Por: Andrés Alejandro Córdoba Calvo
Co.marca Digital
aacordoba@unicauca.edu.co

Más allá del miedo generado por el Covid-19, que llevó al aislamiento y restricciones en la movilidad de campesinos de la región que se conoce como La Cordillera, ubicada en la zona occidental del Bordo-Patía, departamento de Cauca, la pandemia generó pocas afectaciones económicas en algunas familias de esta zona.

La organización campesina y la hoja de coca ayudaron a que la desigualdad y las necesidades que se vieron en otras regiones del país no llegaran hasta su territorio. Sin embargo,  líderes y lideresas de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Cordillera del Patía (Agropatía) saben que esta es una economía transitoria y quieren apostarle a la sustitución progresiva e integral del cultivo de uso ilícito, siempre y cuando haya compromiso real del Estado.

La Cordillera es una zona conformada por 11 corregimientos y 58 veredas del municipio de El Bordo-Patía. La denominación se debe a su ubicación sobre la cordillera Occidental, en el suroeste caucano. Según Jhon Jairo Fuentes, secretario y uno de los delegados políticos de Agropatía, esta región representa el 50 por ciento del territorio del Patía donde habitan aproximadamente 8 mil campesinos.

Durante la pandemia, entre los meses de marzo y agosto de 2020, los habitantes de varios corregimientos de La Cordillera optaron por realizar controles comunitarios para regular el tránsito de personas en el territorio ante el miedo y la incertidumbre generada por el Covid-19. Esta iniciativa trajo algunos conflictos entre varios campesinos que no podían trasladarse libremente por la montaña, entre veredas o corregimientos, hasta sus zonas de trabajo.

Según Fuentes, fue el punto de partida para fortalecerse como comunidad y reorganizarse como Agropatía, una organización campesina que nace a finales de la década de los años ochenta y que se consolida en 2008, pero debilitada en los últimos años. Bajo Agropatía, los campesinos de La Cordillera lograron coordinarse y concertar controles en la movilidad en el territorio para evitar el contagio del Covid-19.

La revitalización de este proceso organizativo durante la pandemia, comenta este líder de Agropatía, ha demostrado que los campesinos tienen el poder en el territorio. Sin embargo, esto significó choques con dos actores armados ilegales que operan en la zona: los frente ‘Carlos Patiño’ y ‘Rafael Aguilera’, y las columnas móviles ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’, disidencias de las antiguas Farc que conforman el Comando Coordinador de Occidente.

También los miembros de la comunidad tuvieron algunos roces con los comercializadores de la hoja, base y pasta de coca, quienes fueron sometidos a los controles de movilidad establecidos por los campesinos.

Entendiendo que las restricciones a los comerciantes de hoja de coca podían afectar la economía de varias familias de la región, los campesinos llegaron a algunos acuerdos para permitir su tránsito por el territorio, como cuarentenas estrictas para las personas que trabajaran con los comercializadores de coca provenientes de otras regiones del país.  Con el Frente ‘Carlos Patiño’ los acuerdos fueron similares, aunque siendo flexibles con su tránsito en el territorio.

“En esta pandemia demostramos que el actor más importante de la cordillera era la comunidad campesina, y acordamos el respeto hacia los campesinos y las medidas de protección para evitar el contagio del virus. Así como el cuidado y protección al medio ambiente y regularización de la expansión de los cultivos de coca”, dice Fuentes.

Co.marca Digital visitó Santa Cruz, uno de los once corregimientos que hacen parte de la La Cordillera’ donde varias familias de campesinos cultivan coca, pero también le apuestan a economías legales como el café y la caña.

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Por: Angie Ramírez Meneses
angielra@unicauca.edu.co
Co.marca Digital

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La primera gobernadora del resguardo de Guambía y una de las primeras gerentes de la IPS hospital Mama Dominga, entre la medicina propia y la medicina convencional, fue la encargada de enfrentar al Covid-19 durante los primeros meses de pandemia, para proteger a su comunidad en el nororiente del Cauca.

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* Foto de apertura: Angie Ramírez M.

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La Guardia Cimarrona del Consejo Comunitario Aires de Garrapatero realizó una estrategia de control territorial y cuidado de la vida durante el aislamiento preventivo ordenado por el gobierno nacional. Su objetivo: evitar contagios y muertes por pandemia.

A finales de marzo de 2020, la administración de Iván Duque decretó el Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el país para evitar que el Covid-19 se esparciera por el territorio. Ante esta medida, el Consejo Comunitario Aires de Garrapatero, de Santander de Quilichao, en el norte de Cauca, implementó una experiencia propia a través de la Guardia Cimarrona en la vereda San Antonio para regular la movilidad y preservar la vida de sus habitantes

Édgar Banguero, representante legal del Consejo, explica que la Guardia Cimarrona es un grupo conformado por ciudadanos que pertenecen a la organización territorial de los consejos comunitarios que ejerce control territorial, presta servicio social y ayuda en la organización comunitaria. Visten con un particular y distintivo chaleco, emplean el tradicional bastón de mando y utilizan principios pacíficos de atención en el ejercicio de sus actividades.

Cada Consejo Comunitario tiene su propia Guardia Cimarrona que, a su vez, goza del reconocimiento de las entidades gubernamentales, agencias de cooperación internacional, Fuerza Pública y organismos de atención de emergencias. 

La Guardia Cimarrona del Consejo Comunitario Aires de Garrapatero tiene como aspecto particular que la mayoría de sus integrantes son mujeres, lo que revela el empoderamiento y la participación social que ha tenido este grupo poblacional en el cuidado de la vida y la protección del territorio ancestral.

Su papel en el control de la comunidad durante los meses más fuertes de la pandemia fue resaltado por autoridades locales y regionales de Cauca.

En este fotorreportaje, se detallan algunas de las actividades más significativas de esta organización comunitaria.

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La necesidad de migrar a clases virtuales durante la cuarentena y la falta de conectividad en la Colombia rural fueron un enorme obstáculo para miles de familias. En Cauca no existieron las condiciones adecuadas para estudiar y muchos menores de edad fueron reclutados por grupos armados ilegales o tuvieron que dedicarse al campo.

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Por: Lucía Ocampo
olgavolveras@unicauca.edu.co

Andrés Alejandro Córdoba
aacordoba@unicauca.edu.co 

El 30 de enero de 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró la aparición de un brote como emergencia de salud pública internacional. Se trataba de la presencia del nuevo coronavirus (SARS-COV-2 o Covid-19) detectado el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China.

Cuando Tedros Adhanom notificó al mundo de la existencia de la nueva enfermedad, ya hacía presencia en 19 países, con 106 casos registrados por fuera de China, que sumaba casi 10 mil. Mes y medio después, el 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia.

Colombia detectó el primer caso el 6 de marzo de 2020 en Bogotá: una ciudadana de 19 años procedente de Milán, Italia, advirtió síntomas de la nueva enfermedad. Ante el inminente contagio masivo, el Gobierno Nacional declaró, desde el 10 de marzo de ese año, las primeras medidas y protocolos de bioseguridad para evitar el esparcimiento del virus. 

Doce días después, con el Decreto 457 de 2020, estableció el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país, con vigencia entre el 25 de marzo y el 13 de abril. Pero ante el aumento exponencial de casos, el margen de confinamiento se fue ampliando paulatinamente. 

En Cauca el aislamiento se generó a partir del 21 de marzo. El gobierno departamental emitió el Decreto 0641, luego de documentar el primer infectado por Covid-19: un hombre de 61 años que llegó de España, según lo reporta el Sistema de Salud Pública (SIVIGILA). En casi dos años de pandemia, la Secretaría de Salud departamental ha sistematizado aproximadamente 71 mil casos de contagio. 

La pandemia impactó la vida de millones de colombianos. El departamento de Cauca, lleno de contrastes y dificultades, no fue ajeno a las dinámicas que impuso la nueva normalidad derivada de la propagación sin control del virus Covid-19. ¿Surgieron nuevos problemas o se agudizaron los ya existentes en la región? A continuación presentamos un panorama general desde los ámbitos económicos, sanitarios, educativos y del conflicto armado. 

La salud, fortalecimiento sobre la marcha

El país se ha enfrentado a cuatro picos en el avance de la pandemia, según reportan autoridades sanitarias. Cada uno apareció con desafíos propios que el sistema de salud debió asumir de manera inmediata. El contagio masivo por Covid-19 tomó por sorpresa a los centros hospitalarios, clínicas, médicos y personal de la salud que no esperaban enfrentarse a un virus de dimensiones globales.

“Colombia no estaba preparada para una pandemia. Como no había personal suficiente se tuvo que llamar a los servicios de consulta externa. Los que nos desempeñamos en salud, pero no en hospitales, estábamos como en la cuarta línea y teníamos que estar dispuestos si tocaba ir a atender”, relató Óscar Ospina, secretario de salud de Popayán, la capital de Cauca. 

A esto se le sumó la insuficiente capacidad hospitalaria instalada: camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) limitadas, pocos ventiladores y personal médico para atender la emergencia. Según Diego Jaramillo Salgado, doctor en Estudios Latinoamericanos y docente jubilado de la Universidad del Cauca, la pandemia hizo visible los problemas de los sistemas de salud y su precariedad, “como el hecho de que el sistema de salud creado a partir de la Ley 100 de 1993, había entregado las instituciones de salud al sector privado y esto generaba una serie de limitaciones que con la pandemia se hicieron más evidentes”.  

