A punta de amenazas y asesinatos, diferentes grupos armados ilegales no sólo han victimizado a cientos de comunidades rurales en 21 departamentos, sino que han impuesto estrictas normas de comportamiento con la excusa de prevenir la expansión del Covid-19 y llenar el vacío institucional. Al respecto, la Defensoría del Pueblo hace detallada radiografía y alerta a las autoridades para que tomen medidas eficaces de protección.

Trapos rojos colgados en ventanas, puertas y fachadas de viviendas en barrios deprimidos de decenas de ciudades en Colombia, se convirtieron en uno de los símbolos del Aislamiento Preventivo Obligatorio con el que el presidente de la República, Iván Duque, busca frenar la cadena de transmisión del virus respiratorio que tiene en jaque a la humanidad. Representan la necesidad de ayuda, especialmente por la falta alimentos, de las personas que se quedaron sin fuentes de ingresos porque viven de lo que producen a diario.

En el campo la situación es a otro precio porque se suma otro mal endémico del país: la violencia armada. Los trapos rojos no son uno de sus símbolos, sino las ‘líneas rojas’ que han trazado las estructuras criminales que pululan a lo largo y ancho de la geografía nacional, al “imponer normas de conducta”. Así lo advierte el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana de Inminencia N. 018-20, enviada ayer mismo a la ministra del Interior, Alicia Arango, y conocida por este portal.

El pasado 6 de marzo se diagnosticó el primer caso de Covid-19 en Colombia y once días después el gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia para emitir de manera expedita los decretos necesarios para hacerle frente a la pandemia que azota al mundo. Es así como a partir de la medianoche del 24 de marzo, los colombianos entraron en una fase de confinamiento en sus casas, con contadas excepciones de quienes hacen parte del sistema sanitario, de la cadena de producción de alimentos y de otros sectores considerados como esenciales.

Sin embargo, cinco semanas después, el SAT se vio en la necesidad de emitir su primera Alerta Temprana nacional del año por los estragos que viven las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, por cuenta de la combinación mortal de coronavirus y plomo.

“Los impactos han sido especialmente gravosos para aquellas comunidades donde existen brechas de presencia institucional y que cuentan con importantes niveles de vulnerabilidad y desprotección social, reflejados, entre otros, en sistemas de salud con infraestructura y dotación deficientes -o inexistentes- para la atención de posibles casos de infección”, indica el documento.

Y a continuación enumera 41 hechos de violencia ocurridos durante la emergencia sanitaria. La mayoría de ellos, 14, son atribuibles a disidencias de las Farc; once a la guerrilla del Eln, a pesar de que decretó un cese al fuego unilateral durante el mes de abril; seis a los denominados grupos sucesores del paramilitarismo; dos a la antigua guerrilla del Epl, uno de ellos correspondiente a un enfrentamiento con el Eln en medio de civiles; y ocho más a delincuencia organizada y grupos sin identificar.

Especial atención dedica la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana nacional a las amenazas durante el período de implementación de las medidas de prevención de la propagación del Covid-19, pues es una de las acciones más recurrente, particularmente en regiones donde los grupos armados son una figura hegemónica o hay coexistencia entre varios.

Al respecto, indica que “en departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Guaviare, entre otros, han hecho públicos sus mensajes, principalmente, mediante la circulación de comunicados y panfletos entre los cuales es común el respaldo al aislamiento con imposición de regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio”.

Además, resalta que en ocho de los casos monitoreados, los grupos armados impusieron normas de conducta a la población civil, “a partir de regulación a establecimientos comerciales y de ocio, control de precios sobre víveres y elementos de salubridad como alcohol, además de bloqueos en vías de acceso terrestre y fluvial, como estrategia para restringir el flujo de personas, alimentos y medicamentos”.

Y llama la atención sobre la postura redentora que proyectan: “En el marco de los panfletos y comunicados difundidos por facciones disidentes de FARC-EP y el ELN es común un mensaje imperativo a los gobiernos locales para la atención de la población vulnerable, aduciendo que su presencia permitirá hacer frente a los vacíos del Estado, ubicándose como protectores de la población civil”.

