La restitución en este municipio del Magdalena se ve sombría, cuando ex paramilitares señalan al actual alcalde de haber sido su cómplice.
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| Aunque entre 1997 y 2010 por lo menos 6.666 campesinos de Remolino, Magdalena, abandonaron 8 mil hectáreas, ante la Unidad de Restitución solo hay registradas 40 reclamaciones por 1.314 hectáreas. Foto archivo Semana |
Siendo el actual alcalde de Remolino, Magdalena, Virgilio Antonio Torres Cuello (2012-2015), debe brindarles las garantías a las víctimas para retornar a sus fincas, luego de años de violencia. Dice la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de 2011 que, es su responsabilidad integrar los Comités Territoriales de Justicia Transicional que velan porque las víctimas del conflicto armado sean debidamente reparadas y atendidas y debe facilitar que la gente que se desplazó forzadamente retorne a sus parcelas (Lea la Ley 1448).
Remolino, en suelo cenagoso a 160 kilómetros de Santa Marta, parecía, a finales de la década del noventa, un territorio fantasma. Las guerrillas y luego, los paramilitares habían forzado a seis mil seiscientas de sus quince mil habitantes a salir huyendo y dejar sus hogares, cultivos y tierras botados. Por ese entonces (1998 a 2000) Torres también era alcalde. Haga clic aquí para ver una línea de tiempo.
Y, a juzgar, por lo que han asegurado algunos paramilitares bajo gravedad de juramento ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, entre una alcaldía y otra, Torres Cuello se volvió cercano a ellos. Así, José del Carmen Albarracín alias ‘El Canoso’, ex jefe político del Bloque Resistencia Tayrona, dijo el 23 septiembre de 2010 que Torres Cuello fue apoyado por los paramilitares para ser elegido diputado del Magdalena en la contienda de 2003. Cuando la fiscal de la Unidad de Justicia y Paz le mostró el listado de los políticos electos en esa época, el ex paramilitar respondió: “Virgilio Torres, sí, apoyo total”.
También Juan Francisco Segura Gómez alias ‘El Alacrán’, ex jefe paramilitar del Bloque Norte de las Auc, señaló en octubre de 2011 desde la cárcel La Picota a comerciantes, ganaderos y políticos de haber sido cómplices de las Auc. Entre el listado, mencionó a Virgilio Antonio Torres: “…cuando yo era comandante en 2002de la zona Palermo, sector Caño Aguas Negras, muchas veces se le pedía (a Torres Cuello) algo para la organización… llegábamos a la finca de él, La Loma, y armábamos campamento por más de 15 días. A veces llegaba y nos encontraba ahí. O dormíamos en su casa en Remolino. Éramos un grupo de 30 ó 40 hombres. Le cuidábamos la finca y nos asegurábamos de que él no le pasara nada”, dijo el ex paramilitar (Vea aquí la noticia publicada por El Heraldo y El Pilón).
La confesión de ‘El Canoso’ condujo a que en 2012 la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía compulsara copias para que el alcalde Torres fuera investigado. El caso fue asignado a la Unidad de Fiscalías contra el Terrorismo. Virgilio Torres dice que ha sido citado por lo menos seis veces a rendir declaración por solicitud de la Fiscalía en Santa Marta, pero que el caso no ha avanzado más. “Nunca he recibido apoyo de paramilitares. Jamás”, le dijo enfáticamente a VerdadAbierta.com. Aseguró que sabía de la afirmación de ‘El Alacrán’, que la consideraba falsa, pero no sabía que el desmovilizado ‘El Canoso’ lo hubiera incluido entre los políticos que ellos apoyaron (Vea aquí entrevista completa con el alcalde Torres: “Hay una clase política que no quiera que yo salga adelante)
Varios habitantes de Remolino dijeron a VerdadAbierta.com que la amistad entre Torres y los paramilitares era a todas luces vista. Por eso sostienen que habiendo sido Torres Cuello tan cercano a los paramilitares, es imposible pensar que tiene la voluntad de presidir la reparación y restitución de las tierras de sus víctimas, como se lo ordena la ley. “¿Cómo alguien que participó en los desplazamientos puede ser garantía para que volvamos a las tierras?”, dijo un campesino a este medio.