Para atender el contagio creciente y casos críticos, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Popayán, el Hospital Universitario San José de Popayán y el Hospital Susana López de Valencia, se articularon para buscar alternativas de atención a pacientes con Covid-19. En un comunicado publicado el 6 de abril de 2020, el gobierno departamental anunció la compra de 20 respiradores artificiales o ventiladores mecánicos para adecuar 20 camas en la UCI del Hospital San José y la compra de 50 camas UCI nuevas para ampliar la capacidad del Hospital Susana López de Valencia.

En paralelo, se intensificaron las medidas establecidas por el Gobierno Nacional: lavado de manos, distanciamiento social y restricción de la movilidad a través del Pico y Cédula, al igual que el uso de vigías comunitarios.

El secretario Ospina asegura que las medidas institucionales fueron efectivas y resalta el saber ancestral del departamento: “En este territorio confluyen muchos conocimientos de diferentes modelos médicos. Popayán es una escuela mundial de medicina alternativa, es la zona donde más ha habido desarrollo en los modelos médicos étnicos, y eso fue lo que funcionó en la pandemia”. 

Otro desafío ha sido el tratamiento de la salud mental. Integrantes del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, el Hospital Universitario Nacional de Colombia y la Fundación Sueño Vigilia Colombiana, publicaron en mayo de 2020 el artículo Consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental asociadas al aislamiento social.

Dicho documento establece que, además de la enfermedad física que puede generar el nuevo coronavirus, es posible que se haya minimizado el interés público de las consecuencias psicosociales de quienes experimentaron miedo, aburrimiento, soledad, ansiedad, insomnio o rabia. Igualmente, señala que esos estados pudieron evolucionar en trastornos como depresión, ataques de pánico y síntomas psicóticos, que derivaron en suicidios.

Según Jhon Jairo Muñoz Hurtado, docente e investigador del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cauca, “cuando aparece la pandemia se prioriza el modelo biomédico para salvar vidas, es decir, había que armar Unidades de Cuidados Intensivos, traer oxígeno, respiradores”. Sin embargo, lamenta que se descuidaron las consecuencias en salud mental que generarían el aislamiento preventivo, que rompió lazos sociales y causó cambios abruptos en la cotidianidad.

Aunque en Popayán todavía no se han consolidado cifras oficiales, el Secretario de Salud Municipal afirma que se evidenció el aumento de consultas por depresión, fobias y miedos. Así como el incremento de la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.

Para atender las afectaciones por salud mental, la Gobernación del Cauca, en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia, lanzó el programa “Motiva tu Bienestar”,  que tiene una inversión de más de cinco mil millones de pesos para lograr un alto impacto regional en la atención de las enfermedades mentales en los 42 municipios del departamento.

“Vamos a tener un alcance mayor al que tiene el Plan de Intervención Colectivas, que no ha podido llegar a todos los territorios”, afirma Jhon Jairo Muñoz, quien también se encarga de la coordinación del proyecto que tendrá una duración de 14 meses. 

Por otra parte, desde el 20 de febrero del año pasado, el Ministerio de Salud puso en marcha el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. Inicialmente a Cauca le fueron distribuidas 666 unidades de vacunas, destinadas al personal de salud que atendía los casos del nuevo coronavirus, y paulatinamente se fueron distribuyendo más dosis para vacunar desde adultos mayores hasta niños de tres años de edad.

Según el Perfil Económico Departamental publicado en enero de 2022 por Mincomercio, el Cauca tiene una población de 1.436.916 habitantes, de la cual son población objetivo a vacunar los habitantes de 12 años en adelante, conforme a lo estipulado en el Plan Nacional de Vacunación. 

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud y Protección Social con corte al 11 de febrero, en los doce meses que lleva en marcha dicho plan de vacunación, en ese departamento del suroccidente colombiano se aplicaron alrededor de 1.359.416 dosis, incluidas primeras y segundas dosis, así como las de refuerzo. 

Para el Secretario de Salud Municipal, Óscar Ospina, la vacunación es efectiva, pues “en los primeros 25 días del año no se ha muerto ni una persona por día. Tenemos una vacunación donde ya se tiene más del 70% de las personas de Popayán con segundas dosis aplicadas. A eso hay que agregarle que la gente que está ingresando a cuidados intensivos son no vacunadas o con esquemas de vacunación incompletos”.

A pesar del alto porcentaje de vacunados en la ciudad, el pasado 25 de enero el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicó la encuesta “Pulso Social”, que reveló que Popayán es una de las ciudades de Colombia con un alto índice de no vacunados que no tienen la intención de hacerlo: 60,3 por ciento. ¿La razón? Miedo ante posibles efectos adversos. Sin embargo, según el DANE, el 39,7 por ciento de la población no vacunada aseguró la posibilidad de hacerlo en el futuro.   

“En Popayán hemos tenido cuatro picos donde se registraron un alto número de contagios y muertes. Este último se ha comportado de manera diferente porque hemos tenido el mayor contagio con la más baja ocupación de cuidados intensivos y muertes.En nuestro concepto, esto ha sido gracias a la vacunación que hemos acelerado en Popayán”, asegura Ospina.

Confinamiento y desempleo

Mediante el Decreto 417, del 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional anunció las medidas económicas para afrontar la pandemia. Dentro de las más relevantes estuvieron la adaptación del teletrabajo en los casos en que fuera posible y la disposición de recursos que se encontraban a cargo de la Nación y Entidades Territoriales. 

Según el decreto, esas medidas estaban “encaminadas a atender las obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la industria y el comercio del país y permitan absorber las pérdidas económicas y fuerza laboral afectada por esta pandemia”.  

En la Gran Encuesta Pyme, liderada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), la Cámara de Comercio del Cauca, el Banco de la República, entre otros, correspondiente al primer semestre de 2020, se estableció la negativa percepción de los empresarios sobre la evolución de sus negocios y la demanda durante la primera mitad del año.

Parte de ese comportamiento, según la encuesta, se explica por el choque ocasionado por el Covid-19 y las medidas implementadas para su contención, que terminó afectando la actividad empresarial y la generación de empleo en sectores como industria, comercio y servicios.

Otro informe presentado en abril de 2020 por la Cámara de Comercio del Cauca (Edición No. 4), estableció que de 436 empresas caucanas encuestadas, el 55 por ciento reportaron una disminución en las ventas en los tres últimos meses. Ante ese panorama, las principales preocupaciones de los empresarios caucanos se centraban en el desempleo y la disminución de ingresos.

Según Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, durante abril, mayo y junio de 2020, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró que el sector agrícola se fortaleció, mientras que variables como el consumo de energía no regulada, las exportaciones de café, el índice de producción industrial, los peajes de carga, las importaciones, el empleo formal, la construcción, el gasto de inversión ejecutado en educación y salud, entre otros, tuvieron una caída significativa del 12 por ciento, en relación al primer trimestre de 2020. 

Para Carlos Corredor Jiménez, docente titular del programa de Economía de la Universidad del Cauca, “en Popayán hay dos sectores económicos muy importantes: el del Gobierno o administración pública, que en época de pandemia siguió funcionando, y el comercio como tal, que se vió profundamente afectado y tuvo un retroceso en su capacidad para generar empleo”. 

Las personas con trabajo informal, como el comercio ambulante, resultaron afectadas en la pandemia por las restricciones de movilidad. Esto produjo una crisis al interior de los hogares por la falta de alimentos y dinero para sobrevivir.

Martín Chicangana, representante de la cooperativa Coopmesalarga dijo que antes de la pandemia el país ya venía viviendo una crisis económica. “El producto interno bruto que producen nuestros campesinos, indígenas y afros, a nivel de agro, prácticamente se está quedando aquí, no hay forma de sacarlos (…) No hay garantías para las personas que trabajan en el campo, no hay subsidios ni ayudas. Sumado a eso está la inflación en los precios, por lo que las personas que vivimos del día a día sentimos esa crisis desde antes del confinamiento”, puntualiza.   

Según Corredor Jiménez, esa situación trajo a colación una discusión sobre una propuesta de un ingreso universal básico. “Ya teóricamente se había pensado en la idea, es decir, que todos los ciudadanos pudiéramos tener un ingreso provisto por el Estado que nos permitiera cubrir las condiciones básicas de salud, educación y alimentación”, dijo.  

Una de las soluciones del Gobierno Nacional a las familias más necesitadas del país fue la ejecución del Programa Ingreso Solidario, que inició el 7 de abril de 2020. Según el Departamento de Prosperidad Social, se apoyaría a tres millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica que no eran beneficiarias de ningún otro  programa social del Estado. 

El monto mensual establecido por el gobierno central para los beneficiarios fue de 160 mil pesos. Por su parte, la Alcaldía de Popayán creó el programa Popayán Solidaria, para ayudar a poblaciones vulnerables del municipio, como adultos mayores, discapacitados y vendedores ambulantes a través de la entrega de alimentos.

A pesar del anuncio de estas ayudas, vendedores ambulantes del centro histórico de Popayán, como Diego Guerrero y Julián García, quienes llevan más de 20 años trabajando en el sector, aseguran que los beneficiados fueron pocos y que la mayoría tuvieron que ‘rebuscarse’ la manera de subsistir en medio de la pandemia.

Una señal de que las ayudas no estaban llegando a toda la población que lo requería, se evidenció el 14  de abril cuando aparecieron trapos rojos en las ventanas de casas de varios barrios de zonas vulnerables en el occidente de la ciudad, como por ejemplo, en El Valle del Ortigal, un barrio conformado por 1.604 unidades entregadas por el Gobierno Nacional a víctimas del conflicto armado, y el asentamiento Primero de Febrero. 

