El proceso en esta región generó revuelo. Por un lado, están los reclamantes que aseguran que los siguen estigmatizando como hace una década. Por otro, un grupo de ganaderos que señala que son compradores de buena fe y que el Estado los quiere ‘despojar’.
Entre 1970 y 1990 los campesinos promovieron por lo menos 55 tomas de tierras en el sur del Cesar, según lo documentó la Unidad de Restitución. Foto: archivo Semana“Por ahora nadie se atreve volver”, dice un campesino que se desplazó hace diez años de San Alberto, el municipio más al sur del Cesar. Como él, ninguno de los parceleros que fueron titulados en los años noventa por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) ha logrado pisar las parcelas que abandonaron después de la barbarie provocada por facciones paramilitares bajo el mando de Roberto Prada Gamarra, primo de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’.
Aunque el Tribunal Especializado en Restitución de Tierras en Cartagena emitió en febrero pasado el primer fallo en favor de una familia campesina de San Alberto, los parceleros aseguran que no hay garantías para volver a la zona. Según explican, quienes les compraron las parcelas después de la violencia y las explotan con ganadería se han ido organizando en la Asociación Colombiana de Víctimas de Restitución de Tierras (Asocolvirt).
“Los integrantes de esta asociación son opositores a la restitución y han promovido marchas en protesta a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, dice un líder que solicita la reserva de su nombre por seguridad.
Los medios de comunicación local cubrieron las marchas que promovió Asocolvirt en marzo y abril de este año sobre la troncal del Magdalena Medio y en varias notas dieron voz a los a los representantes de la asociación. En ninguna de las notas de prensa aparece la versión de los parceleros, quienes consideran que el cubrimiento de los medios los ha relegado. “A las víctimas no nos escuchan. Sencillamente nos estigmatizan como hace un par de años, cuando lo que queremos es volver a las tierras que el mismo Estado nos tituló”, cuenta otro campesino cuya identidad se reserva.
Julio González, representante de Asocolvirt, asegura que unos 300 propietarios de San Alberto, Cesar, y de Sabana de Torres, Santander, decidieron organizarse al considerar que los juicios de restitución podían ser injustos. A su criterio, les compraron el derecho de las tierras a los parceleros sin presión, al valor comercial que para entonces fijó el Incora y con permiso de esa entidad. Según explica, varios de los compradores se hicieron a varias de estas parcelas en distinto período de tiempo (Ver entrevista completa aquí).
Fabio Camargo, director de la territorial Magdalena Medio de la Unidad de Restitución de Tierras, explicó que gran parte de las solicitudes que ha recibido su oficina son de reclamantes de San Alberto y de Sabana de Torres. Los jueces especializados en restitución han fallado a la fecha en 17 casos, la mayoría en Sabana, donde también ha habido marchas. “A los opositores les hemos explicado que el juicio les da las garantías para que sean escuchados y presenten sus argumentos”, dice el funcionario.
En San Alberto, las reclamaciones se concentran en las parcelaciones Siete de Agosto, Los Cedros, La Carolina y Tokio, que fueron tituladas en los años noventa por el Incora y donde los paramilitares cometieron masacres y desplazamientos a finales de esa misma década. En la actualidad, mientras los ganaderos reiteran que son compradores de buena fe; los parceleros sostienen que vendieron en medio de la desesperación justo unos meses después de la violencia perpetrada por los paramilitares.
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VerdadAbierta.com reconstruyó a partir de relatos, documentos, de la primera sentencia de tierras y archivos de Justicia y Paz la historia de violencia tras las tierras de San Alberto.
La palma, el arroz y la ganadería
El Cruce fue el nombre con el que se conocía a San Alberto en los años cincuenta por ser un paso obligado del ferrocarril que conectaba con la Costa Caribe. “Mi abuelo me contaba que esto era una selva virgen, con una fauna y flora de admirar. En el río San Alberto del Espíritu Santo abundaba el bagre, el blanquillo, la dorada y las tortugas. Era hermoso”, cuenta Pablo Ramírez*, un campesino que guarda en una carpeta los documentos de la parcela que reclama.
En la siguiente década, San Alberto recibió una oleada de colonos con el nacimiento de Indupalma. En 1961 el empresario Moris Gutt fundó esta empresa que desarrolló un cultivo de cinco mil hectáreas de palma africana en el municipio y comenzó a generar empleo. “Después de Ecopetrol, esa empresa era la segunda más importante del país. Llegó mucha gente y quienes vivían aquí dejaron de cultivar el pancoger. La gente tenía buenos sueldos”, recuerda Ricardo Suárez*, otro campesino que vive desplazado.
