que lo primordial de este proceso, es que se garantice que en Colombia no volverá a ocurrir otro genocidio político. De hecho, en ello coincide con Avella. (Leer más en: Exterminio de la UP fue un genocidio político)

“Esperamos que no se vuelvan a cometer esta clase de crímenes selectivos, no sólo contra la Unión Patriótica. Creo que esta sociedad está supremamente preocupada y angustiada con lo que está pasando en estos momentos con los líderes sociales. Para mí, eso es una revictimización para los que hemos sido víctimas del Estado. Para mí es claro que están repitiendo el mismo esquema de la Unión Patriótica porque no fueron castigados, y cuando los crímenes permanecen sin castigo, se vuelven a repetir porque la mayoría (de los victimarios) se siente segura de que no será tocada por la justicia”, plantea la presidenta de la UP. (Leer más en: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales)

Lo que destaca el Caso 006

Al cruzar los voluminosos informes de la Fiscalía, del CNMH y de la Corporación Reiniciar, los investigadores de este mecanismo de justicia transicional encontraron similitudes en la manera como ocurrió el desangre de la Unión Patriótica, aunque hay una gran diferencia entre las cifras el ente acusador y las otras dos organizaciones. (Leer más en: Organizaciones sociales nutren de información a la JEP)

El informe de la Fiscalía General de la Nación entregado a la JEP establece un universo de 1.620 víctimas de la UP; sin embargo, la Corporación Reiniciar identificó 6.613 víctimas entre 1984 al 2002, cifra similar a la documentada por el CNMH: 6.201 durante los mismos 18 años. Estas últimas fueron detalladas y dan cuenta de que 3.122 miembros de la Unión Patriótica son víctimas de asesinatos selectivos, 544 de desaparición forzada, 478 de asesinatos en masacres, cuatro de secuestros y tres más padecieron otros tipos de violencia.

Además, el análisis de los tres informes permitió identificar que la violencia contra la Unión Patriótica se concentró en el Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; en Urabá, entre 1986 y 1998; en Meta, entre 1988 y 1992; en la Costa Caribe, entre 1996 y 2002; en el nororiente y nordeste antioqueño y el sur del país, regiones en las que la Fiscalía sostiene que la “persecución se dio a través de perspectivas contrainsurgentes y anticomunistas, que se expresaron en homicidios selectivos y en la estigmatización a líderes sociales y políticos, docentes, comerciantes y empleados, entre otros”.

En términos territoriales, el ente acusador encontró que los ataques contra ese partido político ocurrieron por lo menos en 27 departamentos; y el Centro Nacional de Memoria Histórica estableció victimizaciones en 367 municipios, de los cuales, en 40 de ellos, se concentran dos terceras partes del total de las víctimas.

Sobre el perfil de las víctimas, la Sala las agrupó en cuatro grandes categorías, a partir de la información que recibió antes de emitir el Auto 27: “(i) la base campesina y obrera que actuó como agente de movilización social de la UP; (ii) los militantes del partido, ya fueran dirigentes nacionales o regionales o solo aquellos que participaban de manera activa, cuyo rol en la función pública agravó su vulnerabilidad pues los hizo visibles a los ojos de los aparatos criminales; (iii) simpatizantes de la UP, es decir personas que no militaban ni participaban activa o formalmente en el partido, pero tenían algún grado de afinidad con el mismo o con los roles de liderazgo social (lo que incluyó en ciertos casos a líderes campesinos, comunitarios, estudiantiles, sindicales e indígenas); y (iv) personas que no pertenecían al partido, pero que sí compartían intereses o identidades de izquierda”. (Leer más en: César Pérez y el exterminio de la UP en Antioquia y César Pérez condenado a 30 años por la masacre de Segovia)

Y sobre el porqué de la persecución hacia esos sectores, destaca uno de los planteamientos del CNMH: “Se habría enmarcado en el contexto de una lógica anticomunista en la cual las Fuerzas Armadas se perfilaron como guardianas de la nación “verdadera”, caracterizada por el capitalismo, el conservatismo político y el catolicismo, ante una amenaza existencial sintetizada en la UP como su enemigo directo. Esta confrontación se libró a través de alianzas público-privadas fundadas en coincidencias ideológicas o en consideraciones pragmáticas y fue alentada por un discurso oficial de estigmatización de la UP. En este clima adverso al surgimiento de alternativas democráticas, el éxito electoral de la UP en 1986 fue visto como una amenaza al status qua ante el cual se reaccionó a través de la violencia”.

Cuando la JEP pasa sus horas más bajas por el limbo en el que se encuentra su ley estatuaria y por la captura de uno de sus fiscales implicado en un supuesto acto de soborno para evitar la extradición hacia Estados Unidos de ‘Jesús Santrich’, exjefe de las Farc que dejó las armas y fue capturado porque presuntamente estaba negociando el envío de cocaína tras su dejación de armas, ese mecanismo de justicia transicional abre una brecha para esclarecer una de las tragedias más dolorosas y vergonzantes del conflicto armado.

Las esperanzas de más de seis mil familias para acceder a justicia integral en Colombia están en manos de nuevos magistrados, de la firma presidencial a una ley que ya recibió el visto bueno de la Corte Constitucional y del compromiso real de aquellos que se sometieron a esta instancia para contar realmente lo qué pasó y quiénes estuvieron detrás de esa tragedia política.