En algunas regiones los hechos trascendieron las amenazas. Entre el 23 de marzo y el 27 de abril, el SAT documentó diez asesinatos, la mayoría ocurrieron en Cauca (siete), y los restantes en Arauca (uno) y Nariño (dos). Cinco de ellos fueron atribuidos a disidencias de las Farc, tres al Eln y se desconoce la autoría de los dos restantes.

Entre las ‘sanciones’ de los grupos armados ilegales por incumplir sus normas, se encuentran desplazamientos forzados y destrucción de vehículos. “A lo largo de estas semanas también cuatro (4) vehículos privados fueron incinerados como medida de castigo por incumplimiento a las restricciones de movilidad y fueron reportadas dos (2) retenciones arbitrarias por desacato a las normas impuestas por los grupos armados”, consigna la Alerta Temprana.

Como si fuera poca la zozobra que producen la emergencia sanitaria y las dificultades de atención médica, se han dado casos de estigmatización a posibles infectados con el virus del Covid-19, “ocasionando situaciones de desplazamiento forzado a población migrante proveniente de Venezuela, casos de racismo a población indígena, declaración como objetivo de mal denominadas acciones de ‘limpieza social’ a contagiados y un posible distanciamiento social, por parte de las comunidades de Fonseca (La Guajira), a las personas en proceso de reincorporación del ETCR de Pondores”.

La Defensoría del Pueblo también alerta que los grupos armados ilegales buscarían sacar provecho de la pandemia para adquirir legitimidad social al mostrarse como protectores de la población civil; expandirse y aumentar su control territorial restringiendo la movilidad y regulando la comercialización de víveres para el abastecimiento; adquirir ventaja militar sobre sus adversarios; y evitar el contagio de sus combatientes.

Al respecto, este portal llamó la atención sobre esa situación en un reportaje publicado el pasado 8 de abril en los departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba y Nariño, donde los grupos armados impusieron de manera arbitraria controles sociales y castigos drásticos a quienes violaran sus ‘normas’. (Leer más en: ¿Grupos criminales aprovechan pandemia para fortalecer sus negocios ilícitos?)

Otra línea de análisis del SAT pone énfasis en su posible fortalecimiento a nivel operacional, producto de la crisis económica que se asoma con la pandemia. Entre las actividades de los grupos armados y delincuenciales se perfilan préstamos ‘gota a gota’ con intención de usura y extorsión; y el reclutamiento de personas desempleadas en el campo y las ciudades, que busquen una fuente de ingresos.

Fuente: Alerta Temprana N. 018-20, del SAT de la Defensoría del Pueblo.

Panorama alertado

Buena parte de la recomposición territorial de los grupos armados ilegales y de la situación que están padeciendo las comunidades, fue advertida por la Defensoría del Pueblo durante el año pasado y los cuatro primeros meses del que está en curso. En total, hasta la Alerta Temprana 018-20, fueron emitidos 72 informes de inminencia de riesgo y estructurales, para 23 departamentos del país, abarcando a 128 municipios.

Los departamentos con más riesgos advertidos fueron Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Cauca. A pesar de que en Tolima, Arauca, Bogotá D.C., Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo, Cesar, Sucre y Caldas se emitieron menos Alertas Tempranas, también se dieron afectaciones por el conflicto armado y otras formas de violencia.

“Algunos escenarios se encuentran marcados por altos niveles de confrontación armada, como aquellos departamentos cuya situación han motivado, durante este período, la emisión del mayor número de Alertas Tempranas”, indica el SAT en su informe más reciente; y aclara que en otros hay “mecanismos de regulación de la vida social mediante la imposición de normas y sanciones ante su transgresión; la imposición de determinadas formas de orden social, concepciones sobre lo político y mecanismos para la obtención de alguna suerte de ‘legitimidad’ o aceptación entre la población civil; la exigencia de extorsiones bajo la figura de ‘aportes’ o ‘tributación’, entre otras”.

A pesar de las diferencias regionales, la Defensoría del Pueblo encontró nueve factores en común de los cuales sacan provecho los grupos armados ilegales para subsistir y desplegar su accionar. Entre ellos destacan la falta de oferta civil del Estado en regiones apartadas y olvidadas; conflictos ambientales irresueltos y por el uso del suelo; prospectivas para la implementación de megaproyectos económicos de los cuales se puedan obtener posibles rentas ilícitas y tensiones asociadas a la implementación del Acuerdo de Paz.