“Fuimos los que más llevamos del bulto porque el Gobierno Nacional sólo ayudó a los ricos, a los estratos 0,1,2,3 y 4 nos mintieron. Las ayudas como el subsidio solidario fue una gran mentira, y los mercados se los dieron a unos pocos”, afirma Diego Guerrero, representante legal de una de las asociaciones de vendedores informales del sector del centro.

Igualmente, Martín Chicangana expresó que desde la plaza de mercado del barrio Bolívar solicitaron a la administración municipal de Popayán un recurso que estaba disponible dentro de la política pública de las comidas tradicionales, para poder abrir sus negocios ya que la mayoría habían quebrado al tener que cerrar durante la pandemia. Sin embargo, según Chicangana los recursos no fueron utilizados de manera óptima. “Se dedicaron a hacer eventos puntuales por internet, haciendo gastos innecesarios en vez de usar esos recursos en las cinco plazas de la ciudad”, asegura. 

Para Corredor Jiménez, las ayudas planteadas por el Ejecutivo no funcionaron porque no se llevaron a la práctica cuando se requerían, fueron anuncios que no se materializaron de manera real. “Esto también pasa porque se piensa en un ciudadano ideal que no existe, es decir, un ciudadano que tiene acceso a internet, al teléfono y a ciertas condiciones irreales”, precisa. 

Sin embargo, en otros municipios del departamento del Cauca como los ubicados en la zona norte si recibieron algunos alimentos por parte de la Gobernación del Cauca, así lo expresa Ricardo Laso, representante legal del Consejo Comunitario Corpa. “Nosotros recibimos en dos ocasiones ayudas por parte del Señor Gobernador Elías Larrahondo, quien siempre ha estado acompañándonos en nuestro proceso como comunidad. Fueron unos mercados, que aunque no alcanzaron para los 8 meses de confinamiento, sí ayudaron mucho a familias de escasos recursos”, dijo.

Sumado a esto, el 28 de abril de 2021, diferentes organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y centrales obreras convocaron a una jornada de Paro Nacional para mostrar su inconformidad frente a la reforma tributaria denominada “Ley de Solidaridad Sostenible”, propuesta por el gobierno de Iván Duque.

Para José Enrique Urreste, docente de Ciencia Política de la Universidad del Cauca, la inconformidad e indignación de la gente por las afectaciones de la reforma sobre la clase media, fue lo que llevó a las calles a miles de colombianos como forma de protesta y oposición a las nuevas reglas tributarias que se pretendían establecer.

Sin embargo, para el académico Diego Jaramillo Salgado, docente pensionado de la Universidad del Cauca, si bien la pandemia tuvo incidencia en este hecho, porque hizo visibles los problemas de las instituciones estatales y las dificultades en muchos sectores de la población,  no se puede sobrevalorar en términos de que fuera ella la que condujo a que se produjera los niveles de inconformidad que se presentaron. 

A su juicio, si la pandemia no hubiera existido, el Paro Nacional se habría dado en febrero de 2020, cuando se convocó a movilizaciones que pretendían dar continuidad a las realizadas en noviembre de 2019. 

Para la época en la que inició el Paro Nacional, en Popayán había 19.481 casos activos por Covid-19 según un reporte de marzo de 2021 emitido por la Secretaría de Salud Departamental. En junio del mismo año los casos ascendieron a 25.057. A pesar del alto número de contagios confirmados las personas decidieron salir a las calles y protestar. En medio de estos actos, el 12 de mayo de 2021 sucedieron en Popayán dos casos de agresión sexual por parte del Esmad hacía Alison Meléndez y Emily Tatiana. 

Al día siguiente, en medio de la protesta en rechazo frente a lo ocurrido, un estudiante de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Sebastián Quintero, falleció a causa del impacto de un proyectil de un arma no convencional lanzada en su cuello al parecer por un integrante del Esmad.

De igual forma, en medio de las protestas del Paro Nacional se registraron casos en los que civiles como Faver Camilo Carvajal y Jeison Mauricio Ramos, quien pertenece al pueblo indígena Yanacona, perdieron sus ojos a causa de disparos provenientes de esta misma unidad especial de la Policía Nacional.    

Por otro lado, la brecha de género aumentó con la pandemia y aún no se ha logrado reducir. Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, se tienen niveles peores que antes de la aparición del Covid-19.

En ese sentido, programas como “Mil Mujeres”, liderado por la Alcaldía de Popayán, que apoyan emprendimientos de mujeres, han tenido una tasa de sobrevivencia del 85 por ciento. “Actualmente estamos en este proceso ayudando no sólo a la formalización, sino también en la gestión de recursos a través de la Fundación WWB”, asegura Ana Fernanda Muñoz. 

La directora de la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, Zully Meneses Hernández, afirma que la pandemia afectó fuertemente a las mujeres, porque un gran porcentaje de ellas se desenvuelve en el trabajo informal y durante el confinamiento perdieron sus empleos, lo que produjo que disminuyeran sus ingresos y se generara mayor dependencia económica. 

“Las cifras de desempleo en mujeres en el Cauca en 2021 son alarmantes. Aumentó un 2,3 por ciento por encima de la tasa nacional. Además, en relación al 2020, se incrementó en nueve puntos el desempleo en el departamento”, precisa Meneses Hernández. 

Frente a esto, Corredor Jiménez explica que históricamente la mujer ha tenido un rol de cuidadora, por el que no obtiene ninguna remuneración económica, y que en pandemia, que ha sido básicamente una crisis de cuidado, las desigualdades se hicieron más visibles porque además de asumir los roles tradicionalmente establecidos, las mujeres tuvieron que hacerse cargo de otras cosas como la educación de los niños en casa, entre otras actividades.

Con la fase de desconfinamiento y la necesidad de reactivar el sector económico en el departamento de Cauca, en noviembre de 2020 el Viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda, anunció las estrategias “Cauca Responde”, una línea especial de crédito para las Mipymes y “Economía para la gente”, dirigida a las microempresas del país.

Por su parte, la Alcaldía de Popayán expidió el Decreto 2285 del 2020, que estableció los lineamientos iniciales para la activación del sector económico en la ciudad. Además, puso en marcha la iniciativa “Popayán Se Activa”, que ha constituido un fondo de 16 mil 100 millones de pesos invertidos como propósito entre la entidad bancaria Bancoldex, la Cámara de Comercio del Cauca y el Municipio, el cual fue operado por el Banco Mundo Mujer.

Para Martín Chicangana la reactivación económica de la plaza de mercado del barrio Bolívar se dio gracias a la solidaridad del campo. “La relación del campesino e indígena con la ciudad es fundamental. Para mí es el soporte y canal para poder enfrentar cualquier situación que se venga en el futuro”, asegura.

Finalmente, Chicangana recalca que la pandemia hizo que las personas reflexionaran en torno a la solidaridad y sobre el papel que cumplen las cocinas tradicionales para sostener la cadena y seguridad alimentaria para que la gente se alimente bien. 

Al cierre de esta edición, a pesar de la insistencia de Co.marca, no se pudo establecer contacto con la secretaría de gobierno municipal ni la departamental para dialogar sobre las ayudas prometidas a los comerciantes, vendedores ambulantes y los recursos destinados a las plazas de mercado.  

De las aulas a clases virtuales

El confinamiento modificó las dinámicas educativas manejadas en instituciones de educación preescolar, básica, media y de educación superior. Con el cierre de los establecimientos educativos debido al confinamiento, los métodos de enseñanza y aprendizaje se adaptaron a la virtualidad, situación que representó un reto en términos de conectividad, accesibilidad y pedagogía. 

Uno de los hallazgos del estudio Efecto de la pandemia sobre el sistema educativo: El caso de Colombia, publicado por el Banco de la República en 2021, es el aumento de la tasa de deserción escolar en educación básica media y superior. Quizás esto se debe a que el escenario de aprendizaje en casa fue desfavorable.

En Colombia, sólo el 56,5 por ciento de los hogares cuentan con acceso a internet; y en las zonas rurales esta cifra desciende al 23,8 por ciento. Así lo reveló Juan Daniel Oviedo, director del DANE, en el marco del Congreso internacional de las TIC (Andicom), llevado a cabo en Cartagena en noviembre de 2021.

Para el mes de noviembre de 2020, el índice de conectividad en Cauca era del 30 por ciento, y se esperaba que en el 2022 subiera al 70 por ciento. Así lo había anunciado la entonces Ministra TIC, Karen Abudinen Abuchaibe, junto al  gobernador departamental, Elías Larrahondo.

“Nos comprometimos con la instalación de 286 antenas satelitales para conectar más hogares a internet; conectaremos 773 colegios públicos de las áreas más apartadas por 10 años, y entregaremos 14 mil computadores para nuestros estudiantes y profesores”, manifestó en ese momento Abudinen Abuchaibe. 

Sin embargo, el 11 de octubre del año pasado, según la Contraloría General de la República, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, declaró como impacto nacional el escándalo entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic), en el que a pesar del anticipo de 70 mil millones de pesos que el gobierno nacional le giró a ese consorcio, no se instalaron a tiempo los puntos de internet acordados.

Así las cosas, el contrato que buscaba llevar internet a colegios de zonas rurales del país se incumplió, por lo que Centros Poblados deberá devolver el monto correspondiente al adelanto realizado por MinTic. En la actualidad el contrato ya está caducado y fue asignado a ETB para su ejecución.  

