La Jurisdicción Especial para la Paz abrió un nuevo expediente para esclarecer los hechos que constituyeron el genocidio político que padecieron los militantes de la Unión Patriótica. Los sobrevivientes de esa violencia esperan encontrar respuestas después de tres décadas y que esa tragedia no se vuelva a repetir.
Tras revisar informes de la Fiscalía General de la Nación, del Centro de Memoria Histórica (CNMH) y de la Corporación Reiniciar sobre la violencia que padecieron los integrantes de la Unión Patriótica, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura de un nuevo caso, el 006, para investigar a los responsables de las más de 6 mil víctimas que dejó ese exterminio. (Leer más en: El saldo rojo de la Unión Patriótica)
En el Auto 27 de este año, la Sala explica que la violencia que padeció la Unión Patriótica (UP), partido político que nació en medio de los diálogos de paz del expresidente Belisario Betancur con la guerrilla de las Farc en 1985, cumple con todos los requisitos para ser uno de sus casos priorizados. El análisis preliminar refiere que, al cruzar los tres informes, se evidencia la existencia de un patrón sistemático y generalizado de violencia contra los miembros de la UP.
Asimismo, y desde distintas hipótesis, dichos informes señalan como presuntos responsables a miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado, terceros civiles y grupos paramilitares. “Además, en determinados lugares y durante periodos de tiempo con fronteras identificables, algunos de estos actores aparentemente operaban a través de alianzas entre ellos, por medio de las cuales se ejecutó la violencia contra la UP”, refiere el Auto.
Sobre los civiles, agentes estatales y exparamilitares, la JEP aclara que sólo tiene competencia para conocer sobre los hechos ocurridos con razón del conflicto armado por parte de miembros de la Fuerza Pública y de las Farc, pero que puede procesar a los demás si aceptan comparecer voluntariamente ante su jurisdicción, tal y como lo avaló la Corte Constitucional.
En cuanto a miembros de la Fuerza Pública, la Sala de Reconocimiento informó que 16 se han acogido a la JEP, expresamente, por hechos relacionados con crímenes contra miembros de la UP. Además, que se encuentra en estudio la postulación de 13 exfuncionarios del DAS y de cuatro oficiales del Ejército Nacional para ser escuchados en esa rama de justicia transicional.
Entre los exuniformados que comparecerán ante la JEP por este caso se encuentran un brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, dos sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo segundo, dos soldados profesionales y un agente de inteligencia.
El documento también reseña los escasos resultados que ha producido la justicia ordinaria, como lo reconoció la propia Fiscalía General de la Nación en la información que hizo allegar. Según datos del ente acusador, tiene 863 procesos en investigación, 53 en juicio, 246 sentencias y 67 casos declarados como crímenes de lesa humanidad.
Y en ese sentido, cita un apartado de la Fiscalía: “(…) Los datos de judicializaciones evidencian avances significativos, aunque aún insuficientes sobre este fenómeno criminal. De los 863 radicados, 809 están siendo tramitados bajo la Ley 600 y 54 bajo la Ley 906. En lo que respecta a la Ley 600, 479 procesos, el 59,21% de los casos, no han superado la etapa de investigación previa. Adicionalmente, 267 procesos, es decir el 33% de los casos, se encuentran en etapa de instrucción. 53 procesos, el 6,55% de los casos, están en juicio”.
Lo que espera la Unión Patriótica
Uno de los principales reclamos de Aida Avella, actual presidenta de la UP y senadora de la República, pasa por el hecho de que por fin salga a la luz cómo se cometió ese exterminio y quiénes estuvieron detrás de él. “Es necesario que se escuche esa parte dolorosísima de la historia de Colombia, en donde varios agentes del Estado estuvieron vinculados a la matanza sin razón e irracional de un partido político de oposición”, indica. (Leer más en: Víctimas que alcanzaron curul, llevarán mensaje de tolerancia al Congreso)
Y con esperanza señala: “Sobre todo, el país tiene que conocer qué pasó, quiénes dieron las órdenes, dónde se hicieron los planes. Creo que ahí tienen mucho que decir algunos militares y otros en retiro, pero también tienen que complementar algunas historias los jefes paramilitares que saben bastante de la situación. Aquí tienen que ir a contar la verdad”. (Leer más en: Los crímenes contra la UP no fueron aislados)
Al hablar sobre el tema, recordó el asesinato de Diana Cardona, alcaldesa del municipio antioqueño de Apartadó, quien el 26 de febrero de 1990 fue encontrada sin vida y con su rostro desfigurado en las afueras de Medellín, tras haber salido con otro turno de escoltas.