“Virgilio no le quitó a nadie”
Menos aún confían cuando, como lo constató VerdadAbierta.com, algunos de los funcionarios actuales de su administración son señalados de presionar a las víctimas que están denunciando sus presuntos vínculos con paramilitares. Entrevistado por VerdadAbierta.com, el alcalde Torres Cuello dijo, frente a esta duda, que “nadie puededecir que Virgilio le quitó algo a alguien” y que los funcionarios de su gabinete “son personas de bien, son gente correcta”.
Varios remolineros están convencidos desde hace tiempo de que Torres Cuello estaba impedido para ejercer sus funciones por que sospechaban de sus vínculos con los paramilitares. Por eso le pidieron por escrito, en agosto de 2011 al Consejo Nacional Electoral (CNE) que revocaran su inscripción como candidato a la Alcaldía (Lea las cartas al CNE y al Ministerio del Interior y Acción Social aquí). Enviaron copia de sus denuncias a la Corte Suprema, la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y al antiguo Acción Social. Los magistrados del CNE, entre los que estaba el samario José Joaquín Vives, investigado por la Corte por posibles vínculos con el paramilitarismo en Magdalena, negaron la solicitud de revocatoria.
VerdadAbierta.com habló con el ex presidente del CNE, el magistrado Vives, y éste dijo que para la época atendieron por lo menos 1.200 solicitudes de nulidad de inscripción de candidatos en el país. Aunque no recuerda de forma puntual el caso de Torres Cuello, al explicarle que la solicitud de varios remolineros estaba basada en sospechas de sus presuntos vínculos con los paramilitares, Vives respondió que esta no es una causal para revocar la inscripción de un candidato. Según la Ley 617 de 2000, entre las inhabilidades para ser Alcalde está haber sido condenado, haber contratado con el Estado o haber ejercido un cargo público en el municipio en los doce meses anteriores a la elección, haber sido contralor o personero, o la doble militancia, haber pertenecido a otro partido político en el último año. Por no tratarse de una inhabilidad, Torres siguió con el aval del Partido de la U y fue elegido con 2.180 votos (Lea: José Joaquín Vives investigado por parapolítica)
En Remolino, a dónde según el registro oficial, 6.666 campesinos abandonaron 8 mil hectáreas tierras, las víctimas han presentado apenas 40 reclamaciones ante la Unidad de Restitución por 1.314 hectáreas que dejaron forzadamente por la violencia. Son pocas porque la gente teme que al pedir que le devuelvan la tierra que poseía se gane problemas, más cuando algunos ven amigos de los paramilitares en el gobierno local. También sucede que muchas personas aún no se han animado a retornar y otras, no tenían tierra suya en propiedad, pues trabajaban parcelas que los grandes propietarios les arrendaban.
Una persona dijo a VerdadAbierta.com que el alcalde Torres Cuello le ha ofrecido dádivas a cambio de que desista de su reclamo. Y por lo menos cinco aseguraron que ya han recibido amenazas de la banda criminal Los Urabeños, en panfletos firmados por alias ‘Maikol’, por denunciar al alcalde Torres Cuello.
Difícil gobernar a Remolino
Torres Cuello vivió siempre en Barranquilla y solo regresó a Remolino, de donde es su familia, en 1997 de la mano de su tío César Cuello, un hacendado conocido en la región, que lo impulsó a la Alcaldía. Lo hizo con el aval del Partido Liberal, sucediendo al saliente Alexander Ortega Cantillo.
Para esa época los ganaderos y comerciantes estaban siendo extorsionados por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln). El grupo armado había montado una base en la Ciénaga de La Aguja y utilizaba a Remolino como corredor para moverse en la zona y como despensa para surtir su tropa. A quienes se negaron a pagarles, los asesinaron, como sucedió con el ganadero Silvio Morrón y con otros pobladores como Francisco Charry y José Bolaño.