Ante el problema de conectividad, en abril del 2020, por medio de un comunicado, el Secretario de Educación y Cultura del Cauca, Jorge Octavio Guzmán dijo: “Nuestro reto a partir de este 20 de abril está en garantizar la educación en zonas rurales, pues debemos emplear medidas diferentes a las clases virtuales”. Asimismo, afirmó que harían uso de guías, talleres, fichas y otros materiales de estudio, con el fin de garantizar la educación en casa.

Desde la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (ASOINCA), expresan que las medidas planteadas por el gobierno no fueron efectivas, porque a los docentes no se les brindó las garantías necesarias para ejercer la labor desde sus casas.

“Las principales dificultades que se tuvieron fue la falta de tecnología en la mayor parte del territorio, lo que impidió llegar a todos los estudiantes. Tampoco se nos ofreció una forma para transportar las guías o hacerlas llegar hasta las casas de los estudiantes y, sumado a esto, algunos de los docentes no estaban preparados para el desarrollo de la educación virtual”, señala Fernando Vargas, presidente de ASOINCA. 

Para el desarrollo del retorno gradual y progresivo a la normalidad académica y formativa, el gobierno departamental expidió el Decreto 1211-11 de 2020, por medio del cual se conformó el Comité de Alternancia del Cauca. El documento planteaba una combinación de trabajo en casa mediado por las TIC y encuentros presenciales realizados de manera periódica, lo que exigía que las instituciones educativas cumplieran con ciertas normas de bioseguridad para poder operar dentro de este modelo.

Según Vargas, para ASOINCA, tanto el gobierno nacional como el departamental, no han brindado las garantías necesarias para volver a la presencialidad en las instituciones educativas. En 2021 interpusieron una acción de tutela que solicitaba suspender la presencialidad académica, la cual se vio respaldada a través del Auto Interlocutorio No. 432 expedido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán.

“Cuando se dio la orientación de la presencialidad nos dimos cuenta de que ni la Secretaría de Educación ni la Secretaría de Salud habían hecho las visitas respectivas para supervisar los protocolos de bioseguridad en las instituciones. Entonces se impuso un desacato, que fue colocado por más o menos unas 40 instituciones entre Cauca y Popayán. Ahí se demostró que el Estado no garantizaba las condiciones mínimas. Por eso nuestro llamado siempre ha sido en defensa del derecho de la vida”, asevera el representante de ASOINCA. 

Pero para regresar a la presencialidad el único problema no era la emergencia sanitaria por la que se atravesaba. A raíz de la misma, estudiantes de educación superior no contaban con los recursos suficientes para acceder a las universidades. Por ejemplo, en 2020, el estamento estudiantil de la Universidad del Cauca presentó una iniciativa de Matrícula Cero a la Mesa de Negociación conformada por la Triestamentaria y la Dirección Universitaria.

En un comunicado la institución dijo: “Frente a este tema comparte los sentimientos del estudiantado, pero tendría serias dificultades financieras para asumirlo con el actual presupuesto, el cual ya está comprometido contablemente (…) La única opción para la exoneración del pago de matrículas, es que sea asumida por la nación, o en su defecto, por la Gobernación del Cauca y las alcaldías de donde son originarios nuestros estudiantes, acción que se realiza en otras regiones del país”.

Ante la respuesta, en febrero de 2021, un grupo de estudiantes decidieron encadenarse a la puerta de la Alcaldía de Popayán exigiendo que se garantizara la matrícula cero a todos los estudiantes.

“Evidenciamos que los estudiantes tenían serios problemas económicos, no tenían para un computador ni para matricularse, a duras penas para comer. Por eso nos reunimos y decidimos actuar, por lo que hicimos un ‘encadenaton’ en la Alcaldía”, resalta Paula Andrea Muñoz, estudiante de Derecho y Representante Estudiantil al Consejo Académico de la Universidad del Cauca.

Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional realizó la suscripción del Acuerdo de Matrícula Cero con las tres Instituciones de Educación Superior públicas del departamento del Cauca: Universidad del Cauca, Universidad Colegio Mayor del Cauca y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN. 

¿Son las casas lugares seguros?

Las medidas de confinamiento obligaron a muchas mujeres a estar encerradas en sus hogares junto con sus agresores. Así lo señaló un informe emitido en 2020 por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Teniendo en cuenta que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, el encierro hace que se incremente el riesgo de violencia contra ellas en la medida en que aumenta el tiempo de convivencia; se generan conflictos alrededor de cuestiones domésticas y familiares; la violencia se prolonga sin que sea interrumpida y se genera una percepción de seguridad e impunidad del agresor”,  refiere el documento. 

Zully Meneses, directora de la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, afirma que: “Al estar más tiempo en su casa, la violencia intrafamiliar aumentó, a lo que se suma las afectaciones económicas que tuvieron las mujeres. La dependencia económica que se genera a partir de eso refuerza los ciclos de violencia”.  

Según un informe del Observatorio de Asuntos de la Mujer en el Cauca, del 2020, el cual se basó en las cifras reportadas por el Sistema de Salúd Pública (SIVIGILA) en la plataforma del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE), “entre las semanas del 24 de marzo y 20 de julio del 2020, se reportaron 671 casos de violencia de género que corresponden al 45,4% del total de reportes entre enero y julio de 2020; en términos comparativos, en el 2019 durante el mismo periodo de tiempo, se registraron 943 casos, equivalente al 28,4% del total de casos reportados para ese año”.

Meneses explica que aunque las cifras de Violencias Basadas en Género (VBG) hayan disminuido, no significa que los casos se hayan aminorado; esto obedece a que las denuncias o reportes no han sido realizados en todas las situaciones, ya sea por miedo, restricciones de movilidad, entre otras razones. 

“El confinamiento hizo que las mujeres tuvieran mayor dependencia, estuvieron más tiempo en sus casas con los agresores y eso hizo que las denuncias se redujeran. Aquí nos encontramos con muchas barreras de acceso a la justicia”, puntualizó Meneses.

Frente a las VBG, el Observatorio de Asuntos de las Mujeres del Cauca de la Secretaría de la Mujer, trabaja en la prevención y atención de violencias contra las mujeres, implementando estrategias como la atención del Equipo Violeta y fortalecimiento de la Casa Refugio para Mujeres Víctimas de VBG.

Datos consolidados de esa dependencia señalan que entre enero y octubre de 2021, fueron atendidas 396 mujeres víctimas de VBG, de las cuales, sólo el 36 por ciento realizó una denuncia formal. Las cifras también muestran que el mes en que mayor número de casos se atendieron fue en abril, que alcanzó un tope de 74.

Desde la Corporación Comunitar trabajan en la prevención de VBG y brindan acompañamiento jurídico y psicosocial a mujeres víctimas en cualquier escenario. “Durante la pandemia realizamos acompañamiento telefónico y virtual a todos los casos que teníamos, porque fue un momento muy difícil para las mujeres y sobre todo para las lideresas”, puntualiza Zully Meneses.

Es por esto que en 2020 Comunitar lanzó una campaña llamada Desde la distancia juntas nos tejemos, que buscaba extender lazos sororos y que las mujeres sintieran que no estaban solas. Para 2021, en alianza con el proceso de articulación de la agenda de paz en Cauca, hicieron la divulgación del pacto ético-político para la erradicación de las violencias contra las mujeres, el cual pretende articular acciones en todos los sectores para fomentar acciones que permitan erradicar las VBG. 

En pandemia no cesa el conflicto

En abril de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que los grupos armados y criminales en Cauca parecían estar aprovechando las restricciones establecidas durante la cuarentena para expandir su presencia y control sobre el territorio. ”Un número creciente de grupos armados, así como grupos criminales que luchan por el control de las economías ilícitas en este territorio, están detrás de la mayoría de los ataques, que han aumentado en los últimos meses”, dice el informe. 

Al respecto, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), se pronunció en julio de 2020 para denunciar el asesinato y abusos contra civiles por parte de grupos armados, para imponer sus propias medidas contra la propagación del Covid-19.  “Han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas para evitar que se propague el virus”, aseguró. 

HRW también reportó que en 11 de los 32 departamentos se estaban imponiendo estas medidas por parte de grupos armados como el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, en suroccidente de Nariño; la columna móvil Jaime Martínez y la columna móvil Dagoberto Ramos, en Cauca; el Frente 10, en Arauca; los Frentes 7 y 1, en el Guaviare; y el Frente Carolina Ramírez, en Putumayo. El portal VerdadAbierta.com fue uno de los medios nacionales que investigó y registró estos hechos durante esa época. (Ver, por ejemplo, ¿Grupos criminales aprovechan pandemia para fortalecer sus negocios ilícitos?)

La orden dada en ese entonces, afirma verdadabierta.com, es que nadie podía transitar por las calles de los centros poblados desde las tres de la tarde y que los negocios a partir de esa debían estar cerrados, no se podía velar a los difuntos y quien quisiera salir de la zona hacia otros municipios del Cauca podía hacerlo con un permiso firmado por las Juntas de Acción Comunal. Frente a estos casos, Human Rights Watch, documentó en varias regiones del departamento el asesinato de seis civiles por parte de grupos armados para imponer el cumplimiento de medidas contra el Covid-19. 

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,  también informó que los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados criminales se habían intensificado en algunas partes del departamento del Cauca, incluidos los territorios indígenas. A mediados del 2020, el programa DDHH del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció el aumento de ataques y amenazas en contra de las comunidades indígenas del Cauca y sus estructuras político-organizativas a partir del inicio de la pandemia. 