The post ¿Podrá la JEP saldar la deuda de justicia con las víctimas de la UP? appeared first on VerdadAbierta.com.

Artículos relacionados

La dura realidad del secuestro retumba en la JEP

Como parte del caso 001, la Jurisdicción Especial para la Paz inició la recepción de informes orales sobre ese delito cometido por la extinta...

“Todos los días nos decían que éramos el enemigo, el ejército burgués, el ejército paramilitar”

Dos miembros de la fuerza pública, sobrevivientes de la masacre de Urrao, Antioquia, les contaron a los magistrados de la JEP detalles de su...

Organizaciones sociales nutren de información a la JEP

Desde abril pasado, le han remitido múltiples casos y análisis a la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de iniciar el camino...

Los secuestros, casi el doble de lo que se calculaba

Informe gráfico sobre los 40 años del secuestro en Colombia. Mientras las cifras oficiales mostraban que entre 1980 y 2010 se habían presentado 24...

“Hay cerca de 200 mil víctimas directas del secuestro”

César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, explica cómo documentó los 39.058 secuestros cometidos entre 1970 y 2010. Los calculos apuntan a que 200.000...

Cinco mil víctimas de secuestros masivos en los últimos 12 años

Un informe sobre los secuestros masivos en Colombia publicado por Fondelibertad revela que, en los últimos 12 años, 5.671 personas han sido víctimas de esta modalidad...

The post Bajo reserva, relatos de exjefes de las Farc sobre la práctica del secuestro appeared first on VerdadAbierta.com.

Este lunes la magistrada Belkis Izquierdo anunció la apertura del Caso 005 de la JEP, que se centrará en las violaciones de derechos humanos, que presuntamente cometieron miembros de la guerrilla de las Farc y de la Fuerza Pública durante la confrontación armada en el norte de Cauca. Se priorizaron los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono.

La togada explicó que “la Sala decidió priorizar esta situación debido a que el departamento de Cauca es especialmente representativo frente al conflicto armado, ya que en él han confluido todos los actores armados que han cometido violaciones representativas a los derechos humanos y que afectaron a grupos sociales, especialmente vulnerables (pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas)”.

Y es que la situación no es para menos, pues según informes de la Fiscalía General de la Nación, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de organizaciones sociales, en esa región se identificaron múltiples “conductas especialmente graves”, como desplazamiento forzado, detenciones irregulares, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente.

Entre los anuncios de Izquierdo, destaca que en la apertura de ese expediente se aplicó el enfoque territorial y étnico-racial consagrado en el Acuerdo Final, “como una de las estrategias para lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y sus posibles causas y efectos, como la discriminación racial, la presencia de múltiples grupos armados, la importancia económica y estratégica de las regiones donde están asentados, en su mayoría, los pueblos étnicos”. (Leer más en: Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico)

Asimismo, la magistrada explicó que la decisión de priorizar esos municipios se basó en los Criterios y Metodología de Priorización de Casos y Situaciones de la Sala, que tienen en cuenta aspectos subjetivos como la vulnerabilidad de las víctimas, el impacto diferenciado en los pueblos étnicos y sus territorios, el impacto diferenciado en otros sujetos colectivos y la representatividad de los presuntos responsables; y objetivos como gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización y la representatividad de los hechos.

Tras la apertura del caso, además de conocer la información de esos municipios, la JEP decretó abierta la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos; y declaró la apertura del acopio de información y el llamado de versiones voluntarias.

A la apertura de este expediente le antecedieron los relacionados con los secuestros de los denominados “canjeables” por parte de las Farc; la priorización de la violencia ocurrida en el Pacífico nariñense, particularmente en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte; las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”; y la priorización de la región de Urabá. (Leer más en: La dura realidad del secuestro retumba en la JEP y Con dudas de las víctimas, empieza proceso por ‘falsos positivos’ en la JEP)

Esperanza de justicia

Para Víctor Hugo Moreno, consejero Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), la priorización de esa región por parte de la JEP es una noticia muy importante y las comunidades afro la reciben de la mejor manera, por todas las afectaciones que les ha dejado el conflicto armado, no sólo en víctimas, sino también en personas exiliadas por la estigmatización, daños en los territorios y fracturas en las comunidades.

Sin embargo, para este líder comunitario, es clave que la JEP no fije sus decisiones sólo en las afectaciones individuales, sino también en los daños que los actores armados les propinaron a sus proyectos de vida como pueblos ancestrales, “porque ha existido una constante resistencia para no dejar desarticular las dinámicas organizativas y de pervivencia de la vida como pueblo étnico, tanto de la comunidad negra, como del pueblo indígena que ha tenido una resistencia histórica en el territorio”.

Y argumentó: “Cuando asesinan a un líder, no sólo se lo están llevando a él, sino a un conocimiento, a un rol de articulación y de trabajo comunitario; se está desarticulando a la comunidad porque esa persona que jugaba un papel importante de convocatoria y planificación, está dejando de estar. La afectación no es sólo para la familia de la persona que toca ‘sembrarla’ en la tierra, sino que queda un vacío en la comunidad por el ejercicio de liderazgo que ejercía”.

