En su más reciente declaración el presidente Juan Manuel Santos dijo a la guerrilla que es el momento para que contribuyan a la identificación de los desaparecidos, en especial de los que murieron estando en cautiverio. Según cifras de la Procuraduría son 2.760 personas de las que no se sabe su paradero.
En los últimos días, las desapariciones forzadas tomaron relevancia en el proceso de paz que el gobierno y las Farc desarrollan en Cuba. Foto: archivo Semana.
El pasado viernes, durante la firma de un decreto que reglamenta la ley sobre víctimas de desaparición forzada, el presidente Juan Manuel Santos le envió un mensaje claro a la dirigencia de guerrilla de las Farc: “este es el momento para que ellos también contribuyan a la identificación de desaparecidos, en especial de los cientos de desaparecidos que murieron estando en su poder”.
En ese evento, el jefe de Estado señaló que la desaparición forzada es una llaga abierta en la sociedad, que obliga a actuar para que esa incertidumbre tenga fin, afirmando que “a nuestros muertos los lloramos, pero a nuestros desaparecidos ni siquiera podemos llorarlos porque su suerte, su destino, nos llena de zozobra día tras día”.
Y esa zozobra la viven cientos de víctimas de la desaparición forzada perpetrada por las guerrillas en Colombia, un tema sobre el cual poco se ha hablado en el país y del cual no hay cifras consolidadas. El Grupo de Memoria Histórica, en su Informe ¡Basta Ya!, establece un total de 27.000 desaparecidos desde 1985 hasta 2012, de los cuales la mayoría han tenido como victimario a los grupos paramilitares y, en otros casos, al Estado. Sin embargo, en los 50 años que se ha prolongado el conflicto hay cientos de personas que fueron asesinadas y otras secuestradas por parte de las Farc de las que no se volvió a saber.
El Registro Único de Víctimas (RUV) indica que hay 44.492 víctimas directas y 107.963 indirectas, para un total de 152.455 afectadas por la desaparición forzada. Por otro lado, el Centro de Memoria Histórica establece que de 5.016 casos documentados solo se conoce el perpetrador en 689 de ellos, de los cuales solo el 2,3% ha sido atribuido a la guerrilla.
La poca información existente frente a los casos de desaparición forzada por parte de las guerrillas ha generado que las cifras entre organizaciones no gubernamentales y las entidades del Estado sean muy variables, llegando incluso a presentar contradicciones. A ello se suma la falta de claridad por parte de las Farc cuando se les ha pedido que esclarezcan la verdad sobre los desaparecidos, situación que se convierte en otro obstáculo más para el reconocimiento y visibilización de las víctimas.
Otro problema que surge es que para las organizaciones y fundaciones de víctimas de las Farc, los secuestrados, de los cuales hace años no se conocen pruebas de supervivencia, son considerados como desaparecidos, hecho que algunos organismo internacionales no es así, pues han tipificado la desaparición forzada como la privación de la libertad de personas cuyo victimario no pide nada a cambio de su liberación y que no reconoce su posesión.
Aun así, bajo la condición por la cual hayan sido desaparecidos, o por su secuestro prolongado o su posible asesinato, la guerrilla debe responderle a los familiares por la historia que hay detrás de cada una de las personas que no ha regresado a casa, algunas este año cumpliendo más de dos décadas de estar en el anonimato.
“Desaparecidos son más que cifras”: víctimas
En diferentes ocasiones los familiares de los secuestrados les han exigido a las Farc que los liberen o les digan qué les ha pasado. Foto: archivo Semana.
Si hay algo en lo que coinciden dos de las organizaciones más grandes que representa a víctimas de la desaparición forzada, Fundación Los que faltan y País Libre, es que detrás de cada cifra del conflicto hay cientos de historias por contar y que, casos como los desaparecidos de las Farc, no se han documentado por el temor a posibles represarías por parte de la guerrilla. “Si no ha querido reconocer que desaparecieron a miles de personas, mucho menos van a querer decir qué pasó con nuestros familiares”, asegura Enrique Marqués, presidente de la Fundación Los que Faltan.
“El 11 de febrero de este año se cumplieron 16 años de no saber nada de mi hijo, a él se lo llevó el Frente 51 de las Farc, de acá de Bogotá, hacia las 6 y 30 de la mañana cuando se disponía a llegar a su oficina, como si fuese cualquier otro día”, comenta Amalia de Márquez, quien, a 80 años de edad, no ha perdido la esperanza de ver regresar a Enrique a su casa.
Para el año 1999, cuando se produjo el plagio de Enrique, el comandante de Frente 51 era Bladimir Gonzáles Obregón, alias ‘Miller Perdono’, a quien la señora señala de ser el responsable de ese secuestro, siguiendo órdenes de Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’, actual miembro del equipo negociador en La Habana. “Nosotros tuvimos la suerte de saber lo de mi hijo porque por fortuna ese día empleados de una empresa de teléfonos estaban afuera de la oficina de él y vieron cuando se lo llevaron”, precisa la mujer.
La familia supo de Enrique durante los tres primeros años de secuestro a través de pruebas de supervivencia y de llamadas que, ocasionalmente, le dejaban hacer; luego de ello, pasó a ser uno de los cientos de casos de los que ni el gobierno ni la guerrilla dan razón. La madre del desaparecido insiste de decir que “se debe buscar que las Farc digan la verdad sobre qué hicieron con todos los secuestrados, tanto civiles como militares, y así poder empezar un camino de verdadera reparación”.
María Consuelo Jáuregui, Directora Ejecutiva de la Fundación País Libre, aseguró que hasta el 2011 la organización registró 400 casos de secuestro, 77 de ellos correspondientes a las Farc, por lo cual, la historia de Amalia de Márquez puede ser la misma que de cualquier otro familiar afectada por esa práctica de la guerrilla.