El informe del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC, reporta que en el 2020 se registraron 216 casos de amenazas individuales contra indígenas, lo que significó un incremento casi del 25 por ciento en relación al 2018 y 2019. Entre las conclusiones relevantes del informe menciona que la respuesta estatal concentrada en la militarización de los territorios no es la solución. 

De igual forma, en el documento se afirma que “los grupos armados han tratado de aprovechar la pandemia para presentarse como garante de salud y orden público, siempre en combinación con amenazas en contra de las personas que no respetan sus indicaciones de restricciones de movilidad”.

José William Orozco, integrante de la Guardia Campesina en Cauca, dice que los grupos armados se fortalecieron durante la pandemia en aspectos como control del territorio y posicionamiento, y que la situación de amenaza y persecución durante la pandemia no es distante frente a los hechos se vivían antes del aislamiento preventivo nacional. “Nosotros vemos que el mismo gobierno ha permitido el reagrupamiento y el fortalecimiento de estos actores armados. La situación de amenaza y violaciones de derechos humanos siempre ha sido una constante. El único momento de tranquilidad que se tuvo fue en las semanas posteriores al acuerdo de paz”, dijo. 

Sin embargo, el control territorial en diversos municipios y veredas del Cauca también fue ejercido por parte de las comunidades como método para evitar la propagación del Covid-19. En el municipio de Santander de Quilichao fueron instaurados diez puestos de control que duraron alrededor de ocho meses y según Ricardo Laso, les permitió resguardarse del virus, aunque trajo consigo afectaciones económicas. “Algunos nos lo agradecen y otros nos reclaman porque apenas inició la pandemia nosotros instalmos los puestos de control y no dejábamos entrar a nadie. Con mucha pena teníamos que devolver a las personas que querían venir a pasar la cuarentena porque teníamos que cuidarnos”.  

Esta producción fue realizada gracias al apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y del Caribe, coordinado por Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios, y a la alianza periodística entre VerdadAbierta.com, Co.marca Digital, Radio Campesina de Inzá y la Escuela de Cine y Televisión Étnica de Santander de Quilichao. 

* Foto de apertura: Andrés Felipe Dorado.

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¿Quieres saber más sobre este y otros temas relacionados? Te invitamos a escuchar los episodios anteriores de la primera temporada de Defendemos Podcast en nuestra página:

• Episodio 1: ¿Quién defiende el derecho a la protesta social?
• Episodio 2: Sí existe el derecho a defender los derechos humanos
• Episodio 3: Estrategias de protección colectiva para líderes, lideresas y personas defensoras
• Episodio 4: Así hablan las lideresas y las mujeres defensoras en Colombia

Este Podcast es una producción de Protección Internacional (PI) en alianza con VerdadAbierta.com. Ha sido realizado con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania en el marco del proyecto que PI desarrolla en alianza con Pensamiento y Acción Social (PAS), de la Fundación Ford, de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). Se autoriza su difusión sin fines de lucro.

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Como suele ocurrir con las poblaciones olvidadas y marginadas de la Colombia rural, la violencia puso sobre el mapa y en la agenda mediática al municipio de Samaniego, situado en el corazón del departamento de Nariño, tras la masacre de un grupo de jóvenes mientras departían en una vivienda de la zona rural.

Hasta ese lugar, en la vereda Santa Catalina, a dos kilómetros del casco urbano, llegaron a eso de las 10:30 de la noche por lo menos cuatro hombres cubiertos con pasamontañas y sin mediar palabra dispararon sus fusiles Galil contra un grupo de jóvenes que se habían reunido en esa vivienda para festejar en una noche sabatina. Una vez se dispersaron los homicidas, los gritos y el llanto de los sobrevivientes reemplazaron el ruido de las armas.

En el patio de la pequeña casa rural las balas segaron la vida de Laura Riascos Melo (17); Campo Elías Benavides Erazo (22); Rubén Ibarra (22); Daniel Vargas (23); Sebastián Quintero (23); Brayan Cuarán (24); Óscar Obando (25); y Byron Patiño (25).

Al amanecer del sábado, y en una de las calles del pueblo, fue encontrado el cuerpo de Jessica Zúñiga Jaramillo (26). Las autoridades investigan si el asesinato de esta joven, que trabajaba en un bar del casco urbano de Samaniego, tiene relación con la masacre.

Las versiones de este ataque armado aún son confusas. Las hipótesis van desde retaliaciones entre grupos de narcotraficantes hasta “un castigo” por violar las restricciones impuestas por los gobiernos local, regional y nacional para contener la expansión de COVID-19. Por el momento, las autoridades dicen que motivos y responsables están bajo investigación.

No obstante, hay indicios. Uno de ellos, el más fuerte, fue divulgado por este portal el pasado 8 de abril en un reportaje sobre los controles que los grupos armados ilegales estaban adoptando en diversas regiones del país para “contribuir” a la contención de COVID-19. Se trata de fotografías de grafitis pintados un día antes en algunos sitios de Samaniego, al parecer, por guerrilleros del Eln, mediante los cuales conminaban a la población a quedarse en casa o, de lo contrario, serían asesinados.

En esta región del piedemonte nariñense hacen presencia los frentes Comuneros del Sur y Camilo Cienfuegos, así como la Compañía Toño Obando, que están integradas al Frente de Guerra Suroccidental.

Ese indicio se respalda en una presencia histórica del grupo insurgente en esa población, donde ha operado y sometido por la vía de las armas a las comunidades, y enfrentado por igual tanto a la Fuerza Pública como a todos aquellos grupos armados ilegales que han intentado disputarle esa hegemonía territorial.

Otro indicio surge de los testimonios recogidos por este portal entre conocedores de la región del piedemonte nariñense. “Los jóvenes estaban advertidos”, dice una persona de la zona que conoce bien la vida cotidiana de Samaniego. ¿Y por qué advertidos? Porque, según esta fuente, “venían haciendo fiestas de tiempo atrás, alquilando viviendas para reunirse y hacer fiestas”.

Y de esa razón se desprende una explicación que cobra fuerza: ante el vacío de autoridad estatal y la incapacidad de la Fuerza Pública para arrebatarle ese poder a los grupos armados ilegales, se ha impuesto la “autoridad de facto” de la guerrilla del Eln. “Se trata de una cruenta demostración de poder contra unos jóvenes inocentes”, dice otro de los consultados.

Al respecto, ese grupo guerrillero emitió un comunicado en la tarde de este lunes negando responsabilidad alguna y se la atribuyó a una banda “narcoparamilitar”; además, indicó que la banda conocida como ‘Los Contadores’, es la responsable de varios crímenes en Samaniego y que opera con la supuesta complicidad de miembros de la Fuerza Pública.

Es la segunda masacre en poco más de dos meses en ese munincipio. La anterior ocurrió el pasado 13 de junio en la vereda Yungilla, cuando desconocidos atacaron a un grupo de personas en una finca. Este ataque está rodeado de un fuerte hermetismo y las identidades de dos de las víctimas mortales, no fueron reveladas, salvo dos alias, ‘Cuy’ y ‘Caucho’, el primero de los cuales que correspondería a un narcotraficante local. Las otras dos personas fallecidas fueron identificadas como Adriana Pantoja y Yamid Melo.

Harold Montufar, exalcalde de Samaniego (2004 y 2007), un connotado líder nariñense defensor de derechos humanos, coincide con esa apreciación sobre las masacres que enlutan a su pueblo: “Tienen que ver con la dominación del territorio y el copamiento del mismo para demostrar hegemonía, en donde el más brutal, el que tenga más sevicia, muestra mayor poder lastimosamente”.

Y lo dice un hombre que se ha jugado la vida defendiendo procesos de paz locales y regionales e impulsando iniciativas como la Universidad de la Paz, activa desde 2016. “Es una apuesta de resistencia a toda esta crisis y desastre que genera la guerra”, dice Montufar. “Y pues seguimos en la tarea de convertir ese espacio en un lugar de esperanza, en un aliciente a este territorio para seguir pensando en la paz y en la vida, es nuestra fuerza para seguir perviviendo en el territorio”.

Pero esa visión esperanzadora ha tenido múltiples amenazas y ataques, pese a que la situación de riesgo de los pobladores de áreas urbanas y rurales ha sido advertida por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo desde el año 2002, según lo pudo constatar este portal.

Advertida, pero desatendida

La Alerta Temprana más reciente, la Nº 032-19, fue emitida el 23 de julio del año pasado, a raíz del ‘paro armado’ que realizó la guerrilla del Eln en diferentes municipios de Nariño entre el 15 y el 18 de junio, y por el intercambio de disparos entre miembros de ese grupo armado ilegal y de la Fuerza Pública, en medio de civiles en el casco urbano.

Entre las siete recomendaciones que a través de esa Alerta les hizo la Defensoría del Pueblo a diferentes entidades del orden local, regional y nacional, resalta la de mejorar las condiciones de seguridad para los samanieguenses.

Y se destaca, en particular, el pedido al Ministerio de Defensa y a la Policía de Nariño para “desplegar acciones de inteligencia y contrainteligencia, que les permitan anticiparse y disuadir cualquier acción armada proveniente de grupos armados ilegales, con pleno arreglo al respeto de los derechos de la población civil y al principio de distinción del DIH”.

Casi un año y un mes después de ese llamado de atención, en medio de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la propagación de COVID-19, nueve familias lloran a sus seres queridos.

Samaniego es un territorio apetecido por los grupos armados ilegales dada su ubicación estratégica, en el centro-occidente del departamento, lo que permite la movilidad militar y operacional hacia la frontera ecuatoriana, el litoral Pacífico por la vía Pasto-Tumaco, y hacia la cordillera Occidental, camino al departamento de Cauca. De acuerdo con el más reciente informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNDOC), que revisa la situación de 2019, esta población es uno de los enclaves de producción de hoja de coca con crecimiento de hectáreas sembradas en los últimos cuatro años, aunque no precisa en cifras.

