La Unidad de Justicia y Paz le pidió a la justicia ordinaria investigar al exministro de Desarrollo y ex embajador en Bélgica-Luxemburgo Carlos Arturo Marulanda y a su hermano Francisco Alberto por el desplazamiento de decenas de campesinos en 1996.
Los campesinos que fueron desplazados con violencia en 1996 de la antigua Bellacruz buscan que el Estado les titule las mil 500 hectáreas de baldíos que el Incoder confirmó hay en el predio. Foto suministrada.
Después de casi veinte años la Fiscalía abre un nuevo capítulo en la historia de la antigua hacienda Bellacruz. El Despacho 34 de Justicia y Paz, que investiga los crímenes cometidos por paramilitares en el sur del Cesar, le pidió a la justicia ordinaria investigar a los hermanos Carlos Arturo y Francisco Alberto Marulanda Ramírez por su presunta responsabilidad en el desplazamiento de decenas de campesinos que fueron expulsados de esa finca en 1996.
Con esta decisión la Fiscalía reconoce las denuncias de los campesinos en el sentido de que el desplazamiento no sólo fue responsabilidad de los paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc y reabre la investigación contra los hermanos Marulanda, quienes ya habían estado entre los ojos de la justicia. Carlos Arturo fue capturado en España y extraditado a Colombia en 2002 para responder por el caso de La Bellacruz pero recobró la libertad el 1 de noviembre de ese mismo año. Francisco Alberto había sido condenado en julio de 2003 a 18 años de prisión por estos hechos pero en segunda instancia fue absuelto por el Tribunal Superior de Magdalena.
“El desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad y no prescribe”, explicó el fiscal Iván Augusto Gómez de la Unidad de Justicia y Paz que investiga el caso. La Fiscalía tomó esta decisión apoyándose en las confesiones del ex jefe paramilitar Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’ y su subalterno Alfredo Ballena alias ‘Rancho’.
Aunque ‘Juancho Prada’ no ha querido dar detalles sobre lo que sucedió en esta hacienda, sí reconoció, como cabeza del Frente Héctor Julio Peinado, que los hermanos Marulanda les pagaron a sus hombres para desplazar a las 64 familias campesinas que iban a ser tituladas por el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) en predios de La Bellacruz. El primero en confesarel desplazamiento fue ‘Rancho’, un paramilitar que comenzó siendo el cocinero del grupo y se convirtió en uno de los sicarios más temidos del sur del Cesar. (Lea: El pistolero de los paramilitares en Aguachica)
En abril de 2010, alias ‘Rancho‘ confesó ante la Unidad de Justicia y Paz que “en marzo de 1996 el comandante ‘Paso’ fue contratado por el doctor Francisco Alberto Marulanda y su administrador general Édgar, conocido con el alias de ‘Caballito’, para montar una unidad de las Auc en la finca Bellacruz”. Le aseguró al Fiscal que “eso era para recuperar tierras que años atrás habían sido invadidas por campesinos” y que el grupo que entró a la hacienda fue dirigido por ‘Paso’, junto con otros once paramilitares.
El eslabón perdido
Según la Unidad de Justicia y Paz, ‘Paso’ o ‘Manaure’ o Manuel Alfredo Rincón, es el responsable de varios de los desplazamientos en antiguas haciendas que fueron compradas por el Incora e iban a ser tituladas a campesinos como los casos de Los Cedros, Siete de Agosto y Tokio (Lea: La tensión que ronda la restitución de tierras en San Alberto, Cesar), y luego replicó el ‘modelo’ en Bellacruz.
Rincón no se desmovilizó con las Auc, pero fue capturado en 2012 y desde entonces es investigado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos. En una indagatoria que rindió el 11 de agosto de 2014 aseguró que los hermanos Carlos Arturo y Francisco Alberto locontrataron para desplazar a los campesinos de La Bellacruz. Según su versión, ambos se reunieron con él y Francisco lo llevó en una avioneta a sobrevolar las tierras para que las reconociera. “…nos metimos a la hacienda con el administrador de los Marulanda, ‘Caballito’… empezamos a sacar a toda esa gente de la hacienda”, dijo.
El desplazamiento, según ‘Paso’, contó con la complicidad de un teniente de la base militar de Ayacucho que tiene sede en el municipio de La Gloria. El testimonio de este exparamilitar es una pieza nueva que se suma a las confesiones de ‘Juancho Prada’ y de ‘Rancho’.
El pasado y presente de la hacienda
En 2013 los reclamantes de La Bellacruz celebraron la decisión del Incoder de reconocer los baldíos. Foto suministrada.
En 1950 Alberto Marulanda Grillo y Cecilia Ramírez de Marulanda, los padres de Carlos Arturo y Francisco Alberto, llegaron a sumar 25.000 hectáreas entre los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque. Durante el gobierno del presidente Carlos Lleras, el Incora les compró 11 mil hectáreas y las entregó como parcelas. No obstante, un grupo de campesinos aseguraba que entre las 14.000 hectáreas restantes había baldíos que les podían ser titulados y se asentaron en los predios llamados Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel.
