La metamorfosis de El Brasil

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Una industria porcina siembra hoy soya y maíz en una finca en Puerto Gaitán que luego de haber sido adjudicada a beneficiarios d reforma agraria, les sirvió de cuartel y campo de entrenamiento a los paramilitares de los Llanos orientales durante nueve años. VerdadAbierta.com investigó en profundidad esta historia, que tuvo tras bambalinas al empresario de las esmeraldas Víctor Carranza.

El Origen

El conflicto: base paramilitar

La transformación de la tierra

Actualidad: investigación oficial

El Origen

En la misma tierra donde los paramilitares conocidos como Los Carranceros entrenaron a 200 de sus integrantes, reclutaron niños para la guerra y cavaron fosas para desaparecer los cuerpos de sus víctimas, la Agropecuaria Aliar por medio de una filial suya, Proyectos La Fazenda, desarrolla desde 2007 un sembradío de soya y maíz para alimentar los cerdos cuya carne es luego comercializada en los frigoríficos de ocho departamentos.

La finca se llama El Brasil y queda en la vereda La Cristalina de Puerto Gaitán. Comenzó siendo una extensa hacienda que fue dividida en 16 parcelas y adjudicada a igual número de personas en los años 80 y 90. En la siguiente década, El Brasil acogió a los paramilitares que venían de cometer la masacre en Mapiripán en julio de 1997 y fue base de un grupo paramilitar conocido en la región como ‘Los Carranceros’, que hicieron parte de la alianza nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2007, los predios fueron englobados por la firma Agualinda, cuya representante legal es María Blanca Carranza, esposa del empresario de esmeraldas Víctor Carranza, y ese mismo año fueron transferidos a la Agropecuaria Aliar. Esta es la historia de cómo cambió la tierra de manos.

Tierra baldía en La Cristalina

Antes de que se llamara Puerto Gaitán en 1969,este territorio de extensos pastos era de los sikuani o guahíbos, una etnia perseguida por los ocupantes blancos de esas tierras de la Nación que incluso salían a cazarlos como si se tratara de animales. A raíz de la violencia partidista de los años 50, miles de campesinos huyeron a los Llanos para comenzar una vida nueva y colonizaron tierras baldías.

El gobierno en el proyecto de reforma agraria que impulsó en los años 80 incluyó a la vereda La Cristalina, de Puerto Gaitán, para titularle allí tierra a los campesinos. En 1983, tres familias lograron que el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les titulara a cada uno una parcela de mil hectáreas.

Mientras el Incora adelantaba este proceso, en el Vichada se creaba un grupo de autodefensas a cargo de José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’ o ‘El Colorado’ que tenía vínculos con las Autodefensas de Puerto Boyacá en el Magdalena Medio.

En 1994, el Estado emitió la Ley 160 para reglamentar la titulación de tierras baldías a campesinos y prohibió que una persona tuviera más de una Unidad Agrícola Familiar, UAF, es decir, la cantidad de tierra que el gobierno consideraba era suficiente para que una familia campesina subsistiera y progresara. La UAF fue definida en 1996 y para Puerto Gaitán se estableció que era entre 1.360 y 1.840 hectáreas.

Ese mismo año, el jefe de las autodefensas del Vichada, ‘Guillermo Torres’, llegó a Puerto Gaitán con un grupo de 11 paramilitares. La gente de la región comenzó a llamar al grupo ‘Los Carranceros’, atribuyéndole una conexión con el mayor empresario de esmeraldas del país, Víctor Carranza, quien había comprado vastas fincas en la región. El nombre de Carranza venía apareciendo mencionado en varios procesos judiciales, como uno de los comandantes de organizaciones armadas de autodefensa, desde fines de los años 80. Aunque fue investigado por la justicia por la presunta creación de estos ejércitos privados, Carranza fue absuelto.

En 1995 el entonces gerente del Incora Meta, Julio César González Contreras, tituló, tierras en La Cristalina a otras 12 familias en pocos días. A cada una le dio900 hectáreas y estas fueron llamadas El Chaparral, Los Cámbulos, El Estero, El Garcero, Corocito, El Bambú, Santa Inés, Las Gaviotas, Las Corocoras, Los Gavilanes, La Ceiba y El Ensueño. En diciembre tituló una más, Los Araguaneyes. Estas 13 titulaciones sumaban 13.000 hectáreas. Aunque todos los predios recibieron diferentes nombres, la gente conocía la tierra como El Brasil. 