Desde de los años ochenta, el Eln, a través de diversas estructuras ligadas al Frente de Guerra Suroccidental, ha tenido presencia en la región y para mantener su hegemonía tuvo que enfrentar a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que se movieron por esta zona con el Frente Libertadores del Sur entre los años 2000 y 2005. Las extintas Farc también hicieron presencia desde la década de los noventa hasta su dejación de armas a principios de 2017.

Además de su importancia geoestratégica, en Samaniego los grupos armados explotan rentas ilícitas procedentes del narcotráfico y la minería. Por esa razón, en su Alerta Temprana del año pasado, la Defensoría del Pueblo lamentó que no fuera incluido en la selección de los 170 municipios que recibirían una atención prioritaria con la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

Como si fuera poco, también cuestionó que la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS, otra iniciativa acordada en La Habana), presentara “un bajo nivel de cumplimiento, situación que ha propiciado la disputa de grupos armados y bandas criminales por el control de rutas, zonas cultivadas, canales de comercialización y microtráfico”.

Entre las conclusiones más importantes de la Alerta Temprana Nº 032-19 se encuentra la necesidad de que el Estado ejerciera presencia integral en la región: “Desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la presencia de la guerrilla de las FARC-EP en el municipio de Samaniego y las acciones bélicas propias de la misma, disminuyeron de manera contundente; sin embargo, las bajas capacidades de las autoridades estatales para hacer presencia integral en los territorios y con ello generar garantías de seguridad en las zonas abandonadas por el mencionado grupo, han permitido el fortalecimiento gradual y posicionamiento del ELN en zona rural de este municipio”.

Las áreas rurales abandonadas en 2017 por la Compañía Mariscal Sucre de las antiguas Farc en su camino a la legalidad bajo el Acuerdo de Paz entraron en disputa y el primero en posicionarse fue el Eln, pero luego llegaron otros grupos armados y terciaron en la confrontación. La base de todo ello, asevera Montufar, es el incumplimiento de lo pactado en La Habana y rubricado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

“El primero en apoderarse del territorio es el Eln”, ratifica este líder social. “Pero luego en los años 2018 y 2019, cuando hay incumplimiento por parte del Estado a los compromisos con las Farc, muchas disidencias y muchas personas que trabajaban con esta guerrilla, llegan al territorio en otras estructuras”.

Se trata de disidencias del Frente 29 de las Farc, que se alejaron del Acuerdo de Paz; de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’; y una suerte de pequeñas estructuras criminales que buscan sacar réditos de las economías ilegales. Sobre todos ellos gravitan las relaciones comerciales con los carteles mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que adquieren el alcaloide que se produce en la región.

A todos ellos el gobierno nacional ha respondido con el incremento del pie de fuerza. A comienzos de enero de 2018, el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos (2010-2018), activó la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, integrada por cerca de 9 mil hombres del Ejército para contener a los violentos en la región del Pacífico nariñense, lo que tendría efectos en la zona del piedemonte.

“Todo esto hace que en esa disputa territorial los que salgan perdiendo son esta gran cantidad de jóvenes, señoritas, que de una u otra manera, inocentemente han caído víctimas de ese conflicto que, por supuesto, es muy ajeno a esas personas”, precisa Montufar.

Cuarentena, bajo alerta

El pasado 30 de abril, cinco semanas después de que Colombia entrara en la fase de Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia Nº 018-20, a raíz de los graves hechos de violencia que estaban padeciendo las comunidades rurales en medio de la incipiente expansión de COVID-19. (Leer más en: La Colombia profunda vive su cuarentena entre el miedo al coronavirus y a las armas)

Hasta ese momento fueron documentados 41 ataques a la población civil, entre ellos, diez asesinatos. La mayoría de las agresiones (14) fueron atribuidas a disidencias de las Farc; once a la guerrilla del Eln, a pesar del cese al fuego unilateral que decretó durante el mes de abril; seis a los denominados grupos sucesores del paramilitarismo; dos a la antigua guerrilla del Epl, uno de ellos correspondiente a un enfrentamiento con el Eln en medio de civiles; y ocho más a delincuencia organizada y grupos sin identificar.

Esa agencia del Ministerio Publico alertó que, en departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Guaviare, fueron difundidos panfletos respaldando el aislamiento en casa mediante “imposición de regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio”.

Entre las ‘normas de conducta’ impuestas, se detectó “regulación a establecimientos comerciales y de ocio, control de precios sobre víveres y elementos de salubridad como alcohol, además de bloqueos en vías de acceso terrestre y fluvial, como estrategia para restringir el flujo de personas, alimentos y medicamentos”.

En cuanto a las ‘sanciones’ por incumplir dichas reglas, se contabilizaron desplazamientos forzados y destrucción de vehículos. “A lo largo de estas semanas también cuatro (4) vehículos privados fueron incinerados como medida de castigo por incumplimiento a las restricciones de movilidad y fueron reportadas dos (2) retenciones arbitrarias por desacato a las normas impuestas por los grupos armados”, reseñó la Alerta Temprana.

Tres meses y medio después de ese llamado de atención, en el que la Defensoría del Pueblo les hizo recomendaciones puntuales a los ministerios del Interior y Defensa, al igual que a la Fiscalía General de la Nación, para evitar nuevos asesinatos y desplazamientos relacionados con la cuarentena, el país está de luto porque nueve jóvenes que la desacataron fueron masacrados, al parecer, por integrantes del Eln.

Una nueva oportunidad de mitigar riesgos fue desaprovechada por el Estado y capitalizada con sangre por quienes imponen su ‘ley’ en la Colombia que no pertenece a las grandes urbes.

Masacres diferenciadas

Pese a las advertencias hechas con antelación, Samaniego es un escenario de duelo y gran parte del país está conmocionada por la ocurrencia de una nueva masacre, que suma a una cadena de matanzas que vienen de tiempo atrás y cuyas cifras son alarmantes.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) tiene documentadas 33 masacres perpetradas este año. En las últimas seis semanas se han cometido diez homicidios colectivos en regiones tan complejas como Norte de Santander y Córdoba.

Pero una revisión al comportamiento del fenómeno criminal en años anteriores evidencia un patrón de criminalidad que viene en aumento. De acuerdo con informes de OACNUDH, en 2017 se registraron 11 masacres, un año después ocurrieron 29 y para el 2019 se presentaron 36 casos. De continuar este tipo de expresiones violentas, el 2020 superará esas cifras y la pérdida de vidas será más alarmante.

Tras la masacre de Samaniego, el Equipo de País de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU, por medio de un comunicado indicaron que “esos hechos violentos, con serios impactos humanitarios, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y otras organizaciones generadoras de violencia, de economías ilegales, pobreza y caracterizado por una limitada presencia del Estado. Por lo tanto, es crucial avanzar y profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz, especialmente su capítulo 3.4 sobre garantías de seguridad que ofrece mecanismos e instrumentos de prevención, protección y seguridad”. (Leer más en: Garantías de no repetición, materia reprobada por el gobierno nacional)

Analistas del conflicto consultados por este portal consideran que es necesario aplicar una mirada diferenciadora de las masacres más allá de explicaciones simplistas, incluso que dan las mismas autoridades, que reducen los hechos a “disputas por el narcotráfico”,

Ya lo precisa Montufar: “Son demostraciones de poder”. Y afectaron a jóvenes que están al margen de la guerra. En ese sentido, una de las fuentes consultadas, quien en razón de su trabajo pidió la reserva de su nombre, asegura que la matanza de la vereda Santa Catalina no puede compararse a las que presenció el país en el pasado, cuando se enfrentaban paramilitares y guerrillas.

“Por el perfil de las víctimas no se trata de supuestos colaboradores de la guerrilla, como en las épocas del pasado”, dice. “Tampoco se trata de guerrilleros vestidos de civil ni de una purga contra milicias urbanas o un ataque a raspachines (recolectores de hoja de coca)”.

En conclusión, es una masacre que tiene un perfil distinto. “El perfil de los jóvenes no se asemeja a colaboradores, redes urbanas, mandos, combatientes, integrantes de grupos armados. No es el típico perfil de las víctimas de masacres”, insiste el consultado.

Otro de los aspectos que valora este analista para evaluar los hechos es que no se cometió en una región alejada del casco urbano de Samaniego ni de difícil acceso, como muchas matanzas de comienzos de la década del dos mil: “Fue a cinco minutos del casco urbano, a donde las autoridades podrían llegar rápido. ¿Dónde estaban la Policía y el Ejército?”.

Bajo ese análisis cobra más fuerza la hipótesis de una “demostración de poder” de la guerrilla del Eln, que se ha convertido en la “autoridad de facto” en esa región del piedemonte llanero y cuyas imposiciones por la vía armada generan terror entre la población y se distancian de una simple disputa por el control del narcotráfico.

Contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en la región del sur de Córdoba, donde recientemente se registraron, en poco más de 24 horas, dos masacres, que dejaron seis personas muertas, en otra zona fuertemente militarizada. Líderes sociales entrevistados al respecto aseveraron que la disputa que libran ‘Los Caparrapos’ y los ‘Gaitanistas’, tienen un fin y es vaciar el territorio de campesinos e indígenas para favorecer intereses económicos. (Leer más en: ¿Por qué Ejército y Policía no reaccionan con contundencia en el Sur de Córdoba?)

