Mientras en el municipio de San Alberto se abre una ventana de esperanza con el primer fallo de restitución de tierras, un grupo de campesinos de San Martin, Pelaya, La Gloria, Aguachica y Tamalameque denuncian que persisten amenazas del llamado ‘ejército antirrestitucion’.
Los hijos de un líder campesino de San Alberto, población del sur del Cesar, recibieron nuevamente la parcela que era de su padre y que tuvieron que vender para huir de la violencia luego de que el grupo paramilitar que comandaba Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho’ Prada, matara a su progenitor; a su vez, a la familia que les compró el predio recibirán una compensación económica porque demostraron que lo adquirieron de buena fe.
Este fallo, el primero en San Alberto, le dio razón al reclamante y al opositor. Los magistrados de la Sala de Restitución de Tierras de Cartagena consideraron que la persona que adquirió el predio en 1999 lo hizo cuando los reclamantes lo abandonaron para salvar sus vidas.
Con la decisión, de febrero pasado, se restituyeron los derechos de la propiedad de los predios El Destino, de 16 hectáreas, y un lote de 610 metros, ubicados en las veredas Líbano, San Isidro y Los Ortega de la parcelación La Carolina, que pertenecían a una pareja de campesinos. La víctima era vicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción cuando fue asesinado el 24 de octubre de 1990, a eso de las 9 de la mañana, mientras se desplazaba en su bicicleta hacia sus terrenos.
El líder campesino había recibido los dos predios de manos del Incora, por eso tras su muerte esposa e hijos continuaron con el trabajo agrícola, pero en 1996 recibieron amenazas de muerte provenientes de paramilitares bajo el mando de alias ‘Juancho’ Prada y se vieron obligados a desplazarse en 1999. Antes de abandonar la zona, le vendieron la tierra a otra familia, que ahora es compensada porque compraron de buena fe.
El director de la Unidad de Tierras del Magdalena Medio, Fabio Andrés Camargo, declaró que, con esta nueva sentencia, “la justicia colombiana reconoce la victimización de una familia que sufrió la crueldad del conflicto armado y por eso restituye su derecho a la propiedad, derecho que podrá ejercer con todas las garantías estatales. Para el opositor reconoce una compensación económica por haber probado que actuó éticamente en la negociación. La Unidad de Restitución de Tierras cumplirá la orden de entregar esa suma de dinero y restituir los terrenos”.
En tanto la decisión se hace efectiva, un grupo de campesinos de San Alberto espera que la restitución les llegue a ellos, y otro más, del corregimiento de Puerto Carreño, luchan con una empresa palmera para no verse afectados con la construcción de un muro de contención que en invierno, seguramente, inundará sus terrenos. “Así es muy difícil trabajar la tierra, cuando no es una cosa, es otra”, dijo un campesino que espera un fallo favorable de la Unidad de Tierras.
Persisten amenazas a líderes de Bellacruz
La noticia de esta sentencia es agridulce para esta zona del departamento del Cesar. Si bien ha sido considerada por la Unidad de Tierras del Magdalena Medio como emblemática porque abre la lista de familias que serán restituidas, la empaña la difícil situación que viven los campesinos de este municipio y otros del sur cesarense que están denunciando las amenazas que reciben de grupos armados ilegales que no quieren que siga el proceso de restitución.
A finales de febrero de este año, organizaciones de líderes de tierras del centro y sur del Cesar dieron a conocer su grave situación de seguridad a través de un comunicado.
“En los municipios de Pelaya, La Gloria, Aguachica, Tamalameque específicamente en los corregimientos de Pueblo nuevo, Simaña, Costilla San Bernardo, sector de Aguachica y sector de Bella Cruz (Palmas) hay presencia del denominado grupo ejercito antirrestitución de tierras, quienes impiden el buen ejercicio a los líderes y lideresas en el programa de restitución de tierras”, dice el texto, en el que además aseguran que este grupo armado ya se ha hecho visible en el corregimiento de Simaña, municipio de La Gloria, y han dado a conocer que “su objetivo de impedir la entrega de las tierras a los campesinos”.
La denuncia también hace referencia a lo que sucede en el corregimiento de Terraplén, municipio de San Martín, donde los pescadores de los playones comunales de la ciénaga de La Gallua pelean por estas tierras, de donde los quieren desalojar argumentado que son propiedad privada, sin tener en cuenta que, según ellos, “el Incoder mediante Resolución 325 de 2011 inició proceso administrativo tendiente a deslindar y delimitar estos terrenos”.
Los líderes de tierras que representan a las familias reclamantes de la Hacienda La Gloria, que anteriormente era conocida como Bellacruz, que cobija territorios de tres municipios del sur del Cesar –La Gloria, Pelaya y Tamalameque-, contaron a VerdadAbierta.com que están muy preocupados por las constantes amenazas que reciben contra su vida.