Por eso, espera que la JEP ayude a esclarecer los miles de crímenes que padecieron sus militantes y llame a declarar a los responsables de ese desangre: “Por ejemplo, en el crimen de Diana Cardona, ¿quién era el director del DAS en Antioquia y por qué llegan esos escoltas del DAS? Son cosas que hay que esclarecer: quiénes estuvieron en las alturas de la seguridad en muchos de los crímenes, desapariciones y amenazas”.
Para Imelda Daza, quien regresó a Colombia en 2015 tras un exilio de 28 años, la apertura de este caso es un camino hacia la reconciliación y la reconstrucción del país, siempre y cuando se establezca quiénes fueron los autores intelectuales de la violencia contra la UP; y reconozcan sus culpas y pidan perdón, pues están dispuestos a perdonar. (Leer más en: El regreso de Imelda a la política de Cesar)
“Esperamos que los autores intelectuales del genocidio contra la Unión Patriótica sean juzgados y condenados. No para ir a una cárcel, no nos interesa porque con eso nada resolvemos y no nos complace, pero sí que se identifique la manera de que esos culpables puedan resarcir el daño enorme que les causaron no sólo a algunas personas, sino al país en general”, precisa.
Y aunque desconfía del gobierno nacional y del Fiscal General de la Nación por las trabas que le han puesto a la ley estatuaria de la JEP, la cual a pesar de haber surtido todos los tramites pertinentes no ha sido sancionada por el presidente Iván Duque, esta mujer de 70 años no duda de las posibilidades este mecanismo de justicia transicional.
“La justicia ordinaria ha tenido 31 años para actuar, y que sepa, de 125 asesinatos en Cesar, no hay un sólo expediente. ¿Qué podemos esperar justicia ordinaria? Nada, porque lo único que ha garantizado es impunidad total sobre un genocidio. Sí creemos que la JEP, a pesar de las dificultades, puede ser la única institución que garantice ese mínimo que esperamos: reconocimiento de los hechos, esclarecimiento de esas verdades, promesas de no repetición y reparación”.
Daza enfatiza que, en el caso de acudir a alguna audiencia de la JEP, su intervención se centraría en la reparación que anhelan: “Requerimos reconcomiendo del buen nombre de las víctimas, hay que hacerlo territorialmente. Nosotros hicimos en Cesar un acto de desagravio y reconocimiento en Becerril: colocamos una palca con los nombres de las principales víctimas en el Concejo Municipal. Fue un acto doloroso pero solemne, los familiares se sintieron dignificados”.
Y aparte de reparación, concluye que lo primordial de este proceso, es que se garantice que en Colombia no volverá a ocurrir otro genocidio político. De hecho, en ello coincide con Avella. (Leer más en: Exterminio de la UP fue un genocidio político)
“Esperamos que no se vuelvan a cometer esta clase de crímenes selectivos, no sólo contra la Unión Patriótica. Creo que esta sociedad está supremamente preocupada y angustiada con lo que está pasando en estos momentos con los líderes sociales. Para mí, eso es una revictimización para los que hemos sido víctimas del Estado. Para mí es claro que están repitiendo el mismo esquema de la Unión Patriótica porque no fueron castigados, y cuando los crímenes permanecen sin castigo, se vuelven a repetir porque la mayoría (de los victimarios) se siente segura de que no será tocada por la justicia”, plantea la presidenta de la UP. (Leer más en: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales)
Lo que destaca el Caso 006
Al cruzar los voluminosos informes de la Fiscalía, del CNMH y de la Corporación Reiniciar, los investigadores de este mecanismo de justicia transicional encontraron similitudes en la manera como ocurrió el desangre de la Unión Patriótica, aunque hay una gran diferencia entre las cifras el ente acusador y las otras dos organizaciones. (Leer más en: Organizaciones sociales nutren de información a la JEP)
El informe de la Fiscalía General de la Nación entregado a la JEP establece un universo de 1.620 víctimas de la UP; sin embargo, la Corporación Reiniciar identificó 6.613 víctimas entre 1984 al 2002, cifra similar a la documentada por el CNMH: 6.201 durante los mismos 18 años. Estas últimas fueron detalladas y dan cuenta de que 3.122 miembros de la Unión Patriótica son víctimas de asesinatos selectivos, 544 de desaparición forzada, 478 de asesinatos en masacres, cuatro de secuestros y tres más padecieron otros tipos de violencia.