Otra característica tendrían las matanzas que se han perpetrado en las últimas semanas en Norte de Santander, donde la guerrilla del Eln libra una intensa disputa por imponer su hegemonía armada en la línea fronteriza con el vecino país de Venezuela y que se está librando en las goteras de Cúcuta. “Allá las masacres tienen un perfil más del crimen organizado”, precisa el analista consultado. En esa zona limítrofe la confrontación implica a ‘Los Rastrojos’ y a una antigua disidencia del Epl. (Leer más en: Guerrilla del Eln reconoce guerra en frontera con Venezuela)

Y sin ir más lejos, otro perfil tendría la ocurrida en el oriente de la ciudad de Cali, donde, en la noche del pasado miércoles, fueron asesinados y arrojados a un cañaduzal cinco jóvenes, entre 14 y 18 años edad, pobladores del barrio Llano Verde. Hasta el momento las autoridades no tienen claras las razones de la masacre.

Erlendy Cuero Bravo, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y coordinadora de Afrodes Cali, reside en este conjunto residencial construido en 2013 y destinado a población vulnerable. Allí viven cerca de 25 mil personas, en gran parte niños y jóvenes, en medio de grandes carencias.

La crítica situación económica se ha profundizado con la expansión de COVID-19 y las restricciones a la movilidad que han impuesto las autoridades para contener su propagación. En Llano Verde, según Cuero, gran parte de sus pobladores viven del rebusque diario, una de las actividades económicas informales más afectada con la pandemia.

“Son personas que tienen negocitos pequeños; las mujeres salen de trabajar como empleadas domésticas o vendiendo frutas, chontaduros en platones. Lo mismo los hombres en la construcción o vendiendo en una carreta productos para sobrevivir”, describe la vocera de Afrodes. “Y con ese tema de la restricción, se evita que las personas puedan salir a la calle. ¿Esto qué ha logrado? Que todos los conflictos internos que hay adentro se agudicen”.

Y si bien no se tienen claras las razones de por qué mataron a estos cinco muchachos de Llano Verde, la lideresa asegura que, con la crisis económica, hay un grave factor de riesgo, que continúa: “Los jóvenes están a merced a que haya cualquier tipo de estructuras que los pueden convencer, que se los llevan para trabajar a otro lado o que los utilicen para todo el tema microtráfico interno que hay en esta comunidad”.

“Políticas equivocadas”

En una rueda de prensa realizada ayer en el aeropuerto del municipio de Chachagüí, que sirve a la ciudad de Pasto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se fue lanza en ristre, y de manera velada, contra decisiones que se tomaron en el gobierno anterior del presidente Santos y por las altas cortes en relación con la manera cómo debían ser manejado el tema de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito.

“Nariño está sufriendo el impacto atroz del narcotráfico. Ese impacto se incrementó desde cuando se tomaron decisiones políticas equivocadas. Colombia estaba en la vía de acabar con los cultivos ilícitos. Gracias a políticas eficaces, el número de hectáreas de cultivos ilícitos había disminuido de 160 mil a 46 mil hectáreas”, dijo el Ministro.

Tal afirmación es una clara alusión a una cifra que ha manejado un sector adverso al Acuerdo de Paz y que alude a cómo habría dejado el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) el control de sembradíos, pese a que diversos estudios niegan esa versión, entre ellos el realizado por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas del gobierno estadounidense que cifra la extensión para 2010 en 100 mil hectáreas.

Pese a la controvertida cifra, Holmes Trujillo agregó que al final de aquel gobierno “íbamos en la dirección correcta. Desgraciadamente, cuando esa era la tendencia buena para el país, se suspendió la aspersión, se construyó un discurso justificativo a la siembra de cultivos ilícitos y definieron beneficios que terminaron siendo beneficios perversos y que llevaron a que se incrementaran otra vez el número de hectáreas”.

Según el Ministro, gracias a las políticas del actual gobierno, lideradas por el presidente Iván Duque (2018-2022), se logró una reducción en 2019 del 9 por ciento de hectáreas sembradas. Según UNDOC, en el país se registraron 54 mil hectáreas, 9 por ciento menos que en 2018, que se estimaron en 169 mil hectáreas. En su intervención, aseveró que este año se erradicarían 130 mil hectáreas.

“Para lograrlo vamos a acudir a todas las herramientas posibles”, reforzó Holmes Trujillo. “Vamos a seguir erradicando, vamos a seguir con la sustitución de cultivos, vamos a seguir con los programas de desarrollo alternativo, y vamos a seguir cumpliendo con las determinaciones de la Corte Constitucional para asperjar de una manera segura para la salud y el medio ambiente”.

De acuerdo con el último monitoreo de UNDOC, “Nariño dejó de ser el departamento más afectado por cultivos de coca en 2019 al pasar de 41.903 hectáreas a 36.964 hectáreas sembradas”.

En su preámbulo, y antes de anunciar las medidas de seguridad que se tomarían para proteger las comunidades de Samaniego y del piedemonte nariñense, invitó a los colombianos para que “apoyen a la Fuerza Pública y que se ponga fin a las acciones y campañas de deslegitimación que algunos sectores han puesto en marcha”.

Finalmente, además de ofrecer una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del homicidio de los jóvenes en Samaniego, anunció la convocatoria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, una instancia interinstitucional creada bajo el Acuerdo de Paz y frente a la cual el actual gobierno nacional no ha respaldado plenamente.

Además, afirmó que se creará un Grupo de Tarea Especial para adelantar las investigaciones y los actos urgentes, liderados por la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Dijín, la Sijín y el CTI. Asimismo, dijo que un oficial del grupo antiterrorismo de la Dijín liderará las investigaciones por parte de la Fuerza Pública.

Además, comunicó que para fortalecer la seguridad en Samaniego se contará con un grupo de 30 unidades de reacción de la Policía Nacional, así como 20 expertos en investigación e inteligencia, y se implementará un centro de fusión operacional de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional con el objetivo de afectar los Grupos Armados Organizados en la región.

“Entre tanto, el Ejército Nacional asignará una compañía conformada por 120 integrantes de la FUDRA 4 para adelantar operaciones en la zona; el Batallón contra el Narcotráfico se desplegará en el municipio de Samaniego y una compañía de Fuerzas Especiales se desplazará hasta Llorente para apoyar estas operaciones”, se lee en un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa.

Esas últimas medidas que anunció el ministro Trujillo, fueron tomadas como respuesta a la masacre de nueve jóvenes en Samaniego. Sin embargo, hace trece meses la Defensoría del Pueblo solicitó, precisamente, que se mejoraran las condiciones de seguridad y de inteligencia de la Policía, para evitar que ocurrieran hechos lamentables como esa matanza.

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Por: Harry Mosquera, presidente del consejo comunitario Los Riscales, y Mauricio Bechara Escudero, biólogo y estudiante de doctorado en Ciencias del Mar

Por causa del SARS-CoV-2 (conocido también como COVID-19), además de una inminente crisis hospitalaria, la obtención de alimentos golpea duramente a una gran parte de la población colombiana en las ciudades. Para conseguir los elementos básicos, incluso de la ingesta mínima, son necesarios esos pedazos de metal o papel que se cambian por productos y servicios en un sistema económico donde el dinero hace dinero (capitalismo).

Pero no todo son malas noticias. En un lugar al oeste de Colombia y de frente al Pacífico oriental se encuentra el Golfo de Tribugá, con 68 por ciento de población afrodescendiente y 32 por ciento indígena. Los pobladores dan cuenta de cómo vivir sin necesidad de productos impuestos por el consumismo: una gaseosa puede ser reemplazada por agua de coco; un plato de frijoles por árbol del pan (Artocarpus altilis); y un trozo de punta de anca, con todo y la huella de carbono y desertificación que deja la ganadería, sucumbe ante un filete de albacora (Thunnus albacares)

Son ellos, la gente de esta zona, en su esplendor y entorno, en su cosmovisión y uso de los recursos naturales, quienes se jactan con todo el derecho de lo que les brinda el bosque húmedo tropical, los manglares, los estuarios, las ensenadas, los ecosistemas rocosos y aguas someras. Está claro, hay que hacer uso de la Ley 70 y planes de etnodesarrollo, planes de salvaguarda indígena y de vida en un territorio que confiere 31.469 hectáreas a las comunidades negras y 90 mil hectáreas a las comunidades indígenas.

Hoy, muchas personas confinadas en sus casas salen culposa o dolosamente a contraer infección (se excluyen los que necesitan buscar el diario en esta Colombia inequitativa) o les constriñe el aislamiento, ese que paradójicamente tiene a la fecha (28 de mayo de 2020) sin un solo caso de SARS-CoV-2 al Golfo de Tribugá.

No se necesita salir fuera del territorio: la carduma (Centegraulis myscticetus) en su migración es perseguida por una gr

an población de atún, cuando se vaya, se capturará burique (Caranx caballus), champeta (Sphyraena ensis), pargo (Lutjanus spp) o se irá a ese espacio entre el mangle blanco (Laguncularia racemosa)  o mangle negro (Avicennia germinans) y el mangle botón (Conocarpus erectus) para atrapar dentro de su madriguera a un suculento cangrejo azul (Cardissoma crassum).

Se llega al mangle rojo (Rhizophora mangle) y se hurga en los pantanos para recolectar piangua macho y hembra (Anadara similis, A. tuberculosa). Pero también se podría pasar por las rocas donde la marea alta golpea y conseguir varias churulejas (Nerita scabricosta) para un delicioso arroz atollado.

