La masacre de La Rochela, en la que murieron 12 funcionarios judiciales en 1989, se ordenó para garantizar la impunidad de los crímenes de los paramilitares.
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La que sigue es al mismo tiempo una historia de corrupción y heroísmo; de maldad y sacrificio; de poder y debilidad. Es un retrato descarnado de laimpunidad que reina en Colombia y de la génesis del paramilitarismo en todas sus expresiones: narcotráfico, guerra y política local. La historia comienza el 18 de enero de 1989, cuando 15 funcionarios judiciales llegaron al corregimiento La Rochela, en Simacota (Santander), para investigar en el terreno los extraños asesinatos y desapariciones que estaban sucediendo desde hacía meses. En el grupo judicial había curtidos investigadores y también novatos. Todos ellos, en medio de la tensión que se vivía en la zona, estaban allí recibiendo testimonios de campesinos cuando de repente se vieron rodeados de unos 40 hombres armados con fusiles, que se identificaron como guerrilleros, comandados por alias ‘Vladimir’.
Los supuestos insurgentes elogiaron su labor e hicieron arengas en contra de los paramilitares. Poco después, uno de los hombres les informó a los funcionarios judiciales que el Ejército estaba cerca y que era inminente un combate. Les ordenó que se subieran a los carros para salir de la zona. Los funcionarios, inermes, no tuvieron más alternativa que obedecer y emprender el camino con los uniformados. Pocos kilómetros después, los carros se detuvieron. “Teníamos mucho miedo, estábamos muy nerviosos y la verdad es que sentíamos que algo malo nos iba a suceder -le contó al Grupo de Memoria Histórica uno de los sobrevivientes-. Pero ya era demasiado tarde. Aproximadamente 15 hombres armados se habían formado a 10 metros de donde se encontraban los camperos y empezaron a disparar sus fusiles Galil, R-15, subametralladoras, pistolas 9 mm, de manera indiscriminada contra los funcionarios judiciales”. Murieron 12 de ellos y apenas tres lograron sobrevivir. Había sido una celada fríamente calculada con un objetivo claro: garantizar que los hechos pasados y futuros cometidos por los paramilitares en el Magdalena Medio -y en el país- quedaran en la más completa impunidad. Era una declaratoria de guerra a la rama judicial.
Lo que las víctimas no sabían, y que a través de una reconstrucción minuciosa de los hechos lograron establecer los investigadores del Grupo de Memoria Histórica, bajo la coordinación de Iván Orozco, es que en varias reuniones donde participaron militares, mafiosos y políticos, se les había sentenciado a muerte, mucho antes de que llegaran a La Rochela. Los testimonios que reposan en expedientes judiciales y también otros directos, incluido el de Alonso de Jesús Baquero, alias ‘Vladimir’, ratifican que la masacre se planeó en la finca La Palmera y resultó de la convergencia de varios intereses: “Por un lado, Henry Pérez, las juntas de Acdegam y algunos militares involucrados en la masacre de los 19 comerciantes y en otras desapariciones y asesinatos de campesinos estaban preocupados por las incipientes pero agudas investigaciones que les seguían. Por otro lado, Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar estaban interesados en que se asesinara a la comisión judicial, porque en el municipio de Puerto Parra, donde los investigadores recogerían unos expedientes, había cultivos de coca que los funcionarios podían encontrar. Por último, Tiberio Villarreal, político de la zona, supuestamente había pedido a Henry Pérez, por intermedio del mayor Óscar Echandía, el robo de expedientes que cargaba la comisión porque creía que se relacionaban con la adjudicación de unos contratos públicos que él había facilitado a favor de los paramilitares de la zona”, dice el informe.
