Las dos organizaciones criminales que hacen presencia en esta región de Norte de Santander tomaron la decisión de imponer por las vías de hecho restricciones a la movilidad en carreteras y centros poblados.

Los habitantes de los municipios que integran la región del Catatumbo aún no conocen el silencio de los fusiles. Pese a que hace más de tres años dejó sus armas la otrora guerrilla de las Farc, que tuvo un amplio poder en esta zona, la presencia de otros grupos ilegales impide que se consolide por lo menos la tranquilidad.

Desde la media noche de este jueves, el Ejército Popular de Liberación (Epl) decretó un “paro armado indefinido”. Esta estructura criminal, que hizo de algunas zonas rurales del Catatumbo su fortín de actividades ilegales desde mediados de la década del noventa, tras marginarse de los acuerdos de paz firmados en 1991, comunicó la decisión el martes de la semana pasada a través de un panfleto distribuido en varias zonas del Catatumbo, y siete días después lo declaró indefinido.

Alega el Epl que tomó esa decisión debido a la imposibilidad de lograr “una salida por la vía del diálogo” a la guerra que desde hace más de dos años sostiene con la guerrilla del Eln. Aseguró en su panfleto que ese grupo alzado en armas tendría alianzas con mandos de las Fuerzas Militares para atacar algunas de sus posiciones y señaló que esos supuestos acuerdos se han fortalecido al parecer con el apoyo del senador Alberto Castilla, del Polo Democrático; además, expresó su rechazo a la instalación de nuevas bases militares en la región.

En reacción a ese cuestionamiento, el senador Castilla expidió esta mañana un comunicado en el que afirmó que tal alusión expone su «integridad, la de mi familia y de las organizaciones con las que, hace años, hago trabajo comunitario; generando un riesgo inminente en este complejo contexto de guerra».

El congresista resaltó en su mensaje que su «labor como Senador de la República y líder campesino, es completamente pública. Durante todos estos años he dedicado mis esfuerzos a la búsqueda de la paz, visibilizando la grave situación humanitaria en la que se encuentran las comunidades del Catatumbo por el histórico abandono estatal y respaldando los procesos organizativos campesinos y comunales».

Además, rechazó las acciones que promueven la estigmatización en su contra, «pues constribuyen a continuar alimentando la confrontación armada y social contra las comunidades campesinas e indígenas de la región».

Castilla también le hizo una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que haga presencia en el Catatumbo con el fin de «atender de manera urgente esta situación, velando por la verificación permanente de los hechos que vulneran la paz y la tranquilidad en el Catatumbo, y brinde todas las garantías para las comunidades campesinas e indígenas que están en medio de la confrontación entre los distintos grupos armados».

Los choque armados entre el Epl y el Eln habrían comenzado a mediados de 2018, cada uno buscando posicionarse en aquellas zonas abandonadas por las antiguas Farc, cuya posición estratégica se ve fortalecida por su cercanía a la República Bolivariana de Venezuela. (Leer más en: La nueva guerra que se desató en el Catatumbo)

Al enrarecido clima de alteración del orden público se sumó la decisión del Eln de realizar un paro armado de alcance nacional por 72 horas, que comienza a las 6 de la mañana de este viernes y se prolongará hasta la misma hora del próximo lunes. Si bien a través de un panfleto y de un video dio a conocer su medida, no expuso ningún argumento que la justificara.

Tras conocer la decisión del Eln, el presidente de la República, Iván Duque, aseveró: “Que no pretendan los terroristas salir a intimidar al país hablando de paros armados. Colombia no para ante las amenazas de ningún grupo armado; hoy más que nunca estamos fuertes como nación y fuertes como democracia”.

Las posiciones de uno y otro alejan las posibilidades de que vuelvan a sentarse a una mesa de conversaciones para buscarle una salida negociada a esa confrontación armada. Los diálogos, que se instalaron en su fase pública en febrero de 2017 en Quito, Ecuador, fueron suspendidos un año después tras el ataque dinamitero a la sede de la Escuela de Policía General Santander, que dejó una veintena de cadetes muertos. (Leer más en: Se reanuda formalmente la guerra contra el Eln)

Catatumberos, preocupados

En medio del fuego del Epl, del Eln y de las Fuerzas Armadas, que han incrementado su pie de fuerza en los últimos meses en la región, están los pobladores de los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, Teorama, San Calixto y Tibú, que conforman la región del Catatumbo.