Apenas comenzando su gran expansión nacional, las recién creadas Autodefensas Nacionales de Colombia (Auc), llegaron a Remolino en 1997, antes de las elecciones territoriales que dieron por ganador a Torres Cuello. Se enfrentaron a la guerrilla, pero más que combatirla en franca lid, se dedicaron a cometer masacres con la justificación de que sus víctimas eran colaboradores de la guerrilla. Durante los siguientes años Remolino fue un infierno.
Primero llegó al municipio, Tomás Gregorio Freyle Guillén alias ‘Esteban’, el 23 de junio de 1997 con un grupo de hombres armados, vestidos de camuflado, que se movilizaban en una camioneta turbo. Ese día obligaron a la gente a reunirse en la plaza principal del corregimiento de Santa Rita. Allí preguntaron por el profesor Luis Mariano Lara Pertuz, quien fue asesinado de tres tiros pese a que insistió que él no era la persona que buscaban. Para la época, en Remolino se había desatado un paro civil con la protesta de dos mil personas que exigían mejores servicios públicos. Cada uno de los corregimientos había elegido un líder para que los representara ante el gobierno al que le exigían mayor eficiencia.
Esa protesta popular fue la excusa de alias ‘Esteban’ para seguir asesinando, recuerdan varios sobrevivientes de la barbarie paramilitar entrevistados por VerdadAbierta.com. Alias ‘Juvenal’, ‘María’, ‘Yovanny’ (capturado el 26 de julio de 2013) y ‘Alex’, guerrilleros que habían desertado y se habían sumado a las filas de las Auc, fueron los que señalaron a pobladores acusándolos de colaboradores del Eln.
Al alcalde Torres Cuello le tocó gobernar en esas difíciles circunstancias. Como retaliación por los asesinatos, el 6 de junio de 1999 el Eln secuestró en la Ciénaga de El Torno a nueve personas entre las que estaba el ex concejal barranquillero Orlando Rodríguez Saavedra y su hijo Boris Fabricio Ernesto Rodríguez Martínez (Lea: Cautiverio interminable). Tres meses después alias ‘Jorge 40’, el jefe paramilitar del Bloque Norte, ordenó que, para seguir la cadena de venganzas, se cometieran varios asesinatos en el corregimiento de Santa Rita de dónde se decía venían los guerrilleros.
Fue así como siguieron las masacres, la del 16 de septiembre de 1999, la del 16 de octubre y la del 10 de febrero de 2000 (Lea: Los 700 mil desplazados que dejó la guerra en el Caribe). Entre 1999 y 2000 gran parte de los pobladores del corregimiento de Santa Rita abandonaron las tierras. Los pobladores recuerdan que por lo menos 3.800 personas salieron desplazadas. El archivo oficial, el antiguo Registro Único de Población Desplazada, Rupd, documentó la expulsión de 3.530 personas de Remolino. En efecto, los desplazamientos se dispararon esos dos años (vea el Rupd).
Los remolineros recuerdan que las Auc se instalaron en definitiva desde 1999 con una base en el en el corregimiento de San Rafael de Buenavista. Alias ‘Esteban’ murió junto a otros cuatro paramilitares y fue reemplazado por alias ‘Marcos’, con José Rodolfo Baena alias ‘Rafael’, como ‘jefe militar’ y alias ‘Fredy’, como ‘jefe de finanzas’.
El alcalde Torres Cuello quien intentaba gobernar en medio de semejante violencia, fue declarado objetivo militar por los paramilitares que lo tildaron de ser colaborador de la guerrilla. Esto lo corroboraron varios habitantes del pueblo. Las Auc asesinaron a funcionarios de su administración, entre ellos, a la promotora de salud Aída Luz Vargas Pabón en 2000. A Arnulfo Borja Ropaín, el candidato que se había presentado a las elecciones compitiendo con Torres, también lo amenazaron.
