El representante de la Asociación Colombiana de Víctimas de Restitución de Tierras asegura que varios de los reclamantes de tierras en San Alberto, en Cesar, y Sabana de Torres, en Santander, quieren recuperar las parcelas que vendieron de forma voluntaria. Esta es su postura frente a la versión de los parceleros que sostienen que les vendieron tras la violencia paramilitar de los 90.
Manifestación de Asocolvirt en contra del proceso de restitución en Cesar. Foto tomada del sitio web se esa asociación.Julio González es el representante de la Asociación Colombiana de Restitución de Tierras (Asocolvirt), una organización de propietarios de tierras que consideran son propietarios de buena fe y se oponen a las reclamaciones presentadas por campesinos en los municipios de San Alberto, en Cesar, y Sabana de Torres, en Santander, principalmente. (Lea: La tensión que ronda la restitución en San Alberto, Cesar).
González es un militar retirado y cuenta que él y otros propietarios resistieron a la violencia paramilitar y que compraron tierras sin presionar a los parceleros. A su juicio, “la tierra no fue el centro del conflicto en San Alberto” y los paramilitares no tuvieron base en el sur del Cesar sino que utilizaron el municipio como “corredor”. Aunque reconoció que varios de sus amigos le han propuesto lanzarse como candidato a la Alcaldía de ese municipio, dijo que no lo hará porque no quiere mezclar las peticiones de la Asociación con la política. En una conversación con VerdadAbierta.com habló sobre la postura de Asocolvirt frente a la restitución:
VerdadAbierta (V.A.): Ustedes se han presentado como opositores al proceso de restitución…
Julio González (J.G.): Decir que uno es opositor pareciera como si uno fuera enemigo del proceso de paz o de la Ley 1448 [Ley de Víctimas y Restitución de Tierras]. En Asocolvirt no somos enemigos de esta Ley, creemos que es una buena herramienta, que el legislador cuando la aprobó tuvo la visión de reparar a las víctimas que fueron desplazadas y que perdieron las tierras por la violencia. Lo que falla es su aplicación. Hay unos vacíos jurídicos y es que con un contexto de violencia o con un hecho victimizante se pretenden restituir predios aledaños que no están relacionados con esos hechos.
Una cosa es desplazamiento, otra es despojo y otra es vender voluntariamente. Hay muchas personas que vendieron voluntariamente, se parrandearon el dinero y hoy en día se les está adjudicando la tierra por el hecho victimizante.
(V.A.): En San Alberto y Sabana Torres, ¿tienen ejemplos de que eso haya pasado?
(J.G.): Aunque esas parcelaciones están en un proceso de investigación ya tenemos un fallo que ha salido favorable al opositor. Las parcelaciones de La Carolina, Los Cedros y Tokio fueron por invasión, por unas personas que fueron consentidos podría decirse coadyuvados por grupos al margen de la ley. Eso fue para los años 89, 90 y 92 que el mismo Estado autorizaban las invasiones y luego las legalizaba. Le compraba alpropietario y el propietario se veía obligado a vender y de esa forma se alcahuetearon muchas de esas invasiones. Mucha gente no vendió la tierra, vendieron sus derechos, se parrandearon la plata y eso fue lo que sucedió.
No se puede negar que en Colombia hubo grupos armados ilegales, guerrilleros y paramilitares, pero en San Alberto la pelea nunca se generó por la tierra, la tierra no fue el centro del conflicto armado sino que en este sitio fue porque unos eran colaboradores de la guerrilla y otros de los paramilitares. Fue gente que se dedicó a estar en un lado y otro. Los que nos quedamos y no entramos a ser parte de ningún choque somos a los que ahora el Estado nos está desplazando, cuando el mismo Estado nos adjudicó.
(V.A.): Usted dice que ellos invadieron…
(J.G.): Claro, tenían dueño. La finca Tokio era de Pedro Nel Aristizábal; La Carolina, de los señores Guerrero. Los Cedros eran de otros señores que no recuerdo el nombre. Esas invasiones fueron respaldadas por grupos armados ilegales. Por acá estuvieron el Eln y el Epl. En ese momento los alcaldes y políticos tenían nexos con esas corrientes entonces pues eso dio la facilidad para que ellos se apoderaran de las tierras.
(V.A.): Qué pasó entonces en esas tierras cuando llegaron los paramilitares, ellos venían con intención de despojar, de sacar a los campesinos…
(J.G.): En ese tiempo se fueron presentando robos. Le voy a hablar de los muertos de la parcelación Tokio, de qué es lo que se habla. El 25 de abril de 1992 [fue en 1995], las autodefensas no tenían base en San Alberto, eran ambulantes. Tenían presencia cuando las la fuerza pública hacía presencia en San Martín o cuando los traían corretiados de Sabana de Torres. Pero en este territorio como tal no hubo un asentamiento de las autodefensas sino un corredor.
En esa fecha las autodefensas citaron a los propietarios de las parcelas a una reunión porque se estaban presentando robos. En días anteriores se habían perdido motobombas, novillos y se había regado un poco de combustible… La gente fue a la cita pensando que era una reunión de la junta de acción comunal y por una familiar que estuvo ahí sé que nunca los citaron por temas de tierras ni les dieron un plazo para que se fueran. Fue por los robos que venían ocurriendo. Mucha gente vendió y nosotros nos quedamos en la zona.