VerdadAbierta.com documentó que en 1987 estos campesinos fueron desalojados por los Marulanda primero con una orden policiva y más tarde con una resolución del Inderena, la entonces autoridad ambiental, que determinó que en la zona había una reserva forestal (Lea: Las trampas de la Bellacruz)
A finales de los años 80 una comisión de campesinos viajó hasta Bogotá para negociar con Carlos Arturo Marulanda quien era ministro de Desarrollo del gobierno de Virgilio Barco. El Ministro les dijo que la familia se negaba a vender porque la tierra era la herencia de su padre; entonces los campesinos se tomaron las oficinas Incora y en 1989 los Marulanda cedieron con la condición de que ellos escogerían los predios a vender. (Vea: mapa de la hacienda en 1990 y mapa de predios ofrecidos al Incoder por los Marulanda)
A pesar de que ya había un acuerdo entre las partes, el Incora no compró las tierras de inmediato argumentando que debía estudiar los títulos. En el interregno, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se tomó la hacienda, asesinó a la administradora y tres empleadas, provocando el abandono de las tierras. En 1994, cuando un nuevo grupo de campesinos había ocupado la finca, el Incora concluyó su estudio y pudo determinar que los Marulanda solo podían acreditar propiedad sobre 7.000 hectáreas y corroboró que los predios señalados por los campesinos, efectivamente eran baldíos.
Eso no fue obstáculo para que el Incora le comprara a la familia Marulanda dos mil hectáreas de otros predios llamados Santa Helena, Los Cacaos, San Antonio y San Carlos. Pero el 14 de febrero de 1996, justo cuando el gobierno se las iba a titular a los campesinos, un grupo paramilitar entró en la hacienda y los desplazó. “Entraron dándole duro a la gente para que saliera de las tierras. Se les quemó las casas donde vivían que eran de palo. De ahí se quedó el grupo que iba a cuidar la finca”, confesó alias ‘Rancho’.
¿Y los baldíos qué?
El Grupo Empresarial Hacienda La Gloria que explota los antiguos predios de La Bellacruz desarrolla un cultivo de palma africana que suma por lo menos 6 mil hectáreas. Foto suministrada.
En 2008, dos años después de la desmovilización de los paramilitares, la Dolce Vista compró las empresas de la familia Marulanda. Desde entonces las tierras que otrora se llamaron Bellacruz fueron rebautizadas como Hacienda La Gloria, donde el Grupo Empresarial del mismo nombre desarrolla un cultivo de por lo menos 6.000 hectáreas de palma de aceite, que según la página web de la empresa, generan mil empleos. El principal accionista de esta inversión es el empresario Germán Efromovich, quien hace dos años aseguró que estaba dispuesto a realizar alianzas productivas con los campesinos (Lea: Tierra prometida en La Bellacruz y “La tierra no violó los derechos humanos”).
Sin embargo, en abril de 2013 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) confirmó la vieja decisión del Incora concluyendo que los predios Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel son baldíos y el Estado debe recuperarlos.
Según un informe de Milena Gómez Pineda, actual directora Técnica de Procesos Agrarios del Incoder, tanto la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica, Cesar, como la Superintendencia de Notariado y Registro se negaron a inscribir en los folios de la hacienda La Gloria, el dictamen de Incoder que permitía iniciar la recuperación de los predios. Esta última entidad argumentó que esperaría que el Consejo de Estado se pronunciara ante un recurso de revisión interpuesto por los empresarios que les compraron a los Marulanda. La Superintendencia ignoró el Decreto 1465 de julio de 2014 del Ministerio de Agricultura que ordena que todas las leyes agrarias sean de aplicación inmediata y por eso la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), que representa a varios de los campesinos reclamantes de la antigua Bellacruz, presentó una tutela que está bajo revisión de la Corte Constitucional.
Asocol argumenta, con base en documentos, que dentro de la hacienda hay otras 1.400 hectáreas de baldíos. Se trata de los predios Bajo y Santana que en 1953 el antiguo Incora le tituló a Cecilia Ramírez de Marulanda y que en 1969 ella le vendió de nuevo al Incora. “Esos dos predios suman 5.000 hectáreas pero los Marulanda a la hora de vender se quedaron con 1.500 hectáreas que el Estado ya había pagado”, dijo el Represente de Asocol (Lea la escritura de 1953 y la resolución de compra de 1969).
Según los campesinos, en estos predios está la reserva forestal del Caño Alonso que comprende 445 hectáreas. Tras una visita realizada a la hacienda entre marzo y abril de 2014, Jorge Enrique Cruz Delgado, contralor delegado de Medio Ambiente, advirtió que de esas 445 hectáreas sólo subsisten 75. Según el concepto del Contralor, MR Inversiones y El Grupo Empresarial “no presentaron gestión ni acciones concretas frente al deterioro al que ha sidosometido el recurso forestal en la zona de reserva y las cuencas hídricas”.
El Grupo Empresarial La Gloria asegura que dentro de la hacienda no hay terrenos baldíos y que el proceso del Incoder “adolece de numerosos vicios de forma y fondo que son materia de estudio por parte de las autoridades competentes” (Lea: “En la hacienda no hay baldíos”). VerdadAbierta.com buscó por varios medios a la familia Marulanda para contar con la versión de los hechos pero no logró ubicarla.