Fredy Rodríguez Corrales y su esposa Liliana Pacheco, ambos líderes de tierras y mujeres víctimas, respectivamente, quienes representan a las familias que hoy piden la restitución de sus tierras en la Hacienda La Gloria, viven su propio drama. Ver (Ver: En La Bellacruz hay 1.200 hectáreas de baldíos y deben restituirse).
“Recibimos amenazas mediante mensajes de textos a nuestros celulares; hace una semana dos hombres en una motocicleta se detuvieron frente a nuestra casa y la fotografiaron; lo mismo sucede con otros líderes, como el de Pelaya, que le han hecho seguimiento; y en Aguachica, donde pretendían cometer un atentado, pero capturaron a un hombre armado con una granada”, cuenta la lideresa que hoy teme por su vida y la de su esposo desde que le redujeron el esquema de seguridad con el que contaban.
Lo más preocupante para los líderes y los campesinos que se atreven a reclamar sus tierras es que se enteraron que miembros de la banda criminal ‘Los Urabeños’ declararon objetivo militar a los líderes de La Gloria y Pelaya. VerdadAbierta.com conoció que le pusieron precio “a la cabeza de cabeza de cada uno de ellos”.
Por las constantes amenazas, los líderes han pedido reforzar su seguridad, sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta positiva del Gobierno Nacional. Por el momento reciben apoyo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Yo acabé con mi vida social, asistía a una iglesia y ya no voy porque me da miedo. Hemos mandado toda clase de solicitudes, documentos y pruebas para que confirmen nuestra situación, pero no tenemos respuesta. Mire lo que pasó con el líder de Barranquilla, le dieron un chaleco y un celular y lo mataron en su casa”, dijo uno de los líderes.
En 2013, el Grupo Lutheran World Relief (LWR) y el Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWGEF) llevaron a cabo estudios de campo en la costa Caribe colombiana y publicaron un informe titulado ‘Lejos de la Tierra Prometida’, que le dedicó un capitulo a este caso.
En uno de los apartes del texto, un líder de la Hacienda Bellacruz –hoy La Gloria- dijo que “es muy difícil mantener este esfuerzo, estamos dispersos en Barranquilla, Valledupar, Saravena, y otras ciudades. Cada región cuenta con un representante porque todos no podemos llegar a Valledupar. Cada vez que se emite una resolución en el caso, aumentan las amenazas y ataques. El 3 de junio de 2013, tuve que salir de Aguachica, arrojaron un petardo a mi casa, 15 minutos después que había salido con mi familia, casi destruyeron mi casa. Ha habido muchas amenazas pero aún no han asesinado a nadie. Un compañero fue atacado hace como un mes pero pudo escapar”.
Así viven ellos, entre el miedo por las amenazas de supuestos grupos armados ilegales y la angustia por la presión institucional. “El Incoder nos quería quitar la representación legal de los campesinos, después que descubrimos 1.200 hectáreas baldías y que las escrituras de las parcelas eran falsas”, dijo uno de los líderes consultados.
Pero quizás lo más inaudito para los líderes de tierras de Bellacruz es que el paramilitar Juan Francisco ‘Juancho’ Prada, ex comandante del Frente ‘Héctor Julio Peinado’, dijo recientemente ante magistrados de Justicia y Paz que solo había estado en Bellacruz unos días, a pesar de que en versiones ante fiscales reconoció que había desplazado y quemado varios ranchos a las familias de esa finca.
Rodríguez Corrales, líder principal de restitución de tierra y representante legal de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol), se quejó porque el ex jefe paramilitar no ha dicho toda la verdad ante los estrados de Justicia y Paz.
“En enero de este año pedimos a la Fiscalía nos informara si ya condenaron a ‘Juancho’ Prada, pero nos enteramos que no. Nosotros solicitamos que no se dé la excarcelación porque no ha dicho toda la verdad de lo sucedido dentro de la hacienda Bellacruz; pedimos a la Fiscalía General de la Nación que si no dice toda la verdad como lo ordena la Ley 975 de 2005, la Ley 1592 de 2012 y el Decreto reglamentario 3011 de diciembre de 2013, sea excluido de justicia y paz”. (Ver: Los olvidos de ‘Juancho Prada’).
Rodríguez dijo que han notificado de sus riesgos a la Unidad Nacional de Protección, Vicepresidencia de la Republica, Procuraduría General de la Nación, Defensoríadel Pueblo del Cesar, Ministerio del Interior, Oficina de Paz de Santander y Cesar, “para que realicen las acciones que impidan que este grupo paramilitar asesine a los líderes del proceso Bellacruz y la única reunión que hemos tenido sobre el tema, la hicimos con el comandante de la Policía del municipio de Aguachica, Cesar”.
Ante las dificultades que afrontan los líderes y reclamantes de tierras, el proceso de restitución lo ven cada día más complejo, por eso sienten un sabor agridulce en la boca cuando se conocen decisiones judiciales como la de San Alberto.