Torres Cuello recuerda que esa época fue muy difícil. Dijo que recién comenzó su administración no había problemas con actores armados hasta que en 1999 la situación se complicó. “Comenzaron unos brotes de guerrilla, decían que eran del Eln. Ellos merodeaban por Santa Rita, un corregimiento aledaño a la Ciénaga Grande. Luego llegaron los paramilitares y comenzaron las matanzas. A mí los paramilitares me declararon objetivo militar porque no seguía sus recomendaciones. Pero no fue solo contra mí, también lo fue contra empleados y amigos míos”, contó el Alcalde.
Resultó extraño, sin embargo, que habiendo sufrido tanto, Torres Cuello no saliera de Remolino cuando terminó su mandato en 2000. Según sostuvieron varios entrevistados, consiguió quedarse y seguir haciendo política porque hizo un pacto de colaboración con las Auc. Torres Cuello, por su parte, le dijo a VerdadAbierta.com que esas afirmaciones hacen parte de un grupo de opositores que “quieren que no salga adelante; no hacen sino calumniarme”, respondió. El Alcalde recordó que tras las amenazas le pidió ayuda al entonces gobernador de Magdalena, Juan Carlos Vives Menotti: “Él me dijo: no vuelvas a Remolino; te pueden matar. Yo denuncié esta situación ante las autoridades”.
Sembraron terror…
La violencia paramilitar siguió forzando a la gente a abandonarlo todo. Fue el caso de los Gómez*, una familia que llegó a Remolino en la década de 1960 y que con el esfuerzo de muchos años llegó a tener casi 300 hectáreas donde criaba ganado y sembraba maíz y yuca.
En agosto de 2000, los paramilitares del Bloque Norte llegaron a sus tierras y después de asesinar a un tío, les robaron 132 reses: 95 vacas paridas, 32 vacas escoteras, 3 toros y 2 caballos, además de un tractor. “Cuando eso sucedió decidimos todos irnos de Remolino. La situación era grave y nos vinimos para evitar que nos mataran… dejamos algunas camas y monturas de caballo. No pudimos llevar todo por la carrera”, dijo un miembro de la familia Gómez a la Unidad de Justicia y Paz. Otras 436 familias campesinas de ese municipio tuvieron que huir al igual que los Gómez.
En una versión libre colectiva del 19 de mayo de 2011, ante fiscales de Justicia y Paz, los ex paramilitares Ever Mariano Ruiz Pérez alias ‘Coyará’ y Richard Manuel Fabra Romero alias ‘Pelusa’ ratificaron la versión de las víctimas. Confesaron que participaron del desplazamiento de la familia Gómez en agosto de 2000, y que en efecto, asesinaron al tío, robaron el ganado y el tractor de la finca. Los desmovilizados dijeron que contando lo que le robaron a los Gómez y otros desplazamientos que hicieron en Remolino se llevaron por lo menos dos mil reses.
Mientras continuaba el terror, se hicieron las elecciones de 2000 en las que resultó elegido Arnulfo Borja Ropaín, quien había enfrentado a Carmen Josefina Castañeda. La ofensiva paramilitar contra los magdalenenses continuó y el 22 de noviembre de ese año, 70 paramilitares montados en seis lanchas voladoras recorrieron todos los caños de la Ciénaga Grande, incluido el caserío de Nueva Venecia, matando gente y cuando se despidieron con un “felices aguinaldos” habían dejado un reguero de muertos, que aún no se sabe cuántos fueron con precisión, pero 39 cadáveres fueron rescatados (Lea: Lamasacre de Nueva Venecia se originó en Pivijay).
Cosecharon votos…
Habiendo sembrado bien el miedo, a los paramilitares les quedó fácil cosechar triunfos políticos. Exactamente un año después del horror de la Ciénaga, el 22 de noviembre de 2001 varios candidatos al Congreso, alcaldes y algunos diputados firmaron con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, el ordenador de las masacres y jefe paramilitar de Cesar y Magdalena, el “Convenio político para el debate electoral del 10 de marzo de 2002”, conocido como “Pacto de Pivijay”.