A lado y lado de la vía fue desarrollándose un poblado con restaurantes y una zona comercial para todos los trabajadores. Ya con dinero, a principios de los años setenta, los colonos comenzaron a sembrar sorgo y arroz. “La gente tumbaba monte, cercaba y luego sembraba. Esto era una despensa agrícola. Los productos se comercializaban en Bucaramanga”, recuerda Ramírez. A finales de esa década llegó la tecnificación, el uso de maquinaria especializada en la agricultura, y con ella cada vez fueron menos los trabajadores requeridos en las plantaciones.
Hasta ese momento todos vivían bien hasta que en los siguientes años vinieron los problemas. Según recuerdan los pobladores, a finales de esa década el sur del Cesar fue azotado por un verano que arrasó con la producción agrícola. Muchos que tenían finca decidieron venderla a otros colonos que convirtieron las antiguas plantaciones en ganaderías. Para entonces, la guerrilla ya merodeaba en la zona. Según el recuento que hace Indupalma en su página web, en 1977 la empresa cerró después de que el M-19 secuestró a Hugo Ferreira, el gerente general.
En los años ochenta el panoramaen San Alberto era cada vez más complejo. Según documentó la Unidad de Justicia y Paz, para esa época hacía presencia el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Frente Ramón Gilberto Barbosa Zambrano del Ejército de Liberación Popular (Epl), el M-19 y más tarde el Frente 20 de las Farc. Mientras el conflicto hervía con los secuestros y extorsiones que cometía la guerrilla contra ganaderos y finqueros, los habitantes se quedaron desempleados por cuenta de la crisis. “Ya no contrataban en las fincas, los que tuvieron alguna tierra la vendieron e Indupalma había cerrado”, explica Ricardo Suárez.
Lo que vino tras la violencia generada por las guerrillas fue una nueva guerra provocada por grupos paramilitares. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía documentó que entre 1988 y 1989 el ex diputado Rodolfo Rivera Stapper, cuya familia tenía vastas tierras en San Alberto, comenzó a financiar grupos de autodefensa conocidos como ‘masetos’ -en alusión a Muerte a Secuestradores (MAS)-, que ‘importaba’ desde Puerto Boyacá. En la finca ‘Riverandia’ se alojaron los primeros paramilitares que contrataron para hacerle frente al asedio de la guerrilla.
“Eso fue una violencia muy brava. Todos los días en San Alberto había entre diez y quince muertos. Ni decir de los desaparecidos. En el cementerio hay una cantidad de NN (cuerpos no identificados) de esa época”, dice Pablo Ramírez.
El surgimiento de los paramilitares coincidió con una época en que los campesinos desempleados y que estaban quebrados por la crisis, reclamaban tierras. Aunque la reforma agraria, es decir la redistribución de la propiedad rural, fue prometida en los años setenta por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, en San Alberto gran parte de las recuperaciones de tierras ocurrieron a finales de los 80 y principios de los 90. Los nacientes grupos paramilitares arremetieron contra estos campesinos, señalándolos como enemigos de los hacendados y cómplices de la guerrilla.
Las tomas de tierras
Las parcelaciones Siete de Agosto, La Carolina, Los Cedros y Tokio son reclamadas por campesinos que en los años tuvieron que abandonar sus tierras tras la ola de violencia paramilitar perpetrada por Roberto Prada Gamarra. Foto: archivo Semana “Las llamadas recuperaciones de tierras en San Alberto surgieron porque no había dónde trabajar. No había en qué emplearse”, explica Ricardo Suárez. Así grupos de entre 60 y 100 campesinos se organizaron para entrar a grandes fincas que consideraban subexplotadas con ganadería. Con esa práctica, buscaban que el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) comprara estas fincas para parcelarlas y lograr una porción de tierra.
Así ocurrió en 1989 con El Rodeo, una hacienda de propiedad de Manuel Redondo ubicada en la vereda El Pescado en el corregimiento de El Líbano. Después de que varias familias entraron a este predio el Incora lo compró y se los tituló a varios campesinos que renombraron esta tierra como Siete de Agosto. A finales de ese mismo año y principios de los 90, otro grupo de campesinos ingresó a La Carolina o El Tesoro, una hacienda de propiedad de la familia Guerrero, ubicada en la vereda La Carolina, y que también fue comprada por el Instituto de tierras.