El conflicto: base paramilitar

La Fiscalía 59 de Justicia y Paz que investiga a las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, como se hicieron llamar en la desmovilización, ha recibido decenas de confesiones en las que ex paramilitares de ese grupo aceptan que El Brasil fue su casa desde 1994, cuando eran unos 50 hombres. Las confesiones fueron hechas por José Delfín Villalobos alias ‘Alfa Uno’, Deiber Andrés Bolaños alias ‘520’, desmovilizados de ese grupo, así como Elkin Casarrubia alias ‘El Cura’ y Dúmar de Jesús Guerrero alias ‘Carecuchillo’, estos dos últimos desmovilizados del Bloque Centauros.

Los paramilitares adecuaron la casona principal de la hacienda como cuartel: un cuarto para retener e interrogar a las víctimas; otro para recuperar a los paramilitares heridos en combate; otro más de dormitorio y el resto para el almacenamiento de víveres y armas con las que se surtía a la tropa. Los desmovilizados contaron que El Brasil funcionó como deshuesadora de vehículos robados y centro de telecomunicaciones porque allí instalaron antenas y repetidoras. 

A 15 minutos en camioneta de esta casona, muy cerca al río Muco, los paramilitares instalaron una escuela de entrenamiento donde la tropa aprendía técnicas de combate y manejo de armas. Con esta infraestructura, en 1997 El Brasil les sirvió de refugio a los paramilitares que cometieron la masacre en Mapiripán, en el sur del departamento. Los Carranceros eran aliados de los paramilitares que habían enviado los hermanos Castaño desde el Urabá hasta el Meta.

En varias versiones libres, Salvatore Mancuso y Jorge Humberto Victoria alias ‘Don Raúl’ confesaron que la llegada a los Llanos de los 80 paramilitares desde el Urabá hasta San José de Guaviare ese julio de 1997 fue planeada junto con ‘Guillermo Torres’, Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’, jefe de las autodefensas de Casanare y con Jesús Pimiento alias ‘Juancho Diablo’. De este último aseguraron que era el representante de Víctor Carranza. (Ver confesión).

Según lo reconstruyó la Fiscalía basándose en estas confesiones, El Brasil acogió luego a los integrantes de otro grupo paramilitar proveniente del Urabá, llamado Los Centauros, para reentrenarlos. «Se decía que era de Víctor, hay una pista abandonada y una laguna, era una casa grande, de material, con una corralera en donde hicimos los entrenamientos», dijo alias ‘EL Cura’ en una versión en agosto de 2010.

«Era una escuela de preparación militar y de reentrenamiento de Los Urabeños (paramilitares provenientes del Urabá). Había entre 30 a 60 hombres y se llevaba un control del número de participantes», le dijo a la Fiscalía José Delfín Villalobos alias ‘Alfa 1’, ex jefe militar de Los Carranceros. El entrenamiento siguió hasta 2005.

Como parte de su estrategia para aumentar la tropa, Los Carranceros reclutaron niños, les dieron armas y los pusieron a entrenar. A los que fueron tildados de indisciplinados o que expresaron que querían desertar del grupo fueron asesinados y desaparecidos en la finca. Fue lo que sucedió con una niña de 14 años a la que le decían ‘La Gomelina’. Un desmovilizado contó que la mataron porque los amenazó con denunciarlos a la Fiscalía. «La metimos en una fosa», dijo el paramilitar.

Con esta confesión, la Fiscalía 59 siguió investigando y encontró que en El Brasil había varias fosas. Con lasdescripciones de los paramilitares, la Unidad Élite de Exhumaciones de la Fiscalía ha realizado siete visitas de campo entre 2008 y 2010 y tras remover la tierra encontró cinco fosas, entre ellas, donde estaban los cuerpos de ‘La Gomelina’, de Tito Sabogal y de Óscar Andrés Pardo, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares. La Fiscalía trata de confirmar con pruebas de ADN si los otros dos cuerpos son los de Carlos Acosta y Édgar René López alias ‘Yiyo’.

Los Carranceros delinquieron desde el Vichada hasta Puerto Gaitán y Puerto López. Se desmovilizaron con el nombre de Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, Acmv, el 6 de agosto de 2005 en la finca La María, en Puerto Gaitán, con 209 integrantes. 

La transformación de la tierra

La finca mencionada por los diferentes paramilitares e investigada por la Fiscalía es la misma que desde 2007 es explotada por la Agropecuaria Aliar S.A., una sociedad de antioqueños y santandereanos, que en Puerto Gaitán tiene una industria dedicada al engorde de cerdos para la producción de cárnicos. Su marca comercial es conocida como La Fazenda, con sucursales en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Bogotá, Cundinamarca, Meta y Santander.