En entrevista con VerdadAbierta.com, Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación de campesinos del Catatumbo (Ascamcat), quien coordina el eje de derechos humanos, paz e implementación, se refirió a la situación de inseguridad que afrontan los habitantes de esta zona de Norte de Santander con los paros armados y los enfrentamientos entre los grupos armados.

Juan Carlos Quintero (micrófono en mano). Foto: cortesía Ascamcat.

VerdadAbierta.com (VA) ¿Cuál es el conflicto que hoy están viviendo en el Catatumbo por los grupos armados?

Juan Carlos Quintero (JCQ): Lo primero que hay que decir es que el conflicto armado en el Catatumbo no se ha cerrado por completo. En el 2016 el actor predominante eran las Farc, al salir se demostró que la confrontación se mantiene y quedaron otros actores históricos de la región que es en este caso el Eln y el Epl. El 14 de marzo de este año vamos a cumplir dos años del inicio de esa confrontación armada.

Según las Naciones Unidas es una confrontación que ha dejado afectación a unas 40 mil personas y el asesinato selectivo de unas 250 personas. Esa confrontación más que todo está relacionada con temas de economías ilegales, la ubicación del Catatumbo sobre la zona de frontera y sobre la acusación de ambos grupos de señalar alianzas con militares y paramilitares, como ellos lo han manifestado en los comunicados públicos.

Ese enfrentamiento se agudizó nuevamente en diciembre sobre los municipios de Ábrego, La Playa y Hacarí y se consolidó en una situación de crisis humanitaria hace nueve días en un sector conocido como La Unión Campesina, específicamente en la vereda La Arenosa, en el municipio de Ábrego, donde los enfrentamientos entre el Epl y el Eln ocasionaron el desplazamiento interveredal de 300 personas más o menos, un total de 45 familias, hacia la vereda El Espejo, en el municipio de Bucarasica.

El Epl decretó hace nueve días un paro armado en el que han estado confinadas cientos de familias de Hacarí, La Playa y parte de San Calixto y eso ha generado un desabastecimiento de las poblaciones, la suspensión de la misión médica, la suspensión de las actividades escolares. Y el día de ayer conocimos un comunicado público en el que anunciaba que ese paro armado era indefinido. A eso se le suma el anuncio que conoció el país del paro armado del Eln a partir del próximo viernes hasta el domingo y el hecho de que se junten esos dos paros armados en el Catatumbo, estaríamos ante la eventualidad de que van a estar confinadas unas 300 mil personas entre indígenas y campesinas que habitamos la zona del Catatumbo.

VA: ¿Qué está pasando entre el Epl y el Eln?

JCQ: Ellos públicamente se han hecho acusaciones mutuas de alianzas de los paramilitares y con el narcotráfico. Nosotros creemos que eso está pegado a la disputa de rentas ilícitas ahí en la zona y a la forma de que exista la hegemonía del más fuerte a esta renta ilícita y frente a una zona que es muy estratégica en la frontera con Venezuela.

VA: ¿Cómo se está viendo afectada la población por este conflicto?

JCQ: La población lleva dos años de mucha zozobra porque este conflicto tiene una particularidad y es que es entre muchachos y muchachas que habitan la zona del Catatumbo y eso ha afectado y debilitado gravemente los movimientos sociales, ha desintegrado familias, hay desplazamientos forzados entre las veredas y a ciudades como Bucaramanga, Ocaña, Cúcuta y Barranquilla.

VA: ¿Cómo ha actuado el gobierno nacional frente a la situación del Catatumbo?

JCQ: El tratamiento que ha dado el Estado colombiano, ha sido de militarización. El presidente Duque inauguró la Fudra 3 en octubre de 2018, que es la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 con más de 3 mil hombres, sumando cerca de diez mil efectivos de la Fuerza Pública en la región, esto también ha acrecentado la situación de violaciones a los derechos humanos y violación al derecho internacional humanitario que involucran unidades del Ejército.

Precisamente ayer, en la vereda Piedras de Moler, del corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama hubo un enfrentamiento de más de doce horas entre presuntos guerrilleros del ELN y miembros del Ejército. En este momento está el ELN, el EPL y unos diez mil miembros de la Fuerza Pública, hay dos disidencias de las Farc, la ‘Segunda Marquetalia’ y la gente de ‘Gentil Duarte’, y en la frontera, según la Fundación Pares, al día de hoy hay unas 38 estructuras armados en todo el departamento.