En 1990 por lo menos 60 familias campesinas ingresaron varias veces a Los Cedros y San Cayetano, una hacienda de Javier Serrano Plata ubicada en la vereda Monterey, vecina al casco urbano de San Alberto. Después de que los campesinos intentaron durante varios meses cultivar estas tierras, Serrano le vendió al Incora el predio. El instituto de tierras parceló allí a 38 familias.
En 1991 otro grupo de campesinos entró a Tokio, una de las tres haciendas que tenían los hermanos Rodrigo y Pedro Nel Aristizábal Ospina en la vereda Los Tendidos, en el corregimiento de la Llana. Después de que los propietarios se negaron en varias oportunidades a negociar la tierra, en 1992 le vendieron las 720 hectáreas al Incora, que distribuyó la tierra en 26 parcelas.
Los campesinos no alcanzaron a levantar sus ranchos, cercar y comenzar a sembrar arroz cuando los paramilitares los amenazaron. “Si uno analiza los hechos de violencia que ocurrieron durante los siguientes años puede deducirse que hubo una sistematicidad de crímenes en contra de los parceleros”, dice un investigador de la Unidad de Restitución de Tierras que documentó los casos.
Según información que recopiló esta institución a partir de documentos de Justicia y Paz, los ‘masetos’ tenían su base en el corregimiento de El Líbano, justo la zona donde está la parcelación Siete de Agosto. Los paramilitares se propagaron como pólvora no solo por San Alberto sino por los vecinos municipios de San Martín, Aguachica y Gamarra.
Comenzaron con asesinatos y desapariciones, y luego con masacres. En 1993 esta violencia hizo que varios de los parceleros del Siete de Agosto se desplazaran. En la entrada de la parcelación Los Cedros y San Cayetano, los paramilitares empezaron a dejar los cuerpos de las víctimas que asesinaban en el casco urbano. “Escuchar a la gente gritar en la noche era terrible. Uno vivía con miedo… Un día nos dijeron que si queríamos un ataúd o el pedazo tierra. Cuando supimos que tenían una lista para matar a diez campesinos nos desplazamos”, recuerda Pablo Ramírez.
Justicia y Paz documentó que el grupo paramilitar apoyado por Rivera Stapper estuvo en San Alberto hasta 1994 cuando las Farc asesinaron a un integrante de esta familia. En una versión libre, Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, un ganadero de la zona que se convirtió en jefe paramilitar, aseguró que a partir de ese año su primo Roberto Prada Gamarra montó un grupo en San Martín en la salida hacia San Alberto; el finquero Luis Obrego Ovalle uno más en Aguachica y Ocaña, y él se encargó de otro grupo en San Martín en la salida hacia Aguachica. (Lea: ‘Paras’ contaron cómo se crearon las Autodefensas del Sur del Cesar).
La contrarreforma paramilitar
En 1994 los paramilitares que atemorizaban a San Alberto estaban a cargo de Roberto Prada Gamarra, quien a su vez había escogido como principal cómplice a Luis Emilio Camarón alias ‘Camarón’ o ‘Vladimir’. Para finales de ese año la parcelación Siete de Agosto estaba casi vacía y los paramilitares arremetieron entonces contra los campesinos de Los Cedros y La Carolina. Roberto Prada Delgado alias ‘Robert Junior’, hijo de Roberto Prada, le confesó a la Fiscalía en 2011 que su padre tenía como orden expulsar a todas las personas tituladas por el Incora.
“Eso fue en la época en que ‘Camarón’ empezó a romper zona en San Alberto. Incursionó en esa vereda Los Cedros y sacó a varias personas de ahí. No tengo conocimiento si hubo muertos. Lo que sé fue que sacaron a unas personas que invadieron unos predios…Esa era la política de mi papá en ese tiempo: sacar a los que estaban invadiendo predios porque la guerrilla los ponía de payasos a invadir y después les hacían vender y eso era un negocio”, dijo alias ‘Roberto Junior’ durante una versión libre. Quienes salieron desplazados de Los Cedros recuerdan que ese año los paramilitares asesinaron al parcelero Daniel Botello. La mayoría salió despavorida.