Adicional a ello, realiza una caracterización actual sobre los grupos armados que azotan en medio de la pandemia del Covid-19.

1. Disidencias de las Farc

El SAT alerta por el fortalecimiento y la consolidación algunas de ellas, a pesar de sus diferencias en capacidades de control territorial y poblacional. “En algunos lugares, como la Orinoquía y la Amazonía colombiana, estas ejercen control hegemónico o coexisten con otros actores armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en zonas que previamente fueron influencia de las FARC-EP. Sin embargo, en regiones como el Andén Pacífico, noroccidente, norte y nororiente del país, estas facciones, algunas con mayor o menor capacidad armada, se encuentran en disputa con otros actores armados, como los grupos sucesores del paramilitarismo”, indica.

Sobre la Nueva Marquetalia, grupo creado por ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y otros exjefes de las antiguas Farc que participaron en las negociaciones de paz en Cuba, que pretende agrupar a diferentes disidencias bajo un sólo mando, plantea que “ha conllevado también tensiones al interior de otras facciones disidentes, por cuenta de su pretensión de lograr su adhesión. Esta situación ha propiciado rupturas internas entre algunas facciones disidentes, alianzas, y factibles disputas entre sí”.

Resalta que el accionar de esas estructuras se concentra en zonas rurales, donde emplean acciones bélicas con artefactos explosivos, sostienen enfrentamientos, reclutan niños, niñas y adolescentes, instalan minas antipersonales y explosivos ‘hechizos’. También cuenta con presencia en entornos urbanos.

2. Eln

Sobre la última guerrilla del país, la Alerta Temprana N. 018-20, sostiene que continúa con su estrategia de expansión a territorios que anteriormente fueron controlados por las Farc antes de su dejación de armas y consolidado su poder en las regiones donde habitualmente ha tenido presencia. (Leer más en: De Chocó a Venezuela, la peligrosa expansión del Eln)

“Particularmente en el nororiente del país y la Orinoquía, este actor ha fortalecido su accionar, sirviéndose de las dinámicas de frontera porosa con Venezuela, donde existen brechas de presencia institucional por parte de los gobiernos de ambos países. En algunos sectores de estas regiones, el ELN coexiste con facciones disidentes de las FARC-EP; no obstante, en otras zonas del país como el andén Pacífico o el Catatumbo, este grupo libra disputas por el territorio con las AGC, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y algunas facciones disidentes de las FARC-EP”, describe el documento.

Entre su accionar alerta por el reclutamiento de menores de edad, especialmente de comunidades indígenas y afrodescendientes, la instalación de minas antipersonal, atentados a infraestructura energética, asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos masivos, confinamientos y cobro de extorsiones.

Sobre el cese al fuego unilateral que decretó durante todo el mes de abril, la Defensoría del Pueblo señala que, presuntamente, sostuvo “combates contra diferentes grupos armados con interposición de población civil, principalmente en el departamento del Chocó -particularmente en el municipio de Bojayá-, el sur del departamento del Cauca, el Sur de Bolívar y Norte de Santander”.

Asimismo,ha implementado “restricciones para la llegada de alimentos y suministros médicos para comunidades campesinas y étnicas que, en virtud de las medidas y aislamiento, y por su situación de vulnerabilidad socioeconómica, requieren de atención estatal prioritaria para asegurar su subsistencia durante el período de implementación de dichas disposiciones”. (Leer más en: Guerra, pobreza y virus rodean cese unilateral al fuego del Eln)

3. Sucesores del paramilitarismo

Bajo esa categoría han sido clasificados los múltiples grupos que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ocurrida entre 2003 y 2006, tras las negociaciones que su cúpula sostuvo con el entonces presidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Como el Eln, también continúan en su carrera de expansión hacia los territorios que anteriormente fueron dominados por las Farc y consolidando su poder en las regiones que anteriormente controlaron las Auc.

“Grupos como las autodenominadas AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), continúan expandiendo y/o consolidando su control en algunos sectores del Andén Pacifico, Caribe y Nororiente del país; en estos sectores, también han emprendido disputas por el control del territorio con el ELN y facciones disidentes de las FARC-EP”, señala la Alerta Temprana.