(V.A.): Las personas que usted dicen que vendieron le vendieron a una persona en particular o a mucha gente…
(J.G.): Si me quitan la tierra esto lo único que tengo y tendrían habilitarme un puesto debajo de un puente. Mi esposa fue compradora de buena fe. La Ley nos lo avaló, el Incora nos lo avaló… Es como si un carro robado llega a la Sijin y la Sijin le dice a una persona que está apto para comprar. La responsabilidad no es de uno sino del que lo está avalando. El Incora les revocó a los parceleros el derecho y nos lo adjudicó a nosotros… Con lo que sucedió en Tokio entonces todos quieren decir que por miedo vendieron. Lo que sucedió en Tokio no fue por tierra sino por los robos que había. Son hechos aislados como los que se dan en Bucaramanga, en Bogotá, cuando hay vendettas de uno y otro lado.
(V.A.): ¿Entonces esos son los argumentos que le van a presentar al juez de tierras?
(J.G.): Nos organizamos porque si soy un comprador de buena fe exento de culpa y no soy ladrón, no tengo por qué irme. Lo que decimos es que la Ley no es mala. El problema es que Ley vaya a declarar víctimas a quienes no lo son y les quiten la tierra a personas que merecen el derecho a la tierra y gastaron dinero para construir lo que tienen.
(V.A.): ¿Y qué dice frente al argumento de que las ventas fueron con presión y a bajo precio?
(J.G.): Yo pagué dos veces el valor de la tierra: lo que el Incora le pagó al dueño de la tierra [valor por hectárea que le pagó al instituto de tierras al dueño originario de la hacienda] y el derecho que tenía el parcelero por esa tierra. Ellos [los campesinos] figuraban en los papeles y tenían una deuda con el Estado a 15 años. Al comprarle el derecho nosotros asumimos la deuda. Si me dicen que yo fui usurero entonces el Estado fue usurero cuando le pagó la tierra al dueño [originario]. Todo esto pasó por notaría, por instrumentos públicos y por juntas de parceleros.
(V.A.): ¿Cuántos casos tiene la asociación?
(J.G.): Tenemos unos 380 casos de personas cuyos predios están solicitados en restitución. Estamos visualizando casos en Villavicencio [Meta], en Caquetá y en la Gloria y Curumaní, Cesar.
(V.A.): ¿Ninguno de sus asociados ha acumulado tierras?
(J.G.): No podemos negar que varios asociados compraron varias parcelas pero no fueron el mismo año ni en la misma época. Es como cuando uno compra un carrito y después cuando trabaja quiere uno más grande. En 1995 yo compré el derecho de una parcela y en 2002 compré otro pedacito que estaba enmontado y que por falta de mantenimiento me estaba inundando mi finca. Si uno ve cómo crecen las empresas por qué uno no pude crecer.
Yo me endeudé para tener lo que tengo. Y eso se llama tener vocación agropecuaria, a mí me gusta el campo y el Incora me autorizó para comprar. Yo no veo dónde violé la Ley si el mismo Estado me autorizó. Me he gastado 60 millones de pesos formando la asociación. Nunca creí que por ser un hombre trabajador y honrado le fuera causar daño a alguien. No entiendo por qué la justicia puede considerar acaparador a una persona que tiene 42 hectáreas cuando hay gente que tiene 2 mil, 3 mil o 5 mil hectáreas.
(V.A.): ¿Ustedes se seguirán protestando cuando haya restituciones materiales de los predios?
(J.G.): Vamos a seguir protestando cuando estas restituciones sean injustas.
(V.A.): ¿Usted es abogado?
(J.G.): No. Yo soy campesino. Me puse a investigar sobre las tradiciones de las tierras y con los abogados que he consultado fui aprendiendo de esto. La Ley tiene un vicio y es que no puede ser que la Unidad de Tierras defienda a los reclamantes y sea parte del proceso porque ellos son los que documentan y presentan el caso al juez. Estos temas deberían estar a cargo de un ente imparcial.
(V.A.): ¿Tiene alguna aspiración política, la Alcaldía de San Alberto?
(J.G.): Yo fui concejal en San Alberto. Hoy en día aunque algunos amigos me han dicho que me postule yo diría que no, porque no es bueno mezclar las dos cosas: el trabajo de la asociación y la política. Desde el punto de vista político diría que la Ley es justa y era necesaria en Colombia, que se violaron unos derechos peroque esa violación fue por acción y omisión del mismo Estado. Lo que no puede el Estado ahora es indemnizar a otro ciudadano de bien atacando a otro ciudadano de bien y creando otras víctimas…
Lo que uno ve es que si expropian la gente, no van a pelear con el gigante del Estado sino que nos vamos a enfrentar dos clases sociales de la misma especie por el mismo pedazo de tierra y el derecho a la supervivencia. Con esto es que no estoy de acuerdo. Le he dicho al gobierno que no nos nombre enemigos de la paz sino que si el proceso no se hace bien va a generar el rencor de un ciudadano que quedó en la calle contra otro que está entrando a los predios…
Fui concejal por el partido Conservador y aunque soy seguidor del Centro Democrático y tengo mis reservas con algunos puntos de vista de ese partido, no estoy adoctrinado ni soy amigo de Uribe Vélez como una vez me dijo una periodista. No soy manejado por nadie.
La pregunta ahora es dónde están los baldíos que tiene el Estado para hacer un programa con todas las víctimas y entre nosotros podemos hacer un proyecto para acompañar a las personas que perdieron su vocación agrícola, de enseñarles a hacer un cultivo, a lograr la buena genética de una vaca… así nos volvemos productivos porque la paz hay que hacerla entre amigos y hermanos y no generando rencores.