Igual fue la historia de la parcelación Carolina. La Fiscalía documentó que el 13 de octubre de 1994 los paramilitares asesinaron a Luis Antonio Vanegas Donado provocando el desplazamiento de los campesinos de la zona. Alias ‘Robert Junior’ confesó que el responsable fue el mismo grupo que desplazó a Los Cedros y que estaba integrado por 25 paramilitares que se movilizaban en dos camionetas. En el grupo estaban alias ‘Camarón’ y alias ‘Paso’, este último señalado de haber sido contratado más tarde, en 1996, por los dueños de la antigua hacienda Bellacruz en el sur del Cesar para expulsar a los parceleros (Lea: Las trampas de la Bellacruz).
Los pobladores de San Alberto estaban atemorizados no solo por las amenazas sino por las masacres que ocurrían en municipios cercanos. La Unidad de Justicia y Paz documentó la de El Limoncito, en Aguachica, en el marzo de 1993; la de El Marquez, en Río de Oro, en marzo de 1994; la de la vereda El Palenquillo, en Gamarra, en marzo de 1994, y la de Puerto Patiño, en Aguachica, en enero de 1995. Fueron cuatro masacres en pocos meses.
Los únicos campesinos que permanecían en sus parcelas eran los de Tokio-La Paz. “Desde finales del 94 los paramilitares nos comenzaron a poner reglas, por ejemplo, que no podíamos transitar después de la seis de la tarde. Nos enteramos lo que había pasado con la gente de Los Cedros y La Carolina, y de la masacre de Puerto Patiño. Pero no nos fuimos hasta lo que pasó el 22 de abril de 1995”, dice Ricardo Suárez, a quien se le pierde la mirada recordando la tragedia.
Ese día a las 11 de la mañana los paramilitares citaron a los parceleros en la tienda. Hacía un calor sofocante y cuando llegaron encontraron a alias ‘Camarón’ sentado en una silla plástica, tomando cerveza y rodeado por veinte hombres armados. “Los hemos reunidoaquí para informarles que llegamos a posesionarnos de la zona”, les dijo. Suárez cuenta que ‘Camarón’ sacó una libreta y en la medida en que iba leyendo obligó a los campesinos a formarse en dos filas.
“Nos insultó, nos dijo que éramos auxiliadores de la guerrilla y comenzaron a disparar. La gente quiso a correr pero dijo que al que corriera lo mataba”, recuerda Suárez. En frente de mujeres y niños, los paramilitares asesinaron a la enfermera María del Carmen Quiñónez, a Leonidas Tapiero Briceño, Pedro Pablo Vera Parra, José Aldemar Delgado Castillo y Celestino Benavides, y desaparecieron a dos personas más. A un campesino que llevaba un tractor lo obligaron a recoger los cuerpos y arrojarlos a borde de carretera para “que la gente viera lo que les iba a pasar”.
En menos de 48 horas, los campesinos de Tokio sacaron lo que pudieron de sus casas y se desplazaron. Al siguiente año los paramilitares perpetraron otras dos masacres. El 20 de julio de 1996 en la vereda Los Tendidos asesinaron a una familia completa acusándola de haber suministrado los datos que permitieron a las autoridades dar con el paradero de Roberto Prada padre. El 7 de diciembre de ese año asesinaron a otras seis personas en la vereda Minas. La Unidad de Justicia y Paz documentó que entre 1996 y 2002 los paramilitares cometieron otras 10 masacres en el sur del Cesar, la mayoría de ellas en Aguachica (ver línea de tiempo).
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Pablo Ramírez, Ricardo Suárez y otros cien campesinos del Siete de Agosto, La Carolina, Los Cedros y Tokio que poco tiempo después del desplazamiento los contactaron para que vendieran sus tierras. “A mí por ejemplo el mismo gerente del Incora de la época me dijo que eso lo íbamos a perder, que mejor vendiera. Un ganadero de la zona me buscó y me dio $11 millones de pesos”, dice Suárez. “Hay familias de ganaderos que compraron varias parcelas y las pusieron a nombre de familiares”, dice Ramírez.
Mientras los campesinos aseguran que los ganaderos impiden que la Unidad de Restitución realice su tarea, como ir a medir los predios y realizar entrevistas en terreno para documentar las demandas; el representante de Asocolvirt asegura que él ni sus asociados se oponen al proceso de restitución sino que temen que un juez les arrebate las tierras que consideran compraron de buena fe porque no se aprovecharon del conflicto.
Será el Tribunal de Cartagena, quien en la actualidad estudia los casos de las parcelaciones, quien defina quién tiene la razón. De momento la primera sentencia que falló el Tribunal le dio la razón a un campesino de Los Cedros y compensó al opositor por considerar que fue un comprador de buena fe (Lea: Restitución en sur del Cesar, con sabor agridulce).