Esa visión es compartida por el pueblo Nasa, la comunidad indígena que tiene 19 cabildos en la región. Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígena del Norte del Cauca (Acin), sugirió que los casos tratados en la JEP deberán tener un enfoque colectivo o comunitario.

“Nuestras comunidades han manifestado que los procesos de justicia deben tener un hilo conductor colectivo. Conocemos de hechos graves violaciones de derechos humanos y de infracciones Derecho Internacional Humanitario en los que se ultimaron guardias indígenas, autoridades tradicionales e importantes líderes de la organización; se afectaron importantes territorios considerados como sagrados; y también se dio la estigmatización contra la organización (Acin), por tomar autonomía y decidir no participar con ningún actor armado”, detalló Capaz.

De acuerdo con el coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Acin, la JEP no sólo tendrá el reto de revisar lo que pasó con relación a la confrontación armada, sino calificar la violencia que padeció el pueblo Nasa: “Hay que decir que muchos hechos en desarrollo del conflicto fueron contra mecanismos propios de resistencia pacífica que desarrollaron las comunidades viéndose ahogadas por el conflicto armado. Hay muchas cosas que se hicieron contra la Guardia Indígena, contra autoridades ancestrales, contra la estructura organizativa, contra médicos tradicionales y otra serie de elementos muy propios de las comunidades, que se deben dar cuenta”.

No obstante, reiteró que la priorización del norte de Cauca la reciben con optimismo: “Esperamos que los encuentros y desencuentros que tenemos con la JEP sean abordados de buena fe, de buena forma, y poder apotrar mucho a ese ejercicio de reconciliación. Es una oportunidad para ir saldando una deuda histórica de ejercicio de justicia”.

Esperan más

En Aconc guardan la esperanza de que la apertura de este caso ayude a desestancar la reparación a la que tiene derecho la mayoría de sus consejos comunitarios, pues 36 de los 43 que la componen, cuentan con sus propias resoluciones de la Unidad de Víctimas, que los reconoce como sujetos de reparación colectiva, pero han pasado los años y ésta aún no llega. (Leer más en: Reparación colectiva, la deuda que dejó Alan Jara en la Unidad de Víctimas)

“Para nosotros sería muy importante que se pueda priorizar el norte de Cauca para que tenga una reparación efectiva. Los estudios de la JEP y sus fallos tienen que contribuir a esa reparación colectiva de nuestros territorios y de nuestros procesos organizativos como pueblo étnico”, planteó Moreno.

Y detalló: “A partir de la movilización social comunitaria en 2014 se logró hacer ese acuerdo y en 2015 inició todo el proceso de levantamiento de los casos victimizantes colectivos a la luz del Decreto Ley 4635 de 2011. Una vez se hizo todo el barrido de hechos victimizantes se determinó que 36 consejos comunitarios eran sujetos de reparación colectiva y cada consejo tiene su resolución de forma individual. Pero eso está parado, porque más allá de las resoluciones y de los documentos, no se ha avanzado. Hay una gran preocupación porque la Ley de Víctimas y el Decreto 4635 vencen en 2021”.

Por otro lado, Capaz, de la Acin, cuestionó el periodo que la JEP estipuló para establecer los hechos cometidos presuntamente por miembros de las Farc y de la Fuerza Pública, que va de 1993 a 2016, quedando por fuera la masacre de El Nilo, ocurrida en 1991, un caso que para la región es emblemático y en el que están implicados paramilitares y miembros de la Policía Nacional. (Leer más en: La masacre de El Nilo y “Esperamos que por fin se haga justicia”: indígenas Nasa)

“Hay una deuda histórica en los rangos de fecha que ocultan mucha parte de la verdad que las comunidades quieren expresar; eso es cortar gran parte de la verdad de parte tajante. La partición de actores armados y de la vida política y empresarial, es un mal mensaje y fragmentación del ejercicio de justicia. Son verdades a medias por tiempos cortados”, se lamentó Capaz.

Por eso, las comunidades esperan que los casos que se quedaron por fuera de esta priorización puedan ser abordados en otros expedientes: “La JEP tiene limitaciones entorno a actores y tiempo, pero nuestro grado de integralidad de afectación al pueblo Nasa trasciende tiempos y actores armados, y ese principio nos deja cortos en pretensiones. Esperamos que el ejercicio de justicia como el de El Nilo y otras masacres ocurridas con anterioridad y por otros actores armados, se puedan abocardar en posteriores ejercicios de justicia. Estamos dispuestos a aportar, escuchar y dialogar en la medida en que se pueda”.

Ese vacío sobre demás actores involucrados en las hostilidades del conflicto armado también preocupa al pueblo afro, y por eso el Consejero Mayor de Aconc considera que la JEP debería tener en cuenta la violencia de los paramilitares del Bloque Calima de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“Se requiere que la JEP meta la mano. Hay muchas cosas que no están aclaradas, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha ayudado a sistematizar muchas de las confesiones (de los desmovilizados del Calima) y de las cosas que pasaron en el norte de Cauca, creemos que hay necesidad de que se tenga en cuenta eso. Creo que las mismas investigaciones arrojarán el vínculo necesario de los grupos paramilitares, teniendo en cuenta que para que se aclaren las cosas y haya fallos efectivos, tiene que tener en cuenta todo el contexto del territorio. Empresarios, Fuerza Pública y gobiernos locales, departamentales y nacionales, en su momento, por omisión o por acción, tuvieron que ver con eso”, precisó.