Entre los firmantes estuvieron el candidato al Senado, Dieb Maloof; el aspirante a la Cámara, José Gamarra Sierra y varios alcaldes que habían ganado las últimas elecciones en 2000, entre ellos, el alcalde de Remolino, Arnulfo Borja, y el alcalde de Pivijay, Ramón Antonio Prieto Jure (Vea aquí el documento y sus firmas).
En ese pacto, los políticos acordaron que los votos que lograran en las elecciones de 2002 en Pivijay, Sabanas de San Ángel, Ariguaní y Algaborro, donde José Gamarra Sierra tenía un potencial electoral, le serían endosados a Maloof. El alcalde actual de Remolino, Cuello Torres, ocupaba el tercer renglón en la lista que encabezaba Gamarra Sierra a la Cámara.
Varios habitantes les dijeron a los reporteros de VerdadAbierta.com que después del ‘Pacto de Pivijay’, en el pueblo se suscribió otro acuerdo tácito conocido como el ‘Pacto de Remolino’. “Dieb Maloof se reunió con los políticos locales y acordaron que se debía garantizar la votación a Virgilio Torres, para que esos votos le sirvieran a Gamarra y por supuesto, a él”, contó un poblador.
Remolineros de la cabecera del pueblo, donde viven la mitad de los habitantes de ese municipio, juran que casi nadie salió a votar el día de las elecciones, pero en el conteo oficial aparecieron votando casi todos: 93 por ciento de los habilitados. “Lo que hubo fue una suplantación de votos. Yo vi a Virgilio marcando los tarjetones a nombre de la gente”, dijo otro habitante cuya identidad se reserva. La Misión de Observación Electoral (MOE) con base en el análisis de las elecciones de 2002, determinó que las votaciones que favorecieron a Maloof fueron atípicas. En Remolino, del total de 4.173 votos, 3.906 fueron para Maloof.
Torres le dijo a VerdadAbierta.com que son falsas las afirmaciones de que él haya marcado votos a favor de candidatos en las elecciones de 2002. “Esto hace parte de la campaña de desprestigio en mi contra. De hecho, denuncié que hubo elecciones atípicas ese año y por esas denuncias, la Procuraduría sancionó e inhabilitó al registrador de la época”, dijo el alcalde.
Rafael García, ex director del liquidado DAS, aseguró en una entrevista con la revista Semana que el candidato a la Cámara José Gamarra Sierra les había pedido a él y al funcionario de la Registraduría, Enrique Osorio de la Rosa, que analizaran si se podía lograr la votación sin que los pobladores ejercieran su derecho. García dijo que Osorio, con dinero aportado por Gamarra, compró a funcionarios de la Registraduría en Bogotá los censos de Cesar, Magdalena, Guajira y Bolívar, en los que aparecían los nombres de los votantes mesa por mesa.
“De acuerdo con la entrevista, al final de la jornada electoral, o en medio de ella, los jurados marcaban los tarjetones con el nombre del candidato que había escogido el Bloque Norte de las Auc y firmaban por los votantes que no habían acudido”, señala el informe de la MOE (Lea: Cómo se hizo el fraude, entrevista Revista Semana).
Se apropiaron de tierras…
Con el fusil en una mano y las escrituras listas en la otra, la alianza de la parapolítica comenzó a despojar tierras en el Magdalena. En el relato que hicieron a la Fiscalía los Gómez, la próspera familia remolinera que había huido después de perderlo todo, contó que un día del año 2000, en el mercado se encontraron con Jorge Orozco, un comerciante de lácteos que conocían de Remolino y que les preguntó que si vendían las tierras. La familia respondió que no porque ésta era su única herencia. Orozco los volvió a contactar después y les dijo que Ramón (Moncho) Prieto Jure (entonces alcalde de Pivijay) les mandaba decir que si le vendían a él las tierras porque la familia estaba en peligro, los querían matar.
