Escrito por: Bibiana Ramírez

Comunidades y organizaciones sociales aplauden la iniciativa del grupo insurgente, que se aplicará durante el mes de abril; sin embargo, en distintas regiones del país crece la preocupación porque el Estado aún no llega a resolver necesidades básicas y siguen operando otros grupos armados.

En departamentos como Norte de Santander, Chocó o Nariño, donde la guerra se ha mantenido durante décadas y la guerrilla del Eln ocupa espacios dejados por las extintas Farc y se ha fortalecido militarmente, los niveles de pobreza son elevados y se complementan con la angustia de una posible propagación del Covid-19, sin que existan los recursos para atender a quienes se afecten.

El confinamiento de las comunidades en estos departamentos ha sido constante desde mucho antes de la pandemia y algunos líderes aseguran que ahora es peor porque se juntan guerra y enfermedad, que difícilmente las comunidades podrán aguantar. Lo que se acerca para estas regiones, prevén algunos, es una crisis humanitaria de graves proporciones, jamás vista en el país.

En Chocó, por ejemplo, los territorios indígenas viven una situación preocupante. “Son nadie, ni siquiera los líderes que están en Quibdó se pueden imaginar cómo están los territorios indígenas, porque allí podríamos decir que están los ejércitos de ocupación, sobre todo el Eln y paramilitares, que es donde tienen sus bases y campamentos”, plantea el sacerdote Jesús Albeiro Parra de la Diócesis de Quibdó y Secretario Ejecutivo de la Coordinación Regional del Pacífico.

“Y ahora que las ciudades lo han vivido con la cuarentena – agrega el prelado – sabemos ya qué es estar confinados en casa. Si a nosotros nos está dado duro eso, imagínense las comunidades indígenas y afrodescendientes, no sólo de Chocó sino de todo el Pacífico”. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)

El defensor de derechos humanos Harold Montufar Andrade, exalcalde de Samaniego, Nariño, (2000-2004) y coordinador general del Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS, también ve con inquietud la crisis humanitaria que se avecina en su departamento.

“Las comunidades se van a empobrecer más, el aislamiento histórico se profundizará. No hay plan para aliviar la situación de empobrecimiento, además de que los gobiernos (local, departamental y nacional) no estarán preparados para afrontar un contagio masivo de Covid-19”, expresa Montufar.

La región del Catatumbo, en Norte de Santander, vivió a mediados de febrero pasado un fuerte paro armado impuesto por la guerrilla del Eln y el grupo armado Epl, que confinó a cientos de comunidades en medio de la zozobra. (Leer más en: Pobladores del Catatumbo, ante la zozobra de dos paros armados)

Al respecto, Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), cuestiona la manera cómo el actual gobierno nacional está actuando en esta conflictiva zona fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela.

“El gobierno tiene priorizado el Catatumbo como un piloto de guerra a través del Decreto 2278 del 2019, que crea la Zona Futuro, que desde nuestro punto de vista no es más que una estrategia de consolidación militar”, asevera Quintero.

A su juicio, esa estrategia de intervención estatal “se está traduciendo en este momento con erradicaciones forzadas y violentas en el territorio y aprovechando a todas luces una crisis de pandemia para generar operaciones que van en contravía de los acuerdos que el Estado ha firmado en materia de paz y en contravía de los acuerdos sociales que ha firmado con el campesinado”.

Silenciar los fusiles

Las comunidades afro e indígenas padecen el acoso de grupos armados ilegales que se benefician del narcotráfico. Foto: Juan Diego Restrepo E.

En medio de todas esas tensiones la guerrilla del Eln anunció que, a partir de hoy, y hasta el 31 de abril, cesará toda acción armada ofensiva en las regiones donde operan, entre ellas en los departamentos de Chocó, Nariño y Norte de Santander.

Esa decisión coincidió con el llamado a silenciar los fusiles en el mundo que propuso la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 28 de marzo a través de un comunicado, en el que el secretario General, António Guterres, sugirió que se “pongan en encierro los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas”.

Como preámbulo al anuncio del cese al fuego, el grupo guerrillero liberó a tres personas que tenía secuestradas en el departamento de Cauca y luego a una mujer retenida en Arauca.

Sin embargo, en el comunicado que publicó el grupo guerrillero, de 15 puntos, aclara que “el cese es activo porque nos reservamos el derecho a defendernos ante los ataques que adelantan las fuerzas estatales integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas del narcotráfico, en varias regiones del país”.