Por esa razón, Moreno reiteró que, en un marco de reparación integral, las víctimas tienen derecho a conocer toda la verdad de lo acontecido en el conflicto armado, “y la JEP tiene que generar los fallos a favor de los territorios, con un enfoque colectivo e individual, y hacer énfasis en las afectaciones de los pueblos étnicos del norte de Cauca”.

The post La JEP le pone lupa a violencia que golpeó al norte de Cauca appeared first on VerdadAbierta.com.

Este martes, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continuó escuchando a las víctimas del secuestro, tarea que inició el pasado 22 de octubre. En esta oportunidad, acudieron víctimas directas e indirectas de la masacre de Urrao, ocurrida el 5 de mayo de 2003 y perpetrada por las Farc tras un intento de rescate por parte de la Fuerza Pública. Allí murieron, tras 13 meses de cautiverio, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria; el exministro y asesor de Paz de la gobernación, Gilberto Echeverri; y ocho militares. (Lea más: La dura realidad del secuestro retumba en la JEP)

Los primeros en intervenir ante los magistrados de la JEP fueron los familiares de Echeverri, quienes pidieron que su testimonio se recibiera a puerta cerrada. Posteriormente rindió informe oral la exdirectora de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto, esposa de Gaviria para el momento del secuestro. Tal como hizo ante el Congreso de la República en noviembre de 2016, durante las discusiones previas a la refrendación del segundo Acuerdo Final de paz, Pinto controvirtió el operativo de rescate, sobre el que dijo estuvo “mal planeado y ejecutado”.

El cuestionamiento apunta a la llamada Operación Monasterio, adelantada por tropas de la Cuarta Brigada del Ejército bajo el mando del entonces comandante de esa guarnición militar, general Mario Montoya. Ese fracaso operacional nunca fue investigado por las autoridades de manera diligente.

Pinto también criticó a las Farc por el secuestro del gobernador Gaviria, quien fue retenido junto con su asesor de paz el 21 de abril de 2002 cuando lideraban una marcha de la No Violencia en zona rural del municipio de Caicedo, en el occidente antioqueño, en solidaridad con las comunidades campesinas confinadas por las Farc. En el sitio conocido como El Vaho fue conminado por guerrilleros del Frente 34 a que los acompañara a hablar con el comandante de esa unidad insurgente, Aicardo Agudelo, conocido como ‘El Paisa’. Lo siguió el exministro Echeverri. En ese momento comenzó su trágico secuestro.

Por ese hecho, y el posterior asesinato de su esposo, Pinto les pidió a los excomandantes de las Farc contar “la verdad sobre por qué lo hicieron, qué daño les estaba causando Guillermo, si él vivo le era más útil a Colombia y a la causa de los más necesitados, a los que supuestamente defendían las Farc”.

Finalmente intervinieron los suboficiales Heriberto Aranguren, del Ejército, y Agenor Viellard, de la Armada, dos de los tres sobrevivientes de la masacre de Urrao. En sus testimonios es posible dimensionar la capacidad militar que llegaron a tener las Farc finalizando la década de 1990, las difíciles condiciones en que transcurrió la retención de los integrantes de la Fuerza Pública y la relación que estos últimos tuvieron con los civiles durante el cautiverio.

Retrocedieron “miles de años”

Heriberto Aranguren, sargento mayor retirado del Ejército, fue plagiado el 22 de junio de 1999 tras sostener un combate con el Bloque Noroccidental de las Farc, en el corregimiento Juan José, de Puerto Libertador, Córdoba. Al respecto, detalló:

“A las 11:20 de la mañana habíamos caminado toda la noche, llegamos a Juan José y supuestamente la guerrilla ya se había ido, pero la población civil sabía que aún estaba ahí. Llamaron al Alcalde, al Gobernador. Ahí estaban los grandes jefes militares, (que) ordenaron pasar el río San Jorge a seguir la persecución. Embarqué en un helicóptero civil de una empresa petrolera llamada Ocensa, que es solamente para transporte de personal, no tiene armas para apoyar a las tropas que desembarcan (…) La guerrilla sabían cuál era el único lugar donde podíamos desembarcar, dejaron que el helicóptero aterrizara y cuando el helicóptero se fue a ir sonaron las primeras ráfagas de fusil, intentando derribarlo”.

Aranguren aseguró que después de varios minutos de combate, tras “quedar sin munición y ante la superioridad del enemigo”, fue capturado junto a cuatro soldados, mientras que 35 de sus compañeros murieron en la confrontación.

Periodistas que cubrieron en aquella época esos hechos y llegaron hasta Juan José un día después del ataque, le contaron a VerdadAbierta.com que la carretera entre el municipio de Puerto Libertador y ese caserío estaba plagada de paramilitares que portaban brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). “Ellos instalaron retenes en la vía, hacían bajar a los pasajeros de buses y a quienes íbamos en carros particulares, como nosotros; exigían los documentos de identidad y decidían si se podía seguir hacia Juan José o no”, detalló uno de los comunicadores consultados por este portal, quien pidió la reserva del nombre.