Sobre otros grupos como Los Rastrojos, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (‘Caparrapos’), los Puntilleros-Bloque Meta / Libertadores del Vichada, Cordillera, entre otros, con presencia regional, el SAT identifica que continúan su accionar violento por medio de amenazas, homicidios selectivos, masacres, desapariciones forzadas, control de rentas ilegales como préstamos gota a gota, la minería ilegal, contrabando, trata de personas y prostitución forzada.

Justo ayer, este portal publicó las advertencias de la Defensoría del Pueblo en su anterior Alerta Temprana, emitida para los municipios metenses de Puerto López, Puerto Gaitán y Cabuyaro, que se encuentran en riesgo inminente ante el avance de estructuras armadas ilegales que, eventualmente, podrían chocar entre sí, afectando a las comunidades. (Leer más en: Tres municipios de Meta en alto riesgo por masiva presencia de grupos armados)

El SAT llama la atención sobre la oposición de varios de esos grupos armados a procesos de reclamación de tierras y reparación de víctimas, así como a los reclamos y reivindicaciones de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y también imponen normas de conducta y sanciones a la población.

A diferencia de los grupos de origen subversivo, la Defensoría del Pueblo ha encontrado que los sucesores del paramilitarismo “suelen tercerizar su accionar por intermedio de estructuras de crimen organizado y bandas delincuenciales, situación que se puede observar en entornos urbanos”. Al respecto, indica que esa relación, “si bien se fundamenta en el establecimiento de acuerdos y alianzas que suelen transformarse en el tiempo, aseguran una penetración de su accionar en la cotidianidad de la población y el desarrollo de las actividades que forman parte de las economías ilícitas de su interés”.

4. Crimen organizado

La alerta nacional del SAT resalta que ha observado un fortalecimiento de los grupos y estructuras de crimen organizado de alcance regional, binacional y transnacional, los cuales cuentan con importante capacidad de daño sobre la población civil.

“Entre estos, se destaca la influencia de carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con incidencia directa sobre diversos eslabones de la economía del narcotráfico, particularmente en lo que corresponde a la siembra y salida del alcaloide a los mercados internacionales. Su accionar directo en el territorio nacional se percibe particularmente en el suroccidente del país; en otras zonas, como el noroccidente, la región Andina y la Orinoquía, su accionar es indirecto a partir de acuerdos y alianzas con actores armados ilegales parte del conflicto y estructuras regionales de crimen organizado”, detalla.

Y sobre la presencia de los carteles mexicanos aclara que no se les atribuye a estas estructuras dominio territorial o poblacional, pero se les endilgan hechos de “violencia ejemplarizante” en contra de la población, por medio de amenazas y homicidios mediados por tortura.

Por último, el documento se refiere a las estructuras de crimen organizado de alcance binacional. De ellas destaca “la influencia de actores ilegales provenientes de países vecinos, en las zonas de frontera con Colombia, con intereses en el manejo de economías ilegales como el contrabando, explotación de minerales, la trata de personas, explotación sexual, entre otras. Su accionar violento suele afectar especialmente a grupos indígenas y comunidades campesinas”.

Tras realizar esa detallada radiografía, la Defensoría del Pueblo le recomienda al Ministerio del Interior que reconozca los escenarios de riesgo advertidos en sus alertas tempranas; focalizar medidas de atención para las poblaciones en los territorios con riesgo; y tomar medidas de prevención del contagio del Covid-19 y atención en salud para las comunidades mencionadas en sus informes. (Leer más en: Pueblos indígenas ponen a prueba su supervivencia en medio de pandemia global)

A la Fiscalía General de la Nación le pide definir un plan que permita investigar de forma efectiva las amenazas en contra de la población civil. Y, por último, al Ministerio de Defensa le solicita identificar zonas que puedan requerir del refuerzo de la presencia de sus efectivos para prevenir escaladas de violencia en contra de la población civil y reiteradas vulneraciones a sus derechos.

En la Colombia profunda la cuarentena es a otro precio y la imponen los grupos armados ilegales, ante el histórico abandono estatal en el que ha estado asilada de manera obligatoria y sin implementar medidas de prevención.