VA: ¿Se han instalado nuevas bases militares en el territorio?

JCQ: Aquí hay varias unidades militares. Está la Fuerza de Tarea Vulcano, la Fudra 3, tienen un despliegue territorial importante, incluso sobre esta nueva crisis llegan de 400 hombres más pero eso es un refrito que no va a dar ningún tipo de resultado, porque los problemas del Catatumbo son problemas sociales y estructurales que causan precisamente esos fenómenos y eso conflictos, entonces claro, hay un alto grado de omisión, sabiendo que la fuerza pública está con presencia en todas esas veredas y prácticamente están de espectadores en los enfrentamientos y los hechos de confinamiento que están sucediendo en varios municipios de la región.

VA: ¿Cómo están actuando las Fuerzas Militares en el territorio?

JCQ: Nosotros estamos planteando que esto es una responsabilidad del Estado, primero porque hay una simulación de cumplimiento del Acuerdo de Paz, es decir, el gobierno Duque no ha querido cumplir con el acuerdo que tiene las herramientas sociales de paz y de seguridad y el hecho de no cumplirlas ha generado este tipo de situaciones aquí en el Catatumbo.

Lo segundo es la ruptura que generó Duque a la mesa de conversaciones de La Habana, en este caso con el Eln, en el que se llevaban avances significativos. Hoy tenemos la situación militar que ha demostrado el Eln en esta parte del nororiente colombiano. La tercera y muy cuestionable, es que como es posible que diez mil servidores públicos han actuado en algunos casos por acción como fue el caso del exguerrillero Dimar Torres, asesinado por la Fuerza Pública. Y lo otro que estamos planteando es por omisión. El Estado tiene una responsabilidad muy grande como garante de derechos humanos o los convenios internacionales que ha firmado en la situación que nosotros estamos viviendo en el territorio.

VA: ¿En qué lugares se está realizando el paro? ¿Cómo ha transcurrido el día y esto cómo afecta a las comunidades?

JCQ: El paro es en toda la región. Hoy por ejemplo no hay paso entre Ocaña y Cúcuta que son las principales ciudades del departamento porque hay unos carros atravesados y los pueblos prácticamente son pueblos fantasmas.

Hoy ha habido unas acciones del Epl bastante rechazables, ha habido quemas de vehículos y de motos de campesinos, sobre todo en la vía que comunica entre Ocaña y Teorama y entre Ocaña y Convención y pues hay un pánico generalizado de parte de la comunidad.

VA: ¿Cómo analizar el asesinato de líderes que se está dando en el Catatumbo?

JCQ: Nosotros somos el tercer departamento con más asesinatos de líderes sociales. Este año, lamentablemente sumamos tres, uno era el señor César Tulio Sandoval, compañero de nuestra organización, asesinado el 10 de enero en la vereda La Silla de Tibú. Siguió un señor muy reconocido, Fernando Quintero, que hacía trabajo comunal, hace dos semanas fue asesinado a una cuadra del puesto de policía del municipio de Convención; y el sábado fue asesinado el señor Efrén Ospina, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito y coordinador del Programa de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito en esa zona. Nosotros seguimos insistiendo que el asesinato de líderes sociales es sistemático, no existen plenas garantías para el ejercicio del trabajo social y prácticamente se nos volvió una profesión muy peligrosa para ejercer.

VA: ¿Qué mecanismos de autoprotección están implementando los líderes?

JCQ: Hay cosas que ha tocado declinar en hacerlas, se nos convierte en una especie de medidas, hay otros mecanismos comunitarios que estamos tratando de aplicar como las guardias campesinas. La otra semana vamos a aplicar unos mecanismos que hemos llamado extraordinarios, que son comisiones de verificación a las violaciones de derechos humanos, precisamente vamos a estar con varias organizaciones campesinas, de derechos humanos y comunidad internacional del 20 al 23 de febrero en el Corregimiento Santa Inés, del  municipio El Carmen y en la vereda La Arenosa en Ábrego, acompañando a las comunidades en el qué hacer y el tercero es que a muchas personas nos ha tocado salir de nuestros municipios de origen para proteger nuestras vidas.