Para los militares sobrevivientes en Juan José comenzó una pesadilla por cuenta de las Farc, que los trasladó a la profundidad de la selva: “Duré dos años encerrado en un cajón de madera en el Nudo del Paramillo (…) Hablo de un cajón porque era hermético, de tres por tres metros y un metro 70 de altura (…) Era un espacio muy reducido, tocaba dormir casi el uno encima del otro: los cuatro soldados que secuestraron y yo. Nos facilitaron un tarro de cinco galones, le hicieron un hueco, y ese era nuestro orinal todos los días”. Para el final del año 1999, recordó, “el nuevo milenio llegó como si la humanidad hubiera retrocedido miles de años: no había papel higiénico, ni energía, vivía totalmente aislado”.

En 2002, Aranguren y otros militares fueron llevados al lugar donde se encontraban el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el asesor de Paz de la gobernación, Gilberto Echeverri, secuestrados por las Farc en abril de ese año. Sobre los dos funcionarios, el sargento recordó:

“De ellos aprendí lo que es amor por la patria, por el país, la preocupación por la problemática social causante de la desigualdad social, la falta de oportunidades, la necesidad de una buena educación. También aprendí de ellos la filosofía de la no violencia, basada en el pensamiento de grandes pacifistas de la historia de la humanidad, como Mahatma Gandhi y Martin Luther King. De ellos aprendí que existen herramientas como la huelga de hambre, la desobediencia civil y las marchas pacíficas. Si los grupos armados ilegales han causado daño, más daño ha causado la indiferencia del pueblo colombiano”.

Asimismo, contó que los militares les prestaron apoyo a ambos políticos: “Por ser personas civiles, tratábamos de girar todos alrededor de ellos para minimizar esa estadía ahí en cautiverio, (con actividades) como reclamarles la comida, lavarles la ropa, peluquearlos, arreglarles la barba”.

Posteriormente, entregó detalles sobre la masacre: “El 5 de mayo de 2003 llevábamos la rutina diaria, unos estudiaban inglés, otros realizábamos manualidades y artesanías, para mantener la mente ocupada. A las 11 en punto de la mañana sentimos los helicópteros del Ejército sobre el campamento guerrillero. El jefe guerrillero ‘El Paisa’, del Frente 34 de las Farc, al ver que el Ejército venía por los secuestrados, organiza a sus hombres, dando órdenes claras de quién asesinaba a quién (…) Entran al cambuche y empiezan a fusilarnos a sangre fría, sin que hubiera combate con el Ejército. Al ver que algunos compañeros habían quedado heridos, los remataron a tiros de gracia. Prefirieron acabar con la vida de los secuestrados a permitirle, según ellos, un triunfo a las Fuerzas Militares de Colombia”.

Según contó el sargento ante los magistrados de la JEP, él sobrevivió por haberse escondido debajo de su cama, lo cual minimizó el impacto de los disparos. Aún así, recibió uno en la pierna y dos en el cráneo, que le ocasionaron el 56 por ciento de la pérdida de la capacidad laboral. Por ello, fue designado a realizar trabajo de oficina, hasta marzo de 2016, cuando se retiró del Ejército. Sobre su estado de salud, aseguró: “Ha sido difícil el proceso de recuperación, no me han realizado la junta médica de retiro, me ha tocado cancelar de mi pecunio algunos exámenes de especialista. Si eso es así conmigo, que hice parte del Estado, cómo será para el campesino que vive en una vereda muy alejada o para un ciudadano del común”.

Sobre los responsables de su secuestro, señaló a los entonces integrantes del Estado Mayor Central de las Farc y su Secretariado; al comandante del bloque Noroccidental, ‘Iván Márquez’, de quien hoy se desconoce el paradero; a los comandantes de los frentes 34 y 18, conocidos como ‘Isaías Trujillo’ y ‘Román Ruiz’, respectivamente; así como a quienes se encargaron de custodiarlo en Antioquia y Chocó, incluyendo a ‘El Paisa’ y a un guerrillero llamado ‘Malicia’. Tanto ‘Ruiz’ como ‘El Paisa’ murieron en bombardeos ejecutados por el Ejército.

Aranguren, además, responsabilizó al Estado: “También es culpable el Estado, porque por acción u omisión permitió que nos tuviera un actor armado ilegal tanto tiempo en las selvas. Considero que, como víctima, el Estado todavía está en deuda conmigo”.

Frente a la reparación, le pidió a la Farc contar la verdad sobre lo ocurrido, mostrar “arrepentimiento verdadero”, no volver a “delinquir” y contribuir a la “reconstrucción de la infraestructura”.