¿Pero cómo las 16 parcelas adjudicadas por el Incora en los 80 y 90, que luego fueron utilizadas por Los Carranceros, terminaron en manos de la agroindustria? El 3 de abril de 2007 se reunieron en la Notaría 4 de Villavicencio cuatro personas: el abogado Julio César Pérez Niño, que representó, mediante poder a los 13 propietarios de las parcelas adjudicadas en 1995 por el Incora; Fernandel Alfonso, como representante de Yesid Carranza Córdoba; Yesid Eduardo Chaparro Alfonso y Miguel Alfonso Veloza. Estos dos últimos y el hijo de Carranza, Yesid, eran los nuevos dueños de las otras tres parcelas que el Incora había adjudicado en los 80 y que ellos compraron en 2002 y 2007. 

En ese acto notarial crearon la empresa Agualinda Inversiones S.A, y nombraron como sus gerentes a Sergio Andreiv Poveda Mojica y María Blanca Carranza, esposa del empresario de esmeraldas. En la escritura quedaron registradas las 16 parcelas (Ver certificado de libertad del predio), originariamente adjudicadas por el Incora a campesinos, ahora como de propiedad de la nueva empresa Agualinda a través de una venta entre los parceleros y la empresa.

Con las tierras a su nombre, Agualinda firmó diez días después, el 13 de abril, una promesa de compraventa con la empresa santandereana Agropecuaria Aliar. En el documento, Aliar se comprometió a comprarle los 16 predios a Agualinda. El 2 de mayo de 2007 ante la misma Notaria 4 de Villavicencio, Agualinda englobó los 16 predios con el nombre de El Brasil y una semana más tarde los registró en la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto López.

Los trámites se hicieron en pocos días. El 3 de abril fue creada Agualinda, la empresa administrada por Carranza y Poveda (ver escritura de constitución de la empresa), el 2 de mayo fue englobado El Brasil y el 15 de mayo de 2007 se realizó la transferencia de los predios de Agualinda a la Agropecuaria Aliar, la empresa santandereana, mediante un contrato de fiducia, venta y comodato por 15 mil millones de pesos. Se firmó en Notaría Tercera de Bucaramanga y se hizo entre 10 empresas –cuyos representantes, en su mayoría han sido de la junta de Aliar desde marzo de 2007 —, Agualinda y el banco Helm. La escritura indica que la transferencia de los predios contó con la aprobación de Aliar, la empresa santandereana. (Ver escritura de englobe)

Eso significa que aunque la transferencia fue realiza entre Agualinda y el banco, ambas partes sabían que había una promesa de compraventa de las 16 mil hectáreas por parte de Aliar. En la actualidad, el predio está en una fiducia del banco Helm (ver escritura de constitución de la fiducia) administrada por La Fazenda, que es una empresa filial de Aliar.(Ver registro de Cámara de Comercio)

Las 10 empresas son: Agropecuarias Futuro, San Martino, Valores y Visión, todas de Envigado y creadas el mismo día, el 22 de diciembre de 2006 en la Notaría 7 de Medellín. Las otras seis, son santandereanas: Premex, Entrehogar, Inversiones Arar, Concesionaria y Proyectos La Fazenda.

La figura comercial, de agrupar a varias empresas para transferir la tierra, fue al parecer utilizada para poder acumular las 16 mil hectáreas, que originariamente habían sido baldíos de la Nación adjudicados a campesinos. Así lo reconocieron explícitamente en la escritura firmada en Bucaramanga: «Que lo fideicomitentes conocen y aceptan las limitaciones que en materia de legislación agraria pesan sobre el inmueble, en especial las relacionadas con las UAF (Unidades Agrícolas Familiares) conforme a lo previsto en la Resolución 041 del 24 de septiembre de 1996 expedida por el Incora… En desarrollo de las anteriores consideraciones, las han convenido en celebrar un contrato de fiducia mercantil que se regirá por las siguientes cláusulas». 

Actualidad: investigación oficial

El Incoder y la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras le tienen el ojo puesto a El Brasil, hoy con 16 mil hectáreas sembradas con soya y maíz en la vereda La Cristalina, en Puerto Gaitán, a cargo de la empresa santandereana Aliar. Están analizando si ha habido una acumulación irregular de tierras provenientes de baldíos y cómo se hizo. 

La Superintendencia está adelantando un análisis de los títulos y antecedentes de los registros realizados en la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto López -donde fueron englobadas las 16 mil hectáreas-. El equipo de abogados que realiza el estudio de títulos ha encontrado que los funcionarios que aceptaron el registro del Brasil fueron los mismos que permitieron el englobe del predio El Porvenir, un predio de 25 mil hectáreas en Puerto Gaitán, que también está bajo la lupa de estas autoridades por posible acumulación irregular de tierras baldías (ver historia Un oscuro Porvenir). Se trata de la ex Notaria 4 de Villavicencio, Gloria Emma Camacho Romero, que firmó las escrituras, y del ex registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto Gaitán, Jairo Alfonso Gutiérrez Rodríguez.