Y ni qué hablar de las actividades de pesca entre Morromico y Playita. Los indígenas de la comunidad de Juribidá tienen la salida hacia el mar por dicho sitio para practicar pesca de subsistencia marina en majestuosas embarcaciones ancestrales tipo canoa de proa y popa pronunciada a las cuales se les anexan tablas de madera para aumentar su manga (ancho) y a veces se les coloca un pequeño tablón en uno de sus terminales de eslora donde reposa un pequeño motor fuera de borda (gracias profesor Segundo López, sí, Rosalino el del Colegio).

Cómo olvidar a las comunidades indígenas de Jagua, Chorro, Puerto Indio y La Loma, asentadas en el río Chorí, que sin traspasar el ecotono (línea de transición entre dos ecosistemas) entre bosque húmedo y costa, auscultan madrigueras en la selva para atrapar a ese rechonchito roedor denominado guagua (Cuniculus paca) y que a veces por buscarlo se encuentran un guatín (Dasyprocta punctata); eso sí, ¡con mucho cuidado! La piara (manada de cerdos salvajes) entre más numerosa, más peligrosa, aunque si se atrapa a uno de esos tatabros (Tayassu pecari), no hay problema pues también hace parte de la caza por subsistencia amparada por la ley.

Agua Blanca, Camino del Cerro del Águila, Ancachí, Camaronera y Panguí son las comunidades indígenas de la ensenada de Tribugá y ríos adyacentes que además de los recursos del bosque húmedo tropical donde la precipitación anual puede superar los 6.000 mm, aprovechan la pesca o colocan carnada sobre el challo (red estilo colador con circunferencia metálica pendiente de cuerdas) para atrapar muchas jaibas (Callinectes toxotes)

Colombia país pluricultural, entendida la última palabra sobre cómo las comunidades hacen uso de instrumentos políticos para defenderse y hacer valer sus derechos. Pero aquí parece que sólo hubiese una cultura, la del interior; la de las clases virtuales sin tomar en cuenta la cobertura de la conectividad digital en las zonas geográficas más apartadas; la que alcahuetea el uso de plástico en zonas vírgenes y no incentiva el ecoturismo; aquella que en el DRMI (Distrito Regional de Manejo Integrado) Golfo de Tribugá-Cabo Corrientes, firmó una ordenanza, pero desamparó la cogobernanza; esa que piensa en negocios portuarios cuyos dividendos no dejarían ni el 1 por ciento de las ganancias a los pobladores y sigue engatusando cuando marrulla la no construcción de la vía al mar hace más de 18 años; una que destina cada trimestre  195 millones de pesos a Nuquí como zona no interconectada para subsidios de servicios públicos quemando combustible fósil y no tiene políticas en incentivo de energía solar/eólica mientras el pescado se daña al no existir redes de frío comunitarias… (inhalación/exhalación)… ya se puede continuar.

Bien o mal, en el Golfo de Tribugá no hay lujos, pero tampoco se pasa hambre. Ni en Nuquí ni en Coquí o Jurubirá se niega un plato de comida. Cruz Mélida, Fausto, Feíto y muchos más, ayudan a quien no pudo ir a capturar algo de su opulento entorno; muy diferente a este modelo centralista descorazonado que riñe con las condiciones y necesidades de las regiones; específicamente, está muy distante con el Golfo de Tribugá y hace que cualquiera se pregunte: ¿para cuándo las verdaderas políticas de desarrollo sostenible diferenciales acorde a la abundancia de los recursos naturales renovables y no renovables en cada región?

Los pobladores de todo este golfo nos están dando una verdadera lección al resto de colombianos, no de subsistencia, sino de vida, pues sin necesidad de gastar mucho cerebro, se analiza que, a pesar del olvido estatal, los de Tribugá han respondido fieramente a esta crisis. ¿Se imaginan hasta donde llegarían si se potenciara objetivamente esa riqueza natural que tienen?

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Por: Wilmer Camacho Viuche, líder campesino, vocero núcleo de Unión Peneya

Desde nuestra fundación como inspección de policía del municipio de La Montañita0, Caquetá, creada mediante la resolución 0560 del 25 de abril de 1972, nuestra población siempre ha estado entre la espada y la pared: por nuestro caserío y nuestras veredas hemos visto como pasa la maldita guerra y nos arrebata la vida y la esperanza.

Nuestra historia ha estado marcada por el abandono del Estado, las intensas confrontaciones armadas, los cultivos de uso ilícito y la constante estigmatización por parte de los integrantes de la Fuerza Pública y por funcionarios del Estado.

En el año 2009 recibimos el XI Premio Nacional de Paz por ser un ejemplo de paz y por lograr reconstruir lo que habíamos perdido en la noche del 3 de enero de 2004, cuando los habitantes de la Unión Peneya abandonamos nuestras casas por temor a las represalias y por la estigmatización sistemática de ser considerados como el “bastión de las Farc-Ep” y por los crecientes anuncios de la llegada de los paramilitares a nuestro caserío, sumado a la tortura y asesinatos de ‘Nachito’ el dueño de la droguería DROGAS NACHO y Édgar García ‘El Yulo’, habitantes reconocidos por nuestra comunidad ocho días antes del desembarco de tropas del Ejército Nacional.

Esa noche se escuchaban el sonido de los helicópteros retumbar por nuestro caserío y esto agitó el miedo e hizo que corriéramos, abandonando nuestros hogares para resguardar nuestras vidas.

Este desplazamiento, además de perder todas las cosas materiales que construimos con tanto esfuerzo durante tantos años, nos llevó a ser presas fáciles de los ‘falsos positivos’ que se incrementaron en nuestra región, puesto que los militares nos miraron siempre como auxiliadores o guerrilleros. Esta situación generó que en este lapso de tiempo se incrementaran aún más desplazamientos, esta vez no a las veredas de la inspección sino a otros municipios y departamentos.

Pese a que logramos retornar el 27 de enero de 2007 y a la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc-Ep, nuestra vida cotidiana sigue marcada por la estigmatización y el olvido estatal. Ante esta cruel realidad, hemos tenido que organizarnos autónomamente para poder subsistir y resolver nuestros problemas de tipo económico y social. El organizarnos nos ha permitido mejorar en alguna medida nuestra infraestructura vial, nuestras escuelas y demás necesidades por cuenta propia.

Hoy, en el marco del aislamiento y la cuarentena decretada por el gobierno nacional para enfrentar el COVID-19, hemos decidido una vez más tomar medidas de autoprotección.  Entre ellas están el restringir el ingreso de personas provenientes de otros municipios, toda vez que contamos con un único centro de salud que no cuenta con la infraestructura, ni con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ni con recursos para albergar nuestros posibles enfermos por el nuevo coronavirus.

Con gran esfuerzo recolectamos presupuesto, producto de las mingas de los pobladores de la región, quienes hemos instalado un puesto de control y desinfección a la entrada de nuestra localidad, como también adoptamos el protocolo designado por la Organización Mundial de la Salud para la contención del COVID-19, esto con la finalidad de evitar que nuestros pobladores resulten afectados por esta pandemia, toda vez que no ha sido posible que la institucionalidad nos haga un aporte que nos permita contar con herramientas o artículos de desinfección.

Sólo hemos encontrado por parte del gobierno municipal el rechazo a nuestras medidas y consigo la estigmatización y el señalamiento por parte del señor alcalde municipal contra los dirigentes sociales de estar aliados con “fuerzas oscuras”, que ponen en riesgo latente la vida de los dirigentes sociales de nuestra inspección.

Asimismo, vemos con total indignación como procede el gobierno nacional a través de tropas del Ejército en la erradicación manual de cultivos de uso ilícito en las veredas y desconociendo totalmente los acuerdos en cuanto a sustitución voluntaria de cultivos ilícitos realizada entre el gobierno nacional y nosotros los campesinos.

Hoy a nuestros pobladores que firmaron este acuerdo les adeudan dos pagos, los proyectos productivos no avanzan por ninguna parte; contrario a esto, gran parte del campesinado ya hizo la erradicación manual de forma voluntaria, y quienes aún no la realizan están dispuestos a hacerlo siempre y cuando el Estado cumpla con lo firmado.

Nuestra situación se torna insostenible porque los precios de los alimentos de la canasta familiar se incrementaron; contrario a esto, los productos que nuestros campesinos producen y cultivan, como el queso, la leche y el plátano, entre otros, son comercializados a precios ridículos que disminuyen el poder de compra del campesinado.

Además, nuestro sistema de comunicación vial interveredal colapsó. Este problema tiene sumido a nuestra población en el hambre, la desesperación y la miseria sumado a la crisis generada por el COVID-19 en el país.

Por otra parte, encontramos las empresas encargadas de suministrar los servicios públicos (agua y energía eléctrica) que, en tiempos de pandemia, suman en la desesperación a la población de La Unión Peneya: por un lado, la empresa de carácter mixta sigue facturando los metros cúbicos de agua, que serán todo menos potables, y que prestan un servicio discontinuo y por horas; por el otro, encontramos la Electrificadora del Caquetá que incrementó sustancialmente el costo de los recibos de energía eléctrica.

A pesar de las adversidades y situaciones vividas en nuestra inspección, hoy nuestros pobladores podemos ver al mundo sonreír y expresarles que somos territorio de paz, que siempre tendremos nuestra frente en alto y estaremos orgullosos por haber nacido y pertenecer a este lindo terruño. Sobreviviremos al olvido estatal como lo hemos hecho desde nuestra colonización. Nuestro espíritu solidario nos permitirá salir avante, en medio de la crisis.

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