Al quedar advertida la justicia de que se había convertido en objetivo militar, una niebla densa y oscura recayó sobre el proceso. Los jueces que tuvieron a su cargo la investigación por lamuerte de sus colegas asumieron el caso en medio de las circunstancias más adversas. Altos oficiales del Ejército, como el general Farouk Yanine Díaz, obstruyeron las investigaciones. Para empezar, miembros del Ejército se negaron a escoltar al grupo que fue a levantar los cadáveres de las víctimas de La Rochela, por lo cual los colegas de los inmolados tuvieron que ir por su cuenta y riesgo hasta el lugar de la masacre.
En menos de un mes los investigadores habían capturado a una decena de los autores materiales. Ocho meses después, en agosto, Vladimir fue capturado.
Las amenazas y asesinatos a testigos y sobrevivientes se dispararon después de las capturas. Para proteger el proceso, la justicia decidió que la etapa de juicio se realizara al otro lado del país, en Pasto. Aunque el juez de orden público que tomó el caso condenó con penas muy altas a nueve paramilitares y dos militares que participaron en la masacre, en segunda instancia los abogados, con sus argucias, lograron que la mayoría de ellos recobrara la libertad o viera sustancialmente mermados sus tiempos en prisión.
Los tinterillos demolieron el cargo de concierto para delinquir dado que para entonces las autodefensas estaban amparadas por la ley, y eran promovidas por el propio Estado. En el Tribunal, en segunda instancia, también se echaron para atrás las sentencias contra los militares, se envió el caso a la Justicia Penal Militar y se ordenó seguir la investigación. Esta vez en un juzgado de Orden Público de Cali, donde durante seis años durmió el sueño de los justos. Eran las épocas de la justicia sin rostro, en la que nadie sabía quién juzgaba qué y por eso mismo solo en 1996 el proceso volvió a renacer, esta vez en manos de la Fiscalía General de la Nación. Ahora había un nuevo elemento clave: la confesión de Vladimir.
Desde 1996 hasta 2009 el proceso estuvo en la Fiscalía, donde pasó de mano en mano y de despacho en despacho. “Cada funcionario ha tenido que familiarizarse con un expediente de muchos cuadernos, que ha implicado que se demoren leyendo por mucho tiempo (…) todos han pedido verse con Vladimir, y en vez de hacerle nuevas preguntas, hacen las mismas preguntas una y otra vez”, dice el Grupo de Memoria Histórica en su informe. Adicionalmente cada tribunal que ha tenido en sus manos el proceso ha calificado los delitos de manera diferente, abriéndole camino a la prescripción. Es el caso del concepto emitido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, que profirió fallo inhibitorio a favor de Tiberio Villarreal, con el argumento de que el tiempo transcurrido hacía imposible investigar con objetividad.
En el informe hay una triste conclusión: al día de hoy, la sombra de obstrucciones e impunidad que ha sufrido el proceso judicial de La Rochela no parece haber llegado a su fin. Todavía se esperan resultados de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, que debe estar leyéndose los innumerables cuadernos y tratando de entender el caso que los compañeros que la antecedieron habían empezado a comprender cuando se les quitó el expediente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia en 2006 por la masacre y ordenó seguir la búsqueda de la justicia. Pero hoy es imposible reconstruir mucho de lo ocurrido porque han muerto varios de los protagonistas, incluido el general Farouk Yanine Díaz.
El Grupo de Memoria Histórica también concluye que el paramilitarismo fue alentado por disposiciones legales tomadas en las altas esferas del gobierno, en un contexto donde los militares tenían casi total autonomía en el manejo del orden público. “El Ejército capitalizó su control regional en el Magdalena Medio, de manera que movilizó a sectores políticos y sociales de la región afectados por la guerrilla, en contra de la paz negociada, e impulsó, con el apoyo de ganaderos políticos liberales, narcotraficantes y esmeralderos, la conformación de grupos paramilitares para enfrentar la guerrilla”.
Entre enero de 1979 y diciembre de 2009 se cometieron 1.487 hechos de violencia contra la rama judicial, según el informe. Centenas de funcionarios se inmolaron cumpliendo con su deber. Y en medio de la impunidad, por primera vez la memoria les hace justicia.