Además, el análisis de los tres informes permitió identificar que la violencia contra la Unión Patriótica se concentró en el Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; en Urabá, entre 1986 y 1998; en Meta, entre 1988 y 1992; en la Costa Caribe, entre 1996 y 2002; en el nororiente y nordeste antioqueño y el sur del país, regiones en las que la Fiscalía sostiene que la “persecución se dio a través de perspectivas contrainsurgentes y anticomunistas, que se expresaron en homicidios selectivos y en la estigmatización a líderes sociales y políticos, docentes, comerciantes y empleados, entre otros”.
En términos territoriales, el ente acusador encontró que los ataques contra ese partido político ocurrieron por lo menos en 27 departamentos; y el Centro Nacional de Memoria Histórica estableció victimizaciones en 367 municipios, de los cuales, en 40 de ellos, se concentran dos terceras partes del total de las víctimas.
Sobre el perfil de las víctimas, la Sala las agrupó en cuatro grandes categorías, a partir de la información que recibió antes de emitir el Auto 27: “(i) la base campesina y obrera que actuó como agente de movilización social de la UP; (ii) los militantes del partido, ya fueran dirigentes nacionales o regionales o solo aquellos que participaban de manera activa, cuyo rol en la función pública agravó su vulnerabilidad pues los hizo visibles a los ojos de los aparatos criminales; (iii) simpatizantes de la UP, es decir personas que no militaban ni participaban activa o formalmente en el partido, pero tenían algún grado de afinidad con el mismo o con los roles de liderazgo social (lo que incluyó en ciertos casos a líderes campesinos, comunitarios, estudiantiles, sindicales e indígenas); y (iv) personas que no pertenecían al partido, pero que sí compartían intereses o identidades de izquierda”. (Leer más en: César Pérez y el exterminio de la UP en Antioquia y César Pérez condenado a 30 años por la masacre de Segovia)
Y sobre el porqué de la persecución hacia esos sectores, destaca uno de los planteamientos del CNMH: “Se habría enmarcado en el contexto de una lógica anticomunista en la cual las Fuerzas Armadas se perfilaron como guardianas de la nación “verdadera”, caracterizada por el capitalismo, el conservatismo político y el catolicismo, ante una amenaza existencial sintetizada en la UP como su enemigo directo. Esta confrontación se libró a través de alianzas público-privadas fundadas en coincidencias ideológicas o en consideraciones pragmáticas y fue alentada por un discurso oficial de estigmatización de la UP. En este clima adverso al surgimiento de alternativas democráticas, el éxito electoral de la UP en 1986 fue visto como una amenaza al status qua ante el cual se reaccionó a través de la violencia”.
Cuando la JEP pasa sus horas más bajas por el limbo en el que se encuentra su ley estatuaria y por la captura de uno de sus fiscales implicado en un supuesto acto de soborno para evitar la extradición hacia Estados Unidos de ‘Jesús Santrich’, exjefe de las Farc que dejó las armas y fue capturado porque presuntamente estaba negociando el envío de cocaína tras su dejación de armas, ese mecanismo de justicia transicional abre una brecha para esclarecer una de las tragedias más dolorosas y vergonzantes del conflicto armado.
Las esperanzas de más de seis mil familias para acceder a justicia integral en Colombia están en manos de nuevos magistrados, de la firma presidencial a una ley que ya recibió el visto bueno de la Corte Constitucional y del compromiso real de aquellos que se sometieron a esta instancia para contar realmente lo qué pasó y quiénes estuvieron detrás de esa tragedia política.