“Enemigos”

El sargento primero Agenor Viellard se incorporó a la Armada en 1993. Fue secuestrado en diciembre de 1999, en Juradó, Chocó, durante una toma de población ejecutada por el Frente 57 del bloque Noroccidental de las Farc. Así recordó los momentos previos a la toma:

“El 11 de diciembre de 99, salí al pueblo a comprar víveres para la tropa y me dieron la información de que los campesinos que salieron a buscar ganado y animales para sacrificar y vender no habían regresado y eran las 5 de la tarde (…) Desde enero del 99 había la información de que ‘Iván Márquez’ se quería tomar Juradó, Chocó. Era el tiempo en que ellos (las Farc) se tomaban las poblaciones que querían (…) Llevé la información al comandante de puesto, teniente Alejandro Ledezma Ortiz, que se comunica con el batallón. El comandante de ese entonces, coronel Leopoldo Jiménez, no se tomó en serio la información”

Pasada la medianoche, contó el sargento, empezó el ataque de la guerrilla con pipetas de gas y disparos de fusil. Aseguró que los insurgentes sobrepasaban diez a uno a los infantes de marina, cuyos M16 se “trababan mucho por la arena y la lluvia”. Al día siguiente, cuando las Farc se habían tomado por completo el puesto de la Armada, los sobrevivientes se entregaron. Para entonces, Viellard tenía un disparo en el pecho.

Posteriormente, según relató: “Nos empezaron a llevar selva adentro (…) Al día siguiente llegó ‘Iván Márquez’ con una señora que supuestamente era su esposa y nos dijeron que éramos canjeables, prisioneros de guerra, que nos respetaban la vida y que si nos pasaba algo era porque nos intentábamos volar”.

Viellard también dio cuenta de un episodio que él y sus compañeros vivieron con un comandante guerrillero del Bloque Noroccidental, conocido como ‘Alirio’:

“Una tarde ‘Alirio’ nos empezó a decir que ellos eran un ejército revolucionario y que su llegada al poder nadie la detenía. Yo le pregunté que si se creían un ejército, por qué no respetaban los derechos humanos, por qué tenían niños. Entonces él se enojó mucho (…) Llegó la hora de la comida, la changua guerrillera, un mazacote de arroz, y yo vi que mi porción era muy poquita, al otro día fue lo mismo, al almuerzo también. Entonces yo le dije a alias ‘Aliro’ que si ellos eran un ejército revolucionario, debían respetar mis derechos y que entraba a huelga de hambre”.

Y continuó: “Se unieron otros a la huelga, duramos dos días, hasta que llegó ‘Alirio’, nos dijo que termináramos ya con esa payasada, que cuáles derechos, empezó a disparar al aire y los guerrilleros estaban como en posición de fusilarnos; eso nos asustó mucho, empezamos a temblar. Y dijo que quería ver terminar esa huelga de hambre ya. Entonces, el sargento más antiguo nos aconsejó: ‘Muchachos, no se hagan matar por pendejadas, dejen ese cuento de la huelga y sigamos, hermano, la guerra es de los vivos’. Terminamos la huelga y empezó el secuestro un poco más duro, porque obviamente el comandante estaba enojado con nosotros”.

El sargento también contó que “a nosotros los militares todos los días nos decían que éramos el enemigo, el ejército burgués, el ejército paramilitar”.

Posteriormente, en 2002, el grupo llegó al sitio donde se encontraban Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri. Sobre los dos políticos asesinados, Viellard expresó: “Fueron dos civiles que nos enseñaron mucho: valores, fortalezas (…) Nos ayudaron a tener ese cautiverio más llevadero”.

Durante esa época, Viellard enfermó de Leishmaniasis, para la que, asegura, nunca recibió medicamentos: “‘El Paisa’ me dijo que tenía una sola forma de curar, pero que era una tortura. Me empezaron a colocar un cuchillo caliente en la cara, después cogían panela, la derretían en la herida y me colocaban cera de abeja que quemaban. Obviamente se me hinchó mucho la cara y cuando llegué a donde mis compañeros, los vi triste, les pregunté qué pasaba y claro, yo estaba desfigurado, a ellos eso les daba mucha tristeza”.

El sargento también se refirió a la masacre. Contó, como Aranguren, que tras el arribo del Ejército a la zona las Farc decidieron asesinar a los rehenes:

“Cuando yo me agacho a recoger mi equipo y mis cosas, empiezan a dispararnos las Farc. Me tiro al piso y empiezo a meterme debajo de la cama. Cuando me faltan las piernas, escucho al doctor Gilberto quejarse, gritando: ‘Estoy herido’. Yo le alcancé a decir: ‘Doctor, cállese que nos van a matar’. Cuando yo termino, escucho a ‘El Paisa’ decir: ‘Verifiquen que no quede nadie vivo’ (…) Cuando llegan donde mí, me disparan por encima de la cama y los tiros me pegan al lado, yo era muy delgado y no me alcanzaron a tocar. Cuando remataron al exministro Echeverri, el tiro que le sale de la cabeza me pega a mí en la pierna, que todavía lo tengo, una ojiva de 7,62 (…) Mi sargento Guarnizo (quedó) ileso y bajó a buscar al Ejército. Duró más o menos como 15 minutos, empezaron a dar los primeros auxilios, cuando me levantan en la camilla veo a mis compañeros, los cuerpos ya sin vida”.

Por último, Viellard les dijo a los magistrados que durante su secuestro se enteró del asesinato de un soldado de apellido Norato y un guerrillero conocido como ‘Humberto’, quienes en diciembre de 2001 escaparon juntos de las Farc. Según el relato del sargento, ambos hombres fueron recapturados y posteriormente asesinados, tras lo cual los guerrilleros “colocaron equipo de sonido, porque ellos cargaban planta eléctrica, y empezaron a hacer fiesta celebrando la muerte del soldado”.