También hace un llamado para que el gobierno nacional “desactive la persecución contra la población y el asesinato de dirigentes y activistas sociales”. Además, expresan las principales necesidades del pueblo colombiano y convocan al Estado a reunirse con la delegación del Eln que se encuentra en La Habana, Cuba, para concertar un cese al fuego bilateral.

Además, pide que se descongestionen las cárceles, que haya una reforma de la Ley 100 de salud y en la pandemia “garantice el suministro de una canasta básica familiar, de forma gratuita, cada 15 días, a todas las casas de los estratos 1, 2 y 3 de las ciudades y de los pequeños y medianos campesinos”.

Buenos ojos

Vereda Mesitas, Hacarí, Norte de Santander. Foto: Bibiana Ramírez.

Diferentes organizaciones sociales, entidades no gubernamentales y líderes sociales ven con buenos ojos la decisión de la guerrilla del Eln de decretar un cese al fuego unilateral de un mes. Y a la vez hacen un llamado para que los demás grupos armados y el mismo Estado paren la confrontación para poder atender la crisis sanitaria que pueda generar la pandemia ante la expansión del Covid-19.

Quintero, vocero de Ascamcat, cree que es un gesto de sensatez: “El Eln es la guerrilla más fuerte militarmente en este momento en la región, el hecho de que decreten el cese unilateral va a ser un alivio humanitario para miles de comunidades indígenas y campesinas que habitamos la región”.

El sacerdote Parra, de la Diócesis de Quibdó, considera que “es muy importante para las comunidades de Chocó el cese unilateral, porque hay un grupo menos haciendo la guerra”.

Y recuerda el prelado que desde agosto de 2017 se construyó en este departamento, uno de los más golpeados por la confrontación armada en el país, la iniciativa Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó: “Es una herramienta que las comunidades han venido trabajando. Son once puntos, y el primero es el cese al fuego bilateral, pero ya es mucho cuento que el Eln lo haya hecho, sería muy importante que el gobierno también lo acogiera”. (Leer más en: Balance del Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó revela profunda crisis y pocos avances)

Plácido Bailarín, vocero de la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa), celebra el cese al fuego anunciado por el Eln, pero le preocupa que hayan dicho que “sea activo”.

“En cierto sentido es importante si este grupo armado cumple este decreto, porque reduce la presión a la población civil, pero eso no es garantía porque igual van a existir las confrontaciones, por lo que ellos han dicho que van a estar a la defensiva frente a cualquier ataque por otros grupos armados, como la Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y la misma Fuerza Pública, lo que indica que eso no cambia las acciones bélicas en los territorios indígenas y afros”, explica Bailarín.

Por su parte el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), que reúne a un conjunto de organizaciones sociales, valoró «positivamente este anuncio, ya que el cese al fuego es el
primer punto de nuestra propuesta de Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó», pero le exigió al Eln que fuera indefinido, por cuanto, consideran, «este es el camino más expedito para generar un escenario que permita reanudar la mesa de diálogos, levantada el pasado 18 de enero de 2019 por el Gobierno Nacional». (Leer más en: Se reanuda formalmente la guerra contra el Eln)

Además, le reclamó a esta guerrilla, «como gesto humanitario, en su apuesta por la construcción de paz, retirar a los niños, niñas y adolescentes de sus filas, y parar las acciones que impliquen desplazamientos y confinamiento en las comunidades del Chocó y el resto del país».

Asimismo, el FISCH también le exigió al presidente de la República, Iván Duque, que designara «un equipo de expertos, con presencia de garantes internacionales para retomar los diálogos con el Eln y otras estructuras armadas ilegales, para que pueda dar respuesta tanto a la implementación del Proceso de Paz, como al punto 5 del Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó: ‘Desmonte de las estructuras ilegales presentes en los territorios’. Teniendo como base fundamental la constitución política colombiana, en la que establece la paz como un derecho y un deber de estricto cumplimiento».

El exalcalde Montufar también cree que para Nariño la decisión del Eln es un gesto de paz: “Desde hace 15 años las resistencias comunitarias a la guerra hemos pedido a los grupos armados que cesen las hostilidades y pacten el fin del conflicto armado. Este nuevo cese unilateral del Eln alivia la situación de guerra en el territorio y es muy positivo para la construcción territorial de paz”.

Comunidades desprotegidas

Resguardo indígena Santa Lucía, Bojayá, Chocó. Foto: Bibiana Ramírez.