El Incoder también documenta el caso, para saber si la Agropecuaria Aliar violó la Ley 160 de 1994 sobre acumulación de tierras cuyo origen sean tierras de la Nación así como la Resolución 041 de 1996 que fijó para Puerto Gaitán un límite de concentración en la propiedad entre las 1.360 y 1.840 hectáreas. Es probable que el instituto de tierras, como lo ha hecho con otros nueve casos de acumulación, presente una demanda a un juez para que anule el englobe.

Cuando la Superintendencia y el Incoder estudien los títulos y los registros, encontrarán que las 13 adjudicaciones que hizo el antiguo Incora en 1995 dejan varias preguntas. Lo que técnicamente se conoce como «inspección ocular», que es la visita a las 13 mil hectáreas que se traduce en la descripción del predio, con linderos y coordenadas, fue realizada en dos días, cuando recorrer esas fincas puede tardar varias semanas.

También encontrarán que en el acta de constitución de Agualinda, realizada el 3 de abril de 2007, firma una persona que había muerto tres años antes. Ese día el abogado Julio César Pérez Niño presentó ante la Notaría 13 poderes que según dijo, le entregaron los 13 beneficiarios originales para que los representara en la constitución de la empresa. Pero Segundo Luis Gaitán Ramos, dueño de la parcela de Las Gaviotas, había muerto en 2004. (ver certificado de defunción) ¿Cómo firmó tres años después de muerto?

A la espera de la respuesta de Aliar

VerdadAbierta.com se contactó en varias oportunidades con la Oficina de Comunicaciones de la Agropecuaria Aliar, con sede en Floridablanca en Santander, pero no obtuvo respuesta. En la entidad respondieron que Jaime Liévano Camargo, el gerente, estaba fuera del país. Este medio también se comunicó con su hijo Juan Pablo Liévano Ardila, gerente de Proyectos La Fazenda, pero respondió que él se encargaba del área de impuestos de la empresa y que iba a consultar quién podía responder las preguntas. El cuestionario le fue enviado por medio electrónico sin respuesta. Este medio también buscó a uno de los socios de la agropecuaria en Bucaramanga y respondió que quienes estaban autorizados para hablar eran los directivos de Aliar.

En síntesis
Aún sin conocer la versión de los socios de Aliar, los documentos y piezas judiciales ayudan a reconstruir la historia de El Brasil. En síntesis ha sido la siguiente: el Incora en 1983 adjudicó tierras a tres familias y a otras 16 en 1995, pero en 13 de los procesos no realizó la inspección debida de los terrenos. Vino una ofensiva paramilitar que usó la hacienda como cuartel y fosa de sus víctimas, y ese grupo se conoce como Los Carranceros. Estos paramilitares se aliaron con otros llamados Los Centauros que llegaron de Urabá, y los desmovilizados de estos grupos identifican a Víctor Carranza como el dueño de El Brasil, a donde hicieron sus entrenamientos y donde torturaron gente, aunque según la documentación recogida por VerdadAbierta.com, la tierra era de campesinos beneficiarios de reforma agraria. Estos grupos de desmovilizaron en 2005 y dos años después, en 2007, se crea Agualinda en la que figuran familiares directos de Carranza, y con el poder de todos esos campesinos, aún el de uno que ya había muerto, consigue que los predios queden a nombre de la empresa. Días después Agualinda promete venderle los predios a la empresa santandereana Aliar, y poco más de un mes después, con el visto bueno de Aliar, y mediante una figura de fiducia, entrega los predios a un conjunto de empresas santandereanas, algunas representadas por directivos de Aliar.

La violencia no cesa
Puerto Gaitán, considerado por el gobierno nacional como un lugar para la ampliación de la frontera agrícola y desarrollo de proyectos agroindustriales, fue incluido en mayo de 2012 en el listado de municipios en riesgo. La Defensoría del Pueblo documentó en una alerta temprana que en el territorio hacen presencia un grupo disidente del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista –Erpac-, que supuestamente se entregó en diciembre de 2011, pero que ahora se hace llamar ‘Los Cuchillos’. Ésta es una banda criminal creada por ex paramilitares del Llano.
‘Los Cuchillos’ se disputan el territorio con el Frente 39 de las Farc. Según el informe de riesgo, ambos grupos buscan el control de los cultivos de coca en zonas rurales alejadas, vecinas a los departamentos del Vichada o Guaviare, en el oriente y sur del departamento de forma respectiva. La Defensoría solicitó atención de las autoridades para salvaguardar y atender los habitantes de 17 barrios, la mayoría de ellos periféricos al casco urbano, de 13 veredas entre las que se encuentra La Cristalina, y de 9 resguardos entre los que está el Wacoyo de la etnia Sikuani.