The post “Todos los días nos decían que éramos el enemigo, el ejército burgués, el ejército paramilitar” appeared first on VerdadAbierta.com.

Otros artículos sobre secuestrados

“Todos los días nos decían que éramos el enemigo, el ejército burgués, el ejército paramilitar”

Dos miembros de la fuerza pública, sobrevivientes de la masacre de Urrao, Antioquia, les contaron a los magistrados de la JEP detalles de su cautiverio y del asesinato de sus compañeros de plagio, entre...

Leer más

The post La dura realidad del secuestro retumba en la JEP appeared first on VerdadAbierta.com.

The post Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay cuerpos de desaparecidos appeared first on VerdadAbierta.com.

The post Organizaciones sociales nutren de información a la JEP appeared first on VerdadAbierta.com.

“Aquí con mis compañeras, que todas mantenemos en la lucha, que ya hemos esperado mucho tiempo para saber toda esta problemática que nos atormenta, no tendremos paz hasta que sepamos la verdad completa”. Así lo aseguró Idaly Garcerá, una de las madres de Soacha, durante la audiencia de régimen de condicionalidad que se llevó a cabo este viernes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para dar apertura al proceso contra 14 militares condenados en la justicia ordinaria por la desaparición forzada y el asesinato de cinco jóvenes de la población civil. (Leer más en: El abecé de la Jurisdicción Especial para la Paz)

Se trata de Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, desaparecidos el 26 de enero de 2008 en Soacha, Cundinamarca; y Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante, desaparecidos en ese municipio el 23 de agosto del mismo año. La Fiscalía determinó que los jóvenes, de entre 17 y 25 años, fueron asesinados pocos días después de su desaparición y reportados falsamente como miembros de organizaciones armadas ilegales muertos en combate por tropas de la Brigada Móvil 15 del Ejército, con jurisdicción Norte de Santander. (Leer más en: Falsos positivos: una herida que sigue abierta)

Por esos hechos, la Jueza Primera Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, en abril de 2017, condenó a penas de entre 37 y 52 años de prisión a 21 militares de esa brigada, entre ellos a los 14 convocados este viernes por la JEP, a quienes también inhabilitó por 20 años para ejercer funciones públicas. Asimismo, declaró los hechos como crímenes de lesa humanidad, garantizando así su imprescriptibilidad.

Los comparecientes al nuevo sistema de justicia transicional son el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado; el capitán Henry Blanco Barbosa; el cabo segundo Richard Jojoa Bastidas; y los soldados profesionales Medardo Ríos Díaz, Mauricio Cuniche Delgadillo, Ferney Grijalba Flor, Geiner Fuentes Billermo, Pedro Hernández Malagón, Nixon Cubides Cuesta, José Fernández Ramírez, John Díaz Ortega, Richard González Gómez, Eider Guerrero Andrade y Luis Alirio López. (Leer más en: ¿Habrá justicia si los ‘falsos positivos’ van a la JEP?)

Durante la audiencia convocada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, presidida por el magistrado Pedro Díaz, los exmilitares reafirmaron su intención de comparecer ante la JEP y allegaron información sobre otros procesos judiciales y disciplinarios que cursan en su contra por hechos presuntamente relacionados con el conflicto armado. De momento, el coronel Rincón y el soldado Ríos han sido beneficiados con libertad condicionada y transitoria, mientras los demás procesados se encuentran recluidos en centros penitenciarios o unidades militares.

Frente a los magistrados y los familiares de las víctimas directas, los antiguos militares se comprometieron a contribuir con la verdad, la reparación y la no repetición, como condición para acceder al sistema. Asimismo, Rincón, López, González, Hernández, Guerrero y Fuentes le pidieron perdón a la sociedad, las víctimas y hasta al Ejército por los eventuales daños causados, lo cual no implica un reconocimiento de responsabilidad. De hecho, Fuentes negó de tajo su participación en los crímenes y declaró: “Quiero decirles con mucha humildad y respeto que yo no tengo ninguna responsabilidad en estos hechos. Estoy aquí por pertenecer al grupo de militares a los cuales se les acusa de cometer hechos irregulares”. (Leer más en: “Los falsos positivos no fueron obra de unas cuantas manzanas podridas”: HRW)

Aunque todos los procesados se comprometieron a decir la verdad, está por verse si ello implicará un cambio en la versión que presentaron ante la justicia ordinaria, donde contrariaron la teoría de la Fiscalía. Por ejemplo, en 2016 el entonces abogado del coronel Rincón Amado planteó en juicio que “se demostró que los jóvenes muertos se dedicaban a delinquir y acudieron voluntariamente a Ocaña bajo el ofrecimiento de realizar allí actividades ilícitas”, lo cual fue tajantemente negado por el ente acusador. (Leer más en: ‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra)

Igualmente, durante ese juicio, el abogado de los soldados Díaz Ortega, González Gómez y Guerrero Andrade alegó que las víctimas “fueron dadas de baja en combate”, mientras el defensor de los soldados Díaz, López, Grijalba, Fuentes y Hernández insistió en que “el desplazamiento o traslado de las víctimas a Ocaña no fue por engaños, sabían que era para delinquir”. Ello consta en la sentencia del Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca, que fue apelada por los condenados y se encuentra en estudio en la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca.