El cese al fuego decretado por el Eln es sólo uno de los componentes de la guerra que agobia a varias regiones del país. Por otros caminos, y pese a los controles sociales que se han impuesto para contener el avance del Covid-19, en el país continúa el asesinato de líderes sociales y excombatientes de Farc que decidieron dejar las armas y apostarle al Acuerdo de Paz.

Si bien uno de los puntos pactados en el documento firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá entre el Estado colombiano, a través del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), y el máximo jefe de la antigua guerrilla, Rodrigo Londoño, es el desmonte del paramilitarismo, lo que se observa en los territorios es su fortalecimiento y las amenazas que genera persisten en amplias regiones rurales del país, sin que la orden de confinamiento nacional decretada por el gobierno nacional el pasado 24 de marzo afecte sus dinámicas criminales.

Los temores aumentan para las comunidades. Y aunque en la ruralidad la dimensión de la crisis con la pandemia no es tan explícita como en las ciudades, por lo menos hasta ahora, con la guerra sí se mantiene la zozobra que los ha acompañado por generaciones.

“Estamos muy preocupados porque si antes los derechos de las comunidades estaban siendo vulnerados, salud, educación, alimentación, ahora con mayor razón se grava esta situación”, afirma el padre Parra.

Y agrega: “Sin coronavirus, con coronavirus, la situación humanitaria para las comunidades de Chocó era gravísima, va a ser un doble confinamiento. La salud en Chocó está hipotecada por el paramilitarismo, por la corrupción. Ustedes se imaginan que llegue al Pacífico el coronavirus, ahí sí sería el acabose para las comunidades. Yo me imagino los niños indígenas y afros en las comunidades, ¿será que sí tienen las plataformas, los medios para estudiar desde la casa? Será la plataforma del bejuco, de la palma, del árbol”.

Para Bailarín, vocero indígena de Chocó, el gran temor para la población es que “los actores armados aprovechen el tema de la pandemia e incrementen los asesinatos, desplazamientos, amenazas y bloqueen a las comunidades para que no denuncien los daños que causen en los territorios”.

Y le preocupa que haya un debilitamiento del proceso organizativo, a ejercer la autonomía y gobierno propio en el control social y territorial, “violación a los lugares sagrados, las prácticas culturales, ceremonias, rituales, pérdidas de líderes por asesinatos, la falta de enseñanzas del conocimiento tradicional a la nueva generaciones, entre otros”.

En el Catatumbo a las comunidades les genera alarma el hecho de que el mundo se haya volcado a la pandemia y se olviden otros temas relevantes, entre ellos, recuerda Quintero, lo sucedido “el sábado (28 de marzo) que fue ejecutado extrajudicialmente Alejandro Carvajal, de 20 años de edad, por parte de las fuerzas militares y eso no tenga un eco ante las autoridades competentes de control y la sociedad en su conjunto”.

A este activista le preocupa que “que el campesinado no sólo esté ante un escenario de vulneración de contagio del virus, sino que se aproveche para violar de manera sistemática los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

El panorama no es distinto en Nariño, con el agravante de que por la frontera con la vecina República del Ecuador, una porosa línea divisoria de 586 kilómetros, que incluye al departamento de Putumayo, la vulneración puede ser mayor.

Así lo expone Harold Ruiz, quien fue Asesor de Paz y responsable del tema cultivo de uso ilícito de la Gobernación de Nariño (2015-2019) y actualmente se desempeña como Consejero de la Alcaldía de Pasto: “Nariño se ve abocado a un crecimiento exponencial de la pandemia por compartir frontera con Ecuador, donde todo se está manejando de manera irresponsable, donde no existe la coordinación ni el apoyo del gobierno nacional a los gobiernos locales para enfrentar no sólo la pandemia sino las consecuencias de su crecimiento en la frontera”.

Ruiz prevé que una vez pase la cuarentena, “las comunidades se van a ver mucho más afectadas porque Nariño tiene una informalidad de más del 60% por ser un departamento agrícola. Sin cordones de industrialización, las condiciones de pobreza se van a acentuar y será uno de los departamentos más golpeados con esta pandemia”.

Lo también preocupante para el exalcalde Montufar es que las comunidades con las que tiene contacto están expresando que se sienten solas: “Hace falta que los planes de contingencia con provisión de alimentos, seguros a las cosechas (café, hortofrutícolas, granos), seguros de desempleo y otras medidas lleguen a los lugares más profundos de la ruralidad. Hace falta, como siempre, mayor presencia del Estado”.