(Haga clic en la imagen para ir a la infografía interactiva) 
El jefe de familia recuerda que, temerosos, accedieron ir a la cita que les puso Prieto Jure. Los llevó Orozco y cuando llegaron al apartamento de Prieto, éste estaba acompañado por su abogado Joaquín Morrón y otro hombre llamado Julio Moreno (fallecido). “’Moncho’ Prieto nos dijo: ¿me vas a vender las tierras o no? porque yo oí una conversa que si no vendes te van a matar”, relató uno de los Gómez a la Fiscalía. La familia asegura que ellos pedían por hectárea 1 millón de pesos, pero Prieto Jure les dijo que sólo les pagaría por las parcelas a 250 mil pesos por hectárea.
Los Gómez le contaron a la Fiscalía que vendieron bajo presión y amedrentamiento. Prieto Jure les envío los cheques por el valor que les impuso a sus tierras con Carlos Mena, otro comerciante de lácteos de Remolino. En vísperas de ese fin de año, el 28 de diciembre de 2002, el abogado Joaquín Morrón fue hasta la casa donde vivían desplazados los Gómez y les llevó las escrituras que debían firmar. Los Gómez dicen que firmaron sin revisar el contenido por miedo. El notario que registró la compraventa de la venta fue el Notario de Pivijay, Oswaldo de Jesús González Díaz.
La alianza ‘parapolítica’ les había resultado bien a los políticos magdalenenses, así que la siguieron para las elecciones locales de octubre de 2003. Torres Cuello, según le contó a VerdadAbierta.com el citado político local, quedó incluido como cabeza del “Planchón del partido Colombia Viva” para la Asamblea del Magdalena, según acordaron ‘paras’ y políticos. La lista tenía su triunfo asegurado y sacó 143.316 votos que metió ocho diputados de los trece diputados del Magdalena para el período 2004-2007.
En lo local, otras alianzas se concretaron. El informe de la MOE señala que el representante liberal Jorge Luis Caballero apoyó la ‘Lista del Planchón’ a la Asamblea en la que estaba Torres, la candidatura de Carmen Josefina Castañeda a la Alcaldía de Remolino, así como la de Trino Luna a la Gobernación. Este último también fue apoyado por el representante José Gamarra Sierra. Gamarra, Caballero y Luna fueron condenados por la justicia por sus alianzas con el paramilitarismo para ganar elecciones.
Con toda la plana mayor de la parapolítica respaldándolos salieron elegidos Castañeda a la Alcaldía y Torres a la Asamblea. Pedro Modesto Pertuz, quien salió elegido al Concejo, iba en la misma poderosa alianza, dicen quienes losvieron hacer campaña juntos por esa época.
Durante los siguientes años, los Gómez trataron de salir adelante, levantando otra finca que compraron en Remolino con lo poco que les pagó Prieto Jure por su tierra. En 2006 se desmovilizó el Bloque Norte que comandaba Tovar Pupo y pronto se sintió el alivio en el pueblo. La gente que había salido desplazada se animó a regresar y los Gómez recuperaron fuerzas para exigirle a Ramón Prieto que les reconociera más dinero por las tierras que le habían tenido que vender por tan poco. Prieto Jure seguía siendo poderoso pues había salido elegido alcalde de Pivijay en 2007, pero ya no tenía los fusiles atrás.
Según el relato que hicieron los Gómez a la Fiscalía, en agosto de 2010, diez años después de su desplazamiento y ocho de la venta forzada de sus tierras, buscaron al alcalde Prieto para que llegaran a un acuerdo. Los Gómez tenían una hipoteca, se habían endeudado y consideraban que él les había comprado su finca a un precio irrisorio. “Él (Prieto) averiguó en la Fiscalía si tenía una demanda o algo por el estilo y como supo que no había demanda contra él, dijo que por esas tierras no daba ni un peso, que las había trabajado y que si se iba preso se juntaría con los malos y saldría más malo y cuando saliera vendría a recuperar las tierras”, dijo un integrante de la familia Gómez a la justicia.