De ahí que Idaly Garcerá, madre de Diego Tamayo y la única de las víctimas que intervino durante la audiencia, señalara que “me ‘acogí’ aquí a la JEP para escuchar a los señores implicados que de verdad se acojan a la justicia plena para saber la verdad, que es muy importante para nosotras las víctimas”. Y agregó que “fuera de que los señores van a decir la verdad, yo quisiera que estuvieran también los altos mandos, los que los mandaron a hacer lo que ellos cometieron”.

Los defensores de las víctimas también les insistieron a los procesados en la necesidad de que cuenten la verdad. Sandra Villegas, de la firma Javier Villegas Posada Abogados, expresó: “Con profundo respeto con los comparecientes, señalados de cometer graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, me permito solicitarles que presenten sus compromisos de aportar verdad plena, pero no una verdad como se construye en un proceso penal, sino en el contexto de una justicia restaurativa (…) La verdad es un derecho que tienen las víctimas y sus familiares a conocer los hechos que dieron lugar a esas graves violaciones y a conocer la identidad de todos quienes participaron en la comisión de esas conductas punibles”.

Al respecto, Reynaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló: “Las víctimas tienen derecho a saber y la invitación a quienes comparecen, si es que finalmente la JEP mantiene la competencia (del caso), es que esa verdad tiene que ser plena, pero no (solamente) al detalle sobre los hechos mismos, sino que tiene ir más allá. Tiene que dar razón de los máximos responsables, de las políticas que animaron este tipo de crímenes, llámese Seguridad Democrática o cualquier otra política, porque solo así se asegura una justicia interna que no permita la entrada de la Corte Penal Internacional”.

Villalba también planteó, tal como han venido diciéndolo varias de las madres de Soacha, que sus representadas no desean que la JEP asuma la competencia del proceso, dado que “tenemos argumentos jurídicos para decir que (los crímenes) no ocurrieron por causa o relación con el conflicto armado interno”. Por eso, le pidió a la Sala de Definición dar cumplimiento a la Ley 1922 de 2018 o de Procedimiento de la JEP, según la cual la Sala debe emitir una resolución para cada compareciente decidiendo si la Jurisdicción es o no competente para asumir el caso, decisión que admite recursos. (Leer más en: En medio de incertidumbre, expediente contra general Torres llega a la JEP)

Igualmente, Villalba les transmitió a los magistrados la preocupación de abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Asociación Minga y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) por no haber sido convocados a la audiencia, pese a que representan víctimas en procesos en los que están vinculados algunos de los 14 comparecientes. Y explicó que, tal como está contemplado en la Ley de Procedimiento, se requiere acumular los casos para que “se puedan hacer más integralmente este tipo de audiencias y puedan estar todas las víctimas”.

Durante la diligencia también se abordó el tema de la seguridad de las cinco madres reconocidas como víctimas en el proceso, sobre el que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP elaboró un informe con base en entrevistas y documentos. Al respecto, la delegada de la Unidad declaró que “hay un riesgo generalizado que han venido soportando las madres de Soacha, especialmente por la visibilidad de este caso durante los últimos años. Este riesgo ha producido situaciones individuales y diferenciadas en cada una de las madres, llegando a generar daños a sus derechos fundamentales o a los de sus familias”. (Leer más en: Queman pruebas sobre ‘falsos positivos’ en Antioquia)

La delegada de la UIA también informó que “los factores generadores de amenazas (contra las madres) han sido sus acciones para exigir el esclarecimiento de los hechos, siendo los periodos de movilidad de los procesos judiciales cuando se han generado las mayores amenazas y hostigamientos en su contra”. Por eso, le solicitó a los magistrados una audiencia reservada para abordar el caso y definir medidas de protección.

En julio pasado, la Fiscalía General le entregó a la JEP un informe titulado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, en el que resaltó que estos casos se incrementaron a partir del año 2002 y alcanzaron su etapa “más crítica” entre 2006 y 2008, periodo durante el cual fungió como presidente de la República Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), actual senador y máximo dirigente del Centro Democrático. De acuerdo con el ente acusador, en ese último lapso se presentaron el 59 por ciento de los casos documentados entre 1988 y 2014, cuyas víctimas ascienden a 2.248.

Según la Fiscalía, “la mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años, quienes se dedicaban a las labores de campo y trabajos informales en la ciudad”, y por cuyos asesinatos han sido procesadas en la justicia ordinaria 5.626 personas, de las cuales 3.826 eran soldados en el momento de los hechos; 992 eran suboficiales; 514 eran oficiales; y 133 eran civiles, varios de los cuales se destacaron como reclutadores. (Leer más en: La red criminal que operó desde el Batallón Pedro Nel Ospina del Ejército)

Se espera que, contrario a lo que ha sucedido en esa instancia, los procesos en la JEP revelen las más altas responsabilidades por esos crímenes, en aras de garantizar los derechos de las víctimas y la verdad que reclama buena parte del país.

The post Con dudas de las víctimas, empieza proceso por ‘falsos positivos’ en la JEP appeared first on VerdadAbierta.com.