Sobre el tema, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, reconoció que establecer cifras concretas sobre desaparecidos forzados en el país “es muy difícil” y advirtió que uno de los grandes retos al respecto es tener unas cifras únicas: “todo el mundo hace referencia a unas cifras con las cuales nosotros no nos comprometemos a respaldar porque, tenemos que ser muy honestos, no tenemos unas cifras decantadas que podamos decirle la realidad al país”.
Desapariciones forzosas según la Procuraduría 
La Procuraduría ha llamado la atención sobre las desapariciones forzadas y ha recopilado más de dos mil casos atribuibles a las Farc. Foto: archivo Semana.
En el informe presentado a la Corte Penal Internacional (CPI), la Procuraduría destacó como una de sus máximas preocupaciones la amenaza de impunidad de parte de la guerrilla “por las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, agregando además que “con ocasión de las conversaciones de La Habana se avance a una situación de generalizada impunidad a favor de los responsables de crímenes de ascendencia internacional”.
Establece también el documento que de los 2.760 casos de desaparición forzada 1.200 ocurrieron desde 2002, año en el cual se adelantaban diálogos de paz en San Vicente del Caguán entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana. En el listado de personas, que se basa en un informe de Medicina Legal, aparece gente entre desde los 4 a 84 años de edad, en su gran mayoría hombres que, por la connotaciones de la guerra, muchos eran policías y militares perdidos o retenidos en medio del combate.
Sin embargo, la Fuerza Pública no ha sido la única afectada por las desapariciones forzadas. Según documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica, durante el proceso de consolidación paramilitar hubo un incremento en el número personas incorporadas a la guerrilla, lo cual fortaleció sus filas e incrementó los combates, dejando como resultado que no se supiera, en algunos casos, el paradero de los cuerpos de los miembros de los grupos ‘paras’ muertos en la confrontación.
Uno de los mayores acusados de cometer este delito es el Bloque Oriental, el cual logró durante su paso por el conflicto consolidarse en más del 55% del territorio del país, siendo considerado como la máquina de guerra de esta guerrilla (Ver: El Bloque Oriental marcó el auge y declive de las Farc). A esta facción de las Farc se le responsabiliza de la desaparición de por lo menos 1.234 personas, cuyo máximo responsable, luego de la muerte de Jorge Briceño, alias ‘El Mono Jojoy’, es alias ‘Romaña’.
De igual manera, al Bloque Iván Ríos José María Córdova (hoy Iván Ríos) se le sindica de la desaparición de 271 personas en Antioquia. A ello se suma la responsabilidad por la desaparición de cerca de 517 personas por parte del Bloque Occidental, cuyo comandante es alias ‘Pablo Catatumbo’, otro de los negociadores de las Farc en La Habana.
Agregó la Procuraduría en su informe que no es suficiente con la investigación y el juzgamiento si la sanción no es proporcional a la gravedad de los crímenes perpetrados, proponiendo como medida efectiva la privación de la libertad para los comandares de la guerrilla y para todos aquellos a lo que por investigación se les compruebe participación en los hechos.
¿Qué esperan las víctimas?
Las víctimas no pierden la esperanza de que sus seres queridos regresen a casa. Foto: archivo Semana.
A pesar de que en repetidas ocasiones voceros de las Farc han manifestado estar en contra de las comisiones que adelantan los censos de víctimas por creer que éstas “desarrollan una estrategia orientada a colocarlas como autores de crímenes de guerra y lesa humanidad”, el avance en los diálogos ha establecido como parte del desescalamiento del conflicto que la guerrilla inicie con el desminado y cuente la verdad sobre las personas desaparecidas, que se identifiquen, si existen, las fosas comunes y se contribuya con el esclarecimiento de la verdad.
En ese sentido, jugará un papel determinante para el proceso alias ‘Romaña’, de quien se espera cuente sobre la verdad del paradero de los secuestrados. Este exguerrillero es considerado como uno de los cerebros detrás de la mayoría de secuestros a finales de los 90 y principios del 2000 bajo la estrategia que se conoció como pescas milagrosas’. (Ver: Los guerrilleros que van de la guerra al proceso de paz)
País Libre y la Fundación Los que Faltan coinciden en señalar que la verdad resultante del proceso de paz debe ser estructural, que conlleve al esclarecimiento pleno de hechos victimizantes y de las acciones armadas desplegadas a lo largo del país. Asimismo son enfáticos en mencionar que el Estado debe garantizar la plena vida digna de cada una de las víctimas.
El presidente de la Fundación Los que Faltan asegura que “si nosotros vemos que en el acuerdo final nos satisface vamos a ayudar y a apoyar que se firmen lo acordado durante los diálogos de paz, pero si no hay una verdad, justicia y reparación vamos a hacer una oposición completa, para que bajo el mecanismo que se adopte de refrendación los colombianos digamos no al acuerdo”.
Y es que no es para menos la preocupación de las víctimas, pues por ahora no se ha conocido con exactitud la verdad de las desapariciones forzosas por parte de esta guerrilla. En los 12 ensayos y las 2 relatorías escritas por los académicos integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas se reconoce a quienes han sido sometidos a dicha práctica, pero no se profundiza en el tema, lo cual reitera el vacío sobre las cifras y la carencia de información. (Ver: Doce miradas sobre el conflicto)
Por lo pronto con la firma del Decreto que reglamenta la Ley de Desaparición forzada, el gobierno busca rendir un homenaje a todas las personas que aun siguen en busca de un ser querido. Asimismo, Santos se comprometió con los familiares de víctimas a luchar por saber el paradero de cada una de las personas que no han regresado a sus hogares.