Pese al miedo, los Gómez denunciaron el despojo de sus tierras ante la Unidad de la Justicia y Paz. Cuando las autoridades revisaron los registros, encontraron que según la escritura que firmaron en diciembre de 2002 la tierra no había sido transferida a nombre de Ramón Prieto (quien era quien les había pagado) sino a nombre de Luis Miguel Julio Yancy. En Remolino, según lo verificó VerdadAbierta.com, a este señor lo conocen como un obrero que opera un tractor de Prieto Jure y es un trabajador de confianza suyo.
En enero de 2005, en una compraventa registrada de nuevo en la Notaría de Pivijay, aprobada por el notario Oswaldo de Jesús González Díaz (el mismo que registró las compras de las tierras en 2002), el trabajador de Prieto transfirió la finca de los Gómez a Pedro Manuel Gamarra Sierra, hermano del ex representante a la Cámara condenado por parapolítica, José Gamarra Sierra y cuñado de Prieto Jure. No hay que olvidar que José Gamarra Sierra respaldó la candidatura del actual alcalde de Remolino, Virgilio Torres a la Asamblea. En la actualidad, su hermano Pedro tiene en esa finca usurpada a los Gómez, ahora con el nuevo nombre de Los Campanares, bodegas y corrales, y explota las tierras con ganado (Vea la escritura de 2002 y la de 2005 aquí).
Pese a que la compraventa fue realizada en 2005, la venta fue formalizada cinco años después, en octubre de 2010, ante el registrador Édgar Salazar Baute de la Oficina de Instrumentos Públicos de Sitio Nuevo (Vea el folio de matrícula de un predio de Los Gómez). Llama la atención que esta formalización de la dudosa venta haya ocurrido dos meses después de que los Gómez hubieran intentado fallidamente hacer un arreglo amistoso con Prieto y al mes de que la familia denunciara la venta forzada de sus tierras ante la Fiscalía.
El 30 de mayo de 2011, estando ejerciendo como alcalde, Prieto Jure fue capturado por la Dijin de la Policía acusado de haber tenido vínculos con las Auc, tras la confesión de Edmundo Guillén Hernández alias ‘Caballo’ de que su elección como alcalde de Pivijay (2001-2003) fue apoyada por las Auc. El funcionario recibió casa por cárcel. AnteJusticia y Paz, Miguel Ramón Posada Castillo alias ‘Rafa’ y Javier Sánchez Arce alias ‘El Calvo’ aseguraron que a Prieto lo llamaban con el alias de ‘El Indio’ y que fue responsable del asesinato de Aldo Roberto Collazos Trujillo, un líder campesino que representaba a las familias despojadas de tierras entre Pivijay y Chibolo. Estas investigaciones no prosperaron.
Pese a las denuncias de las víctimas, de las confesiones del ‘Canoso’ y ‘El Alacrán’ y del vínculo de algunos de sus funcionarios y familiares con el despojo ocurrido a la familia Gómez, Virgilio Torres sigue siendo alcalde de Remolino, con una administración que publicita como eslogan “Porque Remolino merece respeto”.
Además, el alivio que vino después de la desmovilización paramilitar duró poco, pues ya al pueblo volvieron las amenazas, esta vez de la banda criminal ‘Los Urabeños’. Primero circularon panfletos firmados por alias ‘Maikol’, amenazando a varios pobladores de Remolino por denunciar al alcalde Torres.
Más tarde vieron en la región rondando a Hernán Arturo Cantillo Camargo alias ‘Yovanny’, el ex guerrillero del Eln que se unió al Bloque Norte y que luego se sumó a Los Urabeños, señalado de estar tras el cuidado de las tierras robadas y de ser responsable del asesinato de decenas de campesinos. Fue capturado el 26 de julio de 2013 en el municipio de Galapa, Atlántico.
Se ve oscuro el panorama de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en este departamento. Con los violentos otra vez rondando, listos para servir por una paga a cualquier interés; amenazas ya circulando contra los reclamantes de tierras, y más desesperanzador aún, como indica el caso de los Gómez, con la “despojo-política” aún vigente y mandando en partes del departamento.
*Apellido de familia reclamante de tierras cambiado por razones de seguridad. Los nombres de los denunciantes en los documentos de prueba también fueron omitidos por la